guerrilleros

OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   COLABORACION ESPECIAL
   La Cumbre de la Paz en Colombia
Un encuentro mundial de mujeres
La abogada y responsable del programa de justicia transicional, Catalina Díaz (al micrófono), esclareció algunos de los mitos que se han propagado en redes sociales y medios, a fin de desacreditar el acuerdo de paz entre la guerrilla, el gobierno y la sociedad | Foto Lydia Cacho
Por: Lydia Cacho*
Cimacnoticias | Bogotá, Col.- 23/09/2016

Es morena de facciones afiladas y pómulos prominentes, viste un traje típico, porta en el pecho un gran collar bordado de chaquiras, un abalorio de protección. Se llama Alcira Villafaña, desde hace 30 años, cuando era niña, su padre, quien fuera un reconocido líder de los movimientos comunitarios indígenas, la involucró en la defensa de la cultura y la tierra.
 
Alcira vive en Magdalena, uno de los 32 departamentos de Colombia localizado al norte del país, en la región Caribe colombiana. Hoy en Bogotá, como miembro de la II Cumbre de Mujeres y Paz, habla con la entereza de una líder espiritual: “la guerra es una epidemia, una enfermedad del espíritu humano. Yo soy parte de la Junta Nacional de Mujeres Indígenas. Estamos aquí en la Cumbre de la paz porque tenemos confianza en la construcción que hemos hecho como pueblos y como mujeres para arrancar la raíz de la guerra de nuestra tierra”.
 
Alcira ha trabajado con víctimas y sobrevivientes del conflicto armado en Colombia, ha visto de todo, dice, conoce las historias de mujeres violadas, de hombres y niños asesinados por todos los bandos, pero desde niña conoció bien la historia del genocidio de los pueblos originarios de Colombia. Por eso tenemos paciencia, dice, hemos sabido esperar hasta que los políticos entiendan que la voz del pueblo manda la paz y no la guerra. Hoy parece que la espera ha terminado.
 
A once días de que se lleve a cabo el plebiscito por la paz en Colombia, que tiene como meta poner fin a la guerra interna que ha durado 50 años y dejado ocho millones de víctimas, se reunieron más de 600 mujeres líderes comunitarias de todo Colombia, y  especialistas del mundo, dedicadas a procesos de paz. Se dieron cita embajadores de países europeos y funcionarias públicas de alto nivel.
 
Esta Cumbre de Mujeres por la Paz no fue cubierta adecuadamente por ningún periódico colombiano. Ni una sola nota sobre esta segunda cumbre llegó a las primeras planas de los diarios más importantes del país, a pesar de la trascendencia histórica del evento, similar a los que se llevaron a cabo en su momento en la pacificación de Irlanda del Norte, Filipinas, Sudáfrica o incluso en España, durante los diálogos con la ETA.
 
El ambiente en los salones y pasillos del histórico hotel Tequendama en la ciudad de Bogotá se respira saturado de emoción. Mujeres diversas, activistas, políticas, empresarias, intelectuales, académicas, científicas, diplomáticas, de entre 18 y 90 años están presentes. Las afrocolombianas, indígenas originarias, las de la altillanura, las rurales y citadinas, todas se organizan en grupos para poner sus agendas locales sobre la mesa y buscar fórmulas y estrategias para interactuar formalmente en el contexto de la campaña denominada  “Sí a la Paz” y posteriormente en la articulación de lo que se adivina un largo y complejo proceso de pacificación, sanación y justicia restaurativa.
 
Este 26 de septiembre, después de décadas de trabajo comunitario y político, se llevará a cabo la firma definitiva que hará realidad el Acuerdo Final entre el gobierno Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular (FARC-EP), para dar fin al conflicto armado de este país sudamericano que durante cinco décadas ha sido sometido a la violencia armada entre grupos guerrilleros, cárteles de delincuencia organizada dedicados a la narcoindustria y la trata de personas, así como los grupos de paramilitares, originalmente auspiciados por empresarios locales, y que terminaron convirtiéndose en milicias mercenarias que robaron y despojaron de sus tierras a cientos de miles de ciudadanos, que cometieron crímenes de lesa humanidad, secuestros y violaciones multitudinarias de niñas y mujeres.
 
