María Esther Aguilar Cansimbe
primera periodista michoacana desaparecida
Por Lizbeth Ortiz Acevedo
¿De cuántas formas un Estado feminicida puede desaparecer a una mujer periodista en un territorio bajo la necropolítica?
El 11 de noviembre de 2009, María Esther Aguilar Cansimbe, periodista especializada en la cobertura de nota roja en Zamora, Michoacán, desapareció. Desde entonces no se tiene información de su paradero.
Según relatos de personas cercanas a ella en el ámbito laboral, ese día la periodista recibió una llamada telefónica. Era temprano, daba el desayuno a sus hijas: “Empiyamada y apresurada” salió, dejó su casa. Desde entonces, el Estado mexicano de la necropolítica la ha desaparecido tantas veces como ha sido posible.
Sus múltiples desapariciones
De María Esther, han ocultado todo rastro de labor periodística: los enlaces electrónicos a sus notas de prensa son inaccesibles, no se puede conocer a fondo su trabajo. Por tanto, el registro de su labor es poco visible; los textos de los periódicos donde colaboró se perdieron.
A María Esther también la desaparecieron de la verdad y justicia. El expediente de su investigación está estancado, perdido, esto de acuerdo con información emitida por el colectivo Ni Uno Más, tras la reunión que sostuvieron el 4 de mayo de este año con el fiscal estatal, Adrián López Solís. En el encuentro se evidenciaron serias deficiencias en el avance de las investigaciones: incluso 12 años después de la desaparición y denuncia pertinente, aún no se contaba con la clasificación de delito.
¿Cómo se traduce la vida y el ejercicio periodístico de una mujer en uno de los actuales corredores de la muerte en México? Esta zona de Michoacán operada exclusivamente bajo la ley de grupos delincuenciales que ejercen libremente su violencia, no solo a través del mercado de sustancias prohibidas, sino por la ruptura del tejido social de la otra empresa que les genera altos dividendos: el terror y dolor infligidos contra la vida y cuerpos de las personas. Uno de sus capitales más redituables.
Fue una mujer periodista quien encabezó la lista de personas desaparecidas en esa zona dominada bajo la necropolítica.
Patricia Monreal, reportera de Michoacán quien además tutela acciones particulares de resistencia ante la desaparición y el asesinato de periodistas en la región coincide en que los casos como el de María Esther –que ya tienen más de una década– han perdido fuerza en parte por la desatención del propio gremio porque, a pesar de lo sucedido con Aguilar Cansimbe, esto “no fue un detonante para la movilización”.
No obstante, el caso de María Esther y otros periodistas desaparecidos les hizo entender de forma violenta lo que sucedía en Michoacán, pero Monreal considera que en ese entonces “no había la voluntad del gremio para salir y exigir”. La periodista confirma que el caso de María Esther es uno de los que dolorosamente dejó un legado para saber cómo reaccionar.
Sin duda, las especulaciones han sido parte de las versiones que rodean la información sobre su desaparición. Todas las personas entrevistadas para esta investigación coinciden: esto fue un tema de la delincuencia organizada que opera en la región de Zamora, Michoacán y el compromiso del trabajo periodístico de María Esther para cubrir la fuente policiaca en la misma zona.
¿Quién era María Esther?
La narrativa que intente describir a una persona que sigue en calidad de desaparecida exige un ejercicio profundo, engarzado entre la ética y el dolor por la historia que no puede soslayar en ningún momento a su familia.
El caso de María Esther se ha convertido en un ejemplo emblemático de la violación de derechos humanos, al ser la primera mujer periodista desaparecida de Michoacán, aunque no la única. Sin ser fortuito, su caso está profundamente enterrado entre las averiguaciones de la policía desde hace 12 años.
En entrevista para Cimacnoticias, Juan Ignacio Salazar –quien fue jefe de María Esther– la describe como una periodista franca, directa, entregada por completo a su trabajo, no conocía de horarios laborales; era alegre, sociable, con una altura de 1.70 m aproximadamente, con cabello largo y negro. Amante de los gatos y perros.
