INTERNACIONAL
Migración
   La mayoría viene de El Salvador, Honduras y Guatemala
Más mujeres migrantes en México trabajan como empleadas del hogar
CIMACFoto: Itandehui Reyes Díaz
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 08/08/2017 El 70 por ciento de las mujeres migrantes que llegan a México trabajan como empleadas del hogar donde reciben salarios bajos a cambio de largas jornadas y corren más riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal, alertó ONU Mujeres.  
 
La organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género instó al Gobierno mexicano a realizar cambios de política para proteger a las trabajadoras migrantes que llegan a México. 
 
Esto como parte del proyecto “Promoción y protección de las trabajadoras migrantes y los Derechos Humanos”, financiado por la Unión Europea para promover los derechos de las migrantes y su protección contra la exclusión y la explotación en el proceso de migración en México, Moldavia y Filipinas.
 
Con este proyecto ONU Mujeres hizo un informe donde dice que México se está convirtiendo en un país de tránsito y destino para migrantes. Entre 2000 y 2010 el número de migrantes en México paso de 499 mil a 726 mil. Las Naciones Unidas calculan que el 50 por ciento de estos migrantes son mujeres.
 
Muchas de estas migrantes vienen de países centroamericanos, específicamente El Salvador, Honduras y Guatemala. Ellas huyen de sus países de origen por diversos motivos, entre ellos la pobreza, la violencia y la falta de opciones de empleo.
 
Al llegar a México, los investigadores encontraron que las mujeres migrantes enfrentaban discriminación debido a la falta de documentos de estancia legal en el país y a las leyes restrictivas. También documentaron que 70 por ciento de estas mujeres trabajan en actividades del hogar y muchas viven en las casas de sus empleadores donde corren riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal.
 
México ya tiene políticas establecidas para proteger a las mujeres migrantes, pero se puede hacer más, afirma el organismo internacional. Por ejemplo, la Ley de Migración de México reconoce el derecho a la libertad de tránsito, la salud, la educación, la justicia, la identidad, la unidad, la familia y los requisitos para los permisos de residencia y autorización de trabajo.
 
Sin embargo, la ley no propone la creación de estructuras que mitiguen la vulnerabilidad de las mujeres migrantes; tampoco la ley propone una acción afirmativa para garantizar la igualdad sustantiva de los hombres y mujeres migrantes.
 
Otros aspectos de la Ley de Migración incluyen mayores dificultades para que las trabajadoras del hogar obtengan documentos legales, por ello ONU Mujeres cree que el gobierno necesita reevaluar las políticas ya existentes y examinarlas a través de una perspectiva de género para determinar cómo ayudar a las migrantes.
 
Las leyes nacionales deben proporcionar a las mujeres migrantes los mismos derechos que todos los trabajadores e igual acceso a la educación y los servicios de salud. “Es importante que la gobernanza de la migración sea sensible al género para garantizar que se fomenten los derechos laborales y humanos de las mujeres migrantes”, dijo ONU Mujeres. 

17/EA







INTERNACIONAL
Aborto
   Grupo experto apoya iniciativa en favor de mujeres
ONU emplaza a Congreso salvadoreño a despenalizar aborto
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 11/05/2017 Un grupo de personas expertas de Naciones Unidas ha emplazado al Congreso de El Salvador a aprovechar la revisión de un artículo del Código Penal sobre la posible despenalización del aborto para mejorar la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.
 
“Apoyamos firmemente la propuesta de reforma que actualmente considera el Congreso salvadoreño para permitir la interrupción del embarazo cuando implica un riesgo para la vida de las mujeres, cuando es el resultado de una violación y cuando el feto es inviable”, expresaron las expertas y expertos.
 
“Instamos a las y los legisladores a aprovechar esta oportunidad única para convertirla en un punto de inflexión en la historia de los derechos de la mujer en el país”, recalcaron.
 
Desde ONU indicaron que la prohibición total que rige en la actualidad es contraria a las normas del derecho internacional y viola las obligaciones internacionales del país.
 
El Salvador es uno de los pocos países del mundo que criminaliza a las mujeres por intervenciones realizadas en las situaciones citadas antes, señalaron los relatores.
 