De acuerdo con los informes del gobierno nacional del presidente colombiano Juan Manuel Santos, los cárteles de la droga han sido sometidos a una mínima capacidad operativa, y con los años, se han convertido en pequeños grupos criminales perseguidos persistentemente por las autoridades; mientras que los grupos paramilitares se han fragmentado y algunos de sus excombatientes se han pronunciado esta semana por el Sí a la paz. 
 
El pasado 21 de septiembre, 23 ex jefes de grupos paramilitares denominados Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) todos ellos encarcelados en prisiones de los Estados Unidos y Colombia, firmaron un desplegado difundido en medios y redes sociales; en él, se dirigen al presidente Santos y a la sociedad colombiana. Un fragmento del comunicado dice a la letra: “En otros tiempos fuimos contradictores y enemigos acérrimos de las guerrillas, hoy sólo tenemos la mano tendida y el corazón dispuesto para regresar al país a contribuir con la paz en Colombia”.
 
Los grupos paramilitares, financiados por empresarios y terratenientes, han sido, de la mano de las guerrillas y los cárteles, instrumentales en la devastación psico-emocional, en la fractura del tejido social y la crisis económica de poblaciones enteras en diversas regiones de Colombia; acompañadas por un abandono histórico del gobierno de su propia responsabilidad respecto al desarrollo social, lo cual incrementó la pobreza plagada de violencia y emigración forzada.
 
En un largo proceso de búsqueda de alianzas de paz, Colombia llevó a cabo acuerdos de extradición con los Estados Unidos, gracias a los cuales los líderes paramilitares recibieron sentencias condenatorias a cambio de que treinta mil miembros armados de sus grupos se desmovilizaran e integraran en la vida civil.
 
En su comunicado los paramilitares “tienden la mano a la paz” en búsqueda de nuevos acuerdos para ser integrados en los procesos de justicia transicional que podría acortar las condenas de algunos de sus líderes. El presidente Santos aún no ha respondido a esta propuesta, y según las especialistas de la Cumbre, no lo hará hasta después del plebiscito que se llevará a cabo el 2 de octubre próximo.
 
Durante tres días de trabajo estratégico y político, más de seiscientas mujeres y una decena de hombres llevaron a cabo mesas para elaborar punto por punto las metodologías necesarias para implementar los acuerdos de paz en todas y cada una de las regiones del país.
 

“...Estamos aquí en la Cumbre de la paz porque tenemos confianza en la construcción que hemos hecho como pueblos y como mujeres para arrancar la raíz de la guerra de nuestra tierra”: Alcira Villafaña | Foto Lydia Cacho

Entre quienes coordinaron las mesas de debate y el análisis de factibilidad de implementación de los acuerdos, se encontraba la Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Martha Ordóñez, la mexicana Belén Sanz, que es representante de la Agencia de las Naciones Unidas para la Mujer en Colombia (ONUMujer); el Alto Comisionado para la paz, Sergio Jaramillo y Catalina Díaz, la directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia de Colombia. Los debates giraron en torno a las verdaderas posibilidades de implementación de los acuerdos en el contexto de post-conflicto que vive este país latinoamericano.
 
Las activistas organizadoras de la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, coordinaron 20 mesas regionales con mujeres que representan a todas las regiones de Colombia  para la identificación de estrategias y acciones para la incidencia y participación efectiva  de las mujeres en la implementación del acuerdo final entre el gobierno y las FARC-EP. A su lado, en las reflexiones colectivas participaron también Mónica McWilliams, negociadora y signataria del proceso de paz de Irlanda del norte, junto con la experta Carmen Magallón, vicepresidenta de la Asociación Española de Investigación para la Paz, Marie Andersson, embajadora de Suecia y Johan Vibe, embajador de Noruega. A su lado la experta en negociación de conflictos de Filipinas Myriam Coronel, Katherine Ronderos, Marina Gallegos y una veintena más de mujeres colombianas organizadoras del encuentro.
 