Era originaria de Zamora, Michoacán. De acuerdo con la versión de Salazar, María Esther enfrentó la muerte de su madre cuando aún era una niña y fue criada por su hermana mayor. Al recordarla durante la entrevista, su ex jefe sonríe y menciona que era malhablada, ruda y no dudaba en decirle a quien lo necesitara “que no fuera un cabrón”.
La fuente policiaca era su especialización. Como se sabe, para este tipo de coberturas –reconoce Juan Ignacio– “se requiere de algo especial”, no es igual a los demás géneros periodísticos: “porque se trabaja muy cerca con la actuación policial, la muerte, la comisión de un delito, víctimas, el peligro y con imágenes de alto impacto; todo eso se conjuga en una misma narrativa. La nota roja forma, te sensibiliza como periodista”.
De formación empírica en el periodismo, María Esther comenzó con Juan Ignacio. Lo hizo en el Sol de Zamora para iniciar sus prácticas. Ella tenía 18 años. Le asignaron un fotógrafo y la enviaron a campo para algunas entrevistas con preguntas formuladas.
Salazar dice que vio a una joven con mucho entusiasmo, una mujer muy inteligente, echada para adelante, le gustaba el periodismo y, mucho, la nota roja. A partir de ese momento transcurrieron 12 años para que aconteciera su desaparición.
Una vez aprendido el oficio, María Esther entró a trabajar en la corresponsalía de La Voz de Michoacán y así continuó su carrera en otros medios como El Independiente, El Heraldo y Cambio de Michoacán.
Por su parte, Raúl López Téllez –periodista y quien fue jefe de información de María Esther en Cambio en entrevista también para Cimacnoticias, la describe como una “periodista arriesgada”. Menciona que en sus notas detallaba los acontecimientos, buscaba de los protagonistas de la noticia sus relaciones; así lo hizo incluso durante los años en que comenzaron a experimentar “los acosos más fuertes” por parte de las bandas delincuenciales.
López Téllez confirma que la incorporación de María Esther al periódico Cambio agregó muchos temas sobre inseguridad a la agenda y aportó información de la violencia ejercida por jefes policiacos, trabajos que –se especula– podrían formar parte del móvil de su desaparición, aunque esto aún no ha sido considerado por las autoridades encargadas de su caso.
En tanto, la periodista de larga trayectoria en Michoacán, Patricia Monreal Vázquez, también reconoció en entrevista para Cimacnoticias el valor de María Esther por firmar sus notas, a pesar del riesgo que existía porque “eso es lo único que tiene un periodista: su nombre y su trabajo”.
Michoacán y la necropolítica
Es en Michoacán donde da inicio la mal llamada guerra contra el narcotráfico encabezada por el entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), con el Operativo Conjunto Michoacán. La operación recurrió a un método de confrontación policiaco-militar que no fue inocuo para la población.
Aunque Michoacán ha registrado hechos violentos de forma reciente, como el fusilamiento de 17 personas durante un funeral en San José de Gracia –información que se conoció a través de un video viral en redes sociales–, o el enfrentamiento en un palenque clandestino en Zinapécuaro con saldo de 20 personas asesinadas y varios heridos, lo cierto es que la entidad ha tenido presencia delictiva a lo largo de muchos años.
Incluso antes de la guerra contra el narcotráfico, de acuerdo con información de periodistas de la región, se ha documentado que el estado se volvió tanto productor como territorio para la siembra y trasiego de marihuana, lo cual lo dejó en competencia con el estado de Guerrero en este rubro.
Desde entonces ya operaban grupos delictivos en Uruapan y Turicato, cuyas zonas eran inaccesibles para el ejército.
Un periodista michoacano –cuya identidad será resguardada por razones de seguridad– detalla que la zona de la costa, específicamente Lázaro Cárdenas, antes de la guerra contra el narcotráfico se consideraba como zona de aterrizaje de avionetas en las que traían cargamentos de droga desde Colombia; ya para entonces surgieron los primeros laboratorios en el área de Tepalcatepec, Coalcomán, Aquila, Aguililla y Buenavista Tomatlán, tierra de origen de algunos dirigentes de grupos que operaban en esa zona.
Este mismo periodista reconoce que incluso en Aquila, Tepalcatepec, Coalcomán y Buenavista Tomatlán no hay medios de comunicación porque es imposible ejercer el periodismo en esos lugares, debido a la presencia dominante de los grupos delictivos, ya sea en la calle o los accesos a los poblados.
