violencia política por razones de género

NACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Mujeres electas deben ejercer sus funciones sin violencia
Protección a víctimas de violencia política debe ser permanente
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 26/12/2017

Las medidas de protección ordenadas por la autoridad jurisdiccional en casos de violencia política de género pueden mantenerse hasta que la víctima lo requiera, aun cuando se tenga por cumplido el fallo que les dio origen, señaló la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la Tesis X/2017sobre “Violencia política de género. Las medidas de protección pueden mantenerse, incluso después de cumplido el fallo, en tanto lo requiera la víctima”, aprobada por el pleno del TEPJF, se expone la necesidad de garantizar que las mujeres electas a un cargo de elección popular puedan acceder a éste y ejercerlo.

Significa que cuando exista violencia política de género, el Tribunal Electoral debe dictar y solicitar medidas de protección que garanticen el respeto del ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres, por lo que es razonable que, aun cuando se tenga por cumplido el fallo, la protección se mantenga hasta en tanto lo requiera la víctima o concluya el cargo para el que fue electa.

La tesis, informó la autoridad en un comunicado, se fundamenta en la interpretación de los tratados internacionales y las leyes locales sobre violencia de género y deriva de la obligación del Estado mexicano de reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución.

Después de la reforma político-electoral de 2014, cuando se elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, comenzaron a salir a la luz casos de violencia política, algunos de mujeres que fueron electas y obligadas a renunciar a sus cargos o que no podían ejercer sus funciones, por ejemplo, María Gloria Sánchez, alcaldesa de Oxchuc en Chiapas y Samantha Caballero Melo, alcaldesa del municipio oaxaqueño de San Juan Bautista Lo de Soto.

Sin embargo, es de recordar que en la legislación nacional no se ha legislado el concepto de violencia política de género toda vez que apenas el pasado 15 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó incluir este tipo de violencia en cinco leyes generales pero las reformas aún deben ser avaladas por el Senado para ser publicadas y entra en vigor.

A pesar de este vacío normativo en noviembre las autoridades electorales reeditaron el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” creado en 2016 por las autoridades como el TEPJF, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

17/AGM








NACIONAL
POLÍTICA
   No se aprobó en tiempo y forma, argumentan
Aprueban violencia política, pero no aplica para próximo periodo electoral
Imagen retomada del Congreso de Morelos
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/12/2017

En medio del proceso electoral 2018 y del despliegue de las precampañas para ocupar la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados aprobó incluir el concepto de “violencia política de género” en cinco leyes generales, modificaciones que no aplicarán en estos comicios porque no se aprobaron en tiempo y forma y porque todavía deben ser avaladas por el Senado.

En el último día del periodo ordinario de sesiones, el pasado 15 de diciembre, la Cámara baja aprobó las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con un retraso de más de nueve meses desde que el 9 de marzo el Senado aprobó las reformas y envió la minuta al recinto de San Lázaro para su aval, finalmente en la maratónica sesión del viernes –donde también se aprobó la Ley de Seguridad Interior– las y los legisladores avalaron las modificaciones en materia de violencia contra las mujeres en el ámbito político, campañas electorales y ejercicio de cargos públicos.

Desde 2012 se presentó la primera propuesta para prevenir y sancionar los actos de violencia contra políticas, candidatas o mujeres que participaran en política, la cual fue avalada por el Senado en 2013 pero tras la inactividad de diputadas y diputados tuvieron que pasar cinco años para que finalmente el tema volviera a presentarse en el Congreso de la Unión.

Sin embargo, el proceso legislativo no ha concluido porque el dictamen realizado por las Comisiones de Gobernación, presidida por la diputada priista Mercedes del Carmen Guillén, y de Igualdad de Género, encabezada por la también priista Laura Plascencia Pacheco, aprobaron reformas con cambios por lo que, nuevamente, el documento será enviado al Senado para otra revisión y votación.

En una sesión donde estuvieron presentes prácticamente la mitad de las y los diputados, por unanimidad de 263 votos a favor –y en medio de agradecimientos al coordinador de los priistas, César Camacho Quiroz, por hacer posible el dictamen, como lo dijo la diputada Plascencia Pacheco– se celebró el concluir este “complicado” tramo del proceso parlamentario. 

El Artículo 105 de la Constitución federal, en su fracción II, inciso I, indica que las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio de un proceso electoral y durante el mismo no podrá hacerse modificaciones legales fundamentales, por lo que la violencia política no se podrá invocar en las elecciones de 2018.