También advirtieron que debido a la amenaza del castigo penal, las afectadas temen buscar atención médica cuando sufren complicaciones.
 
Destacaron que muchas mujeres han sido procesadas hasta 40 años de prisión bajo cargos de aborto, a veces caratulado (tipificado) como homicidio agravado. Las más afectadas son las que viven en pobreza y que no pueden acceder a la defensa legal.
 
“Reiteramos nuestro llamado a revisar las sentencias contra todas las mujeres que actualmente cumplen penas de prisión por cargos relacionados con el aborto con miras a su liberación”, agregó el grupo de Naciones Unidas.
 
Recordaron que la criminalización del aborto no reduce las tasas, tal como lo muestran los datos de la Organización Mundial de la Salud, sino que por el contrario, suele aumentar el número de mujeres que optan por practicárselo de forma clandestina, lo que las expone a tratamientos inseguros.
 
Los relatores que emitieron este comunicado son, Alda Facio, presidente del grupo de trabajo sobre la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica; Dainius Puras, relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental; Dubravka Šimonovic, relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias.
 
EL ABORTO EN EL SALVADOR
 
Desde 1988 el aborto está totalmente penalizado en El Salvador, incluso cuando el embarazo es consecuencia de violación o incesto o cuando la vida de la mujer o la niña embarazada corran peligro. Esta medida no solo ha cobrado las vidas de mujeres y niñas, pero también ha supuesto el encarcelamiento de decenas de mujeres.
 
La ley actual obliga a mujeres y niñas a recurrir a abortos clandestinos para salvar sus vidas, y además crea una atmósfera de sospecha hacia las mujeres que sufren un aborto espontáneo u otras emergencias obstétricas. Como consecuencia, mujeres que han tenido complicaciones durante el embarazo han sido procesadas y condenadas tras ser acusadas de “aborto inducido,” con sentencias de hasta 40 años de prisión.
 
Los datos demuestran que la total penalización del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros.
 
La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros.
 
La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG







INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Pendientes casos de “Las 17 y más”
Perseguida tras emergencia obstétrica, salvadoreña es asilada en Suecia
Imagen retomada del twitter Las 17 El Salvador.
Por: la Redacción
Cimacnoticias | San Salvador, Sal .- 22/03/2017
La Dirección General de Migraciones de Suecia concedió asilo a María Teresa Rivera, una de “Las 17 y más” mujeres condenadas injustamente por emergencias obstétricas, tras sufrir persecución en El Salvador y de pasar cuatro años y medio en prisión, por una condena de 40 años que le impuso el sistema judicial en 2012.
 
María Teresa, de 35 años de edad, fue acusada primero de aborto y luego de homicidio agravado, debido a la errónea interpretación que hizo el sistema judicial del parto precipitado extra hospitalario que sufrió, informó en un comunicado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y Eugenésico, una de las organizaciones que la apoyó durante su proceso judicial y para conseguir el asilo. 
 
Cuando María Teresa tenía cinco años de edad, señala la Agrupación, su madre emigró a Estados Unidos y nunca más supo de ella, su padre la abandonó y hasta los nueve años vivió con su abuela materna. Después tuvo que irse a una Aldea Infantil y, ya adulta, trabajó en diferentes maquilas para sustentar a su hijo. 
 
En 2011, tuvo problemas de salud: dolores en el vientre bajo y continuos sangrados vaginales. Le diagnosticaron infección de los oídos y de la vejiga, para lo cual le recetaron antibióticos. La noche del 24 de noviembre, sintió ganas de ir al baño y fue a la letrina de su casa; horas después la encontró su suegra desmayada en un charco de sangre. 
 
La trasladaron al Hospital Primero de Mayo, del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, donde ingresó con un fuerte shock hemorrágico. El personal del hospital la acusó de aborto y, de manera inmediata, la Fiscalía la envió a las bartolinas de la policía. 
 
María Teresa no sabía que estaba embarazada pues tenía continuos sangrados vaginales y su vientre no había crecido. Tampoco lo sabían los médicos que le atendieron antes de la emergencia.
 
En un principio fue investigada por “aborto”; pero la fiscalía cambió la tipificación del delito a homicidio agravado debido a un informe del Instituto de Medicina Legal que luego sería declarado nulo por padecer de serias irregularidades metodológicas.
 