La guerra contra grupos delincuencias de Calderón potenció lo que supuestamente intentó erradicar. Desde el inicio, el operativo en Michoacán comenzó de forma violenta: se conoce un acto por demás cruento que se suscitó en una discoteca de Uruapan y de ahí, la escalada de violencia fue imparable.
Esta iniciativa fallida no desmanteló la estructura de las organizaciones delictivas en el país, por el contrario, alentó y diversificó sus empresas, incrementó sus ganancias, no se les restaron territorios de operación. Esto trajo consigo devastadores índices de violencia en la población nunca vistos.
Para 2008 seguía en aumento la necropolítica en Michoacán, periodo durante el cual se presentó el primer atentado con granadas de fragmentación arrojadas a la población civil en los festejos masivos por la Independencia de México.
América Juárez Navarro, periodista de Zeta Noticias, ABC de Michoacán y 90 grados, comentó a Cimacnoticias que este hecho ocurrido el 15 de septiembre ha sido de las coberturas periodísticas más complicadas a las que se ha enfrentado, especialmente al acercarse a las familias que atravesaban un profundo dolor ante lo que ella califica “acto terrorista”.
No obstante, otros dos temas la han conmovido: las madres de personas desaparecidas y de víctimas de feminicidio, pues ha constatado que son las mujeres quienes siguen la resistencia.
La desaparición de María Esther se dio en medio de esta guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón. Y aunque pareciera que tuvo un cese en 2019 tras el arribo a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, las y los diversos entrevistados que conformaron esta investigación aseguraron que ese conflicto armado interno no se ha detenido ni mucho menos ha disminuido, por el contrario: se ha expandido en ese territorio. Está fuera de control.
Patricia Monreal describe la sensación con la que vivía en ese momento en Michoacán. En entrevista comenta que a partir del 2006 “el vivir diario cambió”, la complicidad que tenían con los espacios públicos terminó, comenzaron a sentirlos ajenos por inseguros, se rompió la pertenencia de los sitios habitados por años. Percibieron que alguien les arrebató esos espacios colectivos construidos, su entorno, su ciudad.
Monreal equipara sus vivencias con la historia de algunos libros donde veía tanques militares que desalojaban la universidad michoacana en 1966, pero nunca imaginó que presenciiaria en sus calles vehículos blindados de combate, justo en el mismo lugar que ella habitaba.
No imaginó que algún día vería esos aparatos de guerra ni mucho menos que cubriría los hechos que esto traería consigo. En el sentido de las coberturas, no había ninguna referencia de cómo llevarlas a cabo. A pesar de que los grupos delictivos estaban presentes en Michoacán desde tiempo atrás, los niveles de violencia se habían incrementado estrepitosamente.
Para la periodista, el punto de quiebre fue en 2006, durante la gubernatura de Lázaro Cárdenas Batel, cuando se dio a conocer que en una discoteca de Uruapan delincuentes habían arrojado bolsas con partes de cuerpos humanos. A partir de ese momento, tuvieron que asumir como gremio periodístico que “otra realidad era la que se iba a dar”.
El caos y la incertidumbre fueron la constante. En ese marco, las y los periodistas tuvieron que aprender a realizar ese tipo de coberturas, generar mecanismos de autocuidado, buscar capacitación y “aprender a no morir en las coberturas”, recuerda Monreal.
Por ejemplo, rememora el caso de una de sus compañeras en Apatzingán. La reportera cubría un evento y vivió un fuego cruzado entre grupos delictivos. Asestó a refugiarse donde pudo: un cajero de banco. Se puso en mayor riesgo por los cristales, pero en ese entonces no sabían cómo reaccionar. Por tanto, han adquirido conocimientos que les salvaguarden porque los mecanismos oficiales no tienen mayor efectividad, asegura Patricia.
El periodista Juan Ignacio Salazar coincide en lo difícil que es trabajar bajo esta circunstancia para cualquier periodista, “en un estado de guerra permanente, más siendo mujer”. Para él es complejo ver cómo, desde la máxima tribuna de las mañaneras, “una y otra vez te golpean como gremio”. Por ello, cree que esas palabras que salen diariamente desde Palacio Nacional en lo que va desde este sexenio son “lo que nos tiene así, con más muertos”.
