FARC

INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Colombia, justicia a medias
Periodista Jineth Bedoya testifica por enésima vez como víctima de paramilitares
Imagen retomada de you tube
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- 01/03/2017

La periodista colombiana, Jineth Bedoya ha tenido que relatar más de 11 veces su secuestro, tortura y agresión sexual a manos de paramilitares de ese país y este miércoles testifica nuevamente, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Red Mundial de Defensa para la Libertad de Expresión (IFEX), han llamado a la Procuraduría General de Justicia de Colombia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al juez que supervisa el juicio para asegurarse de que esta vez se haga justicia.

Tanto IFEX como la FLIP piden justicia en el juicio contra los presuntos autores de crímenes contra Jineth Bedoya, periodista y activista de derechos humanos, conocida por informar sobre los grupos paramilitares de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el año 2000 fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente por paramilitares; luego, en 2003 fue secuestrada por las FARC. La historia de Bedoya se ha convertido en sinónimo de la impunidad y la corrupción que está arraigada en el sistema judicial colombiano; su lucha se presenta como un caso emblemático en la campaña No Más Impunidad de IFEX.

La Fiscalía ha sido negligente en la presentación de pruebas: los testimonios que son fundamentales para el caso, así como los análisis médicos, se presentaron 10 años después de que los crímenes fueran cometidos.

Además, desde 2012, tres ex paramilitares han sido acusados como parte del proceso penal, sin embargo al 2016 solo dos de ellos han sido sentenciados por el secuestro de Bedoya, y sólo uno por el delito de agresión sexual; ninguno de los cerebros criminales detrás de los ataques ha sido procesado.

En los casi 17 años en que el Poder Judicial se ha dedicado a investigar y procesar ineficazmente estos crímenes, varias personas involucradas, tanto perpetradores como testigos, han muerto o eludido a las autoridades; varios funcionarios estatales vinculados a los crímenes no han sido procesados; esto es indicativo del hecho de que las dos sentencias dictadas hasta el momento en el caso no son suficientes para exponer la verdad completa y lograr que se haga justicia.

Hasta la fecha, Bedoya ha ofrecido más de 11 declaraciones y relatos de lo que le sucedió; en múltiples ocasiones, ha tenido que describir lo ocurrido en mayo de 2000 y los actos de violencia sexual cometidos en su contra; en agosto de 2016, tanto el fiscal del caso contra los presuntos autores Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira, como la defensa, solicitaron un nuevo testimonio de la víctima; el juez aceptó esta solicitud, y hoy Bedoya volverá a testificar.

Las organizaciones consideran que con esta revictimización y el hecho de que Bedoya deba volver a contar la historia de su secuestro, tortura y agresión sexual frente a sus agresores, se ignoran las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual.

A pesar de esto, y además del sufrimiento físico y emocional que esta situación le ha causado, Bedoya ha decidido testificar una vez más para sentar un precedente sobre los errores que el Estado colombiano ha cometido en su caso, así como en muchos otros juicios relacionados con la violencia sexual.

Finalmente, la FLIP e IFEX esperan que este caso avance positivamente hacia el reconocimiento de la verdad y la condena de todos los autores materiales e intelectuales involucrados, incluyendo a todos los funcionarios y ex funcionarios del Estado.  

17/RED/GG








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Iglesias evangélicas y cristianas, fundamentales para el NO a la paz
Conflicto armado en Colombia impidió “pensarnos fuera de la guerra”
Alejandra Londoño es integrante del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feministas | Foto: retomada del sitio glefas.org
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/11/2016

Han pasado 46 días desde aquél domingo 2 de octubre cuando 50.21 por ciento de la población colombiana votó en contra de un acuerdo de paz negociado desde meses atrás por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más antigua y numerosa del país caribeño.
 
Al respecto, la historiadora, activista y educadora popular feminista, Alejandra Londoño Bustamante, -quien trabaja directamente con víctimas mujeres de este conflicto- platicó con Cimacnoticias sobre el histórico proceso de paz que actualmente se formula en su país tras más de 50 años de conflicto armado.
 
Alejandra Londoño es integrante del Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feministas (Glefas). Tiene una maestría en estudios de género y un posgrado en historia por la Universidad Nacional de Colombia. Sus líneas de investigación son estudios culturales, memoria, historia de las mujeres, género, decolonialidad, y pedagogía y memoria.
 
LA PAZ ES MÁS QUE SILENCIAR LOS FUSILES
 
De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia -donde trabaja Alejandra Londoño- de 1958 a 2012 el contexto de guerra causó la muerte de 218 mil 94 personas, pero se desconoce cuántas son mujeres. Se sabe que al menos 81 por ciento de las víctimas eran civiles y que mil 754 personas fueron víctimas de violencia sexual.
 
-Angélica Jocelyn Soto Espinosa (AJSE): ¿Cuál es el contexto particular de la guerra en Colombia?
 
-Alejandra Londoño Bustamante (ALB): Colombia es un país con una presencia de grupos armados muy fuerte que data de unos 56 años. Uno de los grupos armados es la guerrilla de las FARC que es con quien en este momento se está negociando, pero hay otras.
 
“Las guerrillas en concreto de las FARC son grupos alzados en armas con una ideología de izquierda, campesina, no de académicos o intelectuales. Se trata de personas mestizas, afrodescendientes, hombres, y de un porcentaje importante de mujeres. También hay comunidades vinculadas. La guerrilla tiene presencia muy fuerte en las zonas rurales con mucha fuerza militar y de oposición a las élites y el gobierno.
 
“A finales de los 90 y la primera década del 2000 otro grupo armado tomó mucha fuerza: el paramilitarismo. Está organizado en una estructura muy amplia. Es una fuerza contrainsurgente creada por el Estado colombiano para combatir la guerrilla y todas las expresiones de izquierda.
 
“Una de las características es que el paramilitarismo no entró en confrontación armada directa con las guerrillas, sino que atacó a la población civil bajo el argumento de que son las bases sociales de la guerrilla. Generó masacres.
 
“En esta confrontación está en medio la población civil, las mujeres, niñas y niños, y población LGBTTTI que han vivido unas vulneraciones específicas desde la condición que le otorga el patriarcado y que genera una serie de opresiones y violencias que en el contexto de conflicto armado se estrechan más.
 
