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En esta sección encontrarás noticias sobre las condiciones laborales de las mujeres en el país, las violaciones a sus derechos laborales, los tratados y convenios signados por México en la materia

Ciudad de México.- Norma Valenzuela, investigadora de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), señaló que durante la vida productiva de las mujeres, se enfrentan a retos de brecha salarial, baja participación laboral, incluso trabajo no remunerado, eso provoca que lleguen a una vejez con carencias, en comparación con la población masculina, pues les es más difícil alcanzar una pensión digna; en ese panorama, el director general de Citibanamex Afore, Luis Kuri, estimó que las mujeres que cuentan con una Afore para un sustento digno en su retiro laboral, deben ahorrar 80 por ciento más para igualar la pensión de hombres.

En su conferencia “La seguridad económica de las mujeres en edades avanzadas”, Norma Valenzuela Sánchez, investigadora en Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, consideró que «es evidente que las mujeres tienen una participación laboral más baja que los hombres»; por desigualdades de la estructura de contrataciones.

Ante esa situación, en el reporte mensual Citibanamex Afore, detalló cuatro motivos por los que las mujeres tienen que ahorrar un 80% más para su Afore que los hombres: el primero es la esperanza de vida, en ese aspecto los datos del INEGI arrojan que las mujeres se jubilan seis años posteriores a los hombres, esto para mantener un ahorro para el retiro digno y permita mejores rendimientos para su jubilación.

El segundo, agregó el especialista de Citibanamex, es el salario promedio, aunque se ha intentado reducir la brecha salarial entre géneros, los mismos datos del INEGI reflejan una disparidad del 14% entre personas de distinto género, lo que obliga a las mujeres a ser mejores administradoras de fondos para su retiro. La base de este punto expuesto está en las aportaciones realizadas por la relación obrero-patrón que son habituales en las Afores para la jubilación y eso está correlacionado con el salario base de cotización en México.

En el tercer aspecto, está el saldo promedio de las Afores, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Reitiro (Consar), refleja a través de los datos obtenidos que el número de cuentas de Afore de hombres supera por 9 millones a la cantidad de cuentas de ahorro para el retiro de las mujeres. La misma fuente resalta que el saldo promedio también es menor, un 24% inferior el de las mujeres, respecto a su contraparte masculina.

Y el cuarto motivo es el mercado laboral, el cual señala que de por sí este aspecto para cualquier persona es más complicado que antaño, en México la situación alcanza un nivel más elevado pese a los datos positivos expuestos, ya que de acuerdo a los datos del INEGI, el 52% de la población económicamente activa en México son mujeres, es decir, casi 6 millones más que los hombres, pero esto no se ve reflejado en cuanto a la población ocupada activa.

La población ocupada activa es aquella que aporta a la economía del país y cuenta con un trabajo. Estas personas en México son principalmente hombres, ya que se estima que representen el 59% de ese sector, lo que se traduce en 11 millones más de hombres ocupados en relación con las mujeres, precisó el director de Citibanamex Afore.

De acuerdo con Isalia Nava Bolaños especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la dificultad que enfrentan las mujeres para incorporarse a la actividad laboral por las cargas de trabajo doméstico y de cuidado doméstico al que históricamente han sido asignadas, así como las pocas posibilidades de participar en empleos que no sean precarios y que no estén en la informalidad, provoca que lleguen a una vejez llena de carencias y sin seguridad económica.

En su estudio La seguridad económica de las mujeres en edades avanzadas, Nava Bolaños mencionó que, solo el 25.4% de las mujeres adultas mayores recibe pensiones contributivas, a pesar de que la seguridad económica es vital para personas en edades avanzadas. Estas circunstancias donde aproximadamente la mitad de las mujeres adultas mayores viven debajo de la línea de pobreza, destacan la urgencia de abordar las desigualdades de género y establecer políticas que aseguren un envejecimiento digno para las mujeres.

Manifestó que una parte recibe una pensión contributiva como dependientes económicos (por viudez), y no como sujetos de derechos que pueden mandatar esta garantía en edades avanzadas.

En este contexto, dijo, las no contributivas como la Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores -pactadas como un derecho universal para la población de 65 años y más- adquieren relevancia debido al panorama de desprotección en términos de ingresos económicos que enfrenta esta población.

