Feminicidio Hidalgo

REPORTAJE
VIOLENCIA
   Se encontraba en riesgo y no la protegieron, denuncian familiares
Sin culpables: Autoridades se deslindan de feminicidio de Jessica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: María Constanza Terranova
Cimacnoticias | Pachuca, Hgo.- 20/12/2017

Durante su estancia en el Refugio, Jessica fue llamada a comparecer por el juez Porfirio Austria Espinosa con el fin de hacer efectiva la orden de reaprehensión contra CMET. Su argumento: dudaba de las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público y, según sus declaraciones, “estaba protegiendo el derecho del acusado a la presunción de inocencia”.

Debido a que Jessica se encontraba en el Refugio, del cual por seguridad y reglamento no podía salir, no pudo presentarse para rendir declaración.

“Es evidente que hubo una falla, en el sentido de que tenías una víctima, que tenía un peligro altísimo, que había sido agredida, después que había intervenido la autoridad, y que comienza a tener inconvenientes en el Refugio, y no hay una autoridad que atendiera su interés”, señaló el director jurídico del Tribunal Superior de Justicia del estado de Hidalgo, Jorge Alberto Huerta Cruz.

En tanto, Jessica declaró haber sido víctima de abuso de autoridad por parte del personal del Refugio, haber sido obligada a trabajar, limpiar y no recibir ni ella, ni sus hijos, comida en buen estado, así como suficiente agua y papel de baño, además de atención médica.

De sus quejas sobre el personal derivó una llamada anónima a su abogado.

El 6 de agosto, es decir 13 días después de su ingreso, una voz de mujer informó que iban a echar a Jessica del Refugio. Y efectivamente, unas horas después, autoridades del albergue se comunicaron para informar sobre la expulsión necesaria. Sólo logró retardar la salida del refugio un día.

Cuando Jessica y los niños llegaron a la UAPAVIF, donde citaron al abogado y a la familia, los dos niños más chicos se encontraban en mal estado. De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el reclamo de la víctima por mayor atención ante los problemas de salud de sus hijos, fue el motivo de su expulsión.

Este hecho quedó confirmado porque la directora de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual (UEPAVIF), la médica Nora Sosa, accedió a la petición de la familia de examinar a los niños y determinó que el más pequeño, entonces de 4 años de edad, presentaba una infección y extendió la receta médica para que pudieran comprar el medicamento.

“Dentro de las muchas situaciones hablaban bueno de... esta parte de la insatisfacción de ella de no estar conforme con los servicios que se estaban dando en el Refugio. Que sus hijos estaban enfermos y no los habían atendido.

Que quería agua y los habían regañado porque había tomado una jarra de agua. Cosas así que para mí son… pues meramente técnicas o logísticas del Refugio. Porque ellos tienen un reglamento, no les pueden dejar que lleven jarras de agua a la recámara, pues con vidrio, por el riesgo que conlleva con personas que están con desestabilidad emocional ¿no?”, retiró Sosa.

Pero para la madre de Jessica, no hubo ninguna intención de proteger a su hija.

“Yo estuve presente, nos la sacaron porque tuvieron miedo. Supieron cómo era él y nos la sacaron en un mal estado y malas condiciones de los niños, con vómito, diarrea y temperatura. Ya muy forzada, la persona que los entregó, una doctora, los revisó y les mandó medicamento. Nos dieron un papel, que era lo que ellas querían que dijera. Y no lo aceptamos. Mi hija Verónica les dijo: Así no es. Yo quiero que sea como se debe’. Entonces redactó otro pero ellos agarraron y lo rompieron”, recordó la madre.

La directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa, aseguró que la unidad de Pachuca solicitó la transferencia de las víctimas a un sitio de alta seguridad en la Ciudad de México pero Jessica fue quien no aceptó.

Sin embargo, al solicitar un documento que pruebe esta afirmación, tanto a la Red Nacional como a la funcionaria de la Secretaría de Salud que sostiene el mismo argumento, ninguna lo mostró.

Una vez fuera del Refugio, el 7 de agosto de 2014, Jessica y sus tres hijos fueron trasladados a una casa que prestaron a su abogado, en la colonia Providencia, en la zona conurbada de Pachuca.
Allí esperarían a que Gerardo, hermano de la víctima, hiciera los arreglos necesarios para trasladarlos a Los Cabos, en Baja California. Pero el 14 de agosto, es decir siete días después, CMET encontró la casa y asesinó a Jessica y a Gerardo con arma de fuego.

Antes de huir, el militar amenazó a los vecinos que salieron a ver lo que sucedía. Gerardo murió en el acto, en la calle. Jessica murió de camino al hospital.