El 27 de julio de 2012, relata la Agrupación,” María Teresa fue condenada sin pruebas directas a una pena desmesurada de 40 años por un delito que no cometió, producto del desconocimiento de los administradores de justicia que realizaron una equivocada interpretación de los hechos ocurridos”.
 
ERROR JUDICIAL
 
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto conoció su caso y se comprometió a apoyarla para que se hiciera justicia y recuperara su libertad.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos estudió su caso y en la Resolución SS-0227-2014, manifestó que se le violaron sus derechos a la igualdad y no discriminación por su condición de mujer; así como “al debido proceso judicial por inobservancia de las garantías judiciales, como la presunción de inocencia, in dubito pro reo y derecho a ser juzgada por un juez independiente e imparcial”.
 
Por la falta de garantías que se dieron durante todo el proceso, sus defensores legales y las organizaciones que la apoyaron presentaron en 2012 un Recurso de Revisión de la Sentencia. 
 
Finalmente, el 20 de mayo de 2016, el Tribunal Tercero de Sentencia, al concluir la audiencia extraordinaria reconoció que, no habiendo suficientes elementos que probaran la comisión de ningún delito por parte de María Teresa Rivera, quedaba demostrado que su condena en 2012 fue un error judicial. 
 
El tribunal anuló la sentencia y dictó  inmediatamente su libertad, después de haber pasado cuatro años y medio en prisión injustamente.
 
Sin embargo, la Fiscalía General de la República no aceptó esta sentencia absolutoria y presentó un recurso en contra de ella en junio 2016. El recurso fue desestimado. 
 
Ante esta permanente persecución y acoso, María Teresa y su hijo sintieron que su única alternativa era abandonar El Salvador puesto que el Estado no les ofrecía ninguna garantía judicial. 
 
Ambos se trasladaron a Suecia y la Dirección de Migración de ese país le concedió asilo, a ella y a su hijo, el 20 de marzo de 2017, por considerar que sufrió persecución por el hecho de ser mujer, por sus opiniones políticas y porque podría enfrentar futura persecución si fuera devuelta a El Salvador. Además, sufrió maltrato al pasar más de cuatro años en prisión por un delito que nunca cometió.
 
Gracias al Gobierno de Suecia y al apoyo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y la solidaridad de la comunidad salvadoreña y sueca, María Teresa podrá reconstruir su proyecto de vida junto a su hijo, aunque lejos de su país de origen, señala el comunicado. 
 
La Agrupación considera que estos casos no se deben repetir  y que,  tal como acaba de recomendar el 3 de marzo de 2017 el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW) en sus “Observaciones a El Salvador”, se debe revisar el Artículo 133 del Código Penal de El Salvador para despenalizar el aborto.
 
Afirma también que se debe introducir una moratoria en la aplicación de la ley vigente y se debe revisar la detención de mujeres por delitos relacionados con el aborto, con el fin de garantizar su liberación.
 
“Es la oportunidad, dice, de que el Sistema Judicial revise los casos de “Las 17 y más” mujeres que siguen encarceladas, concediendo un indulto, conmutación de pena o beneficios penitenciarios que lleven a su liberación”.
 
“Asimismo, es momento de que la Asamblea Legislativa reforme la legislación sobre aborto para que no se produzcan más estas situaciones y errores judiciales, como el sufrido por María Teresa y “Las 17 y más”.
 
17/RED/GG
 
 







INTERNACIONAL
Aborto
   Dijo Guadalupe ante la CEDAW
Esperan justicia 17 salvadoreñas presas tras emergencia obstétrica
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista.
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 22/02/2017 Una mujer salvadoreña encarcelada injustamente tras sufrir una emergencia obstétrica y tras ser liberada en 2015, habló frente a un comité de las Naciones Unidas sobre el maltrato que sufren las mujeres embarazadas en El Salvador y las violaciones de derechos humanos a causa de la prohibición total del aborto.
 
Carmen Guadalupe Vásquez Aldana (“Guadalupe”) contó su historia al Comité sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el principal organismo de derechos humanos que vela por el cumplimiento  de los derechos de las mujeres en diferentes países en todo el mundo. Su testimonio hace parte de la revisión del historial de derechos humanos en El Salvador que se está llevando a cabo estas semanas en Ginebra, Suiza.
 