“Por ejemplo, el paramilitarismo utilizó la violencia sexual como estrategia de guerra para desplazar a una comunidad entera. Con la población LGBTTTI hubo ‘violaciones correctivas’, y todos los panfletos que distribuían los grupos paramilitares contenían amenazas principalmente dirigidas a estos grupos. Lo que hace el paramilitarismo es poner los discursos morales y de odio que ya están en la sociedad y exacerbarlos con las armas.
 
“En el caso de la guerrilla de las FARC está en los estatutos que si un guerrillero viola a una mujer puede ser fusilado. Eso no hace que la guerrilla esté exenta de violaciones. Hay casos de violaciones de mujeres indígenas, de campesinas. Con este acuerdo de paz se espera un proceso de esclarecimiento también de la violencia sexual.”
 
-AJSE: ¿Cuáles han sido para las colombianas las consecuencias a largo plazo de vivir en un contexto de guerra?
 
-ALB: Una de las principales afectaciones que nos ha generado este conflicto es la imposibilidad de pensarnos fuera de la guerra, y creo que los resultados del plebiscito muestran eso. Después de más de 50 años de guerra esto se naturaliza. Somos generaciones que no conocemos otro contexto por fuera de la guerra.
 
“Esto marca unas formas de hacer políticas que no sólo tiene que ver con tomar las armas, sino que tiene que ver con la eliminación sistemática de las izquierdas y la propagación de los discursos de odio. La división. (El conflicto armado) también dejó la sospecha permanente sobre si haces parte de una estructura armada, lo que no ha permitido que avancemos como movimiento social y de izquierda.
 
“Hay un proceso de estigmatización muy fuerte contra las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes en determinados territorios. Por ejemplo, si la guerrilla ha operado en un departamento (municipio) específico viene la asociación de que toda la comunidad es guerrillera o paramilitar. Estamos en un nivel de polarización que no nos permite ver otros matices. Sólo está la posibilidad del rojo o el blanco absoluto.
 
“También hay efectos culturales por vivir en un territorio en guerra militarizado. ¿Qué implica que hayas aprendido históricamente que el cuidado te lo brinda un actor armado? Eso le dio mucho poder al militarismo: si yo tengo un problema con mi vecino, no lo arreglo directamente con él, sino que llamo al armado para que lo resuelva. Las armas mediando las relaciones. Lo cultural va a ser lo más complicado de recuperar”.
 
-AJSE: ¿Qué impulsó la creación de un acuerdo de paz en Colombia?
 
-AL: Hay una guerra de muchos años que no dio el resultado esperado. Creo que las FARC, asesoradas por muchos personajes internacionales, como Hugo Chávez y Fidel Castro, reflexionó que quizás ese no sea el camino. También va quedando la sociedad civil de por medio, vas ganando odios, la guerra va apretando y los ideales empiezan a moverse en muchas direcciones.
 
“También influyó que hubo un periodo de guerra muy duro de 2000 a 2002, con Álvaro Uribe, donde hubo una confrontación armada que cobró la vida de líderes guerrilleros. Esos años dejaron de por medio muchas vidas.
 
“Eso creó las condiciones para que las FARC y el gobierno dijeran ‘vamos a sentarnos a negociar en un escenario que parecer ser favorable en comparación con otros intentos de negociación’.
 
-AJSE: ¿Cómo están representadas las mujeres en los seis puntos que contiene el acuerdo de paz?
 
ALG.- Esos seis puntos no es que resuelvan el conflicto armado en Colombia. No hemos estado tan soñadores como para decir aquí ya se resolvieron todos los problemas que tenemos, pero sabemos que esto es un pasito que permite el desescalamiento de la guerra, que nos va a dar otras posibilidades de construcción de participación política, va a generar otros niveles de reconocimiento de las voces de las víctimas, y va a permitir conocer una parte de la historia de Colombia que ha estado muy silenciada.
 
El primer punto, por ejemplo, es el de la reforma rural integral y que contiene unos elementos de reforma agraria que contempla la necesidad de la tenencia de la tierra para las mujeres, que puedan ser titulares para acceder a un fondo de tierras (baldías, ilegales, de mal uso) que estipula el acuerdo que se distribuyan.
 
“El punto de participación política contiene garantías de participación en un país que ha eliminado sistemáticamente la oposición. Plantea que se pueda hacer una oposición desde la democracia, y genera garantías de participación para las mujeres.
 
“El punto que trata sobre las víctimas es el más grueso. Tiene una jurisdicción especial para la paz que incluye una serie de mecanismos jurídicos de reconocimiento de la verdad y de reconstrucción de la memoria histórica. Se logró, por ejemplo, que haya un espacio de esclarecimiento específico de las violencias sexuales en el marco del conflicto.
 
“Esto se logró por la presión del movimiento de mujeres, de las feministas, de las organizaciones y del movimiento de diversidad sexual que hizo que se instalara una subcomisión de género.”
 
-AJSE: ¿Por qué la población votó por el no?
 
-ALB: Falló que estábamos muy confiadas en que el país iba a decir que sí. Era un poco impensable que un país le dijera no a un acuerdo de paz. Creo que fallamos como fuerza política, en términos de las izquierdas.
 
“Hubo mucha confianza de que el gobierno estaba haciendo la campaña del sí. Eso no quiere decir que los movimientos sociales no hicieran su campaña, pero no se puso la mirada sobre el papel de las iglesias evangélicas y cristianas, que fueron fundamentales en la campañas del no y que son fundamentales como actores contrarios a todo lo que hemos planteado (los movimientos de mujeres y de izquierda).
 
“La campaña del sí fue muy de explicar el acuerdo, racional, y la del no fue muy emocional, basada en infundir miedos a partir de muchas mentiras y de rabia. Decirle a la gente, por ejemplo, que si ganaba el sí un guerrillero nos iba a gobernar, como si esto automáticamente pasara”.
 
-AJSE: ¿Quiénes votaron por el sí?
 
