víctimas de violación

NACIONAL
Aborto
   Informe alterno denuncia negación en su acceso
Comité de Expertas de la ONU pide a México estadísticas sobre aborto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/01/2018

En México, en promedio cada mes mil niñas menores de 14 años de edad se convierten en madres a quienes se les continúa negando el acceso al aborto, denunció la organización civil Ipas México, ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Mientras el aborto solo es permitido de forma voluntaria durante las primeras 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, y en cada estado varían las causales, la de violación que es válida en todo el país para interrumpir un embarazo, se sigue negando a las niñas y mujeres, destacó Ipas México en su informe alternativo que entregó a las expertas de CEDAW.  

De cara a la evaluación que enfrentará México del 2 al 20 de julio sobre el cumplimiento de las recomendaciones hechas por las expertas del Comité de la ONU en 2012 en materia de derechos de las mujeres, Ipas México informó al Comité de expertas que México no cumplió con la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), que garantiza el aborto a las víctimas de violación.

Cabe recordar que en 2016 México reformó la NOM 046 para que las víctimas de violación no tuvieran que presentar una denuncia para acceder al servicio de aborto y las niñas menores de 12 años pudieran acudir con la compañía de un tutor, sin que fuera forzosamente la madre o el padre.

Para las víctimas de violación, en especial para las niñas, el derecho al aborto está lejos de la realidad, describió la organización internacional en su reporte alternativo que entregó al comité de expertas, con el objetivo de dar un panorama certero en la salud sexual y reproductiva de las mexicanas.

De acuerdo con la organización, entre 2007 y 2013 las autoridades reportaron únicamente el acceso de 51 víctimas de violación a una interrupción del embarazo, a pesar de que se estima que cada año unas 14 mil mujeres y niñas son víctimas de este delito.  

Ipas destaca que en el caso de las niñas, el acceso al aborto se reduce aún más porque estos embarazos no son indagados como producto de violencia. Como resultado, entre 2008 y 2016 el Sistema de Información sobre Nacimientos (Sinac) informó que 103 mil 742 niñas menores de 14 años de edad se convirtieron en madres, es decir, un promedio de 11 mil 526 niñas al año.

La organización, especializada en Derechos sexuales y reproductivos, encontró que el personal médico niega el servicio de aborto –principalmente en los estados- argumentando que va en contra del Código Penal local, o bien, se declaran “objetores de conciencia”, sin que exista personal suficiente que los cubra para asegurar la atención.

Las niñas se ven forzadas a buscar otro tipo de servicios; algunas se trasladan a la capital del país en donde se han realizado en el Programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 176 mil 355 interrupciones, de 2007 a abril de 2017, de estos, 0.07 por ciento fueron realizados a niñas entre 11 y 14 años de edad (123 casos).

Otras, añade Ipas, debido a las restricciones, miedo y estigmas que enfrentan, acuden a servicios inseguros, lo que provocó que de 2002 a 2014 fallecieran mil 92 mujeres a causa de un aborto inseguro, de estas 14 por ciento eran adolescentes, informó la organización.

Con estos datos, en una sesión del Comité de expertas realizada en noviembre del año pasado, indicaron al Estado mexicano que si bien reconocen la reforma a la NOM 046, debe especificar en el informe que presente, estadísticas de las mujeres que han accedido a este servicio.

Cada cuatro años las especialistas de CEDAW –que forma parte de Naciones Unidas- evalúan al gobierno mexicano y éste debe atender de forma obligatoria las recomendaciones que le den.

En materia de salud, en 2006 el Comité exigió al Estado mexicano que ampliara los servicios de salud a las mujeres, incluyendo los servicios de salud reproductiva y planificación familiar, promoviendo además, la educación sexual y reproductiva en adolescentes.

Más tarde, en 2012, CEDAW pidió a México armonizar las legislaciones estatales relaciones con el aborto, eliminando los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a una interrupción del embarazo legal y segura. En suma, asegurarse que cada entidad implementara la NOM 046.

Sobre estas recomendaciones, Ipas México consideró que el “Estado realizó esfuerzos insuficientes para promover el aborto a mujeres y víctimas de violación, fallando con las obligaciones internacionales que tiene México con los Derechos Humanos”.

