• "EN EL CASO DE LA VIOLENCIA EN GENERAL

    Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

    NO HEMOS ADVERTIDO UN INCREMENTO"

  • “SÍ, SÍ, SÍ EXISTE EL MACHISMO,

    PERO TAMBIÉN EXISTE MUCHA  FRATERNIDAD FAMILIAR"

  • COVID -19: MÁS VIOLENCIA FEMINICIDA,

    NINGUNA ESTRATEGIA QUE LA FRENE

AMLO

COVID-19: MÁS VIOLENCIA FEMINICIDA, NINGUNA ESTRATEGIA QUE LA FRENE

 

 

En nueve meses de confinamiento por la COVID-19, el Estado mexicano no ha delineado una estrategia nacional para evitar la violencia contra las mujeres, por el contrario, persiste en negar el aumento que las cifras oficiales demuestran: sólo en abril, el mes de mayor confinamiento, cada hora hubo un promedio de 30 llamadas de auxilo por violencia de género, todas procedentes, y este 2020 cierra con 11 mujeres asesinadas cada día, la mayor cifra registrada en el reciente lustro.

 

 



AMLO

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Ciudad de México. Cimacnoticias se dio a la tarea de investigar durante estos nueve meses de confinamiento si existe una estrategia del gobierno federal para atender y evitar que la violencia contra las mujeres aumente como consecuencia del confinamiento durante la pandemia. Hoy, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presentamos este trabajo que reúne información obtenida vía transparencia, de informes y de entrevistas con funcionarias y organizaciones civiles.

La COVID-19 llegó a México en un momento de tensión entre el movimiento feminista y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se le exigÍa incluir en su agenda política los derechos de las mujeres. La protesta histórica del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en donde miles de mujeres salieron a las calles en diversos estados del país, sería una prueba de este descontento social y del hartazgo acumulado por años de casos de feminicidio que han quedado en la impunidad. En los últimos cinco años las muertes violentas de mujeres pasaron de cinco a 11 diarias, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Cuando se confirmó el 28 de febrero el primer caso de coronavirus en México, los organismos internacionales ya habían advirtido a los Estados --con la evidencia de epidemias previas-- sobre el posible incremento de la violencia contra las mujeres por el confinamiento, por lo que pidieron incorporar la perspectiva de género en las medidas de mitigación de la COVID-19 y reforzar acciones para prevenir y atender la violencia de género. 

Sin embargo, la pandemia sorprendió al gobierno de López Obrador sin la publicación oficial del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (Proigualdad) y el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que son las dos grandes hojas de ruta para que el resto de las dependencias trabajen en la política nacional sobre ambos temas. Aunque ya fueron elaborados y dictaminados, este 25 de noviembre estos programas rectores aún permanecen detenidos en Presidencia sin que se explique la razón, de acuerdo con información obtenida vía transparencia. 

Pese a esta ausencia, en marzo pasado el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró en conferencia matutina que el gobierno ya tenía un plan para atender los impactos diferenciados de la pandemia en la vida de las mujeres, pero “no me corresponde a mí detallarlo”, dijo, sino al Consejo General de Salubridad. No obstante, al buscar este plan, el personal de comunicación de la Secretaría de Salud y dicho Consejo aseguraron desconocer a qué se refirió el canciller.

 

 


 

 

Se encontró también que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) no participaban de ninguna forma en el Consejo de Salubridad, sino que tendrían que construir sus propios espacios para planear una estrategia ante el nuevo contexto por la COVID-19. Fue hasta un mes después de instalada la pandemia en México y luego del señalamiento de los grupos feministas, que el gobierno federal reaccionó y declaró los Refugios y los Centros de Atención para mujeres víctimas de violencia, como actividades esenciales que no podían parar durante la pandemia. 

También publicó en el sitio oficial de la COVID-19 una pestaña llamada “acciones con perspectiva de género” (que conduce a la página del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva), y convocó a las funcionarias del Inmujeres y la Conavim a participar en un par de conferencias vespertinas de la Secretaría de Salud. Éstas fueron, hasta ahora, las únicas acciones del gobierno federal para “atender” la violencia contra las mujeres; lo que vino después fueron recortes al presupuesto para las mujeres y la negación del incremento de la violencia.