En San Lázaro, la diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y ex candidata a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, ejemplificó con su caso la violencia que viven las mujeres que buscan cargos de elección popular, recordó los señalamientos y denostaciones que vivió durante su campaña en este año y que incluso atrajo la solidaridad de un sector de las mujeres priistas.

“Viví acciones de misoginia, de gente que lamentablemente ocupa o ha ocupado cargos públicos, como es el caso de (Felipe) Calderón y del propio presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, que yo siento que tendrían que ser los que tenían que poner el ejemplo y que desde aquí digo, qué triste y lamentable para nuestro país tener este tipo de gobernantes”.

La diputada, a quien el expresidente Caldearon tildó de “títere” del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, dijo que si esta minuta se hubiera aprobado en el periodo ordinario anterior, hubiera sido un logro para todas las mujeres que están en la política.

La minuta enviada por la Cámara de Senadores redefine la violencia política en razón de género como “la acción u omisión que, en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales, o bien, en el ejercicio de un cargo público, tenga por objeto o resultado limitar o anular el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de las mujeres, o el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.

A partir de la reforma político-electoral de 2014, cuando comenzaron a salir a la luz casos de violencia, desde destituciones arbitrarias, campañas misóginas y hasta asesinatos de aspirantes a cargos de elección, las mujeres han llamado la atención sobre este tema pero ante la falta de una legislación en noviembre las autoridades electorales reeditaron el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género creado en 2016.

17/AGM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Inconstitucional quitar concepto, debe revisar SCJN: diputada
   
Diputados quieren excluir de la ley “violencia política de género”
Imagen retomada de Twitter de la Asamblea Legislativa
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/06/2017

Sin un proceso legislativo de por medio, diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALDF) pretenden borrar de un plumazo el concepto de “violencia política de género” del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la capital porque argumentan que se equivocaron al incluirlo en la ley.
 
El 31 de mayo, el pleno de la ALDF aprobó la expedición del nuevo Código electoral en el tiempo que establecía la Constitución capitalina y, luego de una revisión del texto, por parte de la Jefatura de Gobierno, se publicó en la Gaceta Oficial el 7 de junio, con lo que entró en vigor para el proceso electoral de 2018.  
 
Sin embargo, fue hasta el 21 de junio, prácticamente tres semanas después de que se avaló la ley, cuando los asambleístas se dieron cuenta e informaron que “hubo una equivocación” y que en la norma electoral aparecía el concepto de “violencia política de género” cuando en realidad debería decir “violencia política”.
 
REVERSA
 
Ese mismo día, el miércoles 21, la Mesa Directiva de la ALDF, integrada por los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Mauricio Toledo y Rebeca Peralta, y del Partido Humanista, Luciano Jimeno, publicaron una “nota aclaratoria” en la Gaceta Oficial para dejar en claro que la ley no debería tener dicho término. 
 
De acuerdo con la nota, la ley debe decir que “violencia política” es  “toda acción, omisión o conducta ejercida contra las personas, directa o indirectamente, que tiene por objeto o resultado sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso, goce o ejercicio de los derechos político-electorales…”.
 
Asimismo la definición correcta, que no aparece en el Código electoral, dice que la violencia política se puede manifestar “mediante cualquier modalidad de violencia contemplada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, expresándose en los ámbitos político, público y privado” y enumera 12 características y no 19 como están en la ley vigente.
 
¿CON “ACLARACIÓN” SE CAMBIA LA LEY?
 
Al siguiente día de que fue publicada la aclaración, el diputado del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada, afirmó que el proceso legislativo del Código electoral no fue vulnerado sino que la “aclaración” era para que no entrara en vigor “algo diferente a lo votado por los diputados”.
 
El asambleísta también informó que en uso de sus facultades y junto con los integrantes de la Mesa Directiva revisó la versión estenográfica de la sesión del día 31 de mayo. “Hubo un error en el contenido que se envió para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, esto es grave porque se hubiera publicado una ley con un artículo distinto a lo aprobado por el Pleno”, destacó.
 
Luna Estrada explicó que durante la discusión del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México se presentaron varias reservas y una de ellas hablaba de la violencia política de género. “El pleno decidió dejar solo el concepto de violencia política”, recalcó.
 
El perredista subrayó que aún con la nota aclaratoria, no había impedimento legal para recurrir a la autoridad correspondiente si se llegase a presentar un caso de violencia política de género, ya que la Constitución Política de la Ciudad de México contempla este concepto.
 
¿ACLARACIÓN DESAPARECE CONCEPTO?
 
Sin embargo, el 24 pasado la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Dunia Ludlow, se pronunció sobre el tema y dijo que la nota aclaratoria dejaba la puerta abierta para que los supuestos para acreditar la violencia política de género se consideren inexistentes porque se construyeron a partir de un proceso legislativo inadecuado e ilegal.
 
