Violencia Política contra las Mujeres

ESTADOS
VIOLENCIA
   Era funcionaria y buscó una diputación local
   
Asesinan a precandidata priista Dulce Rebaja Pedro
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/02/2018

La ex aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro, y su primo Crescencio Rebaja Bello fueron encontrados asesinados alrededor de las 7:30 de la mañana de este domingo 25 de febrero en la carretera Chilapa-Atzacoaloya.

De acuerdo con medios locales, el 24 de febrero ambas víctimas desaparecieron cuando viajaban con dos familiares más, un hombre que también fue hallado asesinado y una mujer de quien se desconoce el paradero. Antes de la desaparición ella tomó protesta como coordinadora del PRI en Chilapa.

La joven actualmente era directora de Investigación y Evaluación de la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afrodescendientes del Gobierno de Guerrero y coordinadora regional de la organización priista Movimiento Territorial en Chilapa.

El presidente del PRI estatal, Heriberto Huicochea Álvarez, dijo a la presan local que Dulce Rebaja, de 27 años, compitió en la selección de precandidatos a diputaciones locales pero el lugar lo obtuvo la ex alcaldesa de Chilapa, Alicia Zamora Villalba.

Al respecto ayer el Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió un comunicado para condenar el crimen, expresar su pésame a los familiares, exhortar a que se investigue y castigue el asesinato y pronunciarse en contra de los actos de violencia política contra las mujeres.

Este crimen ocurrió el mismo día que el presidente del PRI, Enrique Ochoa Reza y la presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), Hilda Flores Escalera, presentaron el Protocolo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, en su partido.

Este asesinato se dio cuatro días después del de Antonia Jaimes Moctezuma, precandidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a una diputación local por Chilapa, asesinada por hombres armados cuando estaba en un restaurante de su propiedad.

18/AGM/LGL

 








ESTADOS
POLÍTICA
   Se desconoce hasta ahora móvil de asesinato de Jaimes Moctezuma
Candidatas a cargos de elección popular, en riesgo de vivir violencia política
Imagen retomada de psicologoshuanuco
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/02/2018

Las mujeres del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que buscan un cargo de elección popular en estos comicios están en riesgo de vivir violencia política, advirtió la secretaria de Igualdad de Géneros del partido, Rogelia González Luis.

En entrevista con Cimacnoticias, la perredista condenó el asesinato de la exregidora de Chilapa y precandidata a una diputación local en Guerrero por el PRD, Antonia Jaimes Moctezuma, quien ayer por la tarde fue asesinada cuando estaba en su negocio, un restaurante de aquel municipio.

Rogelia González Luis dijo que hasta ahora no tienen más información de lo sucedido ni si el crimen está relacionado con el crimen organizado pero destacó que Jaimes Moctezuma era una reconocida líder de su comunidad, no estaba involucrada en ninguna denuncia y tampoco se sabe de amenazas o acoso político en su contra.

Antes de ser asesinada Jaimes Moctezuma era precandidata por el Distrito 25 a una diputación local en la entidad y era reconocida porque formaba parte de la corriente perredista Movimiento Alternativo Social (MAS) y por su experiencia como regidora de Comercio y abasto popular en el municipio de Chilapa de 2012 a 2015.

La secretaria de Igualdad de Géneros del PRD señaló que su partido tiene comunicación con la Fiscalía de Guerrero que informó que está investigando para dar con los responsables; sin embargo, aclaró que hasta ahora no hay evidencia para señalar cuál fue el móvil.

En opinión de González Luis se trata de un caso de violencia en el ámbito político porque se trataba de una militante en activo que estaba participando en un proceso interno para contender por una diputación local pero señaló que las autoridades tienen que aclarar qué sucedió.

En este contexto destacó que las precandidatas y candidatas del PRD y de otros partidos políticos están en riesgo de vivir violencia ante el clima de inseguridad en varias regiones del país.

En los comicios de 2018 se renovarán tres mil 416 cargos de elección popular, entre los que se encuentran la Presidencia de la República y la gubernatura de 8 estados, además del Jefe o Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con las normas electorales de 2014 todos los partidos están obligados a reservar la mitad de sus candidaturas a diputaciones locales, federales y senadurías a las mujeres; además se espera que este año más mujeres compitan para obtener una alcaldía o ser regidoras o síndicas. 

Es por ello que la militante del PRD criticó que este asesinato se diera a plena luz del día y el mismo día que ocho de los nueve partidos políticos se reunieran con el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, para acordar estrategias de seguridad para las y los candidatos en este proceso electoral.