Esta persecución ha llevado al encarcelamiento de más de 17 mujeres inocentes (“Las 17”) que están condenadas hasta 40 años de prisión después de haber sufrido complicaciones obstétricas en sus embarazos.
 
Antes de la revisión de la CEDAW, el Centro de Derechos Reproductivos, junto con la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto y la firma Debevoise & Plimpton, entregó un informe al Comité, detallando cómo la prohibición total del aborto ha causado discriminación contra las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas por parte de profesionales de salud y agentes del estado.
 
Esta persecución ha llevado al encarcelamiento de más de 17 mujeres (“Las 17”) que están condenadas hasta 40 años de prisión después de haber sufrido complicaciones obstétricas en sus embarazos.
 
Catalina Martínez Coral, directora Regional para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos afirmó: “Guadalupe representó a las mujeres salvadoreñas, demostrando fuerza y coraje en frente del Comité de las Naciones Unidas”.
 
“Ninguna mujer, dijo,  debe ser encarcelada después de sufrir emergencias obstétricas, pero la hostilidad extrema hacia el aborto en El Salvador sigue poniendo la salud y la vida de las mujeres en un alto riesgo”.
 
“El Comité ahora tiene que apoyar a Guadalupe y pedir que El Salvador corrija los errores cometidos con las demás mujeres encarceladas injustamente y que pase la legislación para despenalizar el aborto”, dijo.
 
Durante casi dos décadas, El Salvador ha criminalizado de manera absoluta el aborto – inclusive en casos en los que el procedimiento es necesario para salvaguardar la vida de la mujer – imponiendo penas desproporcionadas a las mujeres y a los médicos. La prohibición absoluta ha supuesto el encarcelamiento de innumerables mujeres que han sufrido complicaciones en sus embarazos y terminan siendo juzgadas por el delito de homicidio y condenadas hasta a 40 años de prisión.
 
EL CASO DE GUADALUPE
 
En 2007, Guadalupe presentó un embarazo después de una violación. Meses después sufrió una emergencia obstétrica, se desmayó y sufrió muerte fetal. Despertó en el hospital, donde los médicos informaron a la policía sobre su situación y sus sospechas de que ella se había inducido un aborto. En febrero de 2008 fue condenada a 30 años en prisión por el delito de homicidio.
 
Después de que el Centro y la Agrupación Ciudadana visibilizaron al caso de Guadalupe frente al gobierno nacional y ante las Naciones Unidas, fue perdonada y liberada en febrero de 2015, cuando la Corte Suprema de El Salvador encontró violaciones graves de debido proceso en su caso.
 
“Conté mi historia en nombre de Las 17, con la esperanza de que nuestras historias no se repitan”, ha dicho Guadalupe. “Es hora que mi país acabe la persecución contra mujeres embarazadas”.
 
En octubre de 2016, la vicepresidenta del Congreso salvadoreño, Lorena Peña, presentó una enmienda al Código Penal que, de ser aprobada, despenalizaría el aborto en casos de violación sexual, en casos de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina y cuando el embarazo ponga la salud y vida de la mujer en riesgo. Dicha enmienda ha recibido el apoyo de la Alianza por la Salud y la Vida de Las Mujeres—una coalición de más de 30 organizaciones defensoras de Derechos Humanos, incluyendo la Agrupación Ciudadana.
 
“Las 17 no necesitan ser perdonadas ni ser absueltas porque nunca cometieron un crimen. Demandamos su libertad y que el gobierno pare las violaciones de derechos humanos contra las mujeres”, dijo Morena Herrera, directora ejecutiva de la Agrupación Ciudadana.
 
El Centro de Derechos Reproductivos ha trabajado de manera continua para exponer las consecuencias de la prohibición absoluta del aborto en la vida de las mujeres en El Salvador. En diciembre de 2015, El Centro y la Agrupación Ciudadana presentaron un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el principal órgano de derechos humanos en el continente, en representación de nueve mujeres que tuvieron emergencias obstétricas y ahora están encarceladas debido a la prohibición total del aborto.
 