Durante la aprobación del Código Electoral, el día 31 de mayo, la asambleísta presentó reservas al Artículo 4 de la norma, a fin de incluir el concepto aprobado anteriormente en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia capitalina; y reservas al Artículo 351 del Código Penal para que se incluyeran los “actos de violencia política”.
 
Pero ese día las reservas se presentaron en bloque junto con otros seis artículos, no se discutieron una por una, se generó confusión y fueron rechazadas. No obstante se publicó el decreto como si hubieran sido aprobadas.
 
ACCIÓN INCONSTITUCIÓNAL
 
Al respecto, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Ana Juana Ángeles Valencia, consideró que excluir el término “violencia política de género” en toda su acepción es una acción inconstitucional que merece ser sometida a revisión mediante un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
Para la legisladora, la modificación que la Asamblea Legislativa quiere hacer a través de una nota aclaratoria y no por medio de un proceso parlamentario, implicaría dejar inválida la posibilidad de argumentar que la violencia política de género como una causal para anular una elección, tal como lo establece la Carta Magna de la Ciudad de México.
 
El Articulo, Apartado D, numeral 2 de la Constitución capitalina dice que “sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia de violencia política de género e irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos en esta Constitución”.
 
Con el proceso electoral de 2018 para renovar la Asamblea Legislativa y poner en marcha la nueva estructura electoral de la capital, todavía no hay certeza de si una nota publicada en la Gaceta Oficial es suficiente para modificar el Código electoral o si es necesario un proceso parlamentario para rectificar un error del Legislativo local.
 
En tanto, el 22 de junio, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, César Cravioto, dijo que “el cambio” no se informó a los diputados y ante ello mencionó que su partido analizaría la pertinencia de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte porque la modificación era de fondo y no una fe de erratas.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
   Sólo 9 de 32 entidades incluyen concepto en su Ley Electoral
Violencia política contra mujeres, mal previsible sin ley federal
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017

Descalificaciones, amenazas, intromisión en la vida privada y agresiones físicas serán los principales obstáculos que enfrentarán aquellas mujeres que en los comicios de 2018 se postulen, por un partido político o por la vía independiente, para competir por uno de los 3 mil 326 cargos legislativos y de gobierno que se elegirán en todo el país.
 
En la carrera por ganar el voto ciudadano y ser electas se prevé que las candidatas se topen con acciones que hoy se conocen como violencia política de género, un concepto cada vez más reconocido en las leyes estatales aunque todavía ausente en las leyes que a nivel federal regulan las elecciones y previenen la violencia de género.          
 
Hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral.  
 
Además, de acuerdo con información obtenida a través de la revisión parlamentaria de los 31 congresos locales y de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia, lo que indica que en 2018 las mujeres que compitan en estos estados podrían hacer uso de estas leyes en caso de ser víctimas de violencia en contextos político-electorales.
 
RUMBO A 2018
 
El próximo año en México habrá elecciones para elegir Presidente de la República y 3 mil 326 cargos: 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas (incluyendo Jefatura de Gobierno en la capital), 984 diputaciones locales, mil 598 ayuntamientos, 16 alcaldías en la Ciudad de México (antes Jefaturas delegacionales), 24 juntas municipales en Campeche y 67 sindicaturas en Chihuahua.
 
En las próximas elecciones habrá una gran cantidad de mujeres haciendo campaña para obtener el triunfo en las urnas, gracias a la reforma aprobada en 2014 que elevó a rango constitucional el principio de paridad de género, es decir, la responsabilidad de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a los cargos electivos.
 
La paridad cumple el objetivo de llevar más mujeres a la competencia electoral y que más de ellas tengan posibilidad de llegar al poder, como se comprobó en los comicios de 2015 cuando fueron electas 212 mujeres, lo que representa 42.6 por ciento de los 500 legisladoras en la Cámara de Diputados.
 
Sin embargo, agrupaciones ciudadanas como la Red Mujeres en Plural, la Asamblea Política Nacional de Mujeres Indígenas y la Red de Apoyo a Mujeres Municipalistas llamaron la atención sobre la violencia y explicaron que un mayor número de ciudadanas compitiendo por obtener cargos implicaba más violencia hacia ellas en razón de su género.
 
HERRAMIENTAS A FAVOR
 
Con 38 casos de violencia contra mujeres políticas y dos asesinatos durante las elecciones de 2015, el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) crearon un protocolo de atención para estos casos.
 