Uno de los momentos que adquirió mayor relevancia en el diálogo público se dio cuando la irlandesa Mónica McWilliams advirtió a las asistentes “La paz es un proceso, largo y complejo; cada vez que alguno de los actores de este proceso de paz retome las armas o ejerza violencia, debemos decirle no puedes hacer esto, y este es el castigo por romper las reglas”.
 
La negociadora aseguró que la clave del éxito de la paz estable y duradera es la verdadera integración; “Si tu acuerdo de paz dice que debes ceder ciertas cosas a ciertos individuos, esos acuerdos deben ser respetados”, y recordó anécdotas de las complejidades que el pueblo irlandés enfrentó para aprender a vivir al lado de quienes antes se consideraban enemigos terroristas.
 
McWilliams añadió: “será difícil incluir a la integración a los ex guerrilleros de las FARC, difícil también estar con los soldados y con los actores de las diferentes fuerzas de seguridad privadas y públicas que cometieron crímenes. Nosotros lo logramos en Irlanda del Norte y la comunidad internacional fue un pilar durante todos estos años.”
 
La voz de la comandanta guerrillera Victoria Sandino resuena en el salón Rojo del hotel donde se celebra la Cumbre. “daremos el sí a la paz porque queremos una verdadera democracia donde todos podamos vivir con libertades plenas y seguros, donde se respeten las ideas, y todos los niños y niñas tengan educación”.
 
Su verdadero nombre es Judith Salamanca Herrera, ella narra en entrevista que cuando tenía 8 años iba caminando con su abuela en su zona natal de Tierralta, Córdoba. Pasaban los hombres armados, de traje verde con mochilas al lomo, ella preguntó a la abuela ¿son los policías? La anciana respondió “si, mija son la policía del monte”. Eran en realidad los guerrilleros de las FARC-EP.
 
Judith tenía 12 años cuando se inició en las juventudes comunistas; trabajó como alfabetizadora haciendo trabajo social en las comunidades, hasta que un día se dio cuenta de que los movimientos civiles y sindicalistas eran perseguidos y no tenían derechos, entonces se sumó a las filas de la guerrilla. Hace 2 años, en 2014, se convirtió en la primera mujer en tomar la palabra en la mesa de negociaciones de la Habana en Cuba, como representante de la Subcomisión de Género de la Mesa de Negociaciones para la paz.
 
La comandanta Victoria Sandino asegura que al escuchar a las víctimas durante estos 20 meses, recordó su juventud, en la década de los años 80, cuando los paramilitares sembraron el terror y la persecución de la gente de izquierda, de campesinos y guerrilleros. “Tenemos que recuperar la memoria histórica, porque es la única manera en que podremos explicarnos lo sucedido, acceder a la verdad, resarcir a todas las víctimas, perdonarnos todas y todos”. 
 
Al día siguiente de este evento, los diarios colombianos daban testimonio de todas las declaraciones, pormenores de hombres, políticos, analistas, ex presidentes, ex guerrilleros, pero no está reflejada ninguna voz de las mujeres que en este momento están articulando las estrategias para implementar la paz en todas las comunidades y grupos veredales, ni las que están articulando la educación para el voto por el sí en el plebiscito.
 
Este punto llama la atención en particular porque los acuerdos de paz y el propio presidente Santos, así como el responsable del poder judicial, han declarado públicamente que éste es un proceso que debe integrar a las mujeres, 52 por ciento de la población, que ellas han sido las víctimas más golpeadas durante los años del conflicto armado.
 
Son, sí, las encargadas de cuidar a los huérfanos de la guerra, de organizar los programas gubernamentales denominados Madres Comunitarias, cientos de miles de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual por parte de guerrilleros, militares, paramilitares y narcotraficantes. Ellas, las viudas y huérfanas de cientos de miles de hijos asesinados y desaparecidos, han sido y son las responsables de la triple jornada que ha permitido la existencia de las organizaciones comunitarias a pesar de la guerra. Los datos revelan que la mayoría de los actores violentos son hombres, la mayoría de las actoras de rescate social y cultural son mujeres.
 
Diego Bautista, representante del Alto Comisionado para la Paz en Colombia, reconoció en la Cumbre el papel de las mujeres, aseguró que la arquitectura institucional en Colombia  no es la ideal para implementar la paz. En entrevista aseguró que “se necesitarán reformas constitucionales y legales, pero sobre todo se deberá asegurar la paridad en la participación de las mujeres en la política”.
 
