Ley Mordaza

NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   PRI arremete contra Derechos laborales y Humanos de cara a contienda electoral
Cascada de reformas y Leyes que atentan contra derechos de mujeres y trabajadoras
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/12/2017

De cara a la contienda electoral de 2018 que entre otros cargos públicos definirá la presidencia de la República, en las últimas semanas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con otras fuerzas políticas, presentó Leyes y Reformas que atentan contra las Derechos Humanos y laborales (DH) de la sociedad civil.

Impulsadas por el Partido Revolucionario Interinstitucional (PRI) destacan la Ley de Seguridad Interior que permite la intervención del Ejército mexicano cuando considere “amenazas de seguridad”; la reforma al Código Civil Federal para considerar “daño moral” en mensajes que se consideren ofensivos a través de medios digitales; y la reforma a la Ley Federal del Trabajo que elimina todas las barreras de contratación a las empresas outsourcing.

Cimacnoticias consultó a organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, y a la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, quienes hablaron del impacto diferenciado que pueden tener en la vida de las mujeres estas normativas; y destacaron que no debe perderse de vista que ninguna puede quedar fuera del análisis del próximo contexto electoral.

“LA LEY GOLPISTA”

La recién aprobada Ley de Seguridad Interior legitima el uso de la fuerza para “contener riesgos y amenazas” en la seguridad pública. Pese a su cuestionamiento por organismos internacionales de DH y al repudio que generó entre organizaciones civiles locales que la nombraron la “Ley Golpista”, el pasado 15 de diciembre el Senado de la República la aprobó después de una discusión de 16 horas.

Con un Senado conformado en su mayoría por la bancada priista, apoyada por la mitad del Partido de Acción Nacional (PAN), la Ley de Seguridad fue avalada con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

En horas, la turnaron a la Cámara de Diputados donde finalmente se avaló y la enviaron a Enrique Peña Nieto, de modo que ahora sólo falta el refrendo de éste para que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

LAS MUJERES Y LA TORTURA POR MILITARES

Las y los legisladores desoyeron los exhortos de detener la Ley de Seguridad Interior por su ambigüedad y porque no respeta los estándares internacionales de DH. La senadora Angélica de la Peña describió en entrevista con esta agencia, que en ninguna otra ocasión había visto a tantos órganos de DH pidiendo al Estado mexicano frenar una ley.

Los llamados provinieron de los Altos Comisionados de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cientos de asociaciones civiles, quienes han visto en la última década las consecuencias de “abatir la delincuencia organizada” militarizando este país: ejecuciones extrajudiciales, privaciones de la libertad, desapariciones, tortura, agresiones sexuales y el desplazamiento forzado de las poblaciones.

Estas violaciones a los DH por parte de agentes militares ha valido a México sentencias en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La mayoría de estos casos, fueron cometidos contra mujeres por parte de militares, quienes utilizan la tortura para obtener confesiones e inculparlas de pertenecer a la delincuencia organizada, recordó la senadora de la Peña.

Para la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, esta Ley de Seguridad Interior tiene un impacto negativo específicamente en las mujeres, “la experiencia ha mostrado que al posicionar a militares en labores de seguridad pública estos incurren violaciones discriminatorias contra las mujeres con prácticas de tortura sexual o denigrantes contra ellas”.

“Esta Ley tendría un impacto diferenciado en las mujeres, recordemos que la mayoría de los casos conocidos por la Corte, Inés y Valentina y ahora Atenco, tienen que ver con violaciones a las mujeres e intervención de militares y fuerzas federales. Lamentable en estos casos se tuvo un componente de género: en ambos violaciones sexuales”, subrayó Marcia Aguiluz.

De esto da cuenta Amnistía Internacional en su informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” (2016), en el cual entrevistó a 100 mujeres privadas de su libertad que fueron agredidas en su detención por las fuerzas policiales, el Ejército o la Marina. La organización identificó que 72 sufrieron abusos sexuales y 33 fueron víctimas de violación sexual por parte de las Fuerzas Armadas.

Además, precisa Amnistía en su reporte, pese a las múltiples denuncias presentadas por mujeres ante actos de violencia sexual a manos de Fuerzas Armadas, ni un solo soldado ha sido suspendido por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015.

Aprobar la Ley de Seguridad Interior, expresó la abogada especialista en DH, es darle “carta blanca a los militares para que actúen en cualquier circunstancia” y muestra que el Estado mexicano no tiene la voluntad en cumplir con obligaciones respecto a las sentencias emitidas por la CoIDH.