Una semana después, el 21 de agosto, dictaron la orden de reaprehensión contra el presunto feminicida, quien sigue prófugo. De acuerdo a lo declarado por la familia de las víctimas, porta armas de uso exclusivo del Ejército, balas expansivas y granadas.

A tres años del feminicidio de Jessica, sus tres hijos viven con sus abuelos y su tía, aún sin poder estar bajo su tutela legal por falta de acción de las autoridades correspondientes. Acerca de la atención psicológica que deberían recibir, su abuela comentó que en el Centro de Salud de Tulancingo les dijeron “que no hay lugar”.

Tanto a la abuela como a una de las tías “les recomendaron tomar un curso de crianza antes de brindar atención a los niños”.

SIN CULPABLES

Como respuesta a la recomendación R-VG-001-17 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, producto de la denuncia de Verónica González Mandujano, con fecha del 10 de marzo de 2017, el Tribunal Superior de Justicia inició 17 días después, una investigación interna contra el Juez Segundo Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa.

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura (órgano regulador de las competencias judiciales) necesitó de una recomendación de Derechos Humanos para notar estas irregularidades. En los tres años que transcurrieron desde el feminicidio, no advirtieron, o decidieron no actuar, sobre la serie de procedimientos dudosos del juez.

En cuanto a la Secretaría de Salud, iniciaron un proceso contra la médica del Refugio Nora Sosa, el cual aún no concluye. Nadie ha respondido por los hechos acontecidos en 2014.

Respecto al Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia, señalado directamente en la Recomendación de la Comisión Estatal, no existe información pública al respecto, y cuando se solicitó una entrevista con su área de Comunicación, no hubo respuesta.

La recomendación de Derechos Humanos sigue sin cumplirse. El victimario está libre. Las víctimas, especialmente los hijos de Jessica, quienes actualmente tienen 14, 9 y 7 años de edad, no reciben atención de ningún tipo por parte del Estado mexicano, y las autoridades judiciales han dejado cabos sueltos como la responsabilidad de las personas involucradas en el secuestro y tortura de la joven asesinada.

En Hidalgo la organización de Servicios de Inclusión Integral AC (Seiinac) documentó 70 casos de feminicidio del 2013 al 2016 en 15 municipios y ciudades de Hidalgo: Pachuca, San Bartolo Tutotepec, Omitlán, Cuautepec, Xochicoatlán, Apan, Emiliano Zapata, Mixquiahuala, Epazoyucan, San Agustín Tlaxiaca, la zona del Valle del Mezquital (Tula, Tepeji, Mixquiahuala, Ixmiquilpan, Progreso de Obregón, Tepatepec) seguido de Tulancingo y Tizayuca.

El estado tipificó el delito de feminicidio el 8 de marzo del 2013, con la modificación del Código de Procedimientos Penales del estado, que lo sanciona con una pena de 60 años de cárcel.

17/MCT/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   En 3 años pasan de 33 a 151
   Quinta de nueve partes
Incrementan 51 por ciento homicidios contra mujeres en Hidalgo
Imagen de Samantha Páez
Por: Elsa Ángeles*
Cimacnoticias | Hidalgo, Pach.- 29/11/2017

Jessica González Mandujano tenía 16 años cuando conoció a un capitán del Ejército mexicano durante una histórica inundación en la ciudad de Tulancingo, municipio de Hidalgo. Él prácticamente le doblaba la edad, era casado y tenía hijos. Eso no lo detuvo, la enamoró y la convenció de irse con él a Chiapas para iniciar una vida en pareja.

Fueron 14 años juntos, tres hijos y una violencia constante que fue en aumento hasta que la víctima fue objeto de torturas físicas y sexuales extremas en presencia de sus pequeños hijos, de apenas 10, 7 y 6 de edad. Jessica sólo concluyó la secundaria y nunca trabajó de manera formal, vendía productos por su cuenta.

En Hidalgo, casos como el de Jessica, ejemplifican la gravedad de la violencia contra las mujeres por sus características y patrones.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), los cuales son tomados de los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público, en Hidalgo aumentaron los homicidios de mujeres en un 51 por ciento en tres años (de 2012 a 2015).

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

Aunque el feminicidio se tipificó como delito en la entidad a partir del año 2013, es posible tomar los registros un año antes, cuando fueron definidas sus características desde el Código Penal Federal.

En 2012 se registraron 33 homicidios, al siguiente año disminuyeron a 31, pero en los siguientes dos años, 2014 y 2015, aumentaron a 40 y 50 casos respectivamente. Es decir, un número acumulado de 154.