-ALB: Hay una relación muy interesante en el mapa. Mayoritariamente la votación por el sí está en las zonas que bordean el país, las zonas más periféricas, más empobrecidas históricamente, las más rurales. El Caribe colombiano, el Pacífico, la zona del Amazonía son en la mayoría, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
 
“Votaron por el no las ciudades centrales del país, como Medellín, de donde sale Álvaro Uribe, y que es una ciudad de ultraderecha, y otras ciudades centrales del país. Esa división también nos dejó muy tristes, porque son las ciudades más cómodas y con más privilegios, de espaldas al país que vivió la guerra. En las zonas donde ganó el sí es donde se vivió con mayor rigor la guerra. Muchas de las personas que fueron víctimas, dicen que sí necesitamos la paz”.    
 
-AJSE: ¿Cuál es la ruta que sigue?
 
-ALB: El acuerdo sigue, está en un proceso de revisión porque lo que viene, y por eso estamos en la incertidumbre, es que se sientan en la mesa las iglesias y los líderes de ultraderecha. Ellos han dicho que no le dicen no a la paz, sino no a esa paz que se negoció. Está en un proceso de revisión con ellos para ver qué se incorpora.
 
“Va a ser un escenario de tensión permanente. Una de las exigencias de las iglesias y ultraderechosos es que salga todo lo que dice la población LGBTTTI, que haya un enfoque transversal de la familia natural, y un reconocimiento de las iglesias como víctimas colectivas del conflicto. Estamos muy expectantes. Tenemos que ir por varias vías. Este acuerdo debe seguir su rumbo, debe materializarse y entrar en su fase de implementación y verificación.
 
“Yo espero que este ejercicio de negociación no elimine esos mínimos que ya se habían ganado. Quienes venimos de propuestas feministas más radicales tenemos que seguir movilizándonos porque aquí no se ha ganado todo. Nuestro escenario de movilización y lucha va a continuar pero tenemos este escenario (el del acuerdo) y también lo necesitamos.”
 
-AJSE: ¿Cómo entienden la paz las comunidades más castigadas por el conflicto armado?
 
-ALB: Ellas dicen ‘necesitamos que no estén las multinacionales llevándose nuestros recursos naturales, que se paren los proyectos extractivistas. Muchos de los miedos son sobre qué vamos a hacer con la apertura que se va a dar (a las trasnacionales) cuando muestras un país menos conflictivo, tomando en cuenta que tenemos un presidente neoliberal.
 
“Este momento nos ha permitido escuchar cómo entienden la paz las comunidades. Las comunidades lo que dicen es ‘para nosotros la paz no es sólo el silencio de los fusiles, para nosotros la paz tiene que ver con unas condiciones de vida digna que no tenemos y no conocemos. Para nosotros la paz es acceso a la tierra, el acceso a la salud, a una vivienda digna, a la educación, y la paz para nosotras no está completa hasta que no logremos eso’”.
 
Esta entrevista se realizó el pasado 8 de noviembre. Hace tres días, el gobierno colombiano y los líder es de las FARC firmaron un nuevo acuerdo de paz que no incluye el 100 por ciento de las los puntos del acuerdo original.
 
16/AJSE/LGL








INTERNACIONAL
Participación Política de las Mujeres
   Luz Marina Flor, una colombiana que sueña con su tierra
Hace 3 años le quitaron su bastón de mando, hoy intenta regresar a comunidad
Luz Marina Flor con su bastón de mando de gobernadora | Foto: Álex Zapico
Por: Patricia Simón*
Cimacnoticias | Bilbao, Esp.- 24/10/2016

Mientras buena parte de Colombia aún se pregunta cómo se esfumó de un día para otro el ansiado horizonte de paz, una mujer se prepara para emprender su propia guerra. La librará acompañada de sus tres hijos e hijas y de su marido para regresar de vuelta a una tierra que tuvo que abandonar entre tiros hace 3 años.
 
Aquella noche, tras apuntarle en la frente con un rifle, le arrebataron el bastón de mando que la legitimaba como gobernadora del cabildo nasa Raíces de Oriente, una comunidad indígena integrada por 24 familias y reconocida oficialmente en el Cauca colombiano.
 
En 2013, Luz Marina Flor fue expulsada de la tierra que había ocupado junto a su comunidad en 2006 por un grupo de campesinos con los que habían convivido desde el inicio de la toma. Según Flor, aunque también son indígenas no se identifican como tal, ni defienden la cosmovisión ni la cultura originaria que comunidades como la nasa reclaman: el cuidado y protección de la Madre Tierra como parte misma de su existencia, la recuperación de sus prácticas medicinales tradicionales y de sus lenguas, el rechazo de cualquier actor armado en sus territorios, así como la respuesta pacífica a los conflictos, entre otras cuestiones sustanciales.
 
Por eso, cuando su comunidad intentó profundizar en estas premisas rechazando el uso de insecticidas, la agresión a la tierra que acarrea el cultivo intensivo y otras prácticas que pudieran dañar el ecosistema, la vecindad –que se había integrado inicialmente aceptando la orientación del proyecto comunitario– se rebeló.
 
Una vez más, la lucha por el acceso a la tierra detonó violencia y derramamiento de sangre. Colombia es uno de los países con mayor concentración de su propiedad: 77 por ciento de la tierra está en manos de 13 por ciento de la población y de éstos un exiguo 3.6 por ciento acumula 30 por ciento del territorio.
 
 
También está en el origen de una guerra que se inició hace más de medio siglo y que los Acuerdos de Paz alcanzados por el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC intentaba cicatrizar, entre otras medidas, con una reforma agraria que prometía el reparto de tres millones de hectáreas entre las personas más necesitadas de terreno y la regularización de la titularidad de otros siete millones, cuyos habitantes no cuentan con documentación que acredite su propiedad.
 
Éste es el caso del cabildo liderado por Flor. Sin embargo, esta revolucionaria normativa que priorizaba el acceso a la explotación y a la propiedad de las mujeres y de grupos en situación de vulnerabilidad no terminaba de resolver el conflicto entre los distintos colectivos que compiten por la misma –además de contra oligarcas y multinacionales–: indígenas, afrodescendientes, campesinado y personas mestizas.
 
