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La Libertad de Cátedra, la Libertad de Expresión y la apología del delito
Ciudad de México. Hace unos días se desató una polémica en España, ya que se habían programado unas Jornadas sobre “Trabajo Sexual” en la Facultad de Sociología de la Universidad de la Coruña. Hubo una oleada de críticas, especialmente por la participación del Sindicato Otras, cuyo registro fue cancelado por el Supremo Tribunal Constitucional, por su carácter ilícito, lo que obligó, después de recibir muchas críticas, a cancelar las jornadas.
Entre los argumentos se destaca que:
«Los Estatutos de la Universidad de la Coruña establecen que la institución debe ajustarse a los principios de un Estado social y democrático de Derecho, así como a la defensa de la autonomía y de la libertad de cátedra. El texto también estipula que la Universidad de la Coruña tiene como función la creación, desarrollo, trasmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura».
«Y si bien se considera que el conocimiento social de calidad científica se puede alcanzar a través de un intercambio académico honesto, si bien crítico y riguroso, de ideas y opiniones, que reflejan distintas sensibilidades, aspiraciones e intereses de los diferentes grupos que componen la sociedad, una universidad pública debe ser un lugar plural, de encuentro y debate público, cuya agenda no sea fijada, censurada o planificada por grupos de presión desconocedores de su función primordial: la creación, desarrollo, transmisión y crítica de los saberes y conocimientos».
Yo me pregunto ¿es que la libertad de cátedra y la libertad de expresión tienen o pueden tener un límite? Porque sería necesario en una sociedad democrática que las instituciones públicas, que viven de nuestros impuestos debían sí, generar un debate, pero también atenerse al respeto del Estado de derecho y de los Derechos Humanos. Y también me pregunto ¿qué rigor académico y científico pueden aportar unas jornadas sobre el supuesto “trabajo sexual” ? que ni es trabajo, ni es sexo.
Y cualquier universidad incurre en una grave responsabilidad al promover o naturalizar el trabajo sexual, significaría la apología de un delito.
Y como dice la doctora Rosa Cobo Bedía:
“es evidente que la prostitución es un tema de debate abierto en la sociedad, como también está claro que lo está en la izquierda y en los movimientos sociales. Está claro que detrás de este debate hay intereses económicos muy poderosos. Y también, está claro que la libertad de expresión y de cátedra es un argumento muy poderoso para la universidad y para la sociedad pero también está claro que los Derechos Humanos tienen una dimensión ético-normativa superior a la que tiene la libertad individual. No es una casualidad que el liberalismo articulase su teoría alrededor del principio de libertad y el socialismo y el marxismo lo hiciesen en torno al de igualdad”.
Como dice mi maestra Celia Amorós “en los sistemas de dominación no existen casualidades”. No es una casualidad que el argumento de la libertad se convierta en el eje de los discursos a favor de la prostitución.
En estas jornadas se ha producido un choque de argumentos que, a mi juicio, no tienen el mismo valor. No es lo mismo defender una institución patriarcal y capitalista neoliberal que criticarla. No es lo mismo sostener que a las mujeres en prostitución se las defiende legalizando la prostitución que proponiendo políticas públicas para que puedan alcanzar la vida que quieren. Defender la prostitución como un trabajo es aceptar que un grupo de mujeres con pocos recursos y casi todas ellas migrantes y sin derechos de ciudadanía, deben estar sexualmente disponibles para los varones de nuestra sociedad. Me pregunto si la satisfacción de los deseos sexuales masculinos debe convertirse en un trabajo para mujeres pobres y vulnerables.
También me pregunto si la universidad debe dar espacios para promover discursos que promueven esta actividad que sólo es lucrativa para la poderosa industria del sexo. Mi posición es que todo es debatible, pero también que las instituciones académicas no pueden ni deben ofrecer espacios para discursos, que promueven de una forma explícita la prostitución. Hay muchos lugares en los que se pueden celebrar jornadas que defienden una institución que es fuente inagotable de desigualdad para las mujeres.
En este debate debemos excluir las descalificaciones y los insultos. Las feministas debemos de mirar hacia las instancias de poder patriarcal y no convertirnos en enemigas. En mi opinión, hay que debatir, poner argumentos encima de la mesa y hacerlo con honestidad.
También quiero agradecer a todas las personas y asociaciones que nos han acompañado en la defensa de esta posición teórica, ética y política.
No ha sido, ni es fácil lidiar con insultos y descalificaciones, pero no puedo plantearme otra postura que la de criticar una institución que promueve la explotación sexual”.
Habría que compartir con nuestras hermanas españolas que también en nuestro país, tenemos a una académica que va dando conferencias en universidades públicas y privadas promoviendo la prostitución como un trabajo mejor pagado que cualquiera de las carreras que estudian las jóvenes, en un claro desacato a la Ley, cometiendo apología del delito de trata y explotación de la prostitución. Y no podemos negar que en su tiempo, le debemos a Marta Lamas muchos aportes teóricos al feminismo, pero que hoy parece ser una leal defensora del patriarcado, incluso marcando la brecha generacional y descalificando a las jóvenes que denuncian acoso y hostigamiento sexual.
Y no es sólo en México, también en Argentina encontramos el mismo fenómeno, integrantes de la Asociación de Meretrices de la Argentina e integrantes de la Red LAC TRASEX visitan universidades y preparatorias, incluso secundarias y primarias para dar conferencias a las y los alumnos glorificando la prostitución como trabajo, contribuyendo a la naturalización de la explotación sexual, cometiendo una clara apología del delito.