“El mensaje que nosotros recibimos es que no existe un voluntad de México por respetar las obligaciones internacionales que tienen, tampoco tienen una voluntad por resolver el grave problema de seguridad. Sabemos que los militares son un actor muy poderoso en México, la presión que hacen para aprobar esta Ley habla de ello”, señaló la integrante de Cejil.

PERMISO A LAS FUERZAS ARMADAS

Cejil como otros organismos defensores de DH, alertaron que este proyecto carece de un mecanismo de control sobre las operaciones que pueden llevar las Fuerzas Armadas en el territorio pues de acuerdo con la Ley aprobada, es el Presidente de la República quien puede ordenar la intervención del Ejército en un territorio determinado por alguna “amenaza a la seguridad interior”. También puede ordenarlo a petición de los titulares de las entidades federativas.

Con ello, el Artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, permite “la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución”, indica.

Si bien, se establece que la intervención de las Fuerzas Armadas dura un año, se puede prolongar si así lo determina el Ejecutivo. Así, el Ejército no sólo tendría la facultad de asumir las acciones de la policía, les permite actuar por sí mismo, pues sólo le bastaría informar al Presidente y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre las actividades emprendidas, indican los Artículos 32 y 33 de dicha Ley.

Esto, en opinión de la senadora Angélica de la Peña, es contrario a la Constitución mexicana y no resuelve los problemas de seguridad pública que vive el país. “Los militares están capacitados para hacer un uso de la fuerza en su máxima expresión: en ataques terroristas o amenazas de seguridad nacional. No para sustituir la policía”, sentenció.

“El problema de fondo y que no hemos resuelto es tener corporaciones policiacas suficientes, capacitadas, que se les reconozcan sus derechos laborales. Pero esta Ley no resuelve el problema de fondo, dejar al Ejército permanentemente, desde el punto de vista de una democracia, es muy peligroso”.

Con esta Ley México también enfrenta un retroceso a los derechos ganados, precisó De la Peña Gómez, “cada vez avanzamos en leyes importantes en DH: la Ley contra la Tortura, la Ley contra Desaparición Forzada, el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; la Ley de la Niñez, y no encontramos en esta Ley algo que las incluya”.

El rechazo de la Ley de Seguridad Interior ha llevado a la sociedad a protestar en las calles y pedir Peña Nieto que la vete. De no detenerla, la senadora señaló que el irán por la Acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otras asociaciones internacionales como Cejil, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, instalaron a partir de la aprobación de esta Ley, un Observatorio Internacional sobre México para documentar la situación de crisis de los DH en el país.

SANCIONAR POR DAÑO MORAL, DESCRÉDITO Y OTRAS…DEL PRI

Mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados aprobó el 14 de diciembre la reforma al Artículo 1916 del Código Civil Federal para anexar que se sancionará por daño moral a quien por cualquier medio, incluidos “los electrónicos”, “difunda información que cause deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.

La directora general de la asociación civil Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló en entrevista con Cimacnoticias, que se trata de una iniciativa encaminada a “generar temor para quien difunde ideas en medios electrónicos” y consideró que esta propuesta del diputado Pablo Elizondo García, también priísta, es particularmente relevante en medio de un proceso electoral “cuando hay mucho que informar”.

“Responde a un afán por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión o el deseo de generar temor en el gremio periodístico y en quienes ejercen su libertad de expresión a través de medios electrónicos”, dijo Mendiola Landeros, pero recordó que sobre esta modificación está el derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución mexicana.

La directora de Propuesta Cívica agregó que las demandas “de daño moral” son utilizadas como métodos de agresión sobre todo por políticos contra las y los periodísticas en este país. “Cuando un actor político presenta demanda por daño moral la persona deja de investigar los temas que tocan intereses políticos, por enfocarse a un litigio civil, genera autocensura”, explicó.

Para el gremio periodístico que labora en medios digitales estas agresiones han ido en aumento; la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), en su informe “El Poder del Cacicazgo. Violencia Contra las Mujeres Periodistas 2014-2015”, documentó que de los 147 casos de agresiones contra las periodistas, 34.6 por ciento de ellas pertenecía a un medio digital.

Aunque falta que esta reforma sea aprobada por el Senado de la República, la abogada Sara Mendiola, destacó que podría tratarse “de un simple distractor” que tiende a generar temor y autocensura en los medios digitales.

DESAPARECER LOS POCOS DERECHOS LABORALES

A días de terminar las sesiones en el Congreso de la Unión, senadores del PRI presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) que plantea eliminar las restricciones a la subcontratación de personal (llamada, “outsourcing”) y propone limitar la asociación sindical. De aprobarse, las condiciones de trabajo de mujeres y hombres en el país empeoraría, pues daría pie a más violaciones a sus derechos laborales.