LAS 17
 
En diciembre de 2014, la coalición de ONG, liderada por la Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos, lanzó la campaña de las “Las 17”, haciendo un llamamiento para la liberación de Guadalupe y otras 16 mujeres salvadoreñas que sufrieron emergencias obstétricas, y fueron juzgadas por aborto y sentenciadas por homicidio.
 
“Mirna” una de las “Las 17”, fue liberada en diciembre después de haber estado en prisión. En febrero de 2015, Guadalupe fue perdonada y liberada tras siete años en la cárcel. Y en mayo de 2016, María Teresa fue liberada de acuerdo a una orden del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador que determinó absolverla y anular su condena.
 
Esta semana, Sonia Tábora, otra de las mujeres injustamente encarceladas, fue absuelta tras haber estado frente a los Tribunales cinco veces. Tras 11 años de sufrimiento, un Tribunal de El Salvador finalmente otorgó a Sonia la libertad absoluta y condenó al Estado salvadoreño a repararla por los daños sufridos durante el tiempo que estuvo en la cárcel. Aún hay un sinnúmero de mujeres que siguen pagando penas de entre 30 y 40 años por delitos que nunca cometieron.
 
Este tipo de casos, consecuencia de la prohibición total del aborto en El Salvador, están documentados en el informe del Centro y la Agrupación Ciudadana, titulado Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: El Impacto de la Criminalización Absoluta del Aborto en El Salvador, donde se narran las historias de cinco mujeres que fueron injustamente encarceladas por cometer abortos ilegales tras sufrir emergencias obstétricas y en donde se analiza cómo los sistemas de salud, judicial y penitenciario de El Salvador no garantizan los derechos humanos de las mujeres.
 
GUADALUPE ANTE LA CEDAW
 
“Buenas tardes, honorables miembros del Comité, representantes de los Estados, miembros de ONG, y observadores. Mi nombre es Carmen Guadalupe Aldana, soy salvadoreña y tengo 27 años. Actualmente vivo junto con mi hija, Brittany, mis 9 hermanos y mi mamá. El día de hoy, he venido desde mi pueblo en El Salvador, hasta acá en Ginebra, para contar mi historia. Vengo con un simple mensaje, quiero que mi historia no se repita en mi país.
 
Hace 10 años trabajaba como empleada del hogar en una casa. En ese momento, trabajaba con la esperanza de salir adelante, de apoyar a mi mama y a mis hermanos, y con el sueño de un día ahorrar suficiente dinero para montar mi propio negocio en mi pueblo. También soñaba con ser mamá y formar mi propia familia. Sin embargo, en un día mi vida cambio.
 
Tenía 18 años cuando fui víctima de abuso sexual por el dueño de la casa en la que trabajaba. Producto de esa violación, quedé embarazada. Continúe con mi embarazo, pero un día, en la misma casa donde trabajaba, sufrí una hemorragia que me causó una emergencia obstétrica.
 
Fui al hospital, inconsciente, y sin saber lo que pasaba, al despertar supe que los médicos me habían reportado a las autoridades, ellos habían presumido que yo era culpable de haberme provocado un aborto. Al rato, me acusaron de homicidio.
 
Sin que existieran pruebas en mi contra, fui investigada, y encarcelada con una pena de 30 años. Luego estuve en la cárcel 7 años y tres meses, los años más largos de mi vida.
 
Ya una vez en la cárcel, ya nada era igual. Había más de 82 mujeres en la celda donde yo estaba. Por más de un año dormí en el suelo, con poca comida, y en condiciones horrorosas. La mayoría de veces no había agua, y no nos podíamos bañar. Nuestra ropa era sucia y las cañerías estaban rotas, haciendo el olor y cada día que pasaba en prisión insoportable.
 
Si me enfermaba no había médicos que me atendieran, o tampoco había medicinas, si las necesitaba. Cada semana podía tener visitas, pero debido a que mi familia vivía lejos de la cárcel, y era costoso para mi familia, mi madre solo podía visitarme cada mes.
 
En la cárcel nos gritaban asesinas y cada día nos maltrataban. Sobrevivir era la única opción que teníamos.
 