Fue un gran ejemplo el que nos dieron las organizaciones y hermanas abolicionistas españolas, que no sólo defendieron que no llegaran las Jornadas de “Trabajo Sexual” a la Universidad de la Coruña, sino que han manifestado, así como nosotras también manifestamos nuestra profunda solidaridad con la doctora Rosa Cobo y declaramos que ninguna universidad debe dar espacios para promover discursos que promueven la prostitución que sólo es lucrativa para la poderosa industria del sexo, es una institución profundamente patriarcal, y por eso, las instituciones educativas no pueden ni deben ofrecer espacios para discursos, que promueven de una forma explícita la prostitución, porque eso es apología del delito.
19/TUZ/LGL
Las recientes protestas feministas contra la violencia hacia las mujeres han demostrado la necesidad de tomar medidas de fondo en todos los ámbitos para garantizar una vida libre de violencia para todas. Muchas de las manifestantes que tomaron las calles en agosto y en la marcha del silencio del domingo 8, son jóvenes. Si bien en esta última la denuncia principal fue contra el feminicidio y la desaparición, lo que las une es la indignación ante las violencias machistas.
En este contexto, han salido a la luz graves casos de acoso y persecución en universidades públicas, que deberían ser espacios seguros para el desarrollo personal e intelectual y la libre discusión de las ideas.
La magnitud del acoso en las universidades no puede medirse con certeza. Lo evidente hoy es que menos estudiantes y académicas están dispuestas a tolerar el acoso sexual y laboral. Por eso han denunciado ante autoridades universitarias o gubernamentales o han recurrido a medios, internet y formas de expresión artística, como los “tendedores”, para dar a conocer sus casos.
Ante estas denuncias, la mayoría de las universidades han sido más o menos omisas, optando por una política de simulación consistente en hacer protocolos que no se cumplen, en derivar las denuncias a oficinas que las archivan y en proteger a los agresores.
Así, pese a protocolos y unidades de igualdad de género, persisten acoso y hostigamiento, a los que se añaden, en un backlash machista, amenazas y agresiones directas contra las denunciantes y quienes las apoyan. En una escalada inaudita en pleno siglo XXI, los agresores descalifican también la teoría feminista y la perspectiva de género, cuyo potencial crítico para analizar la realidad con rigor temen o ignoran. Lo que de hecho rechazan es el cuestionamiento al statu quo y a la normalización de las violencias machistas.
Dos casos recientes deberían alarmar a la ANUIES y a quienes defienden la libertad de pensamiento y de cátedra en las universidades públicas. El más grave es el de la UACM donde el 4 de septiembre, cumpliendo con medidas cautelares expedidas por la CEAV, cuatro estudiantes y su profesora feminista ingresaron al plantel de la colonia del Valle escoltadas por policías mujeres para continuar con su seminario con perspectiva de género sin ser agredidas por otros universitarios que unos días antes las obligaron a refugiarse en una oficina.
Como han documentado varios medios, el acoso laboral contra la profesora, que ella denunció formalmente, se convirtió en descalificación de la teoría feminista y de género por parte de académicos del programa de Derechos Humanos, seguida de agresiones contra las estudiantes por parte de sus compañeros. De ahí el recurso extremo a la presencia policiaca que ni protege a las estudiantes fuera del plantel ni resuelve el ataque a la libertad de cátedra y pensamiento.
En la Universidad de Guanajuato, por otra parte, las estudiantes que denunciaron acoso por diversas vías, entre ellas un “tendedero”, han sido revictimizadas por docentes y compañeros. Ahí también se descalifica la teoría feminista y la inclusión de la perspectiva de género en programas de estudios. Los agresores, en una inversión cínica, han acusado a las académicas que apoyan a sus estudiantes de instigar las denuncias y de carecer de ética.
Estos casos revelan un preocupante patrón de estigmatización de las denunciantes, algunas de las cuales han sido acusadas a su vez de difamación o violencia. Se busca acallarlas y amedrentar a quienes las apoyan. Revelan también una reacción visceral contra la teoría crítica feminista que los agresores, por lo visto, consideran una amenaza a su autoridad, su canon y sus privilegios.
La mayoría de las universidades han optado por una política de simulación. Ya no son sólo omisas sino cómplices del acoso. Si hoy además toleran los ataques a la libertad de pensamiento, minarán su sentido más básico De no actuar con energía, contribuirán al aumento de la violencia y la intolerancia, contrarias al espíritu universitario.
Quinta Transformación
Ciudad de México. El día de ayer, la diputada morenista Lorena Villavicencio presentó ante la Conferencia Nacional de Legisladoras y Organizaciones de la Sociedad Civil, la propuesta de hacer un pacto con el presidente. De lograrlo, sería no sólo un triunfo político, sino la quinta transformación.
Pactar, bajo la política feminista, implica colocar en el centro del pacto la vida y la libertad de las mujeres y reconocer, sin cortapisas, la validez del movimiento feminista como interlocutor.
La diputada Villavicencio propuso el pacto en el pleno de la asamblea, frente a representantes de 130 organizaciones y legisladoras federales del PRI, PAN, PRD y Morena, así como algunas legisladoras locales.
El “Pacto por la Vigencia Plena de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres Mexicanas” propuesto por la legisladora, busca construir un pacto social que impulse un nuevo modelo de desarrollo humano en el que las personas y sus Derechos Humanos sean el centro de las acciones.
Este llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, parte de la “preocupación por el crecimiento de las distintas formas y manifestaciones de violencia hacia las niñas y las mujeres dentro y fuera de sus hogares, teniendo como consecuencia un panorama desalentador con alta incidencia, impunidad y un limitado apoyo a las víctimas.