EXPLICACIONES SOBRE “OBJECIÓN DE CONCIENCIA”

El Comité también pidió al gobierno mexicano que explique las reformas propuestas a la Ley General de Salud para incluir el término de “objeción de conciencia”,  -que se encuentran en espera de ser aprobadas por el senado- pues señalaron que saben que esta modificación permite al personal médico negar el acceso a servicios de salud como el aborto y la anticoncepción, bajo creencias personales.

Esta reforma propuesta por el Partido Encuentro Social (PES), fue aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2017, las organizaciones civiles alertaron que eran esfuerzos de grupos conservadores por obstaculizar la interrupción del embarazo, además de no tener ningún sentido toda vez que la NOM 046 reconoce la objeción al personal médico.

Otro tema que Ipas presentó fue el embarazo en adolescentes ya que México ocupa el primer lugar de embarazos en mujeres entre los 15 y 19 años de edad de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). De 2008 a 2016 registró 3 millones 508 mil 316 nacimientos en mujeres en este rango de edad.

18/HZM/LGL








NACIONAL
SALUD
   En nueve años, tres casos de VIH por violación en CDMX
   
Primordiales primeras 72 horas para atención a víctimas de violación
Especial
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/07/2017

Es de suma importancia que las víctimas de violación reciban en las primeras 72 horas los antirretrovirales y el anticonceptivo de emergencia, pues después de este tiempo aumenta el riesgo de contraer el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), otras infecciones de trasmisión sexual (ITS) y presentar un embarazo. 
 
En 2016 en la Ciudad de México, 871 mujeres víctimas de violación recibieron un tratamiento profiláctico (suministro de medicamentos antirretrovirales para evitar VIH o alguna ITS), de tal forma que desde 2009 hasta la fecha, únicamente tres mujeres adquirieron VIH como consecuencia de una violación, según el informe de la Clínica Especializada Condesa.
 
Y no sólo es la importancia de que reciban a tiempo este tratamiento como lo obliga la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres; el seguimiento médico de la víctima es fundamental, pues es hasta la cuarta semana después de que ocurrió la violación, en la que se puede detectar si contrajo VIH u otra ITS explicó la ginecóloga e integrante del “Programa de atención a víctimas de violencia sexual” de la Clínica Condesa, Teresita de Jesús Cabrera López.
 
ESCENCIAL SEGUIR EL TRATAMIENTO
 
En entrevista con Cimacnoticias, la doctora enfatizó que “es de suma importancia” que las víctimas de violación logren concretar el tratamiento médico que dura nueve meses. Y explicó el procedimiento:
 
Una vez que la víctima acude a la clínica en las primeras 72 horas, se le administra el paquete médico que contiene una pastilla anticonceptiva y tres antirretrovirales. Asimismo se le realiza la prueba de sangre ELISA para detectar el VIH, el resultado se tiene en media hora y sólo sirve para constatar que antes de la violación, la víctima “no tenía la infección, pero no habla de un contagio”, indicó.
 
El VIH no es la única infección que puede contraer una víctima de violación, manifestó Cabrera López, existen otras más comunes como la sífilis e infecciones bacterianas, que también atiende la clínica.
 
También, agregó, hay casos de hepatitis B y C, pero estos se canalizan a hospitales que tengan estas especialidades, únicamente si se presenta la combinación hepatitis C y VIH son remitidas a la segunda unidad de la clínica que se ubica en Iztapalapa.
 
Por ello- continuó la especialista- el chequeo se realiza cada tres meses. “Para saber si tiene VIH se tiene que dejar pasar de 4 semanas a 6 meses”, señaló. Las mismas pruebas se vuelven a repetir en cada consulta, si da positivo a alguna infección se ingresa inmediatamente al programa de la clínica, y en caso de un embarazo se remite a las clínicas de interrupción legal de la Ciudad de México.
 
En caso de que la víctima se presente después de las 72 horas, se les da un tratamiento de antibióticos y vigilancia para rectificar que no adquirieron alguna infección. “Atender a las víctimas de violencia sexual es una ventana de oportunidad para mejorarles la vida porque a futuro puede tener consecuencias” dijo la especialista, quien agregó, que debido a los efectos secundarios de los antirretrovirales, muchas mujeres desisten de continuar con el tratamiento. 
 