“De hecho, existen personas que prácticamente dependen de ese ingreso dadas las condiciones que permean en la sociedad mexicana, sobre todo en el caso de las mujeres, y que permite una disminución del riesgo de alguna condición de vulnerabilidad o pobreza”, enfatizó la experta.

Planteó la necesidad de preguntarnos qué país queremos en una sociedad que envejece, “pensando en las próximas generaciones y en las actuales personas mayores que, a pesar de las situaciones de desventajas que experimentan, están en mejores condiciones, en tanto que los jóvenes de hoy podrían no alcanzar una movilidad social como la de estos grupos etarios”. Es necesario alcanzar la consolidación de la cobertura total de las pensiones no contributivas y lograr que sean suficientes.

Cifras de ocupación

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el cuarto trimestre de 2023, la población económicamente activa (PEA) fue de 61 millones de personas (una tasa de participación de 60.5%). Al distinguir por sexo, la PEA de las mujeres fue de 24.9 millones, así 47 de cada 100 en edad de trabajar fueron económicamente activas, y la masculina fue de 36.1 millones, 76 de cada 100 hombres, especificó la especialista.

Cabe mencionar que a raíz de la reforma a la Ley del Seguro Social, que entró en vigor en 1997, en México coexisten dos esquemas de pensión: el régimen de 1973, al que pertenecen trabajadores legalmente registrados ante el IMSS antes del 30 de junio de 1997; y el régimen de 1997, válido para los asegurados que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, con la cual tuvo la introducción de un nuevo sistema pensionario basado en cuentas individuales gestionadas por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), que exige tener al menos 800 semanas cotizadas en 2023 para recibir el monto ahorrado durante la vida laboral. 

Otras cifras del INEGI, señala que la población no económicamente activa (PNEA), en el cuarto trimestre de 2023, fue de 39.8 millones de personas (equivalente a 39.5% del total de la población de 15 años y más de edad). Al distinguir por sexo, la PNEA de las mujeres, la cifra fue de 28.6 millones (53.5%). Para los hombres fue de 11.2 millones (23.6%).

En el cuarto trimestre de 2023, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo precisa que el porcentaje de hombres trabajadores subordinados y remunerados fue de 69.3% y el de mujeres, de 68.6%. Por su parte, los hombres trabajadores por cuenta propia constituyeron 21.7% de los ocupados y las mujeres, 22.9% de las ocupadas.

Las mujeres ocupadas entre 35 y 48 horas semanales representaron 45.8% del total de las trabajadoras. Las ocupadas por más de 48 horas semanales representaron 18%. Los hombres que trabajaron entre 35 y 48 horas semanales representaron 47.8% de los ocupados, quienes laboraron más de 48 horas semanales fueron 31.6%, establece el INEGI.

Asimismo, Norma Valenzuela Sánchez explicó que la discriminación salarial persiste, pues a nivel nacional los estudios señalan que hay una diferencia del 21% en los salarios entre mujeres y hombres. Esta  brecha en la base salarial para cotizaciones para la jubilación agravan la falta de recursos para el retiro.

Ante esta situación, la especialista de la Universidad Autónoma de Sinaloa, estableció que estas desigualdades marcadas por estereotipos de género se observan también en la baja densidad de las cotizaciones. Por ejemplo, los roles de género que encasillan a las mujeres como las principales cuidadoras en el hogar, lo que las lleva a tener menos tiempo de aportación para su seguridad laboral.

“Otro punto importante es la densidad en las cotizaciones, es el tiempo que un trabajador ha aportado a la seguridad social y las mujeres cuando tienen hijos que se salen de trabajar, o durante mucho tiempo trabajaron durante la informalidad, pues dejan de hacer esa cotización y ahí se ve la desigualdad”, precisó.

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Ciudad de México.- Esta mañana en la Cámara de diputados llevaría cabo la votación para aprobar o rechazar la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, no obstante, durante la discusión se percataron de «ajustes alevosos» que hizo Morena con una nueva redacción que viola el proceso legislativo porque no fue la misma que aprobó en la sesión anterior y hoy este documento atenta contra todas y todos los trabajadores de 70 años, activos o no activos, es decir, así se confiscarían todos los ahorros de las personas al llegar a la edad establecida.