Incluye seis apartados para garantizar a las mujeres y niñas el pleno goce de sus Derechos Humanos.
El primer rubro titulado “Primero las pobres” (siguiendo la lógica presidencial) coloca en el centro a las más pobres de entre los pobres: las mujeres; y se centra en indígenas y rurales y en la etiquetación para las dependencias para erradicar el analfabetismo femenino y garantizar que todas las mujeres accedan a la salud sexual y reproductiva, entre otras siete acciones.
El segundo apartado, nombrado “Madres trabajadoras”, incluye el seguro de desempleo para jefas de familia; el tercero “Empleo digno para las Mujeres, autonomía económica” (prioridad del Instituto Nacional de las Mujeres); cuarto “Niñas y niños nuestra prioridad”; quinto “Por la vida y la seguridad de las niñas y las mujeres” y sexto “Contra la corrupción y por la rendición de cuentas, todos los recursos deben ser vigilados y auditados”.
De acuerdo con la legisladora Villavicencio, de los 28 millones de mujeres que se encuentran en el mercado laboral 21 está en la informalidad, con toda la precariedad que eso significa. Un dato que para la transformación que se quiere hacer, debe tomarse en serio.
En la era de la paridad es un gran esfuerzo de las legisladoras construir una agenda que las una y aglutine y con las organizaciones sociales, pues en este encuentro las ausencias de las presidentas de las comisiones de igualdad tanto en el senado como en la cámara se dejaron sentir, especialmente porque la convocante es de su mismo partido.
Las senadoras y diputadas presentes insistieron a lo largo de sus discursos en que la era de la paridad demanda la transformación de la condición de desigualdad de las mujeres.
Hay que recordar que las mujeres en las pasadas elecciones del 1 de julio de 2018 representaron 51.8 por ciento de la Lista Nominal Electoral, es decir, casi cuatro puntos porcentuales más que hombres inscritos en la INE.
El pacto busca revertir no sólo la indiferencia que muestra el Ejecutivo por los Derechos Humanos de las mujeres sino transformar la lógica de la política presidencial para colocar en el centro la vida de las mujeres, su dignidad y su libertad. Prioridad que tiene que ser reflejada en el Presupuesto Federal, en las acciones de gobierno y en las políticas de Estado.
Las mujeres asistentes al encuentro decidieron aceptar el pacto. Lo que nadie explicó y tampoco se preguntó, son los causes que se llevarán para presentarle al Presidente el Pacto e iniciar con él un diálogo que le permita aceptarlo. En tanto esto no suceda, quedará en el registro de los eventos realizados en la cámara de diputadas y nada más.
Las que buscan pactar no son empresarias, ni tienen contratos millonarios que obliguen al Ejecutivo a sentarse a negociar, son mujeres del «pueblo», como el presidente llama a la ciudadanía.
Veremos si en Palacio Nacional deciden ir más allá y concretar la quinta transformación para incluir en el desarrollo de México a 61 millones de ciudadanas que hoy no tienen garantizados plenamente sus derechos.
19/LLH/LGL
Hermosillo, Son. Ámbar es la encarnación de toda la violencia de que puede ser posible al verter odio hacia las mujeres.
Como si fuera un catálogo misógino, esta joven universitaria fue víctima de tres hombres, que según la autoridad investigadora, perpetraron el asesinato el pasado 30 de mayo.
Ese día en particular, Sonora se vistió de negro, pues varias mujeres fueron atacadas en Hermosillo, de distintas formas. Además una niña en San Luis Río Colorado fue localizada sin vida, mientras otra de las mujeres sobrevivió a un ataque brutal en Navojoa, al sur del estado, del que se recuperó gracias a la pronta intervención médica y a que tuvo los medios para restablecerse.
Esa jornada, llamada “jueves negro”, no ha sido la única en donde varias mujeres y niñas fueron asesinadas, pero ahora lo sabemos más rápido, en forma inmediata y la sociedad pide cuentas públicamente a las autoridades.
Ese jueves donde el feminicidio fue el protagonista, justamente fue cuando nos enteramos de que habían encontrado el cuerpecito de una niña que era buscada desde unos días antes en San Luis Río Colorado, población fronteriza con Estados Unidos.
Más adelante sabríamos que como hacen muchos autores de feminicidio infantil, el agresor fingió preocupación por la niña, y se integró a las brigadas de búsqueda.
Finalmente la Fiscalía lo detuvo, le dictaron prisión preventiva, solo para dar a conocer muy pronto que se había suicidado en las celdas, mientras cumplía prisión preventiva. La sensación colectiva fue una vez más de impunidad.
De la otra mujer asesinada y arrojada en vía pública, solo sabíamos que era una persona joven, y más adelante sabríamos que portaba un tatuaje, pues luego de muchos días sin identificar, la fiscalía decidió publicar una fotografía de éste para motivar a quienes la conocían a que se acercaran a ofrecer datos para su reconocimiento.
A esta fecha, no se ha dado mayor información sobre ese caso, pero dio resultado la estrategia, pues fue identificada por personas conocidas, gracias al diseño del tatuaje que fue publicado en medios y redes sociales.
Pero fue el caso de Ámbar que hizo recordar ese jueves negro, pues la FGJES decidió comunicar este lunes a través de un boletín informativo sobre las novedades que había acerca de la investigación.
Desde ayer, igual que el jueves negro, las condiciones de su muerte están en boca y redes de medios de comunicación, en muchas personas a quienes había conmovido su pérdida y sobre todo, la forma en que fue privada de la vida, por el grado de crueldad como se hizo.