Aunque se decretó el cese de la guerra contra el narcotráfico, para Juan Ignacio “no ha cambiado nada”.
Además hace notar que, en parte, la sociedad “desprecia a los periodistas”, no les otorga el valor que deberían tener y esto se refleja en la disminución de la compra de periódicos.
Por su parte, el también periodista Raúl López Téllez recuerda que el periódico Cambio no tenía sección policiaca porque no les interesaba una cobertura bajo los parámetros “amarillistas, escandalosos”. Pero cuando surgió el conflicto armado interno de Michoacán y los grupos delictivos se diversificaron, ese periódico “fue el que retrató con más fidelidad la situación”.
Les interesó la documentación de las implicaciones que tendría esa violencia en la sociedad, además de los tipos de delitos que se incrementaron en ciertas áreas –como la extorsión– y asumieron la responsabilidad de retratar sus efectos sociales.
Se comenzó a hablar de las víctimas indirectas: la sociedad, pues –argumenta López Téllez– se tenía registro de balaceras donde murieron niñas y niños. Entonces comenzaron a retratar que el modelo de violencia donde únicamente las bandas delincuenciales se hacían daño entre ellas había quedado atrás, ahora tomaban las calles sin importarles el efecto sobre las y los demás.
El ejercicio periodístico de las mujeres
Patricia Monreal considera abiertamente que las mujeres periodistas en Michoacán han tenido un desempeño diferenciado en el gremio. Reflexiona –a partir del incremento de violencia en el estado que son quienes han asumido la cobertura al amplificar la voz de las víctimas; de forma mayoritaria, son y han sido ellas las que actúan como el altavoz para que las personas víctimas sean escuchadas.
A partir de las detonaciones de granadas expansivas en 2008, ella y otra compañera periodista asumieron el acompañamiento de las víctimas de esos hechos violentos. Trascendieron de entrevistar como periodistas a acompañar: iban con las personas a gestiones, a sentirlas y entender lo que les había sucedido.
Lejos de buscar justicia, las víctimas buscaban ser atendidas por el sector salud. Patricia Monreal relata que sus cuerpos estaban llenos de esquirlas y necesitaban atenderse física y psicológicamente. Iban más allá de señalar responsables. Las periodistas aprendieron cómo dar acompañamiento y cómo el ejercicio del periodismo repercutía en cierta medida para que las autoridades reaccionaran frente a lo que se estaba viviendo.
Lo mismo sucede con las víctimas de violencia feminicida. Patricia considera que son las mujeres periodistas quienes resuenan las voces de las familias de víctimas; también trascienden el oficio al darles acompañamiento porque –afirma– “tienen sensibilidad para los casos”.
América Juárez, periodista de Michoacán, comparte que tan solo de enero a mayo de 2022 llevaban contabilizados 100 homicidios dolosos en contra de mujeres en Michoacán. Resalta que el Artículo 120 del Código Penal del estado contempla el feminicidio, pero establece causas muy particulares para acreditarlo, lo que lo limita.
Esto llevó al actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, a enviar una iniciativa de ley que permita ampliar las causales y las penas. Pero lo cierto es que “el concepto de feminicidio en el estado está rebasado por la realidad”, asevera Juárez.
Nos matan de hambre antes de los balazos
Raúl López Téllez asegura que desde que los medios de comunicación entraron en una crisis económica, se provocó el adelgazamiento de las redacciones periodísticas, por ello se expulsó a periodistas importantes. En el caso del Cambio de Michoacán, la crisis del 2015 derivó en la desaparición de su planta histórica.
Además, una constante que enfrenta el gremio son los bajos salarios. López Téllez denuncia que las empresas periodísticas operan con dos reporteros y de sueldo “les dan una miseria y, sobre todo, se aprovechan que son jóvenes, que van empezando”: cobran entre 5 o 6 mil al mes, en modalidad de medio tiempo, pero en la realidad laboran todo el día.