En marzo de 2016 las autoridades electorales presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres que, ante la falta de una legislación, establece la coordinación entre las dependencias y una ruta para atender las denuncias que surgen durante todo el proceso, desde las precampañas, las campañas, la jornada electoral y hasta que las mujeres ejercen las funciones para las que fueron electas.
 
Como el fenómeno no es exclusivo de México, en octubre de 2016 la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) y el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) crearon la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres.
 
Este documento se creó como una guía para que los Estados legislen, protejan y garanticen el ejercicio de los derechos políticos de las ciudadanas, al considerar que las acciones para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en el ámbito privado no cubren la violencia de género que se produce en el “ámbito público”.
 
SIN LEGISLACIÓN FEDERAL
 
En marzo, el Senado aprobó y envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política en las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
En la Cámara baja la reforma fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia. Sin embargo sólo la Comisión de Gobernación aprobó la minuta, el pasado 25 de abril.
 
Por esta razón la legislación en la materia sigue pendiente a nivel federal, a pesar de que en marzo los representantes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación.
 
ESTADOS QUE YA LEGISLARON
 
Aun con la ausencia de las reformas en las leyes generales, los estados han legislado en la materia. Es el caso del Congreso de Morelos que el 7 de marzo reformó su Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Penal y el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado.
 
La ley electoral de esta entidad señala que los partidos políticos, dirigentes y militantes incurren en una infracción si realizan cualquier acción u omisión que “basadas en elementos de género, tengan por objeto o resultado menoscabar, anular, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Recientemente, el 6 de junio, el Congreso de Campeche aprobó incluir el término en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal; además este concepto ya estaba en su Ley de Acceso local que en el Artículo 5 dice que violencia política es “cualquier acto u omisión que limite, niegue, obstaculice, lesione, dañe la integridad y libertad de las mujeres a ejercer en plenitud sus derechos políticos”.
 
En Aguascalientes, el 29 de mayo de este año se publicó en el Periódico Oficial estatal la reforma al Código Electoral para definir este concepto en el Artículo 2, fracción XVII y modificar los Artículos 58 y 68 para que los partidos políticos establezcan mecanismos para prevenir, atender, sancionar y en su caso erradicar esta violencia.
 
Meses después, el pasado 8 de junio el Congreso local aprobó reformar diversos Artículos, entre ellos el 16, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Aguascalientes, con el objeto de definir la violencia política de género y especificar esquemas de protección de los derechos electorales de las mujeres.
 
En algunas entidades se discutieron y aprobaron reformas en la materia pero no han sido publicadas o no están disponibles en el catálogo de Legislación estatal de la Secretaría de Gobernación (Segob) ni en el listado de reformas electorales del TEPJF.
 
De acuerdo con el Artículo 105 de la Constitucional federal, las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso federal inicia en el mes de septiembre de 2017 por lo que las reformas en materia de violencia política en los estados restantes no se aprobaron en el tiempo establecido para su aplicación.
 
17/AGM/GG
 








ESTADOS
POLÍTICA
   Reformó Ley Electoral y la Ley Orgánica del IEEZ
Zacatecas fortalece paridad y sanciona violencia política contra candidatas
Imagen retomada del facebook de Congreso de Zacatecas.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/06/2017
El Congreso de Zacatecas aprobó ayer reformar la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para fortalecer la paridad de género en candidaturas a cargos de elección y regular y sancionar la violencia política contra las mujeres.
 
Con estos cambios normativos promovidos por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Elena Ortega Cortés, el IEEZ, encargado de organizar los comicios locales, también deberá fomentar la participación política de las mujeres y tomar acciones para prevenir la violencia política contra las candidatas. 
 
De acuerdo con la legisladora perredista, esta violencia se incrementa en la medida en que las mujeres van ganando terreno en los puestos donde se toman decisiones al interior de los partidos y en la representación popular, porque su derecho a la no violencia sigue sin hacerse efectivo.
 
La Ley Electoral de Zacatecas, que en 2015 enfrentó tres acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Nación por diferentes omisiones, entre ellas por la redacción sobre paridad de género en cargos municipales, ahora también incluye precisiones sobre paridad en candidaturas a alcaldías, sindicaturas y puestos edilicios.  
 
El Artículo 5 de esta ley dirá que la violencia política es “cualquier acción u omisión realizada por una o varias personas o servidores públicos, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico o sexual, en contra de una o varias mujeres o su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de su derecho a la participación política en los procesos electorales que tengan como fin la inducción a la toma de decisiones en contra de su voluntad”. 
 