La Fiscalía asegura que fueron tres las personas vinculadas a proceso, y que se ampliaría a seis meses la investigación, tiempo en el que los posibles responsables permanecerán en prisión preventiva.
Como sea, el reporte que la Fiscalía hizo ayer a la sociedad sonorense para dar avance de cómo va el caso, revivió la conmoción, y la evidencia de la sensibilidad de esa sociedad dolida por los agravios contra cualquiera que carezca de poder y que está vulnerable a los depredadores que andan en pos de sus presas.
La violencia física, sexual, psicológica y patrimonial, estuvieron presentes en la atrocidad que cometieron contra Ámbar.
Como si quisieran escribir en su cuerpo una lección de por qué es necesario incluir en la legislación una descripción para tanto daño, con su respectiva sanción, sus asesinos plasmaron todo el odio de que se puede ser capaz no para privarla de la vida, sino para hacerla sufrir.
El feminicidio de Ámbar pone sobre la mesa varios retos. El más importante, investigar y juzgar con perspectiva de género. El debido proceso para quienes están vinculados por su muerte, y ahora, el resarcir a la sociedad que se sintió ofendida, cuando en su boletín la fiscalía afirma que: “Lamentablemente Ámbar Dolores “N” se relacionó con personas inapropiadas”.
La excesiva descripción de las agresiones contra la víctima es muestra de que todavía nos falta redondear el reflejo de la eficacia que se ha demostrado ante los más recientes casos de feminicidio, en un lenguaje que cuide la dignidad de la víctima, sin dejar de informar.
Ámbar no es un caso más, como no lo fue Itzel, como no lo es Amparo Sarahí, como no lo han sido las 78 asesinadas de este año.
Todas y cada una tenían proyectos de vida, tenían derechos. Pero por el que nos toca luchar es por el de la justicia porque ellas ya no están para reclamarla, pero quedamos aquí para representarlas.
Ámbar, como lo fue Priscilla Hernández en su momento, es ya un símbolo de cómo se debe y no se debe abordar un caso tan grave. Por Ámbar, por Itzel, por Amparo, por Elvia fue que se decidió solicitar la segunda Alerta de Violencia de Género en Sonora.
Son seis municipios para los que se ha solicitado: Hermosillo, Cajeme, San Luis Río Colorado, Nogales, Guaymas y Empalme.
Muy pronto, el grupo de trabajo que investiga la solicitud emitirá su primer informe sobre lo que encontró, y deberá comunicarlo a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la violencia contra las mujeres (Conavim).
Deberá también pronunciarse sobre si considera que se debe o no declarar la AVGM, y será Conavim quien defina si la decreta, o solo hace recomendaciones.
La esperanza está puesta en que esta vez, la Conavim tome una resolución seria, acorde a la gravedad de la situación y deseche las estratagemas que otrora permitían que los gobiernos de los estados jugaran con las recomendaciones que al final eran sugerencias y no medidas obligatorias.
Si de verdad a esta nueva administración le importan la vida y la libertad de las mujeres, ésta es su oportunidad de demostrarlo, por Ámbar, por todas.
19/SNE/LGL
¿Un país sin ciudadanas?
Ciudad de México. Eludidas, olvidadas o marginadas del discurso presidencial en su 1er informe de gobierno, las mujeres mexicanas enfrentan algunos de los problemas más graves del país sin esperar alguna salvación milagrosa que, lo saben más que nunca, ni existe ni va a llegar. Si en el sexenio anterior la política de género brillaba sólo en documentos oficiales, en éste ni siquiera se toma en cuenta. No se ha tomado consciencia al parecer de que, más allá de hablar de “mexicanas y mexicanos” o “niñas y niños”, urge tomar en cuenta a la mitad de la población y no sólo como parte de “las familias” que algún día alcanzarán el bienestar ni como niñas y jóvenes que reciben o recibirán alguna beca, sino como sujetas de derechos y ciudadanas con voz, voto y demandas concretas.
A reserva de revisar el informe impreso donde tal vez las dependencias encargadas de la política para las mujeres hayan hecho alguna aportación, el hecho es que en la visión del presidente las mujeres son parte difusa de la masa del pueblo y sus diversos subconjuntos. Entre las buenas intenciones del gobierno no se menciona siquiera garantizar la igualdad de hombres y mujeres, acabar con la discriminación y el acoso, ni se reconocen como desafíos para el Estado y la sociedad las violencias machistas tan denunciadas en las últimas semanas. El presidente habló del “bienestar material y el bienestar del alma”, de la “regeneración de las instituciones y de la sociedad” y de acabar con la violencia mediante el acceso al trabajo y a la educación y atribuyó al pueblo y a un “nosotros” indefinido una gran felicidad.
Sin afán de repetir lo que ya se ha subrayado en esta columna, llama la atención que a nueve meses de iniciada la actual administración, ante crecientes cifras de homicidios y asesinatos de mujeres, protestas sonadas contra la violencia sexual, el acoso, el feminicidio y la desaparición, no se haya mencionado siquiera la evidente ineptitud y/o corrupción en la administración de justicia y la urgente necesidad de acabar con la impunidad. Se afirma, sin necesidad de pruebas al parecer, que “no se permite la desaparición de personas. El Estado ya no es el principal violador de Derechos Humanos”, como si no siguieran desapareciendo niñas y mujeres (por no hablar de hombres) y el Estado no tuviera la obligación de impedirlo y sancionarlo, ni tampoco constituyera una transgresión a los Derechos Humanos por parte del Estado que haya policías que violan a mujeres y niñas, en vez de cumplir con su obligación de proteger. Se insiste además en que la Guardia Nacional resolverá los problemas de violencia sin considerar que las fuerzas armadas han incurrido en violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.