En entrevista con esta agencia, la coordinadora del área de Diálogo Sindical y de Género de la fundación Friedrich-Ebert, Inés González Nicolás, señaló que la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentada el pasado 7 de diciembre y que evalúa las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos del Senado, pone en riesgo derechos laborales.

De ser aprobada, una empresa podría emplear a todo su personal por subcontratación y los contratistas únicamente tendrían que registrarlos en el Seguro Social e inscribirlos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). “Aunque los senadores argumentan que la reforma generaría más empleos, la verdad es que serían como en la última década: precarios, inestables y con salarios bajos”, dijo la experta en derechos laborales Inés González.

Un caso emblemático sobre las violaciones a los derechos laborales por este tipo de contrataciones es el despido injustificado, en 2016, de 59 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, algunas de ellas tenían hasta 15 años trabajando para el IEMS, pero luego de organizarse y exigir condiciones de trabajo dignas fueron despedidas bajo el argumento de que una empresa terciaria las contrató.

Sobre la propuesta de los senadores, más de 50 Sindicatos y 29 organizaciones civiles laborales de todo el país, advirtieron en un pronunciamiento dirigido al titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión, que no limitar la subcontratación, provocaría graves afectaciones a las y los trabajadores porque “destruye toda protección laboral y actualiza un golpe sin precedente en la historia laboral mexicana”.

La iniciativa también contempla la creación de un Instituto que regularía el registro de Sindicatos y contratos colectivos, sin embargo, la función y conformación del organismo es contraria a lo que establecen los artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana (reformados en febrero de este año), señaló Inés González, pues no contempla la participación de representantes del sindicalismo independiente.

Tampoco hace referencia al derecho a un voto libre y secreto para la elección de titulares sindicales y en la firma de contratos colectivos, como estipulan las reformas a los artículos mencionados, lo que “sostiene la existencia de contratos patronales -acuerdos firmados entre empleadores y líderes sindicales que no velan por los derechos del personal empleado- , así los líderes se eternizan y no hay posibilidades de cambios directivos en los sindicatos”, enfatizó Inés González.

Además, la defensora de los derechos laborales recordó que la iniciativa promovida por el PRI cancela el derecho que las y los trabajadores tienen de ser notificados por escrito en caso de ser despedidos y las razones para efectuarlo. La iniciativa “sólo favorece a las empresas, las personas trabajadoras quedan en total indefensión”, sentenció.

La propuesta se analiza en un contexto nacional donde las mujeres laboran en condiciones precarias. A nivel nacional, 61 de cada 100 trabajadoras no tienen acceso a instituciones de salud, es decir, 12.2 millones de mujeres de un total de 19. 9 millones trabajadoras, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2005 al cuarto trimestre de 2016.

Mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estimó en su último informe, publicado en agosto de este año, que el salario mensual de las mujeres está por debajo del promedio nacional (5 mil 773 pesos), pues de acuerdo a la dependencia gubernamental ellas ganan al mes 4 mil 935 pesos y en el mismo periodo de tiempo los hombres obtienen 6 mil 291 pesos.

17/HZM/MMAE/LGL








INTERNACIONAL
Derechos Sexuales y Reproductivos
   Cumbre de países por los Derechos de las Mujeres
Más dinero a “Ella Decide”, respuesta a “Ley Mordaza” de Trump
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/03/2017
Los gobiernos de Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Suecia se reunieron ayer en Bruselas en la Cumbre por los Derechos de las Mujeres, para acordar medidas que apoyen política y financieramente la salud sexual y reproductiva, a través del apoyo a la iniciativa “Ella Decide”, con el fin de compensar los efectos de la llamada “Ley Mordaza”, aprobada en Estados Unidos en enero.
 
La “mordaza” fue firmada como orden ejecutiva por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 23 de enero, con lo cual se reactivó la llamada Política de la Ciudad de México (nombrada así porque fue instaurada en esta ciudad por el ex presidente estadounidense Ronald Reagan en 1984), que prohíbe brindar ayuda económica a cualquier organización civil internacional que trabaje temas de salud sexual y reproductiva, principalmente el aborto. 
 
Con esto se restringen fondos de hasta 9 mil 500 millones de dólares, comúnmente destinados para la planificación familiar, también para salud materna e infantil, nutrición, tratamiento y prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) e infecciones de transmisión sexual (ITS). 
 