Por ejemplo, la periodista michoacana América Juárez denuncia que luego de tener a su bebé y volver a su empleo, fue despedida y la persona que lo hizo intentó cerrarle la puerta en otros medios con la finalidad de que no pudiera colocarse laboralmente. Este ex jefe nunca le otorgó prestaciones. No obstante, ella eventualmente se volvió a emplear como reportera.
López Téllez apunta también la ausencia de prestaciones laborales: “No tenemos seguridad social”. La pandemia por COVID-19 acrecentó la carencia de protocolos, ya no digamos sanitarios, sino humanitarios, indica el reportero. Como periodistas, “estamos muy solos”.
Por su parte, América Juárez reconoce que los medios de comunicación, como empresa, “no van a responder por ti”. Si la violencia te lleva al desplazamiento y acudes al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y logras salir de tu país, quedas en el olvido. Por eso, para ella “no se puede ser periodista sin ser activista”.
Menciona que el riesgo es más elevando en periodistas de las regiones de Michoacán. El asesinato de los periodistas Armando Linares y Roberto Toledo, ambos de Monitor Michoacán, generó en automático el cierre de ese medio; varias personas incluso debieron salir del estado por las condiciones de inseguridad.
Juárez hace un análisis importante al evidenciar también a los dueños de las empresas periodísticas, quienes tienen en estas condiciones precarias a sus trabajadoras y trabajadores. Además, nadie habla del tema por temor a una sanción y se les vete de otros medios.
Pero lo cierto –afirma tajante– es que a los periodistas “primero nos matan de hambre, antes que a balazos”.
La desaparición
-El antecedente
Tiempo antes de su desaparición, María Esther Aguilar Cansimbe confesó a un amigo periodista que había sido convocada a la entonces Procuraduría Estatal para cubrir un evento. En el sito, un comandante les presentó a “un empresario” y les dijo que ese personaje organizaría una rueda de prensa una semana después. Aseguran que al evento acudió toda la fuente policiaca y algunos jefes de información.
En la supuesta conferencia de prensa les dieron una encerrona. El supuesto empresario se presentó ante ellos y les dijo que era el nuevo dirigente del grupo delictivo dominante: él sería el filtro para la información publicada a partir de ese momento. También les entregó dinero a algunos periodistas. María Esther lo rechazó, tenía miedo, pero quería seguir su propia línea editorial y no ceñirse a ningún grupo delictivo. Ella marcó su distancia y no quiso involucrarse.
Pasados los meses luego de la encerrona, una persona le notificó a María Esther que el entonces dirigente estaba molesto con ella porque publicaba sin su aprobación; pero ella siguió cubriendo hechos violentos ocurridos en Zamora.
Al parecer, existió una traición por parte de un periodista en el mismo gremio: alguien cobraba dinero del grupo delictivo a nombre de María Esther sin que ella su supiera. Esta acción la interpretaría ese grupo delictivo como un acuerdo tácito de mordaza que María Esther nunca consintió– . Para ellos, ella “no estaba cumpliendo”.
La traicionaban.
Una persona cercana a María Esther sabía el nombre de la persona que recibía el dinero y se hacía pasar por ella, pero se omite la información para esta entrevista por cuestiones evidentes de seguridad.
Por tanto, luego de presentarse la supuesta ruptura del pacto, el grupo delictivo mandó un emisario con María Esther. Primero la citaron en Zamora, luego en Tangancícuaro, un municipio cercano; llegó a la cañada de los 11 pueblos, en una comunidad de Chilchota. El encuentro pudo darse finalmente en Ichán. La periodista subió al vehículo del jefe delictivo y le aclaró la situación, pero la advertencia para que evitara ciertas notas se mantuvo.
A partir de ese momento cesaron las amenazas, pero ella continuó con las publicaciones de hechos violentos en Zamora. María Esther, además, firmaba sus notas.
Patricia Monreal recuerda esa etapa de violencia en Michoacán: en el Cambio de Michoacán aparecían cartelones pegados con amenazas, lo que inhibió al gremio; se generó una nueva política editorial de no firmar las notas o dejar de cubrir completamente algunos temas. Por eso, ella valora aún más la defensa que María Esther hacía de su propio trabajo al firmar las notas periodísticas.