Ellas trabajan arduamente por la paz y para lograr este acuerdo que se visibiliza en las cúpulas del poder, pero los medios de su país no las ven como actoras políticas, a pesar del reconocimiento que la ONU ha hecho del trabajo pacificador de estas mujeres.
 
En el acuerdo de La Habana se menciona la palabra mujer 197 veces, en 14 instancias concretas de implementación se exige la participación de las mujeres; en el acuerdo se reconoce plenamente la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos y se admite que son en su mayoría, las despojadas del derecho a la tierra, y las víctimas de la violencia económica. De allí que entre las consignas que se escucharon en los salones de la Cumbre la más sonora fue “Queremos ser ciudadanas pactantes, no mujeres pactadas”.
 
La abogada y responsable del programa de justicia transicional, Catalina Díaz, esclareció algunos de los mitos que se han propagado en redes sociales y medios, a fin de desacreditar el acuerdo de paz entre la guerrilla, el gobierno y la sociedad.
 
La funcionaria federal aseguró que no habrá impunidad ni amnistía para nadie. “Habrá investigación, juzgamiento y sanción de todos los crímenes. Habrá sentencias de entre 15 y 18 años para los violadores”. Dijo que “todo victimario deberá asumir la responsabilidad de los crímenes cometidos”. Además la funcionaria declaró que la reparación del daño deberá incluir  la salud psico-emocional, física y sexual de las miles de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual.
 
Agregó que el retorno es un tema crítico para las mujeres que fueron desplazadas a lo largo de los años y a quienes se les despojó de sus tierras y asesinó a sus esposos, hijos o hermanos, ultimados por los diferentes grupos armados. Se refirió también a la inminente campaña de desmonte de minas unipersonales que impiden el retorno de las poblaciones a las diversas comunidades.
 

Miriam Awad, de Santa Martha Magdalena, perteneciente a la organización de Derechos Humanos Tierra de Esperanza | Foto: Lydia Cacho

Díaz enfatizó que todos los insurgentes presentes en la Habana en los acuerdos de paz, están bajo investigación por crímenes de guerra que deberán ser probados. Reiteró que la amnistía general es falsa, que los tribunales especiales sí tendrán jurisdicción frente a los crímenes de financiación de grupos paramilitares e insurgentes, sin importar si quien les financió es una empresa poderosa o reconocida, se investigará y sentenciará a quien resulte responsable.
 
Las mujeres activistas mencionaron la región de San Carlos Antioquía como el sitio emblemático del conflicto, pues 95 por ciento de la población fue víctima de desplazamientos forzado debido a la violencia generada por los grupos armados. Un acto simbólico sin precedentes en los eventos protocolarios diplomáticos y gubernamentales, fue la subida al escenario de nueve mujeres afro-colombianas, quienes leyeron en voz alta los acuerdos finales de la Cumbre.
 
“La gente que se opone a la paz, no ha visto lo que nosotras atestiguamos. Entre 1998 y 2002, la época en que hubo un mayor número de masacres efectuadas por los grupos paramilitares, las mujeres de mi organización trabajamos, desde hace 25 años, creando modelos para la defensa de los derechos de la población desplazada por el conflicto armado”, estas son las palabras de la activista Miriam Awad, de Santa Martha Magdalena, perteneciente a la organización de Derechos Humanos Tierra de Esperanza.
 
Ella y sus compañeras han trabajado con familias desplazadas, en particular con mujeres, niñas y niños, en el desarrollo de una agenda común del Caribe colombiano. “Por lo mismo nosotras sabemos desde hace años cómo en las comunidades más dolidas por la guerra se entiende, se asume y se desea la paz”, declara Miriam durante la entrevista para Cimacnoticias.
 
Además de los informes de cada mesa de trabajo regional, se creó el Manifiesto Político de las Mujeres por un País en Paz, el cual fue leído al final de la tercera jornada en un acto protocolario con representantes de España y otros países de la Unión Europea, de África, Filipinas e Irlanda del Norte, así como con funcionarios y funcionarias del gobierno nacional de Colombia.
 