Aunque Morena dijo que solo «fue un error»; la oposición considera que son “ajustes alevosos”, los cuales fueron detectados y denunciados, porque de pasar como ahora están redactados el gobierno mexicano podrá confiscar no solo el dinero de las cuentas de Afore inactivas, sino también de aquellas personas que sigan trabajando a los 70 años, el pleno de la Cámara de Diputados determinó regresar a comisiones la iniciativa para esclarecer la situación y sea presentada nuevamente se repondrá el próximo lunes.

Previamente, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), al fundamentar el dictamen (el original), expresó que el Fondo de Pensiones para el Bienestar tiene el objetivo de que los trabajadores y las trabajadoras puedan jubilarse con el cien por ciento de su salario promedio de cotización hasta un máximo del salario promedio mensual registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La presidenta de la Mesa Directiva en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la priista Marcela Guerra, fue quien notificó al pleno que los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados llegaron al acuerdo de devolver el dictamen a la Comisión de Seguridad Social, a efecto de que sea analizado y, posteriormente, sea remitido a la brevedad a este pleno de San Lázaro en los términos acordados.

Y es que al inicio de la sesión, la bancada del PAN acusó sobre la presentación de un dictamen modificado, dado que fue un documento el que se aprobó en la Comisión de Seguridad Social y otro el publicado en la Gaceta Parlamentaria de este miércoles 17 de abril, ya que en uno de los apartados, el dictamen establecía:

En caso de que el trabajador cumpla 75 años sin que éste y, en su caso, sus beneficiarios hubieran ejercido su derecho a recibir los recursos descritos, el Fondo de la Vivienda deberá transferirlos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo anterior no será aplicable a los recursos de cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación activa ante el Instituto.

Ante ello, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, llamó a entablar un diálogo, incluso se justificó al decir que en el proceso legislativo se comenten errores, según él, sin dolo ni premeditación y el dictamen aprobado en comisiones y el que se turnó al equipo técnico no correspondía, en la Gaceta Parlamentaria se publicó otro dictamen, pero no el aprobado.

No obstante el panista Jorge Romero alertó que el problema está en la definición de cuentas inactivas, por lo que acusó a Morena de querer quedarse con el dinero de los que no tienen trabajo y citó como ejemplo de que si un trabajador cotizó 10 años y hace 10 ya no trabaja, sus ahorros pasarán al fondo, sin importar que llegue a los 70 años.

De su lado, el diputado del PAN, Jorge Triana, denunció a Morena de haber hecho los cambios al dictamen, y expresó que a Morena no le gustó que exhibiéramos que sus “duendes nocturnos” cambiaron el dictamen “a escondidas para que el gobierno también le pueda quitar sus ahorros a trabajadores activos”, así lo hizo patente en una publicación en su cuenta de X.

El primer dictamen, el original

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena) mencionó que en el dictamen se reconoce que las y los trabajadores derechohabientes del IMSS que ingresaron a laborar en 1997 con posterioridad a la reforma que creó el Sistema de Cuentas Individuales, así como los trabajadores derechohabientes del ISSSTE que están en el Régimen de Cuentas Individuales se han visto afectados al momento de su jubilación, toda vez que ese sistema cuando mucho les cubre el 45 por ciento de su salario, lo que provoca un empobrecimiento en una etapa de la vida donde se tienen muchas necesidades como consecuencia de la vejez.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, aseguró, se concibe como un fondo solidario y complementario al monto de la pensión que ofrecen las Afores, el cual se constituye como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, cuyo fiduciario sea el Banco de México. 

Relató que sus fuentes de ingreso serán: aprovechamiento del 75 por ciento de los recursos netos derivados de los ingresos que obtenga el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y los créditos fiscales que correspondan a la Federación, conforme a los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas. 

También, los ingresos por el pago de adeudos que obtenga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025 por concepto de cuotas y aportaciones registradas al cierre de dichos ejercicios fiscales, los ingresos por enajenación de los inmuebles propiedad del ISSSTE durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025, y otras fuentes de ingresos, entre ellas los recursos de las subcuentas inactivas de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez gestionadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

La diputada Cisneros Luján puntualizó que con relación a esas cuentas inactivas se garantiza la imprescriptibilidad del derecho de las y los trabajadores, así como sus beneficiarios, a reclamar los fondos en cualquier momento, incluyendo los intereses generados.

Se establece con precisión, en las leyes Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del ISSSTE, dijo, “que no serán aplicables a este Fondo de Pensiones para el Bienestar los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuentan con una relación laboral activa”.