El discurso del bienestar y la felicidad también borra del panorama la precaria situación de los refugios para mujeres violentadas, sostenidos por la sociedad civil, que han construido un modelo de atención integral reconocido y validado por décadas de experiencia.
Unos días antes del informe, se anuncia la implantación a nivel nacional de otro modelo, conocido como “Puerta violeta”, bajo rectoría del Estado, lo cual no garantiza que funcione, sin explicar por qué no se mantiene y sostiene un modelo ya probado, que funciona y puede mejorarse. De las estancias infantiles tampoco se dijo nada: al parecer el argumento de que “alguien” le recomendó al presidente dar dinero “sin intermediarios” basta para eliminar la obligación del Estado con la primera infancia y con la promoción de la igualdad de género a la que las estancias contribuyen.
Por fortuna, aparte de la voz presidencial y de las propuestas recicladas de la jefa de gobierno para frenar la violencia en la capital, se tejen en la sociedad otros discursos, realistas y propositivos que ponen en el centro a las mujeres y a las niñas y plantean con claridad el objetivo de poner freno a las violencias machistas que, desde la sociedad y el Estado, obstaculizan o impiden el goce del derecho a la vida, la seguridad y la integridad. Como veremos, esas voces ciudadanas tienen mucho que aportar.
19/LM/LGL
Ciudad de México. Según datos reportados por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre Violencia de Género, en los primeros seis meses de 2019 se ha perpetrado aproximadamente 69 delitos por cada 100 mil habitantes.
Durante enero-julio de 2019, cada uno de estos incidentes muestra el siguiente peso relativo respecto al total de llamadas de emergencia reales al 911:
- Violencia contra la mujer: 1.13 por ciento
- Abuso sexual: 0.03 por ciento
- Acoso u hostigamiento sexual: 0.05 por ciento
- Violación: 0.02 por ciento
- Violencia de pareja: 1.80 por ciento
- Violencia familiar: 4.48 por ciento
De enero a julio de 2019, según las estadísticas del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado 504 feminicidios a nivel nacional, de los cuales se reportan 26 en la Ciudad de México, según cifras oficiales, que no son del todo muy confiables, ya que tienen una cifra negra del 80 por ciento, lo que quiere decir que por lo menos se han registrado 2 mil 100 feminicidios a nivel nacional y 298 feminicidios en la Ciudad de México.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, alertó que los feminicidios en el país aumentaron 104 por ciento en los últimos tres años, además, también alertó sobre las más de 9.000 mujeres desaparecidas en México. También dijo que a la situación de violencia feminicida hay que añadir aquella violencia sexual de las que son víctimas niñas, adolescentes y mujeres adultas. Adicionalmente, cada vez más se visibilizan las mujeres víctimas de desaparición. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, más de 9 mil mujeres están desaparecidas». Vale aclarar que las mujeres y niñas víctimas de secuestro o delitos en materia de trata de personas, no están incluidas en las estadísticas de mujeres desaparecidas.
La realidad que estamos viviendo las mujeres y las niñas en la Ciudad de México, se constituye en un crimen de lesa humanidad, ya que la violencia contra las mujeres y niñas es sistemática y generalizada.
El 20 de junio de este año la Jefa de Gobierno designó a Fernando Elizondo García como Comisionado de Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, sin embargo, hasta la fecha ni se ha notado que la Ciudad ya cuenta con este mecanismo, ni una palabra, ni una acción.
¿Quién es Fernando Elizondo García? Fernando Elizondo García es licenciado en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y Maestro en Derecho con concentración en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Harvard.
Fernando ha dedicado su vida profesional a la defensa de los Derechos Humanos desde la sociedad civil, la academia, el gobierno y el ámbito internacional. En el ámbito gubernamental, trabajó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León en temas de género, sistema penitenciario, detenciones ilegales y arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas. También fue Director General Adjunto en materia de Derechos Humanos de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En la academia, fue profesor de planta y director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.
En la sociedad civil, se desempeñó como Coordinador del Área Jurídica de la Casa del Migrante Casa Nicolás en Guadalupe, Nuevo León. También trabajó en Immigration Equality, una organización en Nueva York que se dedica a la defensa de los derechos de personas migrantes LGBT.
En el ámbito internacional, coordinó el proyecto “Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano” en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
En este caso tal vez el resumen curricular tiene más elementos de su involucramiento en la defensa y promoción de los derechos humanos, pero sobre búsqueda de personas, no tiene ninguna experiencia, además de que trabajó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, institución especializada en revictimizar a las víctimas.
El 16 de mayo, también de este año, la Jefa de Gobierno informó que Armando Ocampo Zambrano asumió el cargo de comisionado de Atención a Víctimas de la Ciudad de México. Y, en este caso, siendo un abogado fiscalista, no podemos esperar que se manifiesta en situaciones tan graves como el caso de la niña violada de Azcapotzalco, o la niña violada en el Museo de la Fotografía, o la mujer violada en la propia agencia del Ministerio Público. ¿Qué ha dicho o qué ha hecho el flamante abogado fiscalista encargado de la Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México?