Además de definir el término de violencia política, el Legislativo local también aprobó reformar la Ley Orgánica del Instituto Electoral estatal para que el organismo tenga la atribución de promover y difundir la cultura democrática con enfoque de igualdad sustantiva y paridad entre los géneros. 
 
Así, el Artículo 57 de esta norma dirá que es facultad del IEEZ elaborar y proponer los mecanismos para desarrollar la participación política de las mujeres al interior del Instituto y los partidos políticos; contar con una Dirección de Paridad entre los Géneros y generar los lineamientos para prevenir y evitar la violencia política en contra de las mujeres. 
 
El dictamen indica también que los derechos políticos promueven la inclusión al garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones; como ejemplo, después del proceso electoral 2015-2016 fueron electas 16 diputadas locales y 16 presidentas municipales, por ello el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que participen en estos espacios.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Término ayuda a resguardar derechos político-electorales
Campeche incluye en su ley “violencia política contra las mujeres”
Imagen retomada del twitter del Congreso de Campeche
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/06/2017

El Congreso del estado de Campeche aprobó incluir el término de “violencia política contra las mujeres” en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal y con ello establecer un mecanismo procesal que permita a las ciudadanas hacer efectivos sus derechos políticos electorales.
                                                                                            
En la sesión de hoy y con una votación unánime, las y los diputados aprobaron la iniciativa promovida por las diputadas de todos los partidos políticos para reformar los artículos 755, 757 y 758 y adicionar una fracción VI al Artículo 756 de la Ley.
 
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una de las promoventes, Alejandrina Moreno Barona, destacó que con estas reformas el Congreso legisla con perspectiva de género.
 
De acuerdo con el dictamen que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, estas modificaciones a la ley permitirán hacer frente a las cuestiones estructurales, como la violencia política contra la mujer, que obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos electorales.
 
En Campeche la violencia política de género se entenderá como: “acciones y omisiones basadas en elementos de género dadas en el ejercicio de los derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Con este concepto, dice el dictamen, se establece que la violencia política afecta el desarrollo de las mujeres en la escena política pública, porque afecta su derecho humano a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a ser electas en puestos de dirigencia al interior de su partido; o a ejercer su cargo de elección popular hasta el final de su mandato.
 
Las y los diputados también señalaron que las reformas a la legislación electoral permitirán defender los derechos políticos de las mujeres, impidiendo conductas que los frenen u obstaculicen, así como que aquellos que ejerzan conductas de violencia política contra ellas, puedan ser sancionados.
 
El Artículo 755 dirá que el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano también procede por violencia política contra las mujeres; el Artículo 756 dirá que este juicio podrá ser promovido cuando exista violencia política contra la mujer; y el Artículo 757 señalará que el Tribunal Electoral será competente para resolver estos juicios.
 
Además el Artículo, 758 señalará que las sentencias en la materia serán definitivas e inatacables y que en los casos de violencia política contra las mujeres también procederá la imposición de las sanciones conforme al catálogo de la Ley.
 
Estos cambios normativos, que aún deben ser publicados en el Periódico Oficial del estado, fueron posibles gracias a la reforma constitucional en materia político electoral de 2014, que incorporó la paridad de género (50-50) en postulaciones a diputaciones y senadurías y debido a los instrumentos internacionales que protegen y reconocen los derechos políticos de las mujeres.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   Debieron aprobarlas a más tardar hoy
Reformas contra violencia política de género no se aplicarán en 2018
Imagen retomada de twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/06/2017

Pese a las denuncias de violencia política y a la advertencia de líderes partidistas de que los casos de violencia política podrían aumentar en el proceso electoral 2018, senadores y diputados no convocaron a un periodo extraordinario antes del 2 de junio para incluir el concepto en la ley y aplicarlo en los próximos comicios.  
 
El Artículo 105 de la Constitución federal, en su fracción II, inciso I, indica que las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio de un proceso electoral y durante el mismo no podrá hacerse modificaciones legales fundamentales.
 
En este caso, como el proceso inicia en septiembre de 2017, las reformas sobre violencia política de género se debieron aprobar a más tardar este 2 de junio y ahora no podrán aplicarse el año próximo cuando se elija Presidente de la República, se renueven 500 legisladores de la Cámara de Diputados y 128 senadores, y se realicen  además elecciones locales.
 
Esto a pesar de que en tres años, del 1 de enero de 2013 al 20 de diciembre de 2016, se registraron 335 averiguaciones por denuncias de violencia política de género, según un informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
El informe de la FEPADE sobre atención de casos de violencia política contra las mujeres de 2013 a 2016 indica que cada año aumentó el número de averiguaciones registradas: en 2013 fueron 61; en 2014 sumaron 55 y para 2015 aumentaron a 173. Sin embargo, destaca que en 2016 bajó el número de denuncias porque hubo un total de 46 casos.
 