Las reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, añadió, son para fortalecer el derecho a la información de las y los trabajadores a establecer las medidas respecto de la información del nivel de ahorro que deberá reflejarse en los estados de cuenta que emitan las Afores, y sobre los recursos que sean transferidos al Fondo.

El propósito, aseguró, es avanzar en la justicia social en materia de seguridad social, al establecer medidas que garanticen que las personas trabajadoras gocen del bienestar necesario al que todas y todos los mexicanos aspiran al momento de la vida laboral, garantizando pensiones justas y dignas que no mermen el ingreso familiar por el derecho a retirarse después de décadas de haber servido a la patria desde diferentes ámbitos productivos.

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.

También, del Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023, para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar

Con la aprobación en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados se dio el primer paso para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que forma parte del paquete de reformas presentado en febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la materia, pero la iniciativa presidencial para incrementar las pensiones de trabajadores parece ignorar las realidades que enfrentan las mujeres y desaprovechan la oportunidad de fomentar un debate para mejorar el sistema de pensiones que, en esencia, debería garantizar un retiro digno para todas.

El proyecto de dictamen busca que los ahorros para el retiro y vivienda de las y los trabajadores de 70 años o más que no hayan sido reclamados o que se encuentren inactivos sean enviados a este nuevo Fondo de Pensiones y se usen para que las y los mexicanos puedan recibir 100% de salario en la edad de jubilación,  aunque cualquier reforma en la materia, para ser verdaderamente justa y equitativa, debe contemplar una perspectiva de género, dado que en México hay más de 67.6 millones de mujeres.

El documento aprobado en comisiones de San Lázaro contempla modificar el segundo párrafo del artículo 302 de la Ley del Seguro Social, agregando la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual será un “fideicomiso público no considerado entidad paraestatal”. Adicionalmente, este fondo prevé utilizar recursos incautados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), así como de las utilidades de proyectos gubernamentales, como el AIFA, el aeropuerto de Tulum, Mexicana de Aviación y el Tren Maya.

¿Y cómo afecta esto a las mujeres?

Según Daniela Balbino, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C, (IMCO), la esperanza de vida de las mujeres es, en promedio, 6.5 años mayor que la de los hombres. Esto implica que, si bien las mujeres tienen una vida más larga, también enfrentan retos adicionales en términos financieros, pues tienen que costear durante más años su subsistencia, panorama que se complica por las limitaciones de sus ahorros por diferencias salariales o por las intermitencias en su permanencia en el mercado laboral.

En su estudio Futuro Equitativo: Pensiones y Brecha de Género, la especialista expuso que en México, en 2024, la especialista señaló que de acuerdo con las proyecciones demográficas, se espera que para 2050 el número de adultos mayores se duplique en comparación con 2024: pasará de 11.2 a 26.7 millones.

Se estima que de esta población, 14.7 millones serán mujeres mayores de 65 años o más, mientras que 12.0 millones serán hombres. Esto significa que las medidas adoptadas en el presente respecto a las pensiones, en algunos años tendrán un impacto directo en los ingresos y en el sustento de una población envejecida, en su mayoría compuesta por mujeres.

Explicó que las condiciones de retiro de las mujeres de hoy son resultado de políticas públicas diseñadas en el pasado y de estructuras arraigadas en una cultura de desigualdad de género. A pesar de los avances en la conciencia social y las políticas de igualdad, la realidad es que las mujeres continuarán enfrentando barreras significativas en la construcción de una pensión segura y digna si las reformas presidenciales se limitan a medidas superficiales y evitan abordar las profundas disparidades de género que residen en nuestro sistema de pensiones.

Y es que detalló que muchas mujeres, al retirarse, se enfrentan a escenarios de ingresos reducidos en comparación con sus contraparte masculina, lo cual es problema a nivel mundial, pues menciona el caso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la diferencia promedio de ingresos por pensiones entre hombres y mujeres es de 26%, con algunos casos que rebasan 40%, como en México o Japón. 

Indicó que este desequilibrio tiene su origen, en gran medida, en las diferencias en las trayectorias laborales entre ambos géneros y las regulaciones del sistema de pensiones. En el caso de las mujeres mexicanas, el trayecto hacia su jubilación está marcado por múltiples desafíos en el mercado laboral, por ejemplo, la informalidad laboral las afecta más a ellas que a los hombres y la brecha salarial es un problema que persiste: las mujeres tienen ingresos hasta 35% menores a los de los hombres.