¿Quién es Armando Ocampo Zambrano? Es maestro en Derecho Fiscal y Constitucional y ganó el primer juicio por homofobia en México, luego de haber sido despedido injustamente de la firma mexicana fiscal Chevez, Ruiz, Zamarripa y Compañía, por motivos relacionados con su orientación sexual e identidad de género. Ese es el único mérito que hizo que el Congreso de la Ciudad de México lo incluyera en la terna de donde la Jefa de Gobierno lo seleccionó, a propuesta del diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, quien es el diputado que impulsa la reglamentación de la prostitución y que las niñas y niños puedan autoasignarse su identidad de género desde chiquitos.
Es increíble que dos de los funcionarios que deberían proponer políticas públicas para detener la ola de feminicidios, violaciones, hostigamiento sexual, desapariciones, estén mudos, tal vez cuidando sus puestos y salarios, o qué podíamos esperar de dos “hombres”, en puestos claves para atender a las mujeres víctimas.
Las mujeres de esta ciudad exigimos respuestas inmediatas, efectivas y eficientes para detener las violencias que nos asechan, pero con este tipo de funcionarios, lo veo muy difícil.
19/TUZ
Ciudad de México. Se entregó el Primer Informe de Gobierno, primero o tercero, según el punto de vista con que se vea. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio su mensaje respectivo y un día después salió de gira, una que incluyó la realización de la conferencia matutina en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
En todos esos espacios se subestimó el feminicidio y desapariciones de mujeres. Revisamos el texto del informe y salvo dos y media páginas dedicadas al tema de la violencia contra las mujeres, nada hay sobre esta población.
Más aún, parecería que hay tan poco que decir que en ese pequeño fragmento titulado “Violencia contra las mujeres y equidad de género” se incluyen acciones que no están directamente relacionadas con evitar que las mujeres sigan siendo asesinadas, privadas ilegalmente de su libertad, tratadas y desaparecidas para siempre.
En lo que respecta a Sonora, a pesar de que la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se hizo en junio de 2019, prácticamente al mismo tiempo que la solicitud de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del estado de Chihuahua, misma que se solicitó dos días antes que la de Sonora, fue excluida del informe.
En una especie de protección para el gobierno del estado de Sonora, como si ocultar la situación del feminicidio exentara a la entidad de la violencia contra las mujeres que padecemos en México, la solicitud de AVGM para seis municipios de Sonora aún en proceso, fue ignorada, como si fuera inexistente.
Lo mismo se hizo en la conferencia matutina en la que el presidente resaltó que Sonora es uno de los estados con menor incidencia de violencia, incluso enfatizó que se ubica en el lugar 27 en la lista nacional, por supuesto refiriéndose a delitos patrimoniales, con aparente mayor importancia que la vida de las mujeres y el homicidio en general.
Ni el presidente, ni sus colaboradores se atreven a mencionar el feminicidio, no quieren apropiarse del término invisibilizando el delito más grave que existe contra las mujeres.
Por lo tanto, omitieron señalar que Sonora está en focos rojos por asesinatos de mujeres y niñas, pues se encuentra en el séptimo lugar nacional en incidencia de feminicidio y tercero en tasa de incidencia de feminicidio por cada 100 mil mujeres.
Y eso no es todo, también Sonora figura desde hace años a la cabeza en incidencia de llamadas de auxilio por violencia familiar contra las mujeres y delitos sexuales. En la tasa por cada 100 mil mujeres, las llamadas de auxilio por violencia familiar han colocado al estado en primer lugar durante todo 2017, 2018 y lo que va de 2019.
Aunado a esto, en el reciente reporte sobre personas desaparecidas en México, dado a conocer en la conferencia matutina del 30 de agosto, ni el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, ni la comisionada de Búsqueda y Desaparición, Karla Quintana, supieron responder al cuestionamiento acerca de cuántas de estas personas son mujeres.
Con estas dudas al terminar la conferencia matutina en Hermosillo, abordé a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien acompañó al presidente en su gira por Sonora.
Le pregunté cómo iba el proceso de solicitud de Alerta de Género para Sonora, y lo que respondió es que van a tratar de llevar la estrategia de violencia contra las mujeres y feminicidio a todo el país, estrategia que ya anunció en Monterrey.
También le pregunté sobre la cifra de mujeres desaparecidas que no se ha dado a conocer. Su respuesta fue que “el señor subsecretario Encinas y la comisionada de Búsqueda son los que están manejando con mucha precisión algunos datos importantes”.
Y es cierto, han dado los pormenores de las personas, fosas y cuerpos encontrados en México, así como la cifra de personas desaparecidas. Pero justo el dato desagregado por sexo, no lo tienen, es decir, no separaron el indicador por hombres y mujeres.
Esto es un problema para contrastar datos y establecer qué está sucediendo con las mujeres y niñas desaparecidas, y su relación con el feminicidio y otros delitos graves contra las mujeres.
De todas las fuentes, ninguna ha brindado certeza sobre la situación de los asesinatos de mujeres y niñas en México. Esa, la violación más grave a los Derechos Humanos de las mujeres, fue ignorada en el Informe de Gobierno.
No podemos obtener información oficial sobre las mujeres desaparecidas, pues el reporte del 30 de agosto, a pesar de contar con varios indicadores, no da una ínfima idea de cuántas mujeres y niñas están viviendo el horror de ser privadas de su libertad.
El solo dato de cuántas son, no sería suficiente para la deuda sobre información, pero nos podría brindar un poco sobre el panorama global del sistema que succiona a las mujeres que no volvemos a ver.
La revisión del Informe de Gobierno nos indica que la palabra “feminicidio” se utiliza una sola vez en la sección de estadísticas nacionales. Otra pequeña alusión a la condición de las mujeres es en el cuadro: “Defunciones por homicidio registradas por causa de defunción según sexo”, en donde se desglosa la cantidad y forma de comisión de los asesinatos, pero sin especificar los casos de feminicidio.