 

 



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AUMENTO DE LLAMADAS, PRIMER AVISO

Las alertas se hicieron realidad los primeros meses de la pandemia, cuando el número de llamadas de emergencia al 911 exclusivamente por violencia contra las mujeres se disparó al pasar de 16 mil 289 llamadas en marzo de 2019 a 26 mil 171 en marzo de 2020. Ese mes registró el mayor número de llamadas en lo que va del año. 

Cuando se revelaron estos datos, López Obrador los negó. Dijo que la mayoría de las llamadas al 911 por violencia familiar eran “falsas” y aseguró que en México las familias eran “fraternas”. La negación de la violencia se convirtió en la narrativa oficial. El mismo mes de marzo, la propia titular de la Conavim, entonces Candelaria Ochoca Ávalos, dijo a Cimacnoticias que “paradójicamente” no existía registro de que la violencia contra las mujeres estuviera en aumento por el confinamiento.

 

María Candelaria Ochoa Ávalos, extitular de la CONAVIM. 

 

 

“No creemos que el COVID sea el espacio por el que se genere la violencia ahora que estén juntas (las familias), sino que tendríamos que revisar los nuevos acuerdos familiares, hacer cosas en común o en colectivo que nunca hacemos porque no tenemos tiempo, como comer en familia, jugar en familia, que eso nunca se hace porque no se tiene tiempo”, agregó. Al buscar un sustento de las declaraciones del presidente sobre la falsedad de las llamadas, encontramos que no había tal. En las recibidas al 911 por violencia contra las mujeres, la o el operador recibió suficiente información de la víctima para clasificarla como violencia familiar y en ese momento el total de las llamadas de emergencia aún no se analizaban como para afirmar cuántas eran falsas, de acuerdo con lo que explicó entonces en entrevista con Cimacnoticias, el titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del SESNSP, Luis García López Guerrero.

 

 Luis García López Guerrero, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del SESNSP. 

 

 

Otra instancia que contradijo las declaraciones del presidente fue el Inmujeres, quien informó vía transparencia que de enero a abril de 2020 se recibieron 403 mil 130 llamadas procedentes o “reales” por emergencias relacionadas con violencia contra la mujer, abuso sexual, violación y acoso u hostigamiento. El gobierno terminó por admitir el aumento de las llamadas al 911 por violencia contra las mujeres pero afirmó que esto era consecuencia de una exitosa campaña de difusión. La campaña al respecto más visible (por polémica) fue la llamada en medios “Cuenta hasta 10”, que presentó el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Ésta fue modificada por las críticas que generó al representar a las mujeres como ejecutoras de la violencia. A cinco meses de su lanzamiento oficial, la campaña dejó de difundirse y la Oficina de Presidencia y la Secretaría de Gobernación (Segob) respondieron, vía transparencia, que desconocen cuánto costó, quién la elaboró y sus resultados. 


Llamadas

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LA VIOLENCIA CRECE

Ante la ausencia de una estrategia de Estado, quienes han atendido directamente a las víctimas de la violencia son las organizaciones de mujeres. De marzo a septiembre, la Red Nacional de Refugios (RNR), conformada por 69 espacios a lo largo del país, tuvo un aumento del 51 por ciento, en comparación con 2019, en el número personas atendidas; 2 de cada 10 mujeres que solicitaron apoyo, ya habían acudido con anterioridad a otra instancia sin recibir la ayuda esperada.  

Su directora, Wendy Figueroa Morales, explicó en entrevista con esta agencia, que en marzo cuando inició la jornada de “Sana Distancia”, las mujeres advertían las actitudes violentas de sus agresores, preparaban planes de escape de sus hogares o estrategias para disminuir la violencia. En abril, ya eran llamadas de auxilio.  

En años anteriores la Red de Refugios realizaba en promedio 12 rescates anuales, es decir, ante el inminente riesgo de violencia feminicida ayudaban a las mujeres, y en su caso, hijos e hijas a salir de sus hogares para salvaguardar su vida en un refugio. Sólo en ocho meses de pandemia (marzo a octubre) se han triplicado los rescates con 37 casos.