Precisó que la disparidad de ingresos se registra en los ahorros acumulados en las Afores pues, en promedio, las mujeres tienen en sus cuentas individuales alrededor de 75,208 pesos, 24% menos que los hombres, que tienen 98,891 pesos. A esto se suma el considerable tiempo que ellas dedican al trabajo no remunerado, una labor que recae mayormente en manos de las mujeres en forma de cuidado de hijos, personas adultas mayores, enfermos y que no es reconocido por el sistema de pensiones. 

Aunque su valor económico se ha calculado en 24% del Producto Interno Bruto (PIB), la participación de las mujeres en estas tareas, a menudo, se traduce en una disminución aún mayor de sus ingresos destinados para la vejez. Las interrupciones en sus carreras profesionales, así como la ocupación en empleos a tiempo parcial o informales para atender estas responsabilidades, no se reflejan adecuadamente en sus registros de cotización, precisó.

Trabajadores en posibilidad de jubilarse

En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)  del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se destacó que durante el cuarto trimestre de 2023, la población económicamente activa (PEA) fue de 61 millones de personas (una tasa de participación de 60.5%). Al distinguir por sexo, la PEA de las mujeres fue de 24.9 millones, así 47 de cada 100 en edad de trabajar fueron económicamente activas, y la masculina fue de 36.1 millones, 76 de cada 100 hombres.

La población no económicamente activa (PNEA), en el cuarto trimestre de 2023, fue de 39.8 millones de personas (equivalente a 39.5% del total de la población de 15 años y más de edad). Al distinguir por sexo, la PNEA de las mujeres, la cifra fue de 28.6 millones (53.5%). Para los hombres fue de 11.2 millones (23.6%).

En el cuarto trimestre de 2023, el porcentaje de hombres trabajadores subordinados y remunerados fue de 69.3% y el de mujeres, de 68.6%. Por su parte, los hombres trabajadores por cuenta propia constituyeron 21.7% de los ocupados y las mujeres, 22.9% de las ocupadas.

Las mujeres ocupadas entre 35 y 48 horas semanales representaron 45.8% del total de mujeres trabajadoras. Las ocupadas por más de 48 horas semanales representaron 18%. Los hombres que trabajaron entre 35 y 48 horas semanales representaron 47.8% de los ocupados, quienes laboraron más de 48 horas semanales fueron 31.6%.

A raíz de la Ley del Seguro Social, que entró en vigor en 1997, en México coexisten dos esquemas de pensión: el régimen de 1973, al que pertenecen los trabajadores legalmente registrados ante el IMSS antes del 30 de junio de 1997; y el régimen de 1997, válido para los asegurados que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. 

La inscripción a uno u otro sistema pensionario no solo determina las semanas cotizadas necesarias para recibir una pensión, también el monto a recibir y las aportaciones de trabajadores, patrones y Gobierno.

A mediados de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió por primera vez a la iniciativa de reforma laboral que prepara para revertir el sistema de pensiones vigente, un régimen que entró en vigor a partir de 1997 y sustituyó las jubilaciones con el 100% del último salario de los trabajadores por cuentas individuales gestionadas por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afores).

Diferencias entre la Ley 73 y la Ley 97

La diferencia sustancial entre la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS radica en el número de semanas necesarias para solicitar la pensión y el monto de la misma. El régimen de 1973 contempla un mínimo de 500 semanas de cotización para obtener una pensión de vejez vitalicia, calculada a través del promedio del salario de los últimos cinco años de cotización.

En cambio, la Ley 97, pionera en la introducción de un nuevo sistema pensionario basado en cuentas individuales gestionadas por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), exige tener al menos 800 semanas cotizadas en 2023 para recibir el monto ahorrado durante la vida laboral.

Existen dos modalidades de pensión por edad: la cesantía en edad avanzada y la pensión por vejez. Si la o el trabajador tiene entre 60 y 64 años le corresponde la cesantía en edad avanzada, un esquema cuyo monto en la Ley 73 va del 75% al 95% del total de pensión. No obstante, si el trabajador tiene 65 años o más debe recibir una pensión por vejez completa.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que las y los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, reciban un complemento a las obligaciones del Gobierno Federal con relación a la pensión que se obtenga conforme a las disposiciones aplicables.