En ese periodo, casi la mitad de los homicidios totales (46 por ciento) fueron de mujeres entre los 26 y 40 años de edad. En la revisión sobre el lugar de deceso de las mujeres en Hidalgo, en el hogar se registró 59 por ciento de los asesinatos mientras que en la vía pública fue de 41 por ciento. En el 2014, 75 por ciento de los casos de feminicidio sucedieron dentro del hogar, mientras que al año siguiente los casos en este lugar disminuyeron al 37.5 por ciento, pero incrementaron en la vía pública 62.5 por ciento.

Respecto a las víctimas, la mayoría fue asesinada durante las primeras horas del día, entre la una de la madrugada y 12 del mediodía (48 por ciento en la vía pública y 53.7 por ciento en el  hogar); respecto a si vivían en pareja o eran solteras, en los casos dentro del hogar, 60 por ciento estaban casadas y en unión libre  se encontraban 32.5 por ciento.

En los homicidios ocurridos en la vía pública más de la mitad eran mujeres solteras; 2.3 por ciento divorciadas y 2.3 por ciento separadas; en el caso de las víctimas dentro del hogar, 22.7 por ciento vivían en unión libre y 13.6 por ciento casadas.

En cuanto a nivel de estudios, la mayoría de las víctimas en el hogar tenían concluida la primaria y secundaria (8.1 por ciento en cada caso); con bachillerato completo 10.5 por ciento y nivel profesional 7 por ciento.

De acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Información de Salud, durante el periodo de 2012 a 2015, en 81por ciento de los casos no especifica si existió o no violencia familiar previa al homicidio, en 7 por ciento de los casos no hubo antecedentes y en 12 por ciento sí lo hubo, lo que es una de las características para que estos asesinatos se investiguen como feminicidio. En el caso de Jessica eso no ocurrió.

A finales de 2013 ella presentó la primera denuncia por violencia familiar. El victimario fue detenido hasta mayo del siguiente año, pagó fianza y salió libre dos días después.

El juez 2º Penal de Tulancingo, Porfirio Austria Espinosa emitió orden de restricción pero nunca notificaron a la víctima. El 15 de junio, el militar ingresó a la casa y golpeó a Jessica frente a sus hijos. Ella levantó la segunda denuncia por lesiones y decidió refugiarse en casa de sus padres.

Fue víctima de dos agresiones más de su ex pareja; en una de ellas, la violó y golpeó con una pistola. Todas las agresiones las denunció ante el Ministerio Público.

En julio, sacó a Jessica y a sus hijos de la casa de los abuelos a golpes y se los llevó a la casa de otro militar, donde los tuvo encerrados durante toda la noche. A lo largo de esas horas, la violó, golpeó y amenazó de muerte. Por la mañana, Jessica logró escapar con sus hijos y volvió a denunciar.

Dos días después decidió pedir ayuda en la 18ª zona militar a la que pertenecía su expareja, pero la remitieron a la Procuraduría de la Defensa del Menor que pertenece al Sistema DIF. De ahí la canalizaron a la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia Familiar y Sexual (UEPAVFS) que depende de la Secretaría de Salud estatal.

Tras una valoración psicológica a madre e hijos, solicitaron el ingreso inmediato al Refugio para mujeres violentadas en Pachuca; esto fue el 25 de julio de 2014.

Tenían apenas 12 días de resguardo cuando las autoridades notificaron a la familia que Jessica y sus hijos no podían seguir en el refugio porque ella “había tenido una conducta agresiva y había ido a mover a las demás” mujeres internas del refugio.

El abogado de la víctima, proporcionado por el Ejército,  los llevó a una casa particular prestada en el municipio de Mineral de la Reforma, zona conurbada de la capital del estado, mientras realizaban gestiones para sacarla hacia el norte del país.

Ahí estuvieron del 7 al 14 de agosto, hasta que su ex pareja los encontró. La asesinó con arma de fuego, junto con su hermano Gerardo, frente a sus tres hijos, alrededor del mediodía. Jessica tenía entonces 31 años de edad.

Imagen de Elsa Ángeles

La familia de la víctima presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo el 29 de agosto de 2014. El organismo tardó casi tres años en emitir la recomendación R-VG-0001-17, apenas el pasado 10 de marzo la emitió.

En 59 cuartillas detalló cada una de las omisiones y violaciones que cometieron autoridades y personal de tres instancias: Procuraduría, Secretaría de Salud y Tribunal Superior de Justicia, ninguna protegió la vida de Jessica, ni a sus hijos.

La recomendación de la Comisión solo pidió establecer protocolos en materia de atención a víctimas de violencia familiar, capacitar al personal y “girar instrucciones a quien corresponda para que inicie procedimientos contra la autoridad responsable”.

Hasta la fecha la recomendación sigue sin cumplirse y el feminicida de Jessica sigue prófugo.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

17/ES/LGL








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