En mandatos anteriores, cuando la “Ley Mordaza” entró en vigor, también restringieron fondos estadounidenses pero únicamente los relacionados con la planificación familiar del país, cerca de 575 millones de dólares que destinaba al sector salud a nivel internacional.
 
Pese a que no es la primera vez que la orden ejecutiva entra en vigor, ya que los presidentes republicanos la aceptan y los demócratas suelen derogarla durante su mandato, organizaciones civiles de alcance internacional se han pronunciado porque, aseguran, la versión del gobierno de Trump impide que los fondos federales obtenidos a través de impuestos se gasten en el extranjero en los rubros de salud general. 
 
ELLA DECIDE
 
Ante la medida de Trump, la Ministra holandesa de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, Lilianne Ploumen, creó el 24 de enero de 2017 la iniciativa “Ella Decide”, que busca recaudar fondos para entregarlos a las organizaciones que trabajan en iniciativas de salud sexual y reproductiva y cuya incidencia peligra por la orden ejecutiva estadounidense.
 
La organización Human Rights Watch (HRW) instó a los gobiernos del mundo a comprometerse con brindar más apoyo a los programas de salud sexual para contrarrestar la “Ley Mordaza” a través de su adhesión a la iniciativa “Ella Decide”, como informó en un comunicado el primero de marzo pasado, en su  sitio web. 
 
El programa recibe donaciones de personas, fundaciones y empresas que posteriormente se envían a organizaciones que trabajan temas de salud sexual y planificación familiar. Con “Ella Decide” se busca que las mujeres y las niñas del mundo puedan ejercer su derecho a llevar a una sexualidad libre y responsable. 
 
HRW también destaca la importancia del trabajo en conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos para contrarrestar la medida restrictiva de Estados Unidos y asegurar, entre otras cosas, el derecho de las mujeres a realizar abortos seguros. 
 
Lo anterior resulta relevante ya que, según el estudio “Embarazo no planeado y aborto inducido en México: causas y consecuencias (2013)”, realizado por El Colegio de México, en el mundo cada año se realizan 22 millones de abortos inseguros y de ellos cuatro millones de ocurren en la región de América Latina.
 
HRW espera que durante la Cumbre de Bruselas más naciones se sumen a la iniciativa “Ella Decide”. Actualmente ya la apoyan Canadá, República de Cabo Verde, Finlandia, Luxemburgo y Noruega. 
 
17/MMAE/GG
 







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Por marcha del 7 de noviembre
Bajo la “Ley Mordaza”, multan a Plataforma Feminista 7N
Imagen retomada de 7nyovoymadrid.twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 22/02/2017

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha multado a la Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas en aplicación de la “Ley Mordaza”. A juicio de la Plataforma, “estamos ante un acto de represión más de la movilización ciudadana a la que tan lamentablemente nos tiene acostumbradas este Gobierno”.
 
En este sentido, la portavocía de la Plataforma recuerda que “la concentración celebrada el pasado 7 de noviembre fue totalmente pacífica y, tan masiva, que el número de personas que ocupaba la calle desbordó todas las previsiones, las nuestras y las de la Delegación del Gobierno” y que “es responsabilidad de las fuerzas de seguridad garantizar el orden y que se respete el recorrido acordado”.
 
Agregó: “Nosotras no somos policías, ni tenemos los medios, ni es nuestra misión hacer que se cumpla lo autorizado. Por lo tanto, si se tiene que multar a alguien, que miren entre sus filas”.
 
LOS ARGUMENTOS
 
Eso es un extracto de la multa que ha recibido la Plataforma Feminista 7N contra las Violencias Machistas a cargo de la Delegación del Gobierno de Madrid. Todo por una "infracción administrativa" de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza:
 
“A las 17.30 horas la concentración se inicia en el lugar previsto; si bien a las 18.50 horas los concentrados comienzan a invadir la calzada del Paseo del Prado (...) cortando la circulación (...) haciendo caso omiso a las instrucciones policiales (...) e incumpliendo lo acordado por esta Delegación del Gobierno”.
 
En un comunicado, la Plataforma señala: “Estamos ante un acto de represión más de la movilización ciudadana a la que tan lamentablemente nos tiene acostumbradas este Gobierno”. “La concentración fue para exigir medidas contundentes para luchar contra la violencia de género ante la pasividad del Estado”. Y recuerdan, fue “totalmente pacífica y, tan masiva, que el número de personas que ocupaba la calle desbordó todas las previsiones, las nuestras y las de la Delegación del Gobierno”.
 