Lo anterior, siempre y cuando hayan iniciado la cotización en términos de la Ley del Seguro Social a partir del día 1 de julio de 1997, así como para quienes se encuentren bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dicho complemento estará sujeto a la suficiencia del Fondo, así como a las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Indica que el fondo será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, en el cual el Banco de México actuará como fiduciario, y en términos de lo que establezca el Decreto que el Ejecutivo Federal emita dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

Señala que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir los recursos de las subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al Instituto Mexicano del Seguro Social el mismo día en que se realice. Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el Instituto.

También estipula que en caso de que la o el trabajador cumpla 70 años sin que este o sus beneficiarios hubieren ejercido su derecho a recibir los recursos de la subcuenta de Vivienda, el INFONAVIT deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto no será aplicable para los trabajadores en activo.

En el caso de las y los trabajadores del Estado, indica que el PENSIONISSSTE o las administradoras, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir dichos recursos, al momento en que las y los trabajadores cumplan 75 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el ISSSTE.

Añade que cuando las y los trabajadores cumplan 75 años y no hayan reclamado los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, estos serán transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo cual no será aplicable a las relaciones laborales activas.

Los recursos del patrimonio del Fondo de Pensiones para el Bienestar deberán permanecer afectos al fideicomiso e invertirse en el mismo hasta que sean destinados a sus fines, por lo que no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario.

Fondo de Pensiones para el Bienestar

El Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un Comité Técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos a los institutos de seguridad social.

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como el decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023.

Se homologan disposiciones de las leyes del Seguro Social, del ISSSTE y del INFONAVIT, para garantizar la imprescriptibilidad de los ahorros que las y los trabajadores logren acumular tanto en la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez como en la Subcuenta de Vivienda o del Fondo de la Vivienda, según corresponda, así como establecer las disposiciones necesarias para la debida operación del fondo de pensiones.

Contempla adiciones para fortalecer el derecho de información de las y los trabajadores respecto del nivel de ahorro que deberá reflejarse en los estados de cuenta que emitan las AFORE respecto de los recursos que sean transferidos al Fondo de Pensiones.

Se modifican leyes federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y el Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se Abroga su Ley Orgánica, con la finalidad de que el Fondo de Pensiones para el Bienestar sea funcional y cuente con fuentes de financiamiento adecuadas para garantizar su suficiencia.

Hace mención que el ahorro de las y los trabajadores que sea transferido a dicho fondo generará intereses conforme al rendimiento neto derivado de las inversiones efectivamente realizadas por dicho fondo en apego al régimen de inversión que determine el Comité Técnico, para lo cual el propio fondo comunicará al IMSS, al ISSSTE y al INFONAVIT la tasa de rendimiento que deberá aplicar para registrar el rendimiento individualizado de cada trabajador, con lo que se incrementa el ahorro de las y los trabajadores.

Establece que los recursos transferidos al Fondo no se aplicarán para las cuentas individuales de las personas trabajadoras que cuenten con una relación laboral activa ante el Instituto.

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Ciudad de México.- Hoy se dio la aprobación al dictamen del nuevo sistema de pensiones en la Comisión de Seguridad Social, de la Cámara de Diputados, con esto, se dio el primer paso para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual forma parte del paquete de reformas presentado en febrero por el presidente López Obrador en la materia, pero la iniciativa presidencial para incrementar las pensiones de trabajadoras y trabajadores parece ignorar las realidades que enfrentan las mujeres y desaprovechan la oportunidad de fomentar un debate que, en esencia, debería garantizar un retiro digno para todas.

En México, solo 2 de cada 10 mujeres mayores, 25.4 por ciento, reciben ingresos por pensión contributiva, es decir, una remuneración exclusiva para quienes laboraron en el sector formal y que contaron con seguridad social, mientras que en el caso de los hombres mayores este ingreso lo adquieren 4 de cada 10, 41.5 por ciento, apuntó la académica del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Isalia Nava Bolaños.

El proyecto de dictamen busca que los ahorros para el retiro y vivienda de los trabajadores de 70 años o más que no hayan sido reclamados o que se encuentren inactivos sean enviados a este nuevo Fondo de Pensiones y se usen para que las y los mexicanos puedan recibir 100 por ciento de salario en la edad de jubilación, aunque cualquier reforma en la materia, para ser verdaderamente justa y equitativa, debe contemplar una perspectiva de género, dado que en México hay más de 67.6 millones de mujeres.