Atenciones Refugios

 

De mayo a junio, al igual que las cifras oficiales, en la Red recibieron menos llamadas porque las víctimas se encontraban incomunicadas por sus agresores, así lo prueban las peticiones de ayuda que en ese periodo provinieron principalmente de los hijos e hijas, sus maestras y vecinas. Entrada la “nueva normalidad”, se experimentó un repunte en la demanda de atenciones.  

En todos los casos de mujeres que ingresaron a un Refugio de la Red, los agresores pertenecen al ámbito familiar; 70 por ciento eran sus parejas, el resto, un varón de la familia (abuelos, tíos y cuñados). .

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LOS RECURSOS BAJAN

Con las posibilidades laborales reducidas en el contexto de la pandemia, las mujeres víctimas de violencia han tenido que alargar sus estadías en los Refugios, y empiezan a registrarse contagios de COVID-19 dentro de las instalaciones. Sin embargo, el Estado no ha proveído de más recursos a estos centros, por el contrario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) retrasó hasta abril la entrega de fondos públicos.  

Se recortó también el presupuesto para otras instancias que atienden la violencia contra las mujeres como las Casas de la Mujer Indígena y Afromexicana (Cami), a quienes por la austeridad republicana que declaró el presidente López Obrador, se quitó la mitad de su financiamiento público. El Inmujeres también sufrió un recorte del 70 por ciento en su recurso operativo; y se suspendió la entrega de subsidios para siete entidades con Alerta de Violencia de Género (AVG).  

La Cámara de Diputados no ha logrado llamar a comparecencia al titular de la SHCP, Arturo Herrera Gutiérrez, para que explique los recortes al presupuesto para la igualdad, únicamente en agosto concretaron una reunión en la que negó cualquier ajuste. En tanto, las mujeres del gabinete del presidente han respaldado sus decisiones a los recortes presupuestarios, hay que “hacer más con menos”, defienden.  

Por su parte, los Centros de Justicia para las mujeres —estos sí a cargo directamente de la Conavim— han limitado sus servicios de atención durante la pandemia por reducción de horarios, ausencia de personal, condicionamiento de servicios para víctimas de ciertos delitos y falta de medidas de bioseguridad para evitar contagios durante la atención, de acuerdo con lo que constataron las organizaciones Equis Justicia para las Mujeres y el Observatorio Ciudadano de los CEJUM en su informe “Violencia en espera de atención”.  

Esta parálisis en los Centros de Justicia y en los Ministerios Públicos, más el miedo de las mujeres al contagio, se refleja en la disminución a partir de abril y hasta el cierre de mayo de las carpetas de investigación iniciadas por casi todos los delitos (menos de homicidio porque se investiga de oficio). No obstante, los datos demuestran que, en el caso de carpetas de investigación por denuncias vinculadas con delitos contra la familia y las mujeres, volvieron a repuntar tras el inicio de la llamada “nueva normalidad”, al pasar (en cifras cerradas) de 16 mil en mayo a 21 mil en junio y hasta 23 mil 600 en septiembre, la mayor cifra de 2020.

Victimas Mujeres

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PERSISTE NEGACIÓN

Por esta realidad y pese a la pandemia, las protestas sociales feministas se han mantenido en las calles con plantones de familiares de víctimas afuera de Palacio Nacional, la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y manifestaciones públicas en todo el país, las cuales han sido reprimidas cada vez con más fuerza por las autoridades estatales.  

En un intento de contener estas críticas, la Segob creó en febrero pasado un Grupo Interinstitucional de Estrategias contra las Violencias hacia las Mujeres, Niñas y Adolescentes (GIEV), quien --tras el inicio de la pandemia-- organiza mes con mes una conferencia de prensa.  

Hasta ahora, el GIEV nunca ha presentado una estrategia conjunta con acciones articuladas para atender a las víctimas de violencia durante las distintas fases de la pandemia. Las funciones de este grupo se concentran en reportar números de las atenciones brindadas en los Refugios y las instancias para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas, las reuniones con algunas familiares de víctimas de feminicidio y desaparición, y otras políticas de créditos para la autonomía económica de mujeres en situación violencia y constructoras de paz en las localidades. Estas conferencias también se han utilizado como tribuna para respaldar las declaraciones del presidente y, en meses recientes, para montar una narrativa de señalamiento y descalificación contra las acciones de algunos grupos del movimiento feminista.  