De acuerdo con información que Monreal obtuvo de la hermana de María Esther, se supo que la periodista ya había sufrido amenazas con anterioridad. En el momento de la desaparición, ambas trabajaban en Cambio. Patricia reconoce que, hasta cierto punto, el trabajo de Aguilar Cansimbe desafortunadamente pasaba inadvertido porque ejercía de corresponsal, era más “tras bambalinas”: enviaba sus informaciones y recibía “pagos raquíticos” por cada nota.
No había reconocimiento a la importancia de la labor de corresponsalía, los riesgos ni la precariedad.
-María Esther desaparece
El relato de la desaparición de María Esther para este texto se construyó a partir de versiones de las personas cercanas a ella en el área laboral. Las investigaciones no han avanzado en 12 años, por tanto, el esfuerzo de esta narrativa será el conjunto de las entrevistas realizadas en campo.
El 11 de noviembre de 2009, María Esther Aguilar Cansimbe desapareció. Estaba en su casa, ubicada en el conjunto habitacional Progreso Nacional en Zamora, Michoacán. Muy cerca de su hogar había un evento de protección civil; se sabe que “alguien” le llamó por teléfono para conocer si acudiría a cubrirlo.
También se conoce que salió en pantuflas y piyama; dejó a sus dos hijas a quienes les servía el desayuno. Versiones afirman que se la llevaron personas que estaban en el evento próximo a su casa. Se dice que la subieron a una camioneta y que ella llevaba una cámara fotográfica. Se menciona que la llamada que recibió y la hizo salir de casa provino de una institución oficial y que ya se sabía lo que vendría.
Hay quienes aseveran que en ese evento estaba la persona que traicionaba a la periodista al cobrar dinero de los grupos delincuenciales; otros concluyen que nadie vio el momento preciso. Pero todas las versiones coinciden en que una o dos semanas antes de los hechos, María Esther publicó una nota informativa que podría ser el motivo de su desaparición.
La nota implicó el señalamiento de un jefe de policía en Zamora, luego de que cometió un acto delictivo y abuso de autoridad en contra de unos jóvenes. Días después de la publicación, fue destituido de su cargo policial.
Entre las versiones también se hizo referencia a otras notas previas: la detención de dos personas clave en la estructura de uno de los grupos delictivos con mayor poder en la zona y el cateo a un rancho en Tangancícuaro donde detuvieron a familiares de políticos de primera línea en el estado.
Es imposible determinar si alguna de estas notas fue la detonante exacta para que un grupo delictivo decidiera desaparecer a una persona. Imposible determinar la verdad histórica porque las investigaciones están estancadas; todas son versiones, especulaciones.
En mayo del 2022, México superó las 100 mil personas desaparecidas, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Sin embargo, para colectivas y familias este número podría ser mayor, debido a que varios casos no se consideran dentro del registro. Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) contabiliza que, desde 2002 a la fecha, 10 mujeres periodistas están desaparecidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) contabiliza que, desde 2002 a la fecha, 10 mujeres periodistas están desaparecidas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Por su parte, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), consultado por Cimacnoticias, indica que de 1964 al 17 de mayo de 2022 hay un total de 100 mil 027 personas que no volvieron a sus hogares. De esta cifra, 24 mil 771 son mujeres.
De acuerdo con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en su artículo 2, se define la desaparición forzada como el “arresto, la detención, el secuestro o cualquier forma de privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupo de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Los medios de comunicación callaron
¿Qué se dice, qué se hace cuando tu compañera, reportera, corresponsal, empleada, amiga, acaba de desaparecer? ¿Cómo te sacude como dueño del periódico, editor de la sección, camarada? La respuesta fue unánime, al menos desde el periodismo: nada se hizo.
El Diario de Zamora y el Cambio de Michoacán, ambos periódicos para los que trabajaba María Esther, no publicaron información alguna en el momento de su desaparición. Aparentemente, las circunstancias les llevaron a confirmar la noticia hasta una semana después. El tiempo inmediato que es crucial para tomar acciones se perdió ante la decisión editorial de guardar silencio.
Ante el temor del gremio periodístico en Zamora, determinaron dejar de firmar las notas policiacas, pero no hubo ninguna renuncia de periodistas. Un silencio se generó, uno que permanece 12 años después de la desaparición.