“[El presidente de Colombia, José Manuel] Santos está negociando unos Acuerdos de Paz por los que se van a crear unas reservas campesinas que finalmente van a ser el territorio de los guerrilleros. Santos y la guerrilla están repartiéndose el país”. Así resumía hace 3 años Luz Marina la opinión por la que una parte de las comunidades indígenas se mostraron reacias a las negociaciones de La Habana. Temían que el aumento de las llamadas Zonas de Reservas Campesinas (ZRC) – espacios destinados a dotar de tierras al campesinado– perjudicara sus reclamos de contar con más cabildos –territorios propiedad y gobernados por los pueblos originarios–.
 
A esta suspicacia hay que sumar la generada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez durante sus dos gobiernos (2002-2010) y en su campaña de rechazo a los Acuerdos de Paz, cuando extendió la idea de que las Zonas de Reserva Campesina serían empleadas por la guerrilla para asentarse en el caso de que el proceso de paz prosperara.
 
De esta manera criminalizaba a la población campesina al vincularla con la insurgencia y promovía el rechazo de la opinión pública a la creación de estos espacios, un derecho reconocido constitucionalmente desde 1994.
 
Los Acuerdos de Paz, que no fueron ratificados por la ciudadanía, recogían no sólo la creación de ZRC sino que hacían especial hincapié en la necesidad de dotar de tierras atendiendo a las tradiciones, a la cosmovisión y a las necesidades étnicas y culturales de cada uno de los colectivos con necesidades de tierra en Colombia.
 
VIGILANTES DE SU VUELTA
 
Pero justo cuando una mayoría del país daba por sentada el refrendo de los Acuerdos en el plebiscito del 2 de octubre, Luz Marina Flor me contactaba para que la batalla que había decidido emprender tuviera testigos, aunque fuera desde una distancia transatlántica.
 
Ha pasado 3 años malviviendo junto a su familia en una habitación alquilada en la ciudad de Popayán -capital del departamento del Cauca y una de las más pobres del país-, mientras esperaba una sentencia que les permitiera regresar a su parcela, pero la reciente condena a algunos de los victimarios a prisión domiciliaria no ha tranquilizado los ánimos.
 
Las sucesivas amenazas de muerte a ella y al resto de la comunidad, no han cesado durante estos años por parte de algunos de sus agresores, y han surtido el efecto deseado. Las familias han desistido de volver a aquellas tierras abandonadas que ocuparon para cultivar. Todas las familias -salvo una- la de Luz Marina Flor, ha decidido retornar, agotada por las condiciones de penuria en las que se encontraba.
 
Cuando en 2013 el fotoperiodista Alex Zapico y yo conocimos a la gobernadora, le acompañamos a ella y a su comunidad a la primera vista judicial de su caso. El juez, visiblemente desconcertado ante la presencia de periodistas, decidió cancelar la vista con la excusa de que algunos de los acusados no se habían presentado y evitar así que el caso tuviera repercusión pública.
 
EL CAUCA, LABORATORIO DE LA GUERRA COLOMBIANA
 
El Cauca es una de las regiones colombianas más vapuleadas por la guerra y la cuarta más empobrecida del país. En su territorio conviven y se enfrentan todos los actores implicados: las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los paramilitares y el Ejército. Su posición le ha convertido además en un corredor geoestratégico para el comercio de armas y drogas. Y su subsuelo, rico en minerales, es objeto de deseo de las transnacionales mineras, en las que el gobierno de Juan Manuel Santos ha depositado el futuro económico del país, cediéndole más de 20 millones de hectáreas en sus dos legislaturas.
 
Por todo ello, la población civil ha sido víctima no sólo de su fuego cruzado, sino que ha sido destinataria directa de la virulencia de la guerra, especialmente las mujeres porque son las que más visiblemente se han opuesto a la presencia de cualquier actor armado. Violencia sexual, mutilaciones, secuestros, extorsiones y masacres han sido habituales. En este contexto de violencia generalizada, los conflictos interculturales e interétnicos entre distintos grupos sociales, a menudo también virulentos, han pasado desapercibidos.
 
Las distintas concepciones del uso y propiedad de la tierra de indígenas (20 por ciento de la población), afrodescendientes (21 por ciento) y campesinado (58 por ciento) entran en colisión en una región donde se calcula que más de 60 por ciento del territorio está en manos del cinco por ciento de los propietarios, en su mayoría transnacionales mineras, así como terratenientes dedicados al cultivo de pino, caña de azúcar y al pastoreo intensivo.
 
Una oligarquía que ha sido una de las grandes beneficiarias de esta sangría, que se ha agenciado más de 7 mil kilómetros cuadrados del país, mientras que seis millones de personas tenían que abandonar sus hogares por el desplazamiento forzoso, ejecutado principalmente por grupos paramilitares con el apoyo del Ejército. Y subvencionado, precisamente, por los terratenientes y multinacionales interesadas en recursos hídricos, latifundios para monocultivos y explotaciones mineras.
 
De hecho, la oligarquía rural ganadera ha sido la que con más fiereza se ha opuesto a los Acuerdos de Paz, que incluyen la devolución y redistribución de más de tres millones de hectáreas, la investigación judicial de los usurpadores y la reparación económica a sus víctimas. Una oposición encabezada por el también terrateniente Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia durante los años más álgidos del paramilitarismo e investigado por la Corte Penal Internacional por su posible responsabilidad en crímenes de Estado. Unos crímenes que pasan por asesinatos y hostigamiento a centenares de líderes sociales, periodistas, activistas y cualquiera que fuera considerado “terrorista de los Derechos Humanos”, como tildó el expresidente a quien se opusiera a su política.
 
LA HUIDA DEL RECLUTAMIENTO ARMADO
 
En ese enmarañado contexto, se crió Luz Marina Flor junto a sus nueve hermanos, “sin conocer el juego” porque todos teníamos que contribuir a sacar adelante una casa pobre, cultivando, cocinando, ayudando en el cuidado de las criaturas más pequeñas.
 
En Colombia, un país de 47 millones de habitantes, 1.37 millones de personas están registradas como indígenas, de las que un 63 por ciento vive por debajo del umbral de la pobreza y de éstas, 47 por ciento en la miseria, según datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) del año 2013. Tal es la emergencia humanitaria que sufren estructuralmente los pueblos originarios –de los que 34 están en peligro de extinción–, que son habituales las muertes por malnutrición, en especial, entre menores de edad.
 