Por su parte, el pasado 13 de noviembre, la Conavim y el Inmujeres admitieron finalmente durante un foro sobre cómo fortalecer la política nacional de igualdad durante la COVID-19 y después de ella, la falta de coordinación estatal para la atención de la violencia durante estos nueve meses de pandemia, pero aseguraron que hubo buenas prácticas de su parte, como reconocer que el aislamiento podría poner a las mujeres en mayor condición de vulnerabilidad, etiquetar recursos para Refugios y Centros de Atención Externa, fortalecer el 911 y determinar los refugios como esenciales.  

Pero estas acciones y lo que informa el GIEV cada mes, no corresponden con lo que sería una estrategia nacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres sino que se trata de meros discursos y a veces mentiras, de acuerdo con el análisis de la doctora en Derecho, Patricia Olamendi Torres, quien de 2011 a 2013 fue Coordinadora del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará”, de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  

“Nunca nadie ha conocido en los dos años de gobierno ni un mínimo programa contra la violencia. El gobierno no ha sido capaz de presentar dos hojas que digan ‘vamos a hacer esto durante la administración de López Obrador’, ya ni siquiera de la pandemia. Es una pena que no exista una persona en la administración pública que pueda sentarse a escribir dos o tres acciones. El tema de la igualdad no es un tema en la agenda del presidente”, observó Olamendi.  

De acuerdo con la también consultora internacional para ONU Mujeres, el hecho de que el Estado mexicano aún no haya perfilado un plan articulado para prevenir la violencia contra las mujeres durante la pandemia traerá al menos tres grandes consecuencias. La primera de ellas es que, además del aumento de la violencia, el año que viene será de grandes retrocesos en los derechos de las mujeres ya ganados en ámbitos estructurales, como el acceso a la educación de las niñas, al trabajo y a la salud de las mujeres.  

La segunda, es que estas omisiones ya están siendo escrutadas por los mecanismos internacionales, por lo que México podría acumular más sentencias condenatorias del Sistema de Justicia Internacional, como la de Campo Algodonero. Por ejemplo, el comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) generalmente pide a los Estados presentar informes de cumplimiento cada cuatro años, pero México exclusivamente tiene que hacerlo cada dos años por la situación tan grave de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres que hay en el país.  

La tercera, será la calificación que den las propias mexicanas al gobierno en turno, ya que “ninguna está contenta con lo que pasa en el país. No creo que nadie pueda decir que el gobierno está haciendo algo bueno cuando se dedica a ofendernos, calificarnos, señalarnos y culparnos”, agregó.  

A nueve meses de iniciada la pandemia en México no hay documentos oficiales que comprueben la existencia de un plan con perspectiva de género para contener la violencia contra las mujeres, como aseguró inicialmente Marcelo Ebrard. Al cierre de esta edición, sólo la Oficina de Presidencia y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respondieron las solicitudes de información al respecto. Ambas dependencias declararon no tener competencia en el tema.  

A esto se suma que con las cifras oficiales de violencia cuesta arriba, prevalece la narrativa gubernamental de negarla. “Los datos de las instituciones encargadas de atender la violencia contra las mujeres hasta el momento no reportan de manera concluyente un aumento de este tipo de incidentes” dijo tajante en septiembre pasado el GIEV.  

Aunque la obligación del gobierno es prevenir y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo revelan que este 2020 pandémico podría cerrar como el año con más víctimas mujeres de homicidio dolosos y feminicidio en un lustro, al registrar 2 mil 874 de enero a septiembre, lo que representa 0.3 por ciento más víctimas que en el mismo periodo de 2019 y 86.6 por ciento más que en el de 2015.  

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Víctimas mujeres de muertes violentas. 2019-2020

Muertes violentas

  •  20151,540mil
  • 20162,090mil
  • 20172,448mil
  • 20182,727mil

  • 20192865mil

  • 20202874mil

  • Las llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres también se mantienen a la alza, de enero a septiembre de 2020 se cerró con 199 mil 974 llamadas, un 42.3 por ciento más respecto al mismo periodo del año anterior.  





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