Patricia Monreal reconoce que ha faltado profundizar en el caso, asegura que todavía hay resistencia para hablar del tema porque “Zamora está sometida en una espiral particular de violencia”.
Hoy permanecen las resistencias para aportar información, incluso la propia familia de María Esther rechazó participar en el tema de las investigaciones.
Patricia Monreal no se enteró de la desaparición de María Esther en el momento porque se calló la información, hubo un cerco; la Fiscalía también solicitó no hablar del tema para no entorpecer las investigaciones. La también periodista confirma que en Cambio lo aceptaron, no lo hicieron público. Entonces se dejaron pasar momentos cruciales. Faltaba cultura del activismo para saber qué hacer, cómo reaccionar, qué procedía, porque esto “prácticamente pasó de largo”.
En el caso de María Esther hubo traiciones y complicidades delictivas.
¿Qué pasa en Zamora?
En la zona del Bajío de Michoacán hay una importante actividad agropecuaria donde se establecieron empresas trasnacionales como Del Monte, Herdez o Driscoll’s. Esta última enfrenta señalamientos de agricultores por uso irracional de los cuerpos de agua y mantos acuíferos para sus cultivos. La tierra de esa zona es fértil, la mano de obra es barata y se tiene acceso al agua con facilidad.
Aunado a esto, llegó el momento en que se expandió la siembra de frutos rojos para la exportación, además de los cultivos de invernadero. Esto representa una importante pujanza económica para el sector empresarial por las ganancias que reporta la explotación de sus recursos y eso también atrajo a la delincuencia organizada. Hay recursos, dinero y gente para el trabajo.
Es importante señalar que Zamora siempre ha sido una zona disputada por grupos delictivos, es catalogada como una de las ciudades más peligrosas debido al índice de homicidios dolosos que se registran, los secuestros, las extorsiones y el cobro de piso.
Otra situación que enfrenta Zamora es la presencia particular del tráfico y la producción de drogas, es una de las plazas atractivas para permanecer. Por tanto, las denuncias que realizaba María Esther en sus notas periodísticas debieron repercutir contundentemente con las evidencias de la violencia que se vive en la zona.
Un año después de la desaparición de María Esther en Zamora, Ramón Ángeles Zalpa, también colaborador del Cambio de Michoacán, desapareció. Él trabajaba en Paracho, corazón de la meseta purépecha; publicaba información sobre conflictos en comunidades indígenas. Se supo que sus últimos trabajos estaban dedicados a la investigación de bandas de talamontes en la zona de Cherán, comunidad donde lograron un autogobierno en esquemas comunales.
Resistencia de periodistas, el camino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A partir del incremento estrepitoso de violencias en Michoacán –así como de amenazas, desapariciones y homicidios de periodistas–, Patricia Monreal, junto con el colectivo Ni Uno Más, ha desarrollado un movimiento de resistencia para erradicar los actos violentos en contra de su gremio y procurar la justicia para los casos que lo necesitan.
En 2010 se reunieron con el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel (2008-2012) para conocer los avances en las investigaciones que realizaron en los casos registrados hasta ese momento, incluido el de María Esther. Recientemente, el miércoles 4 de mayo, se encontraron con el fiscal general del Estado, Adrián López Solís. En comparación con lo que se les presentó en 2010, acusaron que lo visto “fue escueto”.
Con displicencia increparon: está extraviada la carpeta de investigación. E incluso tiene menores avances que los reportes de hace 10 años. A esto se suma que el caso de María Esther no cuenta con una persona litigante que ejerza su defensa.
En la reunión se les detalló a periodistas que la carpeta de investigación está extraviada entre la Fiscalía regional de Zamora y las autoridades estatales, y “aún no saben de qué va”. Hace 12 años las investigaciones avanzaron más: la carpeta no estaba archivada y se informó sobre las actuaciones judiciales realizadas.
De acuerdo con lo que les comentó la Fiscalía en 2010, la denuncia por la desaparición de María Esther fue presentada por su esposo dos días después, se integró la averiguación 276 2009-3 por la detención ilegal y en ese momento se determinó como secuestro porque no lo habían clasificado como desaparición. Esto, aunque nunca se pidió rescate por ella.