De cualquier manera, aunque no se tome el feminicidio como un problema creciente derivado del machismo institucionalizado, existe el programa “Seguro para madres jefas de familia”, en donde se aprecia una aproximación al problema, no del asesinato de mujeres por el hecho de serlo, sino de niñas y niños en condición de orfandad por el feminicidio de sus madres.
Con datos de la Secretaría del Bienestar, se especifica que, en un acumulado de 2013 a junio de 2019, se han afiliado 7 millones 84 mil 84 jefas de familia. De ellas han fallecido 37 mil 821 y se han beneficiado 69 mil 273 “hijas e hijos en orfandad”, término que utiliza el informe.
No se especifica cuántas madres murieron de forma natural y cuántas de forma violenta. Tampoco cuántos niñas, niños y adolescentes son hijas o hijos de una mujer. Como resultado de este programa se han otorgado becas que van desde 360 pesos a mil 200 pesos mensuales, para un total de recursos ejercidos en ese rubro de 1,517.13 millones de pesos.
Esos números por sí mismos urgen a que tanto el gobierno federal, como las instituciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres dejen de minimizar el feminicidio y otros delitos graves contra las mujeres, como se guardaba antes dentro de las casas.
Ojalá no repitan el estereotipo de que los asuntos de las mujeres se tratan en lo privado, como se ha hecho hasta hoy y nos digan: Si no es al presidente ¿a quién le preguntamos sobre feminicidio?
19/SN
No es secreto que los Derechos Humanos de las mujeres no son prioridad para el gobierno de la cuarta transformación, que incluso cree que la lucha feminista es conservadora. En congruencia con su pensamiento, en su primer informe de Gobierno ignoró a 61 millones de mexicanas. De lo que no se ha percatado es de la imposibilidad de transformar a México sin eliminar la desigualdad de la mitad del país.
En plena era de la paridad, con el mayor número de mujeres en el gabinete y en la vida política mexicana, el énfasis presidencial, fue seguir alimentando la tranquilidad de los sectores empresariales nacionales e internacionales, por ello es que el día de ayer le dedicó casi la mitad de su discurso para hablar de los resultados económicos de sus acciones en estos primeros nueve meses.
Pese, a que reconoció que México vive una grave crisis de Derechos Humanos, heredada de los gobiernos panistas y priistas, dejó sin perfilar la política que su gobierno seguirá en este sentido.
Más allá de mencionar que no se permitirá la violación de los Derechos Humanos, de la importancia de la búsqueda de las personas desaparecidas en nuestro país y el número de personas defensoras y periodistas protegidas; la agenda de Derechos Humanos y especialmente de los derechos de las mujeres es inexistente, por desgracia, en este gobierno.
Casos concretos como Ayotzinapa y Pasta de Conchos, fueron los únicos mencionados. Nada de las nueve mujeres asesinadas cada día en México por el simple hecho de ser mujeres, ni una palabra de cómo erradicará su gobierno la violencia contra 61 millones de mexicanas, tampoco aclaró la situación de los Refugios para las mujeres, sus hijas e hijos y si el próximo año contarán con recursos o no.
Tampoco clarificó el presidente López Obrador, si el recurso que está dando a las familias en lugar de las estancias infantiles, realmente está siendo utilizado para que las niñas y niños sean cuidados con un programa de desarrollo infantil.
Si no se incluye realmente a la mitad de la población, que somos las mujeres, no hay transformación posible, ni desarrollo de país.
La desigualdad que enfrentan las mujeres es un lastre para cualquier política y proyecto de nación. En México, una tercera parte de los hogares están encabezados por mujeres, quienes enfrentan condiciones graves de pobreza, 32 de cada 100 mujeres vive con un ingreso inferior a la línea de pobreza, ha señalado CONEVAL.
Por ello, habría que cambiar la frase a PRIMERO LAS POBRES. Pues, la pobreza aleja a las mujeres jóvenes de la posibilidad de seguir estudiando, la falta de oportunidades para el desarrollo personal de las adolescentes y el incremento de embarazos a temprana edad, les impide concluir sus estudios y por lo tanto los empleos a los que pueden aspirar son precarios y deficientes.
Más allá de la Guardia Nacional que es en sí mismo un contrasentido, si no se quiere usar la violencia para acabar con la violencia. Sí realmente se quiere pacificar a este país, hay que empezar a desterrar la normalización de la violencia más antigua, hablo de la que se ejerce para someter a las mujeres y las niñas.
Construir un país de paz, donde la ciudadanía sea feliz, feliz, implica poner en el centro de la política a las personas, reconociendo su diversidad y las condiciones de desigualdad que enfrentan para poder transformarla.
Al margen de la ley NADA, por encima de la ley NADIE, reiteró ayer el presidente, si esta es su convicción, la igualdad para mujeres y niñas y la protección de sus Derechos Humanos que marca la Constitución, así como diversas leyes secundarias y tratados internacionales firmados por México tienen que contar ya con una ruta definida para hacerlas realidad.
Ignorar la discriminación y la desigualdad que viven las mujeres en México, traerá como resultado que la transformación que tanto se pregona y que el actual presidente prometió, se vea limitada e incompleta en sus alcances.
19/LL/HZM
Hermosillo, son. A diez años del incendio de la Guardería ABC, en Sonora, madres y padres afectados por el siniestro en la guardería donde sus hijas e hijos murieron mientras se encontraban para ser cuidados, han cambiado.