Y avisan: “No nos van a callar, la violencia institucional también es violencia de género, y vamos a seguir peleando hasta que consigamos que el terrorismo machista sea cuestión de Estado”. Si bien el hecho conduce a una reflexión sobre “la dificultad de hacer incidencia política”, como explicó Lidia Fernández en su intervención en el Segundo Encuentro Estatal de la Plataforma Cedaw Sombra, el pasado sábado.
 
17/RED/GG
 








NACIONAL
Derechos Sexuales y Reproductivos
   Medida de Trump se extenderá a OSC que atienden malaria y VIH
En riesgo, sostenibilidad económica de organizaciones de salud sexual y reproductiva
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/01/2017

Cualquier organización civil que atienda la salud –como prevenir la malaria, el zika o el VIH– y a la par haga acciones de planificación familiar, no podrá recibir fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y si lo hace deberá dejar de lado su trabajo en salud reproductiva de las mujeres.
 
Así lo advirtió la organización mexicana Balance, que promueve la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y quien expuso las consecuencias del decreto que el pasado 23 de enero firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reestablecer la Ley Mordaza (Global Gag Rule, por sus siglas en inglés).
 
En un comunicado la organización señaló que esta ley, también conocida como Política de la Ciudad de México (porque se dio a conocer en esta ciudad hace más de 30 años) fue instaurada por el ex presidente estadounidense Ronald Reagan en 1984 para prohibir que ese país brinde ayude económica a cualquier organización civil que mencione, trabaje o preste servicios de aborto.
 
Balance aclaró que las restricciones en el uso de fondos de la USAD existen desde hace décadas y están contenidas en el Helms Amendment, que impide, desde 1973, que los fondos federales obtenidos a través de impuestos se gasten en el extranjero para realizar abortos.
 
Sin embargo el decreto que se firmó el lunes expande los alcances de la de 1984 a todos los fondos enfocados a salud en general. Es decir, que ahora las organizaciones que trabajan para eliminar la malaria, responder al VIH, atender la salud de la niñez, también deberán obedecer a la Ley Mordaza o no podrán recibir los recursos.
 
“Este cambio hará que la nueva versión de la política sea 15 veces más atroz que la de Reagan. Esta decisión es una manera de coartar las decisiones y autonomía de miles de mujeres, restringiendo el acceso a otros servicios de salud, así como el acceso a información y servicios de aborto seguro”, explicó la organización.
 
La Ley Mordaza, señala Balance, se usará para controlar la manera en la que las organizaciones no gubernamentales que trabajan temas de planificación familiar fuera de Estados Unidos utilizan sus fondos.
 
Ahora cualquier organización de salud que reciba fondos de la USAID será forzada a elegir entre promover, proveer y/o defender el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo o perder los recursos que obtienen para promover otros servicios de salud sexual y reproductiva.
 
Lo más grave, alertó la agrupación mexicana, es que las organizaciones que tienen financiamiento de la USAID para temas de salud y que han conseguido recursos de otras fuentes de financiamiento para trabajar en el tema de aborto, deberán dejar de promover la interrupción voluntaria del embarazo para continuar recibiendo recursos de Estados Unidos.
 
Esa es la razón del riesgo de la sostenibilidad económica de organizaciones que brindan vacunas, mosquiteros para reducir el riesgo de malaria y zika, que tienen programas para mejorar la salud durante el embarazo, métodos anticonceptivos, que brindan atención médica para personas que viven con VIH o que generan estrategias con el gobierno para reducir la mortalidad y morbilidad durante el embarazo, parto y puerperio, entre otras.
 
Esta orden ejecutiva de Trump –anunciada a un día de que cientos de mujeres latinas, afroamericanas, musulmanas y estadounidenses salieran a las calles a protestar por las políticas racistas, antinmigrantes y sexistas del mandatario– arriesgará la sostenibilidad de organizaciones civiles de otros países, sin importar el estatus legal del aborto en cada Estado.
 
Así los servicios que brindan organizaciones en todo el mundo para apoyar las acciones de sus gobiernos en países en desarrollo para mejorar las condiciones de salud están en riesgo.
 
“Esta es una muestra de que el colonialismo sigue vigente y que los países desarrollados de manera frontal y directa amenazan la soberanía de los países en desarrollo. Las consecuencias reales en la vida de las personas no se toman en cuenta. Tenemos que analizar y hacer visible la gran dependencia de muchos países al financiamiento de Estados Unidos”, expuso Balance. 
 
La agrupación también aseguró que cortar los recursos para aborto –tema considerado un problema por el gobierno estadounidense– sólo orilla a las mujeres a buscar abortos inseguros que ponen en riesgo su vida y su salud.
 
17/AGM
 








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