En la reciente reunión con la Fiscalía estatal, se llegó al compromiso de crear un Ministerio Público especializado para dar resolución a los casos del gremio periodístico y concretar alguna detención o actuación. Así, se busca dar revés al estancamiento de los últimos años.
Ahora ya la turnaron en el tema de desaparición. En la mayoría de los casos, la Fiscalía federal no ha atraído los casos; y si los ha atraído, no hay coordinación con la Fiscalía estatal.
América Juárez hace hincapié en la solidaridad de las redes entre mujeres periodistas y no periodistas que se ha vivido en Michoacán. Resalta que son las jóvenes y madres de víctimas de feminicidio quienes encabezan las protestas feministas, son ellas quienes lideran los movimientos, las que están al frente, las que denuncian.
Estos levantamientos se hicieron evidentes en las protestas conmemorativas del 8 de marzo de este 2022, donde la periodista pudo documentar el exceso de la fuerza pública, la criminalización del movimiento. Recordó que tuvieron que correr para huir del gas lacrimógeno que les arrojaron los cuerpos policiacos.
Esta relación sorora y de redes de apoyo entre las mujeres michoacanas –señala Juárez– tuvo un momento importante durante las denuncias públicas realizadas a través del Me Too (Yo También). Aunque no obtuvieron todo lo que esperaban y los agresores denunciados continuaron en el poder, afirma que se movió algo socialmente: la empatía de las compañeras, se afianzó esa solidaridad.
América Juárez asegura que las periodistas han logrado apropiarse del espacio; incluso nota la diferencia de hace 17 años, cuando ella comenzó en el oficio. Asevera que hay más mujeres reporteras, pero aún estamos lejos de los puestos directivos: seguimos sin participación en la toma de decisiones, donde se discuten las líneas editoriales.
América Juárez, junto con Patricia Monreal y otras mujeres periodistas, se han enlazado con contundencia y enfrentan de forma cotidiana agresiones. Las mujeres han logrado cerrar filas para protegerse entre ellas, incluso ante ofensas directas como las que recibieron en alguna ocasión tras exigir puntualidad en un evento. Les señalaron su “impaciencia por ir a hacer tortillas o la comida”.
Ni uno más
Patricia Monreal informó que en el colectivo de periodistas trabajan por “destrabar los casos”. Se han planteado ser reconocidas y reconocidos en el carácter de víctimas indirectas, con la finalidad de dar acompañamiento a través de asesoría legal para las investigaciones y poder presentarse a la denuncia.
Para esta propuesta fueron 80 periodistas, les hicieron pruebas psicológicas y físicas, pero eso también está estancado, aunque saben perfectamente que les dirán que no, porque la Ley General de Víctimas no permite darles el reconocimiento como víctimas indirectas.
En la petición, el colectivo apeló al Código de Procedimientos Penales en su artículo 6. No obstante, su intención es recibir la negativa para escalar legalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se discuta el tema y alcancen el reconocimiento como víctimas indirectas para darles seguimiento a los casos.
¿Por qué ir por el reconocimiento? Patria Monreal apunta que mientras no haya claridad de por qué matan y desaparecen a periodistas ni se determine si es por el ejercicio de la profesión, todo el gremio está en riesgo: “Ese va a ser un camino que vamos a empezar a andar y cristalizarlo, vamos a poder replicarlo en los otros casos porque en el caso de María Esther realmente no hay nada”.
Ni Uno Más tiene el registro de 13 periodistas asesinados y seis desaparecidos de 2006 a la fecha.
Una deuda
Es fundamental visibilizar las desapariciones forzadas de mujeres periodistas en México, darle seguimiento a los casos, considerarlos vigentes y de lesa humanidad para exigir investigaciones que permitan prevenir y erradicar este tipo de violencia.
¿Cuánto tiempo tardará el Estado mexicano, autonombrado “democrático”, en garantizar la localización de María Esther Aguilar Cansimbe, primera mujer periodista desaparecida en Michoacán? ¿Cuánto tiempo tardará en otorgarle el acceso a la verdad y justicia que se le han negado durante 12 años?
Editora: Laura Salgado Benítez
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