Con Jaimes Moctezuma suman tres homicidios de mujeres perredistas. En marzo de 2015 fue secuestrada y asesinada la precandidata del PRD a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en la Montaña baja de Guerrero, Aidé Nava González. En enero de 2006, un día después de tomar protesta como alcaldesa de Temixco, en Morelos, fue asesinada la perredista Gisela Raquel Mota Ocampo.

18/AGM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   En estos comicios fue precandidata a una diputación local
Asesinan a ex regidora perredista Antonia Jaimes Moctezuma
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/02/2018

La tarde de este miércoles la ex regidora de Chilapa y precandidata a una diputación local en Guerrero por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Antonia Jaimes Moctezuma, fue asesinada por hombres armados cuando estaba en su negocio, un restaurante ubicado en aquel municipio.

Al conocer la noticia, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD condenó el crimen contra la integrante de la corriente perredista Movimiento Alternativo Social (MAS) quien fue precandidata por el Distrito 25 a una diputación local en la entidad; al tiempo que exigió al gobierno municipal, estatal y federal, investigar a fondo y castigar a los responsables.

En un pronunciamiento, el PRD dijo que este tipo de hechos violentos contra militantes partidistas no debe permitirse, por lo que hizo un llamado a las autoridades para garantizar seguridad.

Según cifras del PRD, desde finales del 2017 y principios del 2018 se estima alrededor de 12 asesinatos de dirigentes perredistas.

En Guerrero, en marzo de 2015 fue secuestrada y asesinada la precandidata del PRD a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en la Montaña baja, Aidé Nava González.  

En enero de 2006, un día después de tomar protesta como alcaldesa de Temixco, en Morelos, fue asesinada la perredista Gisela Raquel Mota Ocampo.

Hasta ahora no hay más información del crimen de Jaimes Moctezuma, quien fue regidora de Comercio y abasto popular en el municipio de Chilapa de 2012 a 2015. Cabe decir que en el proceso electoral de 2015 fue asesinado el candidato del Partido Revolucionario Institucional a esa alcaldía, Ulises Fabián Quiroz.

El PRD reprobó el asesinato de la dirigente política que, dijo, tenía una trayectoria intachable, de lucha, trabajo y convicciones a favor de su pueblo y exigió a la Secretaría de Gobernación (Segob) su inmediata intervención para llevar a cabo una investigación a fondo y castigar a los responsables materiales e intelectuales.

A su vez esta mañana el titular de Segob, Alfonso Navarrete Prida y los dirigentes de ocho de los nueve partidos políticos a excepción de Movimiento Regeneración Nacional) acordaron iniciar trabajos para garantizar la seguridad de las y los candidatos en este proceso electoral.

A partir de la próxima semana se realizará un diagnóstico sobre la seguridad en cada región y se establecerá un mecanismo para recibir alertas tempranas a fin de brindar auxilio y respuesta a los riesgos o incidentes que se identifiquen.

Cabe decir que el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, editado en noviembre de 2017 por autoridades electorales, enlista las acciones que deben realizar los organismos para atender los casos y brindar seguridad o acceso a la justicia.

18/AGM/LGL

 








NACIONAL
POLÍTICA
   19 entidades reconocen concepto en normas electorales
   
Reeditan Protocolo para atender violencia política contras las mujeres
Imagen retomada del Congreso de Morelos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/11/2017

En México sólo 19 de las 32 entidades reconocen la violencia política de género en sus leyes o códigos electorales; sin embargo, no en todas las normas se establecen sanciones, lo que llevó a las autoridades comiciales a reeditar el “Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género” de cara a los comicios de 2018.

Este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), entre otros organismos, presentaron la nueva versión de esta herramienta a fin de atender y sancionar la violencia política de género hacia pre-candidatas y candidatas que participen en los comicios del próximo año.

En México, el 1 de julio de 2018 se elegirán 3 mil 416 cargos, entre ellos la Presidencia de la República y la renovación de 500 diputaciones federales, 128 senadurías, 8 gubernaturas y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La nueva versión del “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, editado en 2016, considera que hasta septiembre pasado cuatro estados, Guanajuato, Hidalgo, Guerrero y Puebla, no tenían el concepto de violencia política en ninguna norma mientras que dos entidades, Chihuahua y Ciudad de México, tienen esta figura en su Constitución local, en su ley electoral y en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Este Protocolo, señalaron las instituciones, pretende llenar el vacío que existe sobre el concepto de este fenómeno social que se agudiza previo, durante y después de los procesos electorales. Es de recordar que este concepto no está definida en las normas electorales federales porque la Cámara de Diputados no aprobó la minuta enviada por el Senado a tiempo, es decir, 90 días antes del inicio del actual proceso electoral.