Mientras estuve en la cárcel, un día conocí a la Agrupación Ciudadana, quienes representaron mi caso. Ellas solicitaron un recurso de indulto ante el Congreso tras encontrar que en mi caso no existían pruebas en mi contra y que había varias violaciones en el debido proceso. Finalmente, en febrero de 2015 recobré mi libertad después que el Congreso me perdonara.
 
En mi país me perdonaron, y por eso, hoy me encuentro en libertad. Pero hasta el día de hoy, me pregunto por qué tenía que ser perdonada si yo no era culpable de nada. El indulto era la única salida para mi situación, pero ni yo, ni las mujeres que continúan en la cárcel, hemos hecho nada malo, así que no tenemos que ser perdonadas por lo que nos pasó.
 
Por el contrario, es necesario que algún día el Estado reconozca su responsabilidad por nuestra situación y que seamos nosotras quienes tengamos la posibilidad de perdonar a quiénes nos hicieron esto.
 
Un año después de recobrar mi libertad, soy mamá, y mi vida lentamente está volviendo a la normalidad, pero sé que jamás será lo mismo. Como yo, aún existen 17 mujeres con historias como la mía, y que siguen pagando penas en la cárcel.
 
Hoy vengo ante este importante foro en representación de ellas. Hoy quiero decirles que es hora de hacer justicia. El Salvador debe responder por lo que nos hace, y el mundo debe saberlo también para que la situación cambie.
 
Hoy les pido que le digan a mi país que nos libere y que deje de perseguirnos. Su llamado podría cambiar la situación y la vida de muchas mujeres en mi país. Muchas gracias”.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG







INTERNACIONAL
Aborto
   Revela informe de OSC
Criminalización del aborto: exclusión, persecución y cárcel para salvadoreñas
CIMACFoto: Gladis Torres
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp .- 21/02/2017 El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas en el mundo. El 20 de abril de 1998, entró en vigor un nuevo Código Penal en El Salvador, que eliminó las causas en las que el aborto se encontraba despenalizado hasta ese momento: en caso de riesgo para la vida de la mujer; en casos de violación o estupro; y en caso de graves malformaciones en el feto.
 
Además, en enero de 1999, se reformó el Artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, en el que se estableció el reconocimiento de la persona humana desde el momento de la concepción. Este cambio hacia una legislación más restrictiva va en contra de la tendencia global de liberalización que se ha dado desde 1994, año en que se celebró la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y a partir de la cual más de veinticinco países en el mundo han liberalizado sus leyes sobre aborto.
 
El Salvador, junto con unos pocos países como Polonia y Nicaragua, restringió las condiciones en las cuales el aborto está permitido. A pesar de la legislación restrictiva de El Salvador, se calcula que para el periodo entre 1995 y 2000, hubo un total de 246 mil 275 abortos con una incidencia del 11.1 por ciento en la mortalidad materna. De acuerdo con datos de la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud, entre enero de 2005 y diciembre de 2008, se registraron en el país 19 mil 290 abortos, de los cuales el 27.6 por ciento ocurrieron en adolescentes.
 
En febrero de 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, reiteró que la prohibición absoluta del aborto pone en riesgo a las mujeres y jóvenes, pues ante la necesidad de interrumpir el embarazo, muchas acuden a abortos clandestinos Estos datos sobre aborto son estimaciones, pues dada la ilegalidad de la práctica, no es posible tener datos confiables.
 
VULNERACIÓN ABSOLUTA
 
La situación en El Salvador es una manifestación clara de cómo la criminalización absoluta del aborto viola las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta criminalización absoluta vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la autonomía de las mujeres. Igualmente, la aplicación de esta normativa genera violaciones a los derechos al debido proceso, a la privacidad, a estar libre de violencia, y de trato cruel e inhumano.
 
El informe “Excluidas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador”, publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico,  documenta y denuncia las consecuencias de la penalización total del aborto en el país, desde una perspectiva de derechos humanos desde dos ángulos.
 