El documento aprobado en comisiones de San Lázaro contempla modificar el segundo párrafo del artículo 302 de la Ley del Seguro Social, agregando la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual será un “fideicomiso público no considerado entidad paraestatal”.

Adicionalmente, este fondo prevé utilizar recursos incautados por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), así como de las utilidades de proyectos gubernamentales, como el AIFA, el aeropuerto de Tulum, Mexicana de Aviación y el Tren Maya, aunque todos estos megaproyectos aún no retribuyen ganancias.

La académica de la UNAM Isalia Nava Bolaños expuso que 21 por ciento de la población mexicana se ubica en el rango de edad de 65 a 74 años, 54.4 por ciento son mujeres y 45.6 por ciento hombres. Conforme se avanza en edad se observa mayor sobrevivencia de ellas, lo que implica una feminización de la vejez.

Indicó que lo anterior significa que alcanzan mayor esperanza de vida en comparación con los varones. Aunque nacen más, conforme transcurre la vida ellos tienen mayores índices de mortalidad, sobreviven menos y un número reducido alcanza edades avanzadas.

Al respecto, Daniela Balbino, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C, (IMCO), indicó que la esperanza de vida de las mujeres es, en promedio, 6.5 años mayor que la de los hombres. Esto implica que, si bien las mujeres tienen una vida más larga, también enfrentan retos adicionales en términos financieros, pues tienen que costear durante más años su subsistencia, panorama que se complica por las limitaciones de sus ahorros por diferencias salariales o por las intermitencias en su permanencia en el mercado laboral.

En su estudio Futuro Equitativo: Pensiones y Brecha de Género, la especialista expuso que en México, en 2024, de acuerdo con las proyecciones demográficas, se espera que para 2050 el número de adultos mayores se duplique en comparación con 2024: pasará de 11.2 a 26.7 millones. Se estima que de esta población, 14.7 millones serán mujeres mayores de 65 años o más, mientras que 12.0 millones serán hombres. Esto significa que las medidas adoptadas en el presente respecto a las pensiones, en algunos años tendrán un impacto directo en los ingresos y en el sustento de una población envejecida, en su mayoría compuesta por mujeres.

Explicó que las condiciones de retiro de las mujeres de hoy son resultado de políticas públicas diseñadas en el pasado y de estructuras arraigadas en una cultura de desigualdad de género. A pesar de los avances en la conciencia social y las políticas de igualdad, la realidad es que las mujeres continuarán enfrentando barreras significativas en la construcción de una pensión segura y digna si las reformas presidenciales se limitan a medidas superficiales y evitan abordar las profundas disparidades de género que residen en nuestro sistema de pensiones.

Y es que detalló que muchas mujeres, al retirarse, se enfrentan a escenarios de ingresos reducidos en comparación con sus contraparte masculina, lo cual es problema a nivel mundial, pues menciona el caso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde la diferencia promedio de ingresos por pensiones entre hombres y mujeres es de 26%, con algunos casos que rebasan 40%, como en México o Japón.

Indicó que este desequilibrio tiene su origen, en gran medida, en las diferencias en las trayectorias laborales entre ambos géneros y las regulaciones del sistema de pensiones. En el caso de las mujeres mexicanas, el trayecto hacia su jubilación está marcado por múltiples desafíos en el mercado laboral, por ejemplo, la informalidad laboral las afecta más a ellas que a los hombres y la brecha salarial es un problema que persiste: las mujeres tienen ingresos hasta 35% menores a los de los hombres.

Precisó que la disparidad de ingresos se registra en los ahorros acumulados en las Afores pues, en promedio, las mujeres tienen en sus cuentas individuales alrededor de 75 mil 208 pesos, 24% menos que los hombres, que tienen 98 mil 891 pesos. A esto se suma el considerable tiempo que ellas dedican al trabajo no remunerado, una labor que recae mayormente en manos de las mujeres en forma de cuidado de hijos, personas adultas mayores, enfermos y que no es reconocido por el sistema de pensiones. 

Aunque su valor económico se ha calculado en 24% del Producto Interno Bruto (PIB), la participación de las mujeres en estas tareas, a menudo, se traduce en una disminución aún mayor de sus ingresos destinados para la vejez. Las interrupciones en sus carreras profesionales, así como la ocupación en empleos a tiempo parcial o informales para atender estas responsabilidades, no se reflejan adecuadamente en sus registros de cotización, precisó.