Pese a las dificultades, Luz Marina Flor siguió estudiando hasta el bachillerato, pero no pudo ir a la universidad por falta de recursos económicos. Fue ahí cuando un grupo armado -rehúsa especificar cuál– intentó reclutarle forzosamente. En su huida en busca de un lugar seguro, se incorporó al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) para trabajar como maestra. La entidad le concedió un crédito para estudiar auxiliar de enfermería, una ayuda que pagaría con servicios sanitarios comunitarios.
 
Este programa de becas, financiado fundamentalmente por la cooperación internacional, ha permitido formarse a numerosas mujeres indígenas, también a través de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural del Cauca. Los fondos además han servido para que participen en iniciativas sociales, especialmente dirigidas a combatir el impacto de la guerra en sus territorios, y salir así del enclaustramiento en el ámbito privado y de cuidados y conjugarlo con el espacio público, convirtiéndose muchas de ellas en lideresas sociales, gobernadoras y consejeras.
 
De hecho, su notable incorporación a lo largo de los últimos años al ámbito de la toma de decisiones públicas resulta más destacable si tenemos en cuenta que en Colombia las mujeres sólo ocupan un 12 por ciento de los cargos de elección popular, según datos de las Naciones Unidas. Un fenómeno que ha promovido la recuperación de la figura de la Cacica Caitana, una dirigente indígena que capitaneó varios miles de soldados contra la colonización española a mediados del siglo XVI.
 
En medio de este clima es donde Flor, procedente de una familia que había perdido sus vínculos con sus orígenes indígenas, entró en contacto con personas que reivindicaban su cosmovisión nasa. Así se formó hasta integrarse en un grupo que decidió ocupar un terreno baldío dónde desarrollar su proyecto comunitario. Su formación, experiencia profesional y arrojo la fueron dibujando como lideresa ante sus compañeros y compañeras, ocupando distintos cargos hasta convertirse en la gobernadora.
 
LA VIDA COMO DESPLAZADA
 
Luz Marina Flor trabajó durante estos años en trabajo del hogar: lavando y planchando ropa y todo lo que le permitiera “llevar a su bebé con ella” –en lo que hace hincapié–, mientras sacaba adelante a su familia. Ella ha intentado calmar “la ira y el dolor” que el desplazamiento a punta de pistola causó a su hijo mayor, con terapia musical y mucha comunicación. “Por eso tenemos tanta gente mala, porque fue dañada y no supieron devolverles la armonía”, reconoce.
 
Liderar la batalla en los juzgados contra quienes les desplazaron le han convertido en el centro de las amenazas. “Si vuelves, no saldrás de allí viva”, le han advertido. Pese a todo, Flor intenta mantener los lazos con las 24 familias desterradas, pero la ciudad, cuenta, les ha engullido.
 
La habitación alquilada en la que viven, duermen y comen los cinco miembros de la familia se le viene encima. La falta de un pedazo de tierra que cultivar y del que comer le hace soñar con “su casita” recurrentemente.
 
“Mis hijos e hijas viven muy tristes en estas condiciones. No paran de preguntarme cuándo vamos a volver. No podemos permitir que se llenen de odio. Para crecer en armonía tiene que haber limpieza de corazón. Necesito volver para que recuperen la alegría y puedan perdonar. Por eso me vuelvo”. Y para sentirse más segura en medio de tanta impunidad, quería que lo supiera usted, lectora.
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias Pikara Magazine.
 
16/PM/LGL


FARC   Acuerdos de paz   Colombia   Cauca   militares   






OPINIÓN
   Polarización entre la guerra y la paz
Colombia: frente a un final abierto
Imagen retomada de geocolombia9a.blogspot.com
Por: Fabiola Calvo Ocampo
Cimacnoticias | Bogotá, Col.- 03/10/2016

Cerca de 35 millones de personas en Colombia estaban convocadas a las urnas este domingo, para aprobar o no, en un plebiscito, los Acuerdos negociados en La Habana, Cuba, y firmados en Cartagena, Colombia, el pasado 26 de septiembre entre el gobierno del presidente Francisco Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP).
 
De los 13 millones 65 mil 390 personas que asistieron a la cita electoral que podían hacer uso de su derecho al voto, 50.21 por ciento dijo no, mientras que un 49.78 por ciento dijo sí, en tanto que quienes se abstuvieron alcanzaron 62 por ciento, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
 
El resultado no era el esperado ni el anunciado por las encuestas que le daban un holgado triunfo al SÍ, que contó con el apoyo de la comunidad internacional y el mismo Papa Francisco, líder de la Iglesia católica, quien anunció que vendría si Colombia refrendaba los Acuerdos.
 
Escenas de llanto se vieron en las calles y diferentes sitios públicos de muchas personas que no lograban entender cómo podía ganar una apuesta por el no a los Acuerdos, lo que podría mantener al país en los enfrentamientos militares con la guerrilla más antigua de América, y continuar con una guerra que lleva 52 años sin tener en cuenta la década de violencia entre los dos partidos tradicionales.
 
Por su parte, los ganadores del No se reunieron alrededor del Partido Centro Democrático liderado por el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. No faltaron las declaraciones de quienes consideraban que de ganar el SÍ, “la guerrilla llegaría al gobierno y Colombia se convertiría en otra Venezuela”.
 
El presidente del gobierno reconoció los resultados y aseguró que se mantiene intacto su papel como presidente y continúa el cese bilateral del fuego entre el Ejército y las FARC, mientras que el líder de la guerrilla, “TimochenKo”, declaró desde La Habana que su organización mantiene la vocación de paz y la disposición para hacer uso de la palabra como arma de construcción de paz.
 
Para este lunes, Juan Manuel Santos, jefe de Estado convocó a todos los partidos políticos, incluido el Centro Democrático -que se negó a participar en el proceso de negociación en La Habana- a una Cumbre; es decir, no sabemos el futuro inmediato de los Acuerdos, pero sí sabemos de la polarización que mantiene Colombia frente a la guerra y frente a la paz.
 
El Congreso, los partidos políticos rodearon al presidente y se espera que quienes han venido dando su apoyo al proceso se pronuncien este mismo lunes, además, se sabrá las reacciones de los habitantes de los lugares que han sido escenario de combates. Colombia está frente a un final abierto.
 
*Periodista integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género

16/FCO/LGL
 








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Acuerdos de la Habana se firmarán el 26 de septiembre
Inicia en Bogotá II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz
En este encuentro participan representantes de 29 de los 32 departamentos de Colombia: mujeres afro, indígenas, rom (comunidad gitana), campesinas, profesionales, excombatientes de la insurgencia, artistas, católicas, cristianas, periodistas | Foto: Claudia Carrero
Por: Fabiola Calvo Ocampo
Cimacnoticias | Bogotá, Col.- 21/09/2016

Ayer inició en Bogotá, Colombia, la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, que reúne a 500 mujeres que durante 3 días trabajarán por una pedagogía que les permita entender, asumir e impulsar en sus territorios, la labor a cumplir ante los acuerdos negociados en la Habana, Cuba, entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los cuales serán firmados el próximo 26 de septiembre en Cartagena, Colombia.
 
En la primera foto que se dio a conocer en 2012 de la Comisión negociadora de estos acuerdos, aparecían sólo varones, lo que generó preocupación entre diferentes lideresas y las motivó a concretar, en 2013, la Alianza entre organizaciones, redes y plataformas de mujeres, tal como lo expresó la Directora Nacional de la Ruta Pacífica, Marina Gallego.
 
Esta Alianza promovió la primera Cumbre, que legitimó las propuestas que se llevaron a Cuba y el trabajo de incidencia entre el gobierno, las FARC e instancias internacionales participantes en la negociación.
 
La primera versión de la Cumbre Nacional de Mujeres concertó “dar respaldo a la Mesa de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, y exigir a las partes no levantarse hasta lograr un acuerdo e insistir para que el proceso fuera integral, debía contar con la presencia y participación de las mujeres en todas sus etapas, incluyendo la Mesa de Conversaciones de La Habana”.
 
Luego de esta primera Cumbre, la Alianza promovió la creación de la Subcomisión de Género, espacio que permitió que todos los Acuerdos incluyeran la perspectiva de las mujeres desde el ejercicio de sus derechos.
 

Equipo de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género con Belén Sanz de ONU Mujeres | Foto: Claudia Carrero

“Los Acuerdos son una oportunidad para hacer democracia y reconocer a las víctimas”, afirmó la Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Catalina Díaz, ya que para ella, “la guerra refuerza estereotipos”.
 
El documento informativo sobre la II Cumbre que se realiza estos días, señala que las mujeres exigieron “incidir para ser incluidas en la agenda de las conversaciones, de las propuestas de las mujeres y su derecho a la verdad, justicia y reparación y la garantía de no repetición de los hechos”.
 
En este encuentro participan representantes de 29 de los 32 departamentos de Colombia: mujeres afro, indígenas, rom (comunidad gitana), campesinas, profesionales, excombatientes de la insurgencia, artistas, católicas, cristianas, periodistas; es decir, la diversidad de mujeres comprometida con el posconflicto.
 
“Las mujeres no queremos ser pactadas sino pactantes”, fue el eslogan que las actoras del proceso de inclusión de los derechos de las mujeres en los Acuerdos, mantuvieron desde sus inicios.
 
En esta II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, las participantes pretenden adentrarse en las oportunidades y desafíos para fortalecer su accionar político en el proceso de refrendación, verificación e implementación del Acuerdo Final.
 
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OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Lydia Cacho Plan b*
La paz posible: Colombia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/09/2016

 
A las mujeres y niñas colombianas, que desde el anonimato han construido la posibilidad de paz y restauración
 
El proceso de paz en Colombia, que llega después de 50 años de conflicto armado, desplazamientos y desapariciones forzadas no es cosa menor para América Latina, se trata en realidad de un ejercicio que resultaría increíble para cualquier país del mundo, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC-EP fundadas el 14 de mayo de 1964, autoproclamadas guerrilla marxista-leninista, son consideradas por expertos en Seguridad Nacional como grupo terrorista.
 
Aunque es importante entender que ese señalamiento responde a intereses norteamericanos relacionados con el negocio global de la guerra contra el narcotráfico, el señalamiento de terrorismo sigue en pie.
 
Para entender su historia es necesario recordar que mucho antes de 1964 las organizaciones de grupos campesinos, olvidadas por el gobierno central y sumidas en la pobreza se habían autoproclamado “repúblicas independientes”. El entonces presidente Guillermo León Valencia mandó bombardear la zona en que se situaba el principal grupo de liberales y comunistas a quienes el gobierno quería eliminar.
 
Estos grupos campesinos afectaban a los terratenientes acostumbrados a imponer su propia mano dura, esos mismos empresarios y latifundistas que más tarde crearon las autodefensas paramilitares, protegidos por algunos miembros de la clase política burguesa. Los paras se convirtieron en grupos criminales sanguinarios y no están incluidos en este proceso de paz.
 
Para entender el extraordinario momento que vive Colombia respecto al proceso de paz, es fundamental  conocer la compleja historia que apenas puede delinearse en una columna como esta.
 
Este grupo armado es un ejército dirigido por un secretariado de siete miembros, cuyo actual dirigente es Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. Él ha firmado la paz en Cuba y antes fue señalado como líder de secuestradores y asesinos.
 
Todas las investigaciones serias demuestran que las FARC-EP, para sobrevivir a lo largo de los años, se convirtieron en reproductores de un modelo de narco-capitalismo criminal similar al que vemos en México y en otros países del mundo; ni salieron de la pobreza, ni crearon una nueva cultura política de igualdad, se sumieron en las dinámicas de guerra propias de los estados represores y de los grupos ilícitos.
 
Las FARC-EP en 2010 tenían gran influencia ya en 24 de los 32 estados que conforman el país. Los diferentes grupos de las fuerzas armadas se dedicaron a lo largo de estos años a guerra de guerrillas, al narcotráfico, a la minería ilegal; colocaron en diversas regiones minas unipersonales, detonaron bombas que acabaron con la vida de soldados y civiles, destruyeron puentes y carreteras. Han sido mundialmente conocidos sobre todo por los secuestros con fines de extorsión política.
 