El encabezado de este Manifiesto de una cuartilla dice: “Nosotras las mujeres colombianas desde diversas identidades y expresiones de ser mujer, participantes de la II Cumbre de Mujeres y Paz, y provenientes de regiones y territorios andinos, amazónicos, caribeños, insulares, del pacífico, de los llanos, del norte, del sur, del oriente y occidente del país, y de otros territorios fuera de nuestras fronteras, que a lo largo de nuestra vida nos hemos dedicado a construir un país, una casa y una calle en paz, y a que todas las personas podamos vivir seguras y valoradas en nuestra dignidad humana, afirmamos que necesitamos la paz para defender la vida, afianzar la democracia, para garantizar la participación y la representación activa de las mujeres y el goce efectivo de nuestros Derechos Humanos.”
 
*Lydia Cacho. Periodista mexicana, ganadora del premio UNESCO-Guillermo Cano a la valentía en el periodismo, se encuentra en Colombia cubriendo el proceso de paz y el plebiscito. @Lydiacachosi 
 
16/LCR/LGL








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Lydia Cacho Plan b*
La paz posible: Colombia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lydia Cacho
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/09/2016

 
A las mujeres y niñas colombianas, que desde el anonimato han construido la posibilidad de paz y restauración
 
El proceso de paz en Colombia, que llega después de 50 años de conflicto armado, desplazamientos y desapariciones forzadas no es cosa menor para América Latina, se trata en realidad de un ejercicio que resultaría increíble para cualquier país del mundo, porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo FARC-EP fundadas el 14 de mayo de 1964, autoproclamadas guerrilla marxista-leninista, son consideradas por expertos en Seguridad Nacional como grupo terrorista.
 
Aunque es importante entender que ese señalamiento responde a intereses norteamericanos relacionados con el negocio global de la guerra contra el narcotráfico, el señalamiento de terrorismo sigue en pie.
 
Para entender su historia es necesario recordar que mucho antes de 1964 las organizaciones de grupos campesinos, olvidadas por el gobierno central y sumidas en la pobreza se habían autoproclamado “repúblicas independientes”. El entonces presidente Guillermo León Valencia mandó bombardear la zona en que se situaba el principal grupo de liberales y comunistas a quienes el gobierno quería eliminar.
 
Estos grupos campesinos afectaban a los terratenientes acostumbrados a imponer su propia mano dura, esos mismos empresarios y latifundistas que más tarde crearon las autodefensas paramilitares, protegidos por algunos miembros de la clase política burguesa. Los paras se convirtieron en grupos criminales sanguinarios y no están incluidos en este proceso de paz.
 
Para entender el extraordinario momento que vive Colombia respecto al proceso de paz, es fundamental  conocer la compleja historia que apenas puede delinearse en una columna como esta.
 
Este grupo armado es un ejército dirigido por un secretariado de siete miembros, cuyo actual dirigente es Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. Él ha firmado la paz en Cuba y antes fue señalado como líder de secuestradores y asesinos.
 
Todas las investigaciones serias demuestran que las FARC-EP, para sobrevivir a lo largo de los años, se convirtieron en reproductores de un modelo de narco-capitalismo criminal similar al que vemos en México y en otros países del mundo; ni salieron de la pobreza, ni crearon una nueva cultura política de igualdad, se sumieron en las dinámicas de guerra propias de los estados represores y de los grupos ilícitos.
 
Las FARC-EP en 2010 tenían gran influencia ya en 24 de los 32 estados que conforman el país. Los diferentes grupos de las fuerzas armadas se dedicaron a lo largo de estos años a guerra de guerrillas, al narcotráfico, a la minería ilegal; colocaron en diversas regiones minas unipersonales, detonaron bombas que acabaron con la vida de soldados y civiles, destruyeron puentes y carreteras. Han sido mundialmente conocidos sobre todo por los secuestros con fines de extorsión política.
 
Según la ONU este grupo es responsable solamente del 12 por ciento de los asesinatos de civiles del Conflicto Armado de Colombia. Durante años han hecho reclutamiento forzoso de niñas y niños (menores de 18 años); según Human Rights Watch al menos 30 por ciento de sus efectivos son niñas y niños que fueron cooptados forzosamente como esclavos de guerra.
 