Distribución Laboral

En la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se destacó que durante el cuarto trimestre de 2023, la población económicamente activa (PEA) fue de 61 millones de personas (una tasa de participación de 60.5%). Al distinguir por sexo, la PEA de las mujeres fue de 24.9 millones, así 47 de cada 100 en edad de trabajar fueron económicamente activas, y la masculina fue de 36.1 millones, 76 de cada 100 hombres.

La población no económicamente activa (PNEA), en el cuarto trimestre de 2023, fue de 39.8 millones de personas (equivalente a 39.5% del total de la población de 15 años y más de edad). Al distinguir por sexo, la PNEA de las mujeres, la cifra fue de 28.6 millones (53.5%). Para los hombres fue de 11.2 millones (23.6%).

En el cuarto trimestre de 2023, el porcentaje de hombres trabajadores subordinados y remunerados fue de 69.3% y el de mujeres, de 68.6%. Por su parte, los hombres trabajadores por cuenta propia constituyeron 21.7% de los ocupados y las mujeres, 22.9% de las ocupadas.

Las mujeres ocupadas entre 35 y 48 horas semanales representaron 45.8% del total de mujeres trabajadoras. Las ocupadas por más de 48 horas semanales representaron 18%. Los hombres que trabajaron entre 35 y 48 horas semanales representaron 47.8% de los ocupados, quienes laboraron más de 48 horas semanales fueron 31.6%.

A raíz de la Ley del Seguro Social, que entró en vigor en 1997, en México coexisten dos esquemas de pensión: el régimen de 1973, al que pertenecen los trabajadores legalmente registrados ante el IMSS antes del 30 de junio de 1997; y el régimen de 1997, válido para los asegurados que comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. 

La inscripción a uno u otro sistema pensionario no solo determina las semanas cotizadas necesarias para recibir una pensión, también el monto a recibir y las aportaciones de trabajadores, patrones y Gobierno.

A mediados de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió por primera vez a la iniciativa de reforma laboral que prepara para revertir el sistema de pensiones vigente, un régimen que entró en vigor a partir de 1997 y sustituyó las jubilaciones con el 100% del último salario de los trabajadores por cuentas individuales gestionadas por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afores).

Diferencias entre la Ley 73 y la Ley 97

La diferencia sustancial entre la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS radica en el número de semanas necesarias para solicitar la pensión y el monto de la misma. El régimen de 1973 contempla un mínimo de 500 semanas de cotización para obtener una pensión de vejez vitalicia, calculada a través del promedio del salario de los últimos cinco años de cotización. En cambio, la Ley 97, pionera en la introducción de un nuevo sistema pensionario basado en cuentas individuales gestionadas por una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), exige tener al menos 800 semanas cotizadas en 2023 para recibir el monto ahorrado durante la vida laboral.

Existen dos modalidades de pensión por edad: la cesantía en edad avanzada y la pensión por vejez. Si el trabajador tiene entre 60 y 64 años le corresponde la cesantía en edad avanzada, un esquema cuyo monto en la Ley 73 va del 75% al 95% del total de pensión. No obstante, si el trabajador tiene 65 años o más debe recibir una pensión por vejez completa.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar brindará a los institutos de seguridad social los recursos necesarios para procurar que las y los trabajadores que alcancen los 65 años de edad y cuya pensión sea igual o menor al monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, reciban un complemento a las obligaciones del Gobierno Federal con relación a la pensión que se obtenga conforme a las disposiciones aplicables.

Lo anterior, siempre y cuando hayan iniciado la cotización en términos de la Ley del Seguro Social a partir del día 1 de julio de 1997, así como para quienes se encuentren bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Dicho complemento estará sujeto a la suficiencia del Fondo, así como a las reglas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Indica que el fondo será constituido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal, en el cual el Banco de México actuará como fiduciario, y en términos de lo que establezca el Decreto que el Ejecutivo Federal emita dentro de los 60 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.

Señala que las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), las instituciones que realicen funciones similares de naturaleza pública, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir los recursos de las subcuentas de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar, debiendo notificar de cada traspaso al Instituto Mexicano del Seguro Social el mismo día en que se realice.

Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el Instituto.

También estipula que en caso de que el trabajador cumpla 70 años sin que este o sus beneficiarios hubieren ejercido su derecho a recibir los recursos de la subcuenta de Vivienda, