Aliadas

Las periodistas comprometidas con los Derechos Humanos de las mujeres somos defensoras y lo hacemos a través del periodismo y de la comunicación. Esa es nuestra herramienta para la defensa: poner los medios para que otras mujeres coloquen sus voces, demandas y logros; y se hace en colectivo. Mujeres organizadas que defienden sus cuerpos y territorios, las que exigen justicia para las víctimas, o por el derecho a una vida digna para todas las personas.

Sin embargo en México esta labor se vive en constante riesgo. Exigir justicia, denunciar la corrupción, evidenciar la invasión y devastación de los territorios, investigar violaciones a Derechos Humanos para mostrar las fallas del Estado y señalar a los responsables, así como cuestionar a las autoridades, es una actividad peligrosa tanto para defensoras como para periodistas toda vez que pone a la luz pública a actores concretos que se benefician de dichas actividades.

El Estado tolera e incluso es permisivo con la violencia hacia periodistas y defensoras, lo que obstaculiza la libertad de expresión que es parte fundamental de una sociedad democrática, por ello la violencia contra la prensa atenta contra la vida democrática.

Las causas de esta violencia derivan de la desigualdad estructural que se vive en todos los espacios para las mujeres quienes viven doble discriminación, en este caso, por ser mujeres y periodistas y/o defensoras. Los impactos de la consumación de esta violencia tienen efectos en su salud, su vida personal y profesional.

Por ello, en este espacio te compartimos la historia de vida de defensoras de Derechos Humanos donde conocerás sus motivaciones, obstáculos y el origen de sus fortalezas, las violencias que han enfrentado y las estrategias para mantenerse de pie pese a los riesgos que enfrentan.

Desde hace dos décadas se incrementó en México la violencia contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, colocándose entre los países más peligrosos para ejercer esta labor, pero también se evidenció la tendencia del sexismo y la misoginia encarnada en las agresiones contra ellas, así como los impactos sobre su salud, sus familias, las agendas públicas y, por supuesto, en el ejercicio de los Derechos Humanos.

La directora general de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, ha señalado en diversas ocasiones que “el sexismo misógino no tolera que las mujeres expresemos nuestro pensamiento libre públicamente, más cuando cuestionamos la práctica del poder político de los hombres, su respuesta al ejercicio de un derecho ha sido la violencia”

En 2012 como parte del 52 periodo de sesiones, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), expresó por primera vez “su profunda preocupación por los riesgos que las mujeres defensoras de derechos humanos y las periodistas enfrentan en el ejercicio de sus actividades profesionales”.

Las periodistas y defensoras desafían los estereotipos patriarcales que desaprueban su participación en la vida pública. Se enfrentan a una situación de violencia que busca silenciarlas.

El ex relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, reconoció que la violencia y discriminación estructural contra las periodistas se basa en una histórica desigualdad de poder y de estigmatización estructural toda vez que a las mujeres se les ha confinado al espacio privado, del hogar y los cuidados, “quienes se dedican al periodismo son atacadas porque hay una intención, manifiesta o inconsciente, de reducirlas a ese papel”.

La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer (2020) Dubravka Šimonović, también se ha pronunciado al respecto en su informe especial. “El hecho de que las periodistas sean objeto de agresiones y abusos refleja pautas más amplias de sexismo y violencia de género, que buscan castigar a las mujeres no sólo por expresar opiniones críticas o disconformes, sino también por expresarse alto y claro en su condición de mujeres”.

Las defensoras suelen ser el pilar de su comunidad, asumiendo una mayor responsabilidad en el cuidado de la niñez y de las personas adultas mayores, son quienes laboran para sostener sus hogares y son lideresas frente a proyectos que atentan contra los Derechos Humanos de la comunidad. Enfrentan amenazas específicas de género como la violencia sexual o campañas de difamación que en muchas ocasiones se centran en su vida privada, con contenido sexista o sexual explícito; y si ocupan puestos de liderazgo, son estigmatizadas por oponerse a los roles tradicionales de género.

La violencia que enfrentan las periodistas y defensoras responde a un clima polarizado que criminaliza la defensa de Derechos Humanos y el periodismo crítico. Periodistas como Lydia Cacho Ribeiro han señalado que “una forma de atacar a las democracias es atacar a las mensajeras, quienes están investigando, en condiciones pauperizadas, temas como la pobreza, el ecocidio y nuevas formas de corrupción y mafiocracia del Estado mexicano”.

El periodismo cumple una función social fundamental para la democracia. La violencia contra las defensoras y periodistas es un atentado para la igualdad y el desarrollo.

Las autoridades deben investigar todas y cada una de las amenazas que reciben las periodistas y/o defensoras desde su tarea informativa y de defensa de Derechos Humanos, con una perspectiva de igualdad de género para llegar a la sanción contra los perpetradores materiales e intelectuales.

El Estado debe tomar las recomendaciones de los organismos internacionales para fortalecer el trabajo de las instituciones encargadas de la protección e investigación de estos crímenes.