A lo largo de estos años las organizaciones civiles y expertas en Derechos Humanos de Colombia han hecho un trabajo ejemplar para fomentar el diálogo por la paz, para educar a las y los jóvenes contra las violencias, y aunque en las fotos de los diarios salgan siempre los hombres de las cumbres hablando de las negociaciones para el fin del conflicto, en las calles, en los pueblos más remotos, en las agencias de atención a víctimas del Estado Colombiano, en el Centro de Memoria Histórica y las escuelas, han sido las mujeres quienes han creado los programas de atención a personas desmovilizadas (desertoras), de apoyo a familiares y estudios sobre paz y  desplazamientos forzados. Sin las mujeres colombianas este momento histórico sería imposible.
 
Gracias a los programas de reintegración se desmovilizaron (o desertaron) de las FARC más de 20 mil personas en los últimos años. Es decir, este ha sido un largo proceso estratégico de pacificación que este lunes y martes 19 y 20 de septiembre se discutirá en la Cumbre de Mujeres y Paz en Bogotá, ellas están planeando estrategias a futuro en aproximaciones sucesivas de justicia restaurativa integral.
 
Los políticos anunciaron el 23 de junio de 2016 que gobierno y guerrilleros luego de cuatro años de negociar el fin del conflicto llegaron a un acuerdo de cese al fuego y reintegración de las y los miembros de la guerrilla a la vida civil y, paulatinamente, a un partido político que les representará legalmente para llevar sus preocupaciones al ámbito de la democracia.
 
Ahora falta que la sociedad colombiana diga SÍ en el plebiscito en el que todo el pueblo decidirá si por fin aceptan que los guerrilleros devengan en civiles, que se lleve  a cabo un largo proceso de justicia restaurativa y perdón colectivo. Las reglas de reintegración son complejas y hay mucha gente interesada en evitar el fin del conflicto, esto necesariamente habrá de revelar otros problemas.
 
Mientras tanto las encuestas locales nos muestran que entre el 35 y el 40 por ciento de la población se rehúsa a aceptar los términos del acuerdo de paz, de allí que hoy  se perciba una gran tensión entre la sociedad colombiana, tensión plagada de mitos y exageraciones que pretenden desacreditar la necesidad de la paz y reivindicar el deseo de una guerra vengativa aún más sanguinaria y ciertamente inútil.
 
En un mundo en que el gobierno norteamericano se ha apropiado del discurso de la guerra contra el terror, resulta vital entender lo que significaría lograr negociar efectivamente con un grupo que el sector Defensa ha considerado terrorista.
 
Este hecho marca un hito histórico para las personas interesadas en la cultura de paz; abrirá las puertas a nuevos debates sobre estrategias de salida de las guerras internas y de la economía de la violencia criminal que vivimos en muchos países.
 
¿Quién ganaría con el sí por la paz? Todo Colombia. El fin de medio siglo de violencia normalizada es vital para sanar a una sociedad conservadora, dividida, empobrecida y desgastada por la violencia sistemática tomada por la guerrilla, por los paramilitares, las bandas criminales (Bacrim), la delincuencia organizada y los cárteles que, aunque pulverizados, siguen operando en la región dominada hoy por los capos mexicanos.
 
La gente se pregunta si las FARC-EP al final ganaron en algunas de sus peticiones originales de la década de los 60: justicia social, abatimiento de la pobreza, justa repartición de las tierras (una especie de reforma agraria). Si la mayoría vota sí en el plebiscito este próximo 3 de octubre, seremos testigos de la aplicación de un modelo, siempre mejorable, de implementación de la paz a través de sus dos pilares fundamentales: la justicia integral y la igualdad; proceso que necesariamente habrá de tomar décadas en ser implementado en todo el país.
 
Para ello toda la sociedad, incluidos los medios de comunicación y sus periodistas junto con las y los políticos, están obligados a cambiar su narrativa de violencia, de exclusión y sentido de justicia.
 