Primero, el análisis da voz a cinco mujeres que fueron procesadas injustamente por los delitos de aborto u homicidio agravado por el parentesco, tras sufrir emergencias obstétricas sin haber recibido atención médica. Sus experiencias son evidencia de cómo el Estado salvadoreño traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de sus mujeres mediante el ejercicio de su poder sancionador y las consecuencias que ello genera en el sistema de salud, judicial y penitenciario, con consecuencias tan graves como condenas infundadas de hasta 35 años de cárcel. Igualmente, muestra cómo la criminalización tiene un impacto desproporcionado en las mujeres en situación de más vulnerabilidad, por encontrarse en situación de pobreza, sin acceso a educación, y por ser mujeres jóvenes.
 
Segundo, el informe aborda la penalización total del aborto desde un estudio cualitativo que revisa los perfiles de las mujeres que han sido procesadas por aborto y delitos conexos entre los años 2000 y 2011. El análisis usa las distintas variables como la edad, la escolaridad, la ocupación y el nivel de ingresos, entre otras, para ilustrar cómo las consecuencias de una legislación tan restrictiva crea patrones de violación a los derechos humanos, que afectan sobre todo a las mujeres en situación de más vulnerabilidad en El Salvador.
 
El estudio también analiza las condiciones de los procesos judiciales, como el origen de la denuncia, el tipo penal por el que fueron acusadas y luego juzgadas y las resoluciones judiciales dictadas en los procesos. El estudio revela cómo los profesionales de la salud que atienden a las mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros o por emergencias obstétricas que nada tienen que ver con abortos provocados, entienden que tienen la obligación legal de denunciar a las pacientes ante la policía para evitar ser involucrados en un eventual proceso judicial.
 
Estas denuncias resultan problemáticas, no sólo por la violación al secreto profesional que suponen, sino también porque las mujeres dejan de buscar los servicios de salud que necesitan si no se garantiza la confidencialidad. Esto es particularmente preocupante en los casos de las mujeres que tienen emergencias obstétricas o requieren cuidado post aborto.
 
LOS PROCESOS JUDICIALES
 
En el periodo comprendido entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011, la Agrupación Ciudadana para la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador realizó una investigación en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia de El Salvador y analizó los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos. Se identificaron 129 mujeres que fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado. De estas, 49 fueron condenadas: 23 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados. La investigación cuantitativa muestra que las mujeres más afectadas por la criminalización absoluta del aborto son las mujeres jóvenes y de bajo nivel socioeconómico:
 
– El 68.22 por ciento de las mujeres se encuentran entre los 18 y 25 años.
 
– De las mujeres procesadas, 6.98 por ciento eran analfabetas, 40.31 por ciento tenían algún tipo de educación primaria, 11.63 por ciento tenían estudios de bachiller y 4.65 por ciento tenían educación superior (estudios técnicos o universitarios).
 
– El 73.64 por ciento de las mujeres son solteras y sin pareja.
 
– El 51.16 por ciento de las mujeres no recibían remuneración económica por su trabajo y 31.78 por ciento contaban con empleos de remuneraciones muy bajas.
 
– El 57.36 por ciento de las denuncias surge de los profesionales de la salud que atienden a las mujeres y el 22.48 por ciento de las denuncias proviene de los familiares y vecinos.
 
– El 49 por ciento de los casos las denuncias no tienen fundamento y son archivadas.
 
– En el 46.51 por ciento de los casos el delito se tipifica como homicidio, lo que tiene serias consecuencias frente al respeto del principio de proporcionalidad de la pena, pues se puede condenar a las mujeres con penas de hasta 50 años de prisión.
 
– En el 43.41 por ciento de los casos se aplica la detención provisional, en donde las mujeres deben ir a la cárcel durante el proceso.
 
– En el 51.94 por ciento de los casos las mujeres son defendidas por defensores públicos.
 
Los datos muestran que las 129 mujeres procesadas se encontraban, en su mayoría, en situación de pobreza. Ellas han sido excluidas de la educación, del acceso a servicios esenciales de salud y de condiciones que brinden herramientas para cambiar su posición social. Los determinantes sociales hacen que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad y que no tengan herramientas para enfrentar el poder sancionador del Estado.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG
 







INTERNACIONAL
Aborto
   Enfrentará un tercer juicio en noviembre
Fiscalía salvadoreña, años de saña contra Sonia Tabora, acusada de aborto
Imagen retomada de FB: Las17ElSalvador
Por: Gema Villela Valenzuela
Ciudad de México15/08/2016 Durante once años, la Fiscalía General de la República de El Salvador se ha ensañado judicialmente con Sonia Tabora, ya que en 2005 fue acusada de aborto y encarcelada, luego liberada en 2012 y ahora será sometida a un tercer juicio, el próximo primero de noviembre, luego de que dicha autoridad solicitó la revisión de la sentencia porque la considera culpable, denunció la Agrupación Ciudadana por la  Despenalización del Aborto en ese país. 
 