No todas las denuncias fueron investigadas por falta de competencia de la FEPADE pero, de acuerdo con las estadísticas de la dependencia, se otorgó la calidad de víctima a 26 mujeres, en razón de la situación particular de riesgo en la que se encontraban y por el contexto político de discriminación, amenazas e intimidación.
 
El 9 de marzo, el Senado aprobó incluir la violencia política de género en las Leyes Generales; de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
ESTANCADA
 
La reforma para dejar en claro que constituye un delito denostar, menoscabar y restringir las funciones de una mujer que ejerce la política, fue enviada a la Cámara de Diputados, pero en este órgano no pasó al pleno porque antes debió ser aprobada por las Comisiones para la Igualdad de Género, y de Gobernación, pero sólo se avaló en esta última.
 
Una vez que en abril concluyó el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, legisladoras de todos los partidos políticos exigieron que las reformas sobre violencia política se aprobaran en un periodo extraordinario de sesiones.
 
Los reclamos de diputadas y más tarde de senadoras hicieron que el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, aseguraran en la última sesión del periodo ordinario en la Cámara de Diputados que “sería un tema a discutir”.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
POLÍTICA
   Define también violencia simbólica y mediática
ALDF incluye “violencia política de género” en Ley de Acceso de CDMX
Diputada del PRI, Dunia Ludlow Deloya. Imagen retomada de twitter de la asambleadf
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/05/2017

De cara al proceso electoral local de 2018 y con una Ley Electoral en debate, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó definir el concepto de “violencia política en razón de género” en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México.
 
En la sesión de ayer las y los diputados aprobaron por unanimidad agregar al Artículo 7 la Ley de Acceso local esta nueva modalidad de violencia política, una propuesta impulsada por los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
 
Esta reforma establece que la violencia “es toda acción u omisión ejercida en contra de las mujeres en el ámbito político o público que tenga por objeto resultados de sesgar, condicionar, impedir, restringir, suspender, menoscabar, anular, obstaculizar, excluir o afectar el reconocimiento, acceso o goce a ejercicio de los derechos políticos electorales de una mujer”.
 
De acuerdo con esta definición, que incluye y detalla19 actos de violencia, es obligar a una mujer con un cargo público a realizar actos diferentes a sus funciones, condicionar su participación política, proporcionarle información falsa, errónea o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones, entre otras acciones.
 
Al presentar el dictamen, la diputada por Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Nury Delia Ruíz Ovando, dijo que el dictamen fue producto de las propuestas de asambleístas del PRD, Morena y del PRI, este último además propuso incorporar el término a legislación penal y electoral.
 
La iniciativa priista se turnó a Comisiones Unidas a la de Asuntos Político Electorales y Administración y Procuración de Justicia y para la Igualdad de Género, misma que continúa en revisión debido que la Asamblea Legislativa está analizando las nuevas leyes  electorales que deben aprobarse el 2 de junio.
 
La reforma aprobada consideró los planteamientos del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres creado por instituciones electorales en 2016; y la reforma en la materia aprobada el pasado 9 de mayo en el Senado. 
 
Sobre esta iniciativa, la diputada del PRI, Dunia Ludlow Deloya, dijo que esta reforma era un mensaje para todas las ciudadanas, “con ello protegemos y promovemos los derechos políticos de las mujeres desde las precampañas, durante los procesos electorales y, lo que es fundamental, en el desempeño de sus encargos”, dijo.
 
A la sesión asistió la senadora y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara alta, la senadora Diva Gastélum Bajo, y diputadas de la Comisión de Igual de Género de la Cámara de Diputados, órgano donde se mantiene congelada la discusión para aprobar la reforma de violencia política de género a nivel federal.
 
VIOLENCIA SIMBÓLICA Y MEDIÁTICA
 
En la sesión de este martes también se aprobó reformar el Artículo 6 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para agregar la definición de violencia simbólica y la violencia mediática a fin de identificarlas.
 
Con estas modificaciones quedará establecido que la violencia simbólica “es la que a través de patrones, estereotipos, mensajes, valores, íconos o signos trasmiten el proceso de denominación desigualdad y discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”.
 
La definición de violencia mediática contra las mujeres dirá que es aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio de comunicación que “promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres”.
 
En esta violencia también se incluye la utilización de mujeres adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas.
 