Según la ONU este grupo es responsable solamente del 12 por ciento de los asesinatos de civiles del Conflicto Armado de Colombia. Durante años han hecho reclutamiento forzoso de niñas y niños (menores de 18 años); según Human Rights Watch al menos 30 por ciento de sus efectivos son niñas y niños que fueron cooptados forzosamente como esclavos de guerra.
 
A lo largo de estos años las organizaciones civiles y expertas en Derechos Humanos de Colombia han hecho un trabajo ejemplar para fomentar el diálogo por la paz, para educar a las y los jóvenes contra las violencias, y aunque en las fotos de los diarios salgan siempre los hombres de las cumbres hablando de las negociaciones para el fin del conflicto, en las calles, en los pueblos más remotos, en las agencias de atención a víctimas del Estado Colombiano, en el Centro de Memoria Histórica y las escuelas, han sido las mujeres quienes han creado los programas de atención a personas desmovilizadas (desertoras), de apoyo a familiares y estudios sobre paz y  desplazamientos forzados. Sin las mujeres colombianas este momento histórico sería imposible.
 
Gracias a los programas de reintegración se desmovilizaron (o desertaron) de las FARC más de 20 mil personas en los últimos años. Es decir, este ha sido un largo proceso estratégico de pacificación que este lunes y martes 19 y 20 de septiembre se discutirá en la Cumbre de Mujeres y Paz en Bogotá, ellas están planeando estrategias a futuro en aproximaciones sucesivas de justicia restaurativa integral.
 
Los políticos anunciaron el 23 de junio de 2016 que gobierno y guerrilleros luego de cuatro años de negociar el fin del conflicto llegaron a un acuerdo de cese al fuego y reintegración de las y los miembros de la guerrilla a la vida civil y, paulatinamente, a un partido político que les representará legalmente para llevar sus preocupaciones al ámbito de la democracia.
 
Ahora falta que la sociedad colombiana diga SÍ en el plebiscito en el que todo el pueblo decidirá si por fin aceptan que los guerrilleros devengan en civiles, que se lleve  a cabo un largo proceso de justicia restaurativa y perdón colectivo. Las reglas de reintegración son complejas y hay mucha gente interesada en evitar el fin del conflicto, esto necesariamente habrá de revelar otros problemas.
 
Mientras tanto las encuestas locales nos muestran que entre el 35 y el 40 por ciento de la población se rehúsa a aceptar los términos del acuerdo de paz, de allí que hoy  se perciba una gran tensión entre la sociedad colombiana, tensión plagada de mitos y exageraciones que pretenden desacreditar la necesidad de la paz y reivindicar el deseo de una guerra vengativa aún más sanguinaria y ciertamente inútil.
 
En un mundo en que el gobierno norteamericano se ha apropiado del discurso de la guerra contra el terror, resulta vital entender lo que significaría lograr negociar efectivamente con un grupo que el sector Defensa ha considerado terrorista.
 
Este hecho marca un hito histórico para las personas interesadas en la cultura de paz; abrirá las puertas a nuevos debates sobre estrategias de salida de las guerras internas y de la economía de la violencia criminal que vivimos en muchos países.
 
¿Quién ganaría con el sí por la paz? Todo Colombia. El fin de medio siglo de violencia normalizada es vital para sanar a una sociedad conservadora, dividida, empobrecida y desgastada por la violencia sistemática tomada por la guerrilla, por los paramilitares, las bandas criminales (Bacrim), la delincuencia organizada y los cárteles que, aunque pulverizados, siguen operando en la región dominada hoy por los capos mexicanos.
 
La gente se pregunta si las FARC-EP al final ganaron en algunas de sus peticiones originales de la década de los 60: justicia social, abatimiento de la pobreza, justa repartición de las tierras (una especie de reforma agraria). Si la mayoría vota sí en el plebiscito este próximo 3 de octubre, seremos testigos de la aplicación de un modelo, siempre mejorable, de implementación de la paz a través de sus dos pilares fundamentales: la justicia integral y la igualdad; proceso que necesariamente habrá de tomar décadas en ser implementado en todo el país.
 
Para ello toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación y sus periodistas junto con las y los políticos, están obligados a cambiar su narrativa de violencia, de exclusión y sentido de justicia.
 
Colombia es un país que durante décadas se ha mirado en blanco y negro: verracos y cobardes, buenos y malos. Implementar el acuerdo de paz les permitirá mirarse en tecnicolor, reconocer los matices de esa alteridad que conforma a un país maravilloso que merece salir de este infierno sin sentido, cuyas víctimas perennes habrán de convertirse, por fin, en sobrevivientes.
 
Es importante entender que este acuerdo es mejorable, y conocer los beneficios jurídicos, económicos y políticos que se les ofrece en el acuerdo de La Habana (297 páginas) y los que no; aquí un recuadro de síntesis de los más discutidos:
 
1. Se le ofrece a cada persona que renuncia a la guerrilla un capital semilla de 8 millones de pesos colombianos ($52 mil 427 pesos mexicanos) para comenzar un negocio o capacitarse para el trabajo. Anteriormente a 20 mil desmovilizados individualmente se les entregaba un 30 por ciento más de dinero.
 
2. De acuerdo al decreto 139, le entregará a cada persona ex guerrillera, 90 por ciento del salario mínimo durante 24 meses. Es decir 480 mil pesos colombianos ($3 mil 145 pesos mexicanos) al mes. Al final de los 2 años de reintegración a la sociedad, cada persona habrá recibido 11 millones 520 mil pesos colombianos ($75 mil 800 pesos mexicanos) 
 
3. Quienes se desmovilizan quedan inmersos en la jurisdicción especial de paz, que les obliga a colaborar con la justicia y contarlo todo. También se les obliga a tener cédula de registro especial.
 
4. En el 2009 el gobierno colombiano ofreció libertad total a guerrilleros que se desmovilizaran y entregaran a personas secuestradas (se le daba garantía de libertad a secuestradores). El actual acuerdo 2016 exige justicia especial y reparación del daño a secuestrados y sus familiares.
 