Atrás quedaron aquellos confiados e ingenuos seres que, en cada invitación, en cada reunión, ceremonia o fecha crítica, veían la posibilidad de que al fin sus pequeños fueran honrados con el acceso a la justicia.
Se nota en sus gestos, en su semblante, en sus palabras, en su impaciencia por que quien los cite para el “seguimiento” al caso, les diga para qué les convocó.
De aquellos disciplinados padres que se quedaban sentados frente a la autoridad para escuchar hasta su última palabra, o su más reciente oferta, no queda nada.
Y es que en diez años han conocido a tres presidentes de la República, todos emanados de distintos partidos políticos. Alguna voz disidente se atrevió a gritarle a un presidente y fue criticada, porque la mayoría siempre conservaba la esperanza en los gobiernos.
Los tres presidentes han hablado con ellos, los han reunido, les han enviado comisiones de avanzadas para prepararlos para su presencia y buscar que el encuentro sea lo más terso posible.
Pero los padres ya no son los mismos. Ahora tienen los ojos abiertos. Sus oídos ya no escuchan solo lo que quieren, sino lo que realmente se está exponiendo.
Más aún, ahora lo analizan, no confían ciegamente en sus abogados, que siempre fueron quienes guiaron los encuentros con las autoridades indicándoles lo que tenían qué hacer, qué decir.
Ahora saben hasta dónde la participación de sus representantes jurídicos es benéfica y en qué parte son ellos mismos quienes deben actuar e incidir.
Y no es que estuvieran hechos con un molde, pues siempre hubo manifestaciones de inconformidad por algunas madres y padres, pero lo usual y general era que aceptaran las reglas de los presidentes en cuanto a modo y forma para los encuentros.
El próximo lunes 2 de septiembre se reunirán por primera vez en Hermosillo con el presidente López Obrador. Como preámbulo, este jueves tendrían una reunión con Alejandro Encinas y el director del IMSS, entre otros.
Pero Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, no acudió al encuentro que tendrían en Hermosillo, aunque es el funcionario de más alto nivel que estaría presente.
Un error de tacto que puede costar que los ánimos suban de tono para la reunión entre madres y padres ABC con el presidente de la República el próximo lunes.
El nuevo gobierno federal no evaluó el cambio que han experimentados estas mujeres y hombres que han utilizado el tiempo a su favor y ahora son más conscientes de las violaciones graves a los derechos humanos de que fueron víctimas sus niñas y niños, y ellos mismos.
Esa inasistencia por la razón que sea, más la imposición de una agenda de trabajo, más la ausencia de respuestas a las preguntas demandantes de las y los afectados, provocó que, por segunda ocasión, la primera fue en Palacio Nacional con el propio presidente, un grupo de madres y padres del caso ABC abandonaran la reunión a manera de exigencia de seriedad y demanda de respeto.
Y es que aquellos seres que deambulaban movidos por el dolor, se han transformado en unos activistas con un solo objetivo: Obtener justicia por lo que consideran el asesinato de sus hijas e hijos por el contubernio y corrupción entre los poderes político y económico.
Ese panorama que prevalecía en México relacionado al cuidado infantil, derivó en un desorden generalizado en las estancias infantiles subrogadas del IMSS.
Algunos padres y madres incluso han cursado la carrera de Derecho para prepararse en el seguimiento al cumplimiento a la promesa que hicieron a sus pequeños de no ceder en el intento de justicia por el mayor crimen cometido contra la niñez mexicana.
Las y los afectados han crecido como ciudadanos, como seres empoderados a través de la conciencia sobre sus derechos. Les molesta entre otros, el llamado enfoque “igualitario” que quiere dar el IMSS a todas y todos los afectados. “No sé cómo se pueda igualar una vida que se perdió, a una persona que está lesionada”, reflexiona un padre.
Y es que ellas y ellos ya saben a qué tienen o no derecho. Conocen los alcances de lo que pasó y lo que por derecho les corresponde. Luego entonces no es fácil mantenerlos en una reunión, como niños que siguen al maestro en un aula de clases.
Sus exigencias ahora van como víctimas indirectas, además de como representantes de las víctimas directas, pero también como ciudadanos que exigen sus derechos en todos sentidos.
El nombramiento de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos, y su comisión para atender el Caso ABC fue un respiro y un hálito de esperanza.
Pero su inasistencia ayer en Hermosillo, vuelve a poner en guardia a quienes alguna vez confiaron en los gobiernos, pero que ahora saben que sólo son un vehículo para obtener la anhelada justicia.
Sus rostros reflejan que están hartos. Sus palabras son contundentes cuando paran los discursos y acciones de imposición. Y aunque algunos consideran que ha habido avances, la mayoría no.
Ya solo quieren respuestas claras, acciones concretas, saben hasta dónde puede actuar el gobierno federal, e identifican las omisiones inmediatamente. Ya no les gusta perder el tiempo, y se nota.
El acercamiento con madres y padres ABC ha sido tardío por parte de la nueva administración del gobierno federal. Y aunque la expectativa era muy alta, pues sería el primer gobierno no involucrado directamente con el negocio de las estancias infantiles, les está quedando a deber.
El gobierno federal no puede per sé impartir justicia, pero sí puede empujar acciones hacia ese objetivo. La estrategia no debería ser la misma que la de los dos gobiernos anteriores, que le apostaron a entretener a las madres y padres afectados con promesas y algunas acciones.
No es el mismo gobierno, las madres y padres ABC tampoco, ahora están hartos de promesas.
19/SNE