Sobre esta reforma, la diputada del PRI y promotora de la iniciativa, Mariana Moguel Robles, aseguró que la violencia de género también está presente en los medios pero dijo que en los espacios de comunicación impresos, audiovisuales y digitales, están los aliados para erradicar este problema.
 
“Al legislar sobre la violencia simbólica y la violencia mediática contra las mujeres, estamos dando nombre a este fenómeno creciente que pueden sufrir las mujeres y ayudaremos a definir sus límites en términos y acciones que constituyente casos de violencia”, señaló.
 
Las reformas a la Ley de Acceso local entrarán en vigor una vez que sean publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
POLÍTICA
   “Da qué pensar” que priistas no aprueben reforma
Violencia política: lista antes de 2 de junio o no aplica en 2018
Imagen retomada del Facebook de la Secretaria de Igualdad de Géneros CEE PRD Puebla.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/05/2017

La secretaria nacional de Igualdad de Género del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Claudia Castello Rebollar, pidió a los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y a la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco, apoyar y aprobar las reformas para sancionar la violencia política por razones de género.
 
En entrevista, Castello Rebollar señaló que deja mucho en que pensar el procedimiento parlamentario de esta reforma y la forma en que se condujo la diputada priista y presidenta de la Comisión de  Igualdad de Género en la Cámara de Diputados, quien evitó aprobar las reformas a las leyes electorales en materia de violencia política.
 
En marzo, el Senado envió a la Cámara de Diputados una reforma para definir y sancionar la violencia política, misma que fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Igualdad de Género, para su análisis y votación. Además, la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género estaba encargada de dar una opinión en la materia.
 
El 25 de abril la Comisión de Gobernación aprobó reformar las Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y sólo faltaba la votación de la Comisión presidida por la diputada priista.
 
Sin embargo, el pasado 28 de abril, día que finalizó el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, las diputadas de la Comisión de Igualdad se reunieron para discutir el dictamen enviado por el Senado pero la diputada Plascencia Pacheco declaró un receso y jamás reinstaló la sesión lo que evitó votar las reformas y pasarlas al pleno.
 
Al tener parada esta reforma y con las elecciones de 2018 en puerta, Claudia Castello afirmó que este proceso merece un reclamo de parte de todas las mujeres que quieren ser candidatas a un cargo de elección porque se supone que había un consenso de todos los partidos para sacar avante las modificaciones legislaciones.
 
En marzo, después de participar en un foro sobre medios y participación política, los representantes del PRI, PRD y de los Partidos Acción Nacional (PRD), del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal) se comprometieron a impulsar la tipificación de la violencia política. En esa ocasión el líder priista, Enrique Ochoa, asumió el compromiso.
 
La deuda sigue pendiente y ante ello los líderes de los partidos nuevamente aseguraron que cumplirán. En la última sesión de la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín y del PRD, Francisco Martínez Neri, aseguraron que habría un periodo extraordinario y que entre los temas a debatir estaría la violencia política. 
 
La urgencia de esta reforma, dice la perredista, es que pueda aplicar en el proceso electoral de 2018. De acuerdo con el Artículo 105 Constitucional las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse 90 días antes del inicio de un proceso electoral. En este caso el proceso inicia en el mes de septiembre de 2017.
 
Para que la reforma en materia de violencia política por razones de género pueda aplicar en las lecciones del próximo año sería necesario que a más tardar el 2 de junio este aprobada, por eso el PRD hizo un llamado para que el periodo extraordinario se convoque a la brevedad posible, aunque Castello Rebollar reconoce que sería muy difícil tener la reforma a tiempo.
 
Las reformas definirían la violencia política por razones de género como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
Por lo pronto la diputada Nereida Plascencia no ha dado una posición pública sobre el retraso en estas reformas pero de acuerdo con Castello Rebollar se presumen que las razones fueron “revanchismos políticos al interior de su partido” y de ahí la importancia de hacer un llamado al PRI para que se vote el tema.
 
Cabe recordar que la diputada Plascencia Pacheco apoyó la propuesta de incorporar en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la obligación de dar anticoncepción de emergencia y garantizar la interrupción legal del embarazo a las víctimas de violación sexual, un tema que causo un amplio rechazo y división entre diputados, al grado que dos veces fue aplazada la discusión y finalmente se retiró.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
POLÍTICA
   Cabildean para incluirlo en periodo extraordinario
Urge ley contra violencia política de género antes de 2018: senadoras
Imagen retomada de twitter
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/05/2017
Para conseguir que en México más mujeres compitan en los comicios, sean electas y gobiernen, es necesario definir la violencia política de género en la ley, tema pendiente en la Cámara de Diputados que podría aprobarse en un periodo extraordinario del Congreso de la Unión, en junio próximo.    
 
Después de cinco años de propuestas y análisis y luego de que en 2013 el Senado aprobó una primera propuesta para definir este término –misma que no fue ratificada en la Cámara de Diputados–, el pasado 9 de mayo de 2017 el Senado aprobó un dictamen para incluir la violencia política por razones de género en cinco Leyes Generales.    
 
Como en la primera ocasión, el reciente dictamen aprobado en la Cámara alta fue enviado a la Cámara baja para su aval. Las reformas fueron analizadas en la Comisión de Igualdad de Género y en la Comisión de Gobernación pero sólo fue ratificado por las y los diputados de la segunda por lo que no pasó al pleno para su votación.  
 
Al hacer un recuento sobre este proceso legislativo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, la priista Diva Hadamira Gastélum Bajo, quien participó en la dictaminarían de la iniciativa de 2013 y 2017, expone que de cara a las elecciones de 2018 las senadoras están solicitando que sea un tema a tratar en un eventual periodo extraordinario de sesiones.  
 
La senadora adelantó que ya habló con el presidente de la Mesa Directiva de Comisión Permanente del Congreso, el senador Pablo Escudero, a quien le propuso que el tema de legislar la violencia política se discuta y apruebe en el periodo extraordinario que podría citarse en junio próximo; sin embargo todavía se está cabildeando este compromiso.  
 
LEY SOBRE VIOLENCIA GARANTIZARÁ PARIDAD
 
De acuerdo con Gastélum Bajo, en 2014 se logró la paridad –es decir, la obligación de los partidos de dar a las mujeres el 50 por ciento de candidaturas a cargos de elección–, un avance valioso que no puede cumplir su objetivo a cabalidad si no se blinda y si no se para, contiene y sanciona la violencia política en razón de género.  
 
Sobre la reciente reforma aprobada en el Senado, la legisladora dijo que fue una minuta muy exitosa porque se reforman cinco Leyes Generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 
 
En opinión de Gastélum Bajo, para la elección presidencial de 2018, cuando también se renovarán 500 diputaciones federales y 128 senadurías, existirá la obligación de los partidos políticos de postular a 50 por ciento de mujeres y hombres a todos los cargos, pero no debe faltar la garantía de que las mujeres puedan participar sin que sean violentadas.   
 
“Ya pasamos de la cantidad, de que un partido salga a decir 'somos 50-50', a la garantía de una participación real de las mujeres, que les permita ganar, estar en la toma de decisiones; de eso se trata y lo vamos a hacer”, aseguró.  
 
Desde 2012, cuando se presentó la primera propuesta en el Senado, las legisladoras señalaron que las mujeres que desean participar en política como candidatas para ser parlamentarias, gobernadoras o integrantes de los ayuntamientos, son difamadas, agredidas y amenazadas por opositores y compañeros de partido que no quieren que incursionen en este terreno.  
 
RESISTENCIAS PARTIDISTAS
 
Al respecto, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012 presentó la primera propuesta para reconocer la violencia política de género, destaca en entrevista que el proceso ha sido largo debido a múltiples factores porque han tenido que explicar el concepto y hacer conciencia.  
 
La senadora señaló que siguió el proceso parlamentario en la Cámara de Diputados, por ello se comunicó con la también priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de este organismo, Laura Plascencia Pacheco, quien en su momento le dijo que se iba a tratar de aprobar en Comisiones para después pasarla al pleno.  
 
Sin embargo la propuesta no se discutió en la Comisión presidida por Plascencia Pacheco y tampoco se trabajó en Conferencia, es decir en coordinación entre senadoras y diputadas. “Me habían dicho que sí, pero ya no se pudieron reunir y algunos, de varios partidos, señalan que fue la fracción priista (la que detuvo la reforma), sin embargo, las mujeres, la mayoría, todas, querían el tema porque lo han vivido, lo han sentido”, dijo.  
 
La senadora acotó que no tiene idea de las razones o si sólo fue falta de tiempo para no avalar la propuesta en la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputadas, pero acotó que hay resistencias de todos los partidos porque incluso avanzó más rápido la propuesta del Senado de aprobar el 17 de agosto como el Día Nacional de la Abeja.  
 
Como la propuesta de reconocer la violencia política en la ley no se aprobó, no se podrá invocar como tal. Sin embargo, cabe mencionar que la candidata de Movimiento Regeneración Nacional a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, mantiene una denuncia ante el Instituto Electoral estatal con base en el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres creado por instituciones electorales en 2016. 
 
17/AGM/GG
 
 







Pages

Subscribe to RSS - violencia política por razones de género