En esta reedición, elaborada por el TEPJF y otras instituciones, se señala que la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo”.

La nueva definición, que retoma el estándar de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, dice que esta violencia “puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida”.

A partir de 2014 cuando la paridad se legisló como un principio constitucional, se han documentado más casos de violencia política, por ejemplo, en marzo de 2015 fue asesinada la perredista y precandidata a la presidencia municipal de Ahuacuotzingo, en Guerrero, Aída Nava González; y el 2 de enero de 2016 fue asesinada la alcaldesa electa de Temixco, en Morelos, Gisela Mota Ocampo.

Entre los casos que han sido reconocidos por las autoridades está el de Rosa Pérez Pérez, quien en 2015 fue electa presidenta municipal de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, sin embargo denunció que fue obligada a renunciar por ser mujer e indígena. Otro caso fue el de Felicitas Muñiz Gómez, presidenta municipal de Mártir de Cuilapan, Guerrero, amenazada y descalificada también por ser mujer.

Este Protocolo, que es una guía para que las autoridades atiendan el problema, hace hincapié en que las mujeres también pueden ejercer violencia política en razón de género contra otras mujeres y en que no toda violencia que se ejerce contra una mujer tiene como motivación una cuestión de género.

El documento indica que aunque esta violencia no está tipificada, muchas de las conductas que la constituyen sí configuran delitos, por ello una víctima puede iniciar una acción penal o acudir a las intuiciones como la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres o la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

A través de este Protocolo también se hizo un llamado a los partidos políticos, considerados por un estudio de ONU Mujeres como el mayor obstáculo para la participación política de las mujeres, para que diseñen y pongan en práctica protocolos para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las aspirantes a cargos de elección.

Se expuso que los nueve partidos políticos nacionales y las agrupaciones política estatales deben considerar las reformas necesarias a sus estatutos internos, con el objeto de reconocer y prohibir esta violencia, realizar acciones de prevención y sensibilización y ejercer con la mayor eficiencia posible el presupuesto para el empoderamiento de las mujeres.

17/AGM/LGL








ESTADOS
POLÍTICA
   Debe estar en delitos contra el derecho a una vida libre de violencia del CP
Violencia política de género en Oaxaca, tipificada en apartado “no ideal”
Imagen retomada del Congreso de Morelos
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 24/10/2017

El tipo penal de violencia política de género en Oaxaca está vigente en el Código Penal estatal y está contemplado en otros tres ordenamientos legales pero todavía es muy endeble, afirmó Anabel López Sánchez, integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres.

Desde 2016 Oaxaca incluyó la violencia política de género en el Artículo 401 Bis de su Código Penal (CP) y en abril de este año se reformaron y publicaron reformas a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales y a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

La descripción de violencia política contra las mujeres actualmente está en el apartado del CP estatal sobre delitos contra la legitimidad de las elecciones pero opinión de Anabel López lo ideal sería que estuviera en el apartado sobre delitos contra el derecho a una vida libre de violencia (Artículo 404 al 412).

Con esta legislación, Anabel López destaca que se prevén varios retos para el proceso electoral de 2018 porque habrá 10 partidos políticos registrando candidaturas en 153 municipios y como se demostró el año pasado, más mujeres participando significa más violencia contra ellas.

El 1 de julio de 2018 en Oaxaca se elegirán a 42 integrantes del Congreso local y se renovaran 153 presidencias municipales con sus respectivos ayuntamientos.

REFORMAS EN OAXACA

En marzo de 2016 el Gobierno de Oaxaca publicó en el periódico oficial estatal la reforma al Artículo 401 Bis del Código Penal del estado para señalar que se impondría prisión de dos a seis años y multa de siete mil a quince mil pesos a quien impidiera el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres.

Con esta reforma se modificó el capítulo de delitos contra la legitimidad de las elecciones y aunque en la redacción no menciona la frase “violencia política de género” este delito se describe como daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia.

Un año después, el 26 de abril de 2017 se publicaron en el periódico oficial de Oaxaca nuevas reformas al Código Penal, a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; al Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales y a la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género.

Con el paquete de modificaciones de este año el Código Penal del estado dice en el Artículo 208 sobre “abuso de autoridad y otros delitos oficiales” que comete abuso de autoridad quien indebidamente retarde o niegue a los particulares el despacho de sus asuntos y señala que la pena se aumentará hasta en un tercio cuando el delito sea en contra de una mujer por razón de género.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Tras las reformas de abril, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios dice en la fracción III del Artículo 8, que es procedente el juicio político cuando haya actos u omisiones de los servidores públicos que deriven en “violencia política contra la mujer”.

Asimismo esta ley dice en la fracción LIII  del Artículo 56 que tratándose de violencia política por los integrantes de los ayuntamientos del estado, procederá, la solicitud de revocación de mandato, que establece el artículo 61, fracción VII de la Ley Orgánica Municipal.

Sin embargo, la defensora de los derechos políticos de las mujeres, destacó que la Ley Orgánica Municipal señala que la destitución procederá cuando sea avalada por el Congreso, lo que hace que el proceso y la sanción deje de ser administrativa y se convierta en tema político. 

“Al pasar por el Congreso le devuelves un carácter político y es justamente en la política donde están violentado a las mujeres”.

Como ejemplo, la ex titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña señaló que hay dos  peticiones para remover a funcionarios municipales que han violentado a mujeres: uno por agresiones a la alcaldesa de San Juan Bautista Lo de Soto, Samantha Caballero Melo y otro por la síndica de Zanatepec, Erika López Molina.

El Congreso no ha respondido a ninguna de estas peticiones. “Es un marco normativo difícil de aplicar”, sostuvo López Sánchez.

SIN CLARIDAD EN LEY

Las reformas de abril también consideraron adiciones en materia de violencia política en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales local aunque dos meses después, en junio, se publicaron las “partes no vetadas” de esta ley. En esta segunda publicación no aparecieron algunas consideraciones en materia de violencia.

Por otra parte, la fracción VII del Artículo 7 de la Ley estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género del estado define la violencia política como “cualquier acción u omisión cometida por una o varias personas o servidores públicos por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia”.

Estas acciones deben tener la intención de “acotar, restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad; así como impedir el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida por razón de género”.

17/AGM/LGL








NACIONAL
POLÍTICA
   Necesario modificar Ley General en Materia de Delitos Electorales
Violencia política de género impide igualdad en elecciones
Imagen retomada de Twitter
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/09/2017
Es necesario modificar la Ley General en Materia de Delitos Electorales para que la violencia política contra las mujeres se tipifique como un delito electoral, dijo la maestra en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Lorena Vázquez Correa.
 
En una investigación publicada por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la especialista señaló que es necesario legislar la violencia política de género para que las mujeres se desarrollen en igualdad de condiciones con los varones en el ámbito político-electoral.
 
De acuerdo con el estudio, la ley en materia de delitos electorales no tipifica la violencia política de género, por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades perseguir y sancionar estas conductas, esto llevo a que los organismos crearan el Protocolo para Atender la Violencia Política contra la Mujer en 2016.
 
Al presentar el documento en el congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (Somee) que se realizó en agosto en la Ciudad de México, Vázquez Correa destacó que en el Senado se han presentado 6 iniciativas en la materia y el pasado 9 de marzo se aprobó una minuta que no ha sido ratificada por la Cámara de Diputados.
 
Para atender los casos de violencia contra candidatas o mujeres electas, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), ha catalogado como violencia política contra las mujeres aquellos delitos electorales en los cuales la víctima del hecho sea una mujer o cuando ellas sean afectadas de forma desproporcionada.
 
La FEPADE detectó entre 2013 y 2016, 416 expedientes (averiguaciones previas y carpetas de investigación) que podrían constituir violencia política de género. De éstos, más de la mitad (53.1 por ciento) ocurrió en 2016; y entre 2012 y 2016 se han detectado 156 casos de violencia, señala la investigación.
 
Entre los casos detectados por la autoridad destacan tres en contra de los derechos político-electorales de la comunidad lésbico gay; 45 casos de violencia contra mujeres electas que estaban en funciones; y 10 casos de hechos que afectaban los derechos políticos de indígenas. 
 
17/AGM







ESTADOS
POLÍTICA
   Reformó Ley Electoral y la Ley Orgánica del IEEZ
Zacatecas fortalece paridad y sanciona violencia política contra candidatas
Imagen retomada del facebook de Congreso de Zacatecas.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/06/2017
El Congreso de Zacatecas aprobó ayer reformar la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) para fortalecer la paridad de género en candidaturas a cargos de elección y regular y sancionar la violencia política contra las mujeres.
 
Con estos cambios normativos promovidos por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), María Elena Ortega Cortés, el IEEZ, encargado de organizar los comicios locales, también deberá fomentar la participación política de las mujeres y tomar acciones para prevenir la violencia política contra las candidatas. 
 
De acuerdo con la legisladora perredista, esta violencia se incrementa en la medida en que las mujeres van ganando terreno en los puestos donde se toman decisiones al interior de los partidos y en la representación popular, porque su derecho a la no violencia sigue sin hacerse efectivo.
 
La Ley Electoral de Zacatecas, que en 2015 enfrentó tres acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de Nación por diferentes omisiones, entre ellas por la redacción sobre paridad de género en cargos municipales, ahora también incluye precisiones sobre paridad en candidaturas a alcaldías, sindicaturas y puestos edilicios.  
 
El Artículo 5 de esta ley dirá que la violencia política es “cualquier acción u omisión realizada por una o varias personas o servidores públicos, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico o sexual, en contra de una o varias mujeres o su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de su derecho a la participación política en los procesos electorales que tengan como fin la inducción a la toma de decisiones en contra de su voluntad”. 
 
Además de definir el término de violencia política, el Legislativo local también aprobó reformar la Ley Orgánica del Instituto Electoral estatal para que el organismo tenga la atribución de promover y difundir la cultura democrática con enfoque de igualdad sustantiva y paridad entre los géneros. 
 
Así, el Artículo 57 de esta norma dirá que es facultad del IEEZ elaborar y proponer los mecanismos para desarrollar la participación política de las mujeres al interior del Instituto y los partidos políticos; contar con una Dirección de Paridad entre los Géneros y generar los lineamientos para prevenir y evitar la violencia política en contra de las mujeres. 
 
El dictamen indica también que los derechos políticos promueven la inclusión al garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones; como ejemplo, después del proceso electoral 2015-2016 fueron electas 16 diputadas locales y 16 presidentas municipales, por ello el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para que participen en estos espacios.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Término ayuda a resguardar derechos político-electorales
Campeche incluye en su ley “violencia política contra las mujeres”
Imagen retomada del twitter del Congreso de Campeche
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/06/2017

El Congreso del estado de Campeche aprobó incluir el término de “violencia política contra las mujeres” en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales estatal y con ello establecer un mecanismo procesal que permita a las ciudadanas hacer efectivos sus derechos políticos electorales.
                                                                                            
En la sesión de hoy y con una votación unánime, las y los diputados aprobaron la iniciativa promovida por las diputadas de todos los partidos políticos para reformar los artículos 755, 757 y 758 y adicionar una fracción VI al Artículo 756 de la Ley.
 
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una de las promoventes, Alejandrina Moreno Barona, destacó que con estas reformas el Congreso legisla con perspectiva de género.
 
De acuerdo con el dictamen que presentó la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad, estas modificaciones a la ley permitirán hacer frente a las cuestiones estructurales, como la violencia política contra la mujer, que obstaculizan el ejercicio de los derechos políticos electorales.
 
En Campeche la violencia política de género se entenderá como: “acciones y omisiones basadas en elementos de género dadas en el ejercicio de los derechos político-electorales, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos político-electorales o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
Con este concepto, dice el dictamen, se establece que la violencia política afecta el desarrollo de las mujeres en la escena política pública, porque afecta su derecho humano a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a ser electas en puestos de dirigencia al interior de su partido; o a ejercer su cargo de elección popular hasta el final de su mandato.
 
Las y los diputados también señalaron que las reformas a la legislación electoral permitirán defender los derechos políticos de las mujeres, impidiendo conductas que los frenen u obstaculicen, así como que aquellos que ejerzan conductas de violencia política contra ellas, puedan ser sancionados.
 
El Artículo 755 dirá que el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano Campechano también procede por violencia política contra las mujeres; el Artículo 756 dirá que este juicio podrá ser promovido cuando exista violencia política contra la mujer; y el Artículo 757 señalará que el Tribunal Electoral será competente para resolver estos juicios.
 
Además el Artículo, 758 señalará que las sentencias en la materia serán definitivas e inatacables y que en los casos de violencia política contra las mujeres también procederá la imposición de las sanciones conforme al catálogo de la Ley.
 
Estos cambios normativos, que aún deben ser publicados en el Periódico Oficial del estado, fueron posibles gracias a la reforma constitucional en materia político electoral de 2014, que incorporó la paridad de género (50-50) en postulaciones a diputaciones y senadurías y debido a los instrumentos internacionales que protegen y reconocen los derechos políticos de las mujeres.
 
17/AGM/GG








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