Colombia es un país que durante décadas se ha mirado en blanco y negro: verracos y cobardes, buenos y malos. Implementar el acuerdo de paz les permitirá mirarse en tecnicolor, reconocer los matices de esa alteridad que conforma a un país maravilloso que merece salir de este infierno sin sentido, cuyas víctimas perennes habrán de convertirse, por fin, en sobrevivientes.
 
Es importante entender que este acuerdo es mejorable, y conocer los beneficios jurídicos, económicos y políticos que se les ofrece en el acuerdo de La Habana (297 páginas) y los que no; aquí un recuadro de síntesis de los más discutidos:
 
1. Se le ofrece a cada persona que renuncia a la guerrilla un capital semilla de 8 millones de pesos colombianos ($52 mil 427 pesos mexicanos) para comenzar un negocio o capacitarse para el trabajo. Anteriormente a 20 mil desmovilizados individualmente se les entregaba un 30 por ciento más de dinero.
 
2. De acuerdo al decreto 139, le entregará a cada persona ex guerrillera, 90 por ciento del salario mínimo durante 24 meses. Es decir 480 mil pesos colombianos ($3 mil 145 pesos mexicanos) al mes. Al final de los 2 años de reintegración a la sociedad, cada persona habrá recibido 11 millones 520 mil pesos colombianos ($75 mil 800 pesos mexicanos) 
 
3. Quienes se desmovilizan quedan inmersos en la jurisdicción especial de paz, que les obliga a colaborar con la justicia y contarlo todo. También se les obliga a tener cédula de registro especial.
 
4. En el 2009 el gobierno colombiano ofreció libertad total a guerrilleros que se desmovilizaran y entregaran a personas secuestradas (se le daba garantía de libertad a secuestradores). El actual acuerdo 2016 exige justicia especial y reparación del daño a secuestrados y sus familiares.
 
5. Las FARC tienen hoy garantizado el derecho a ser oposición política y garantías de protección a guerrilleros que se integren a la democracia. La representación política equivalente a diez miembros de congreso con la financiación del Estado equivalente a la de un partido político mediano (aún se discuten los mecanismos para elegir).
 
6. Se dará acceso legal al uso de la tierra, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas reservadas. Actualización del catastro rural  para la seguridad jurídica de las y los campesinos.
 
7. Se promete la creación de programas de desarrollo con enfoque territorial, mejoramiento de infraestructura. Potenciación del desarrollo social basado en salud, educación, vivienda y erradicación de la pobreza.
 
8. Estímulos a la producción agropecuaria, a la economía solidaria y cooperativa mediante asistencia técnica, subsidios, créditos, generación de ingresos, mercado y formalización laboral.
 
9. Ambas partes deben combatir el narcotráfico, erradicar los cultivos ilícitos y ningún miembro de las FARC-EP podrá formar parte de la narco-economía.
 
10. Los guerrilleros aceptaron someterse a los tribunales de paz, reconocer su responsabilidad en hechos violentos y delitos de lesa humanidad, (algunos especialistas aseguran que eso resultará imposible, otros dicen que es factible).
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.

16/LCR/LGL








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   COLABORACION ESPECIAL
Colombia antes y después de los Acuerdos en La Habana
Imagen de la Primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz. Especial
Por: Fabiola Calvo Ocampo*
Cimacnoticias | Colombia.- 12/09/2016

Colombia se prepara para refrendar los Acuerdos pactados en La Habana entre el gobierno del presidente Manuel Santos y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, el próximo 2 de octubre, con miras a terminar un conflicto armado que suma  más de 50 años.
 
Cinco fueron los puntos discutidos durante 4 años por ambas partes: Política de desarrollo agrario integral; participación política; solución al problema de las drogas ilícitas; punto sobre las víctimas y el conflicto armado; fin del conflicto y, la implementación y  verificación y refrendación, es decir que ya se cumplieron o a punto de hacerlo con casi todas las etapas.
 
Por estas fechas, los guerrilleros de las FARC empiezan a concentrarse en los campamentos, en los lugares acordados por las partes, en espera de la realización la Conferencia Nacional de la organización armada para que su dirigencia informe y debata en sus filas, integradas en un 40 por ciento por mujeres, el resultado de las conversaciones y Acuerdos.
 
Un hecho relevante de las negociaciones  fue la creación de la Subcomisión de Género, exigencia del movimiento de mujeres, que permitió que  los Acuerdos tuvieran un enfoque de género, tanto desde los derechos de las mujeres como de la población LGBTTTI.
 
Varias comisiones asistieron a la Habana para intercambiar apreciaciones con la  Mesa de negociación. Así mismo tienen un enfoque diferencial que incluye a indígenas y afrodescendientes.
 
En este septiembre, durante los días 19, 20 y 21, sesionará la Segunda Cumbre Nacional de Mujeres y Paz para incidir en los mecanismos de refrendación, verificación e implementación del Acuerdo general del proceso de paz de Colombia, teniendo en cuenta los derechos de las mujeres, como lo expresan en un comunicado.
 
Colombia vivió en la década de los 50 un enfrentamiento armado entre el Partido Liberal y el Partido Conservador que dejó 300 mil  muertos en los campos, en razón de que a quienes armaron, fueron campesinos. Los jefes de ambos partidos firmaron en España, un pacto de exclusión- el Frente Nacional- hecho político que originó el surgimiento de las guerrillas.
 
En el citado pacto los dos partidos decidieron que entre ambos harían una alternancia de gobierno cada 4 años, dejando sin posibilidad cualquier expresión social o política.
 
Durante estas décadas de violencia generalizada se consolidó el narcotráfico que permeó todos los espacios sociales y políticos y, el paramilitarismo como proyecto de derecha económico, político, social e ideológico, financiado por los cárteles de la droga y entrenados por el ejército oficial.
 
Este panorama dejó 7 millones de personas en situación de desplazamiento, 150 mil personas desaparecidas, además de víctimas de violencia sexual, masacres  y cerca de 300 mil muertos, junto con exilio, amenazas y persecución a mujeres y hombres opositores al sistema.
 
El proceso de paz en Colombia inició con los Acuerdos entre el Gobierno del presidente Belisario Betancur  en 1984 y las organizaciones Movimiento 19 de Abril (M-19) Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista, Ejército Popular de Liberación (EPL), Movimiento Autodefensa Obrera (ADO) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
 
Producto de esos acuerdos, nació la Unión Patriótica, organización casi extinguida luego del asesinato de 3 mil de sus militantes y dos candidatos a la presidencia; el EPL propuso una figura que no existía en el país, la convocatoria de una Asamblea nacional Constituyente (ANC) elegida por el pueblo para cambio de Constitución con derecho a revocatoria del mandato, y consultas populares. Los firmantes de esos Acuerdos, Oscar William y Jairo (Ernesto Rojas) Calvo Ocampo,  fueron asesinados 1 y 2 años después.
 
En 1990, el M-19, el EPL, el PRT, el movimiento indígena Quintín Lame y Renovación Socialista, dejaron las armas, se convocó a una ANC, se firmó una nueva Constitución. El dirigente del M-19, Carlos León Pizarro fue asesinado cuando era candidato a la presidencia.
 
Colombia transita por el optimismo, no obstante el partido Centro Democrático, liderado por el ex presidente y hoy senador de la República Álvaro Uribe Vélez, hace proselitismo a favor de un no para desaprobar lo pactado en La Habana.
 
No es un secreto que Uribe lidera una derecha extrema, sin embargo, mientras fue inquilino de la Casa de Nariño (Casa de Gobierno) estuvo en conversaciones para entrar en un proceso de negociación con las FARC.
 
Queda en el tintero la esperanza de iniciar un proceso con el Ejército de Liberación Nacional –ELN- organización conocida por su aproximación a la Teología de la Liberación y guerrilla en la que militó el cura Camilo Torres y tres curas españoles, entre ellos su líder, ya muerto, Manuel Pérez.
 
El país sudamericano, en medio de una intensa campaña, decidirá su futuro. Un camino para que la guerrilla más antigua diga adiós a las armas y florezcan nuevas esperanzas dentro de una apertura democrática, pero sin cambios estructurales en el modelo económico.
 
* Periodista integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género
 
16/FCO/LGL








Subscribe to RSS - guerrilleros