5. Las FARC tienen hoy garantizado el derecho a ser oposición política y garantías de protección a guerrilleros que se integren a la democracia. La representación política equivalente a diez miembros de congreso con la financiación del Estado equivalente a la de un partido político mediano (aún se discuten los mecanismos para elegir).
 
6. Se dará acceso legal al uso de la tierra, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas reservadas. Actualización del catastro rural  para la seguridad jurídica de las y los campesinos.
 
7. Se promete la creación de programas de desarrollo con enfoque territorial, mejoramiento de infraestructura. Potenciación del desarrollo social basado en salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza.
 
8. Estímulos a la producción agropecuaria, a la economía solidaria y cooperativa mediante asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercado y formalización laboral.
 
9. Ambas partes deben combatir el narcotráfico, erradicar los cultivos ilícitos y ningún miembro de las FARC-EP podrá formar parte de la narco-economía.
 
10. Los guerrilleros aceptaron someterse a los tribunales de paz, reconocer su responsabilidad en hechos violentos y delitos de lesa humanidad, (algunos especialistas aseguran que eso resultará imposible, otros dicen que es factible).
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

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OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   COLABORACION ESPECIAL
Colombia antes y después de los Acuerdos en La Habana
Imagen de la Primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Especial
Por: Fabiola Calvo Ocampo*
Cimacnoticias | Colombia.- 12/09/2016

Colombia se prepara para refrendar los Acuerdos pactados en La Habana entre el gobierno del presidente Manuel Santos y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, el próximo 2 de octubre, con miras a terminar un conflicto armado que suma  más de 50 años.
 
Cinco fueron los puntos discutidos durante 4 años por ambas partes: Política de desarrollo agrario integral; participación política; solución al problema de las drogas ilícitas; punto sobre las víctimas y el conflicto armado; fin del conflicto y, la implementación y  verificación y refrendación, es decir que ya se cumplieron o a punto de hacerlo con casi todas las etapas.
 
Por estas fechas, los guerrilleros de las FARC empiezan a concentrarse en los campamentos, en los lugares acordados por las partes, en espera de la realización la Conferencia Nacional de la organización armada para que su dirigencia informe y debata en sus filas, integradas en un 40 por ciento por mujeres, el resultado de las conversaciones y Acuerdos.
 
Un hecho relevante de las negociaciones  fue la creación de la Subcomisión de Género, exigencia del movimiento de mujeres, que permitió que  los Acuerdos tuvieran un enfoque de género, tanto desde los derechos de las mujeres como de la población LGBTTTI.
 
Varias comisiones asistieron a la Habana para intercambiar apreciaciones con la  Mesa de negociación. Así mismo tienen un enfoque diferencial que incluye a indígenas y afrodescendientes.
 
En este septiembre, durante los días 19, 20 y 21, sesionará la Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y Paz para incidir en los mecanismos de refrendación, verificación e implementación del Acuerdo general del proceso de paz de Colombia, teniendo en cuenta los derechos de las mujeres, como lo expresan en un comunicado.
 
Colombia vivió en la década de los 50 un enfrentamiento armado entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que dejó 300 mil  muertos en los campos, en razón de que a quienes armaron, fueron campesinos. Los jefes de ambos partidos firmaron en España, un pacto de exclusión- el Frente Nacional- hecho político que originó el surgimiento de las guerrillas.
 
En el citado pacto los dos partidos decidieron que entre ambos harían una alternancia de gobierno cada 4 años, dejando sin posibilidad cualquier expresión social o política.
 
Durante estas décadas de violencia generalizada se consolidó el narcotráfico que permeó todos los espacios sociales y políticos y, el paramilitarismo como proyecto de derecha económico, político, social e ideológico, financiado por los cárteles de la droga y entrenados por el ejército oficial.
 
Este panorama dejó 7 millones de personas en situación de desplazamiento, 150 mil personas desaparecidas, además de víctimas de violencia sexual, masacres  y cerca de 300 mil muertos, junto con exilio, amenazas y persecución a mujeres y hombres opositores al sistema.
 
El proceso de paz en Colombia inició con los Acuerdos entre el Gobierno del presidente Belisario Betancur  en 1984 y las organizaciones Movimiento 19 de Abril (M-19) Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista, Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento Autodefensa Obrera (ADO) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
 
Producto de esos acuerdos, nació la Unión Patriótica, organización casi extinguida luego del asesinato de 3 mil de sus militantes y dos candidatos a la presidencia; el EPL propuso una figura que no existía en el país, la convocatoria de una Asamblea nacional Constituyente (ANC) elegida por el pueblo para cambio de Constitución con derecho a revocatoria del mandato, y consultas populares. Los firmantes de esos Acuerdos, Oscar William y Jairo (Ernesto Rojas) Calvo Ocampo,  fueron asesinados 1 y 2 años después.
 
En 1990, el M-19, el EPL, el PRT, el movimiento indígena Quintín Lame y Renovación Socialista, dejaron las armas, se convocó a una ANC, se firmó una nueva Constitución. El dirigente del M-19, Carlos León Pizarro fue asesinado cuando era candidato a la presidencia.
 
Colombia transita por el optimismo, no obstante el partido Centro Democrático, liderado por el ex presidente y hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez, hace proselitismo a favor de un no para desaprobar lo pactado en La Habana.
 
No es un secreto que Uribe lidera una derecha extrema, sin embargo, mientras fue inquilino de la Casa de Nariño (Casa de Gobierno) estuvo en conversaciones para entrar en un proceso de negociación con las FARC.
 
Queda en el tintero la esperanza de iniciar un proceso con el Ejército de Liberación Nacional –ELN- organización conocida por su aproximación a la Teología de la Liberación y guerrilla en la que militó el cura Camilo Torres y tres curas españoles, entre ellos su líder, ya muerto, Manuel Pérez.
 
El país sudamericano, en medio de una intensa campaña, decidirá su futuro. Un camino para que la guerrilla más antigua diga adiós a las armas y florezcan nuevas esperanzas dentro de una apertura democrática, pero sin cambios estructurales en el modelo económico.
 
* Periodista integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género
 
16/FCO/LGL








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