17/HZM








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Clínica Condesa dota a agencias de anticonceptivos y antirretrovirales; personal lo niega
Desarticulada la atención médica a víctimas de violación sexual
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/07/2017

Desde hace nueve años la Clínica Especializada Condesa entrega anticonceptivos y antirretrovirales a las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales, que dependen de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ), para que los oferten a las víctimas de violación sexual; sin embargo las agencias no dan estos paquetes de salud a las mujeres que llegan a denunciar.
 
A través del “Programa de atención a víctimas de violencia sexual” implementado desde 2008 la PGJ y la Clínica acordaron brindar a la atención médica inmediata a estas víctimas y anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).  
 
No obstante el servicio no se garantiza en las agencias investigadoras y las dos unidades de la Clínica Especializada Condesa, una ubicada en la delegación Miguel Hidalgo y otra en Iztapalapa, sólo cuentan con cuatro médicos que al año deben atender a más de mil víctimas de violación sexual.
 
OBLIGACIÓN DE ESTADO
 
El tratamiento para las víctimas de violación, que consiste en la administración de anticonceptivos, la profilaxis y, en caso de ser necesario, el acceso a la interrupción del embarazo, es una obligación del gobierno como lo establece el Artículo 6.4 de la Norma Oficial Mexicana 046, sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
 
Sin embargo, en un recorrido que Cimacnoticias realizó por las seis agencias especializadas, el personal de las agencias que atiende las denuncias de violación sexual aseguró no contar con el tratamiento “porque es responsabilidad de la Clínica Especializada Condesa administrarlos” a pesar de que el personal la Clínica informó en entrevista que cada año abastece con suficientes dosis a las unidades.
 
“Hay un acuerdo con las PGJ, ellos tienen kits e inician el tratamiento de profilaxis con la condición de que deben venir después a la clínica a continuar con el tratamiento porque nosotros no tenemos la atención los fines de semana ni en la noche, pero después nos envían a los pacientes”, aseguró la ginecóloga de la Clínica Condesa, Teresita de Jesús Cabrera López.
 
La ginecóloga, quien forma parte del programa de atención, enfatizó que el tiempo es apremiante para dar los medicamentos a las víctimas de violación, se cuenta con 72 horas, de lo contrario los antirretrovirales y anticonceptivos no tienen afecto para prevenir el Virus de Inmunodeficiencia Humana y un embarazo.
 
Tan sólo en 2016 la institución médica atendió a 958 víctimas de violación por primera vez; 91 por ciento eran mujeres con edad promedio de 19 años, el resto hombres de 21 años, según su informe anual.
 
En 2014, 25 mujeres presentaron un embarazo producto de una violación, el año con el mayor registro de estos casos, indicó la doctora Cabrera; 24 de ellas accedieron a una interrupción legal del embarazo y solo una no pudo hacerlo porque tenía más de seis meses de gestación.  
 
Ante la incidencia de este delito, desde 2015 se inauguró la unidad de la Clínica Condesa en Iztapalapa, una de las delegaciones donde se registra el mayor número de casos violación en la capital, precisó la ginecóloga. El año pasado la unidad atendió a 51 víctimas.
 
CONTRADICCIONES
 
De acuerdo con la ginecóloga Teresita Cabrera cada año capacitan al personal de las agencias de delitos sexuales para que brinden información certera a las denunciantes sobre los horarios y la administración de las tres pastillas de antirretrovirales y la pastilla de anticoncepción que conforma el paquete médico.
 
Pero el personal de las agencias aseguró a Cimacnoticias que no tienen conocimiento de cómo administrarlos por lo que de lunes a viernes canalizan a las víctimas a las clínicas y únicamente los fines de semana, cuando la institución médica no da el servicio, ofrecen el paquete y un folleto de instrucciones.

Las víctimas son las únicas afectadas por estas contradicciones. Ejemplo de ello es Itzel, la menor de 15 años de edad fue violada el 1 de junio cerca del metro Tasqueña. Aunque ella denunció no le dieron el kit de emergencia en ninguna de las tres agencias especializadas a las que tuvo que ir.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Al no encontrar atención médica la familia de Itzel tuvo que costear los anticonceptivos y trasladarse, después de las 42 horas que duró el trámite de la denuncia, a la Clínica Condesa para solicitar los antirretrovirales. De no recibir o acudir a la clínica por ellos, las víctimas de violación tendrían que pagar de sus bolsillos entre 5 y 10 mil pesos por este medicamento, indicó la doctora.
 
Cabrera López afirmó que al menos en el último año no se han efectuado los cursos de capacitación para actualizar al personal de las agencias. “Se nos ha complicado porque cambian las personas con las que debemos hablar, pero no han venido a capacitación recientemente, aunque saben que lo tienen que hacer cada año”.
 
VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A SU SUERTE
 
A esta situación se suma el desconocimiento de cuántas de las víctimas que denunciaron una violación acuden a la Clínica Condesa. Las agencias de la Procuraduría las canalizan y la clínica sólo tiene el conteo de aquellas que atienden. De 2009 hasta 2016, se dio tratamiento médico a 7 mil 397 víctimas.
 
La ginecóloga señaló la nula comunicación entre las instancias, “No tenemos el control de cuántas denuncian y cuántas vienen, en las agencias emiten los oficios, pero no nos sentamos ni hablamos con ellos, es un trabajo interinstitucional por acuerdos de años previos”.
 
Además, los cuatro médicos distribuidos en las dos clínicas, tres en la unidad de Miguel Hidalgo y uno más en Iztapalapa, atienden también a los pacientes de los otros seis programas con los que cuentan, como el de atención y detección de VIH en mujeres embarazadas, personas privadas de la libertad, transgénero y el de salud mental.
 
La sobrecarga de trabajo y la falta de personal tanto médico como de trabajo social en la clínica impide corroborar que las víctimas de violación cumplan con su tratamiento: ir cada tres meses -hasta cumplir nueve- para corroborar que no tienen alguna infección, VIH o un embarazo.
 
“No tenemos esa capacidad, atendemos muchísimos programas, no nos damos abasto, no es un trabajo viable, no podríamos hacerlo”, concluyó la ginecóloga.
 
Una parte de las víctimas de violación sexual que no se refleja en las estadísticas son las niñas menores de 12 años de edad. Ellas, indicó la doctora Cabrera, tienen afectaciones específicas que necesitan ser tratadas por especialistas por ello es necesario conocer el panorama que esta población en el país.
 
17/HZM/MMAE








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Familias y OSC luchan por revertir fallas y misoginia de autoridad
   
PGJDF y su perversa práctica contra víctimas de violación
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/07/2017

Como una práctica común, la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) criminaliza a las víctimas de violación que en defensa propia matan a sus agresores. Así sucedió con la menor de edad Itzel, a quién la autoridad definió como victimaria, la  persiguió junto con su familia,  y a quien se negó a investigar la violación y reconocer sus derechos como víctima.
 
De las mil 872 personas que denunciaron ser víctimas de violación en la Ciudad de México entre 2014 y febrero de 2017, según datos de la Procuraduría, el caso Itzel, de 15 años de edad, violada el pasado primero de junio, logró salir a la luz pública y demostrar la práctica de asedio y criminalización que utiliza la PGJDF en estos casos.
 
Esa autoridad  no sólo viola el Artículo 29 del Código Penal capitalino, que considera la "legítima defensa" como causa de exclusión de un delito. Le es tan frecuente esta práctica, que el grupo especial que conformó para investigar a Itzel por homicidio, fue el mismo que, en diciembre de 2013, encarceló por la misma razón a la joven de entonces 20 años de edad, Yakiri
Rubí Rubio.
 
DE VÍCTIMA A VICTIMARIA
 
Hace más de tres años, la PGJDF se negó a reconocer a Yakiri Rubio como víctima, por herir de muerte a Miguel Ángel Ramírez Anaya, quien, en complicidad con su hermano, la violó e intentó asesinar en un hotel de la colonia Doctores.
 
La Procuraduría la acusó de homicidio, y de inmediato orquestó toda una investigación que respaldara su hipótesis:
1) Durante la investigación “perdió” la evidencia que comprobaba, a través de fotografías y peritajes, los rasgos de violencia psicológica y las 20 lesiones que le ocasionó el criminal; 2) Buscó relacionarla sentimentalmente con su agresor, Ángel Ramírez, con lo que dijo fue “una relación sexual consensuada” y ella se provocó las lesiones; 3) Concluyó que se trataba de un “montaje”.
 
La denuncia de su familia, logró que feministas se organizaran en el “Comité por la Liberación de Yakiri”.
 
La presión mediática fue tal, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió por el caso la recomendación 6/2016 dirigida a la PGJDF por su actuar irregular en el debido proceso de investigación; el sistema la aceptó.
 
El organismo de Derechos Humanos fue contundente: la PGJDF violó cuatro derechos a Yakiri: la garantía de una vida libre de violencia, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la integridad personal. Si bien consideró que fue víctima de violación, señaló, la posicionó como victimaria, lo que la alejó del acceso a la justicia.
 
Al aceptar la recomendación, la Procuraduría local tenía que elaborar, por exigencia de la Comisión, “un diagnóstico que permitiera modificar las herramientas de atención para la investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género”.
 
ITZEL, LA MISMA PRÁCTICA DE LA PGJDF
 
Sin embargo, a más de tres años del caso Yakiri, la Procuraduría capitalina repite la misma práctica con la niña de 15 años, Itzel. El pasado primero de junio, Miguel Ángel Pérez Alvarado la violó en la vía pública cerca del metro Taxqueña en la colonia Coyoacán, ella se defendió y lo mató.
 
Una vez más, la PGJDF se centró en investigar a Itzel por homicidio y para sustentarlo realizó las siguientes acciones:
1) Retomó los peritajes de la denuncia de violación para afirmar que la menor de edad fue quien mató a Miguel Pérez; 2) Tanto a la familia como a la defensa, les negó el acceso a la carpeta de investigación que estaba conformando.
 
3) El personal de la PGJDF filtró los datos de la víctima y la familia, lo que generó hostigamiento en el  trabajo y escuela, y ocasionó que Itzel abandonara el plantel;  4) En la Agencia Especializada de Delitos Sexuales del “bunker”, la denuncia se levantó pasadas 48 horas y la familia tuvo que comprar los anticonceptivos de emergencia porque no tenían; asimismo, una psicóloga del Centro de Terapia y Apoyo (CTA) violentó a Itzel y desestimó su denuncia.
 
ANTE FALTAS: PRESIÓN SOCIAL
 
La familia de Itzel buscó a la de Yakiri, recordó el caso y supo que la presión mediática era el único camino para que la Procuraduría terminará con la acusación contra la menor de edad.
 
Así, el pasado 27 de junio ambas familias y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) denunciaron la actuación de las autoridades y el asedio que vivían por parte de la PGJDF.
 
Sólo bastaron unas horas y, a través de un boletín de prensa, la Procuraduría local resolvió que “la víctima quedaba libre de la responsabilidad” porque "actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo".
 
Pero el oficio que constataba la decisión fue entregado a la defensoría y la familia hasta el 29 de junio, así como la carpeta de investigación por homicidio que estaban concretando.
 
“QUE SE VAYAN SERVIDORES PÚBLICOS”
 
El caso de Itzel no concluye con el cierre de la investigación: se presentó una queja ante la CDHDF, porque la Procuraduría de la Ciudad violó cuatro derechos de Itzel: no se le dio debida atención como víctima, se incumplió el protocolo de atención a víctimas de delitos sexuales, se violó el debido proceso y su derecho a una vida libre de violencia.
 
Para terminar con los actos irregulares de la Procuraduría en estos casos, afirma en entrevista con Cimacnoticias la abogada de Itzel, Karla Micheel Salas Ramírez, el personal que ha obstaculizado  el debido proceso y el acceso a la justicia de las víctimas de violación sexual debe ser sancionado, “administrativa y penalmente si es necesario”.
 
Y señala que ante la ineficacia de la Fiscalía de Delitos Sexuales dependiente de la PGJDF, la misma titular, Alicia Rosas Rubí, debe renunciar, no sólo por su proceder sino por su falta de experiencia en el tema, pues su cargo anterior fue el de  directora de la Unidad de Investigación de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
“El mensaje que envían los órganos de procuración de justicia al atender estos casos es perverso. Muestra la total desprotección de las víctimas de delitos sexuales por parte del Gobierno capitalino y las investigaciones por casos de violaciones se caracterizan por una profunda misoginia”, concluye Salas Ramírez.
 
17/HZM/MMAE/GG








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