Sonia es una de las mujeres acusadas de aborto en El Salvador, país donde no se permite el procedimiento bajo ninguna causa, lo que llevó a diversas agrupaciones civiles a lanzar la campaña “Por la Libertad de las 17” para defender a las mujeres que son criminalizadas por aborto y homicidio agravado, cuando en realidad tuvieron embarazos precipitados, emergencias obstétricas o abortos espontáneos.
 
JUSTICIA DESALENTADORA
 
La experiencia de Sonia con el sistema de impartición de justicia del país centroamericano ha sido “desalentadora”, señala un comunicado de la agrupación civil. Relata que cuando Sonia tenía 18 años, fue en busca de trabajo a la ciudad de El Salvador, en donde fue víctima de violación en la estación de autobuses de Sonsonate.
 
Al denunciar el delito, el agresor fue detenido, pero el juez que llevó el caso lo puso en libertad, porque Sonia Tabora no pudo acudir al juicio a declarar, ya que sus jefes no la dejaron faltar a su trabajo.
 
Después, Sonia conoció a un hombre con quien entabló una relación, que resultó en embarazo, pero él la abandonó y ella decidió no revelarlo por temor a perder el trabajo o a represalias de su familia. 
 
 “El 19 de febrero de 2005 (…) estando de 7 meses de embarazo, sintió dolores abdominales, pensó que eran deseos de defecar y fue al cafetal pues en su casa no tenían letrina. Allí estando ella sola, tuvo un parto precipitado sin que nadie la atendiera. Su hermana y su padre la encontraron en el monte sangrando, en estado de shock y sin habla”, señala la agrupación.
 
Sus familiares la llevaron a la Unidad de Salud  más cercana y ahí, aún en estado de shock, le explicó al médico Mauricio Ernesto Flores Morales lo que le había sucedido.
 
El médico faltó a su secreto profesional, “se jactó de haberle sacado la verdad e informó a la policía, acusándola de aborto provocado”. Como no había evidencia de que se hubiera provocado el aborto, la Fiscalía cambió la acusación a homicidio agravado.
 
Desde ese 19 de febrero de 2005 Sonia ya no regresó a su casa: pasó de la cama de la Unidad de Salud a la cárcel, recuerda la asociación civil. Sonia Tabora pasó 7 años en prisión acusada por homicidio agravado con una pena de 30 años de cárcel porque, según la sentencia, “incumplió deberes de cuidado con su hija recién nacida”.
 
En los años en los que estuvo presa, sufrió depresión y casi no tuvo contacto con sus familiares, ya que no tenían recursos económicos  para viajar al penal. En junio del 2012, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto conoció su situación y asumió su representación legal. La agrupación presentó un recurso de “revisión de sentencia condenatoria” ante el Tribunal de Sentencia de Sonsonate.
 
El 14 de agosto 2012 el Tribunal anuló la anterior sentencia condenatoria, poniendo en inmediata libertad a Sonia, ya que no se presentaron pruebas científicas que comprobaran que existió homicidio agravado.
 
“A partir de que recuperó su libertad, intentó rehacer su vida, regresando a vivir a su cantón a la casa de su padre. Actualmente es madre de un niño de 2 años de edad. Sin embargo, el Sistema Judicial sigue ensañándose con ella”, indica la agrupación que la representa legalmente.
 
Tabora acudió al Tribunal de Sentencia de Sonsonate el pasado 12 de agosto, para enfrentar el tercer juicio, pero la diligencia no se pudo realizar, ya que faltaron dos jueces, por lo que fue reprogramada para noviembre. 
 
En El Salvador existe actualmente una iniciativa de ley que prevé aumentar la pena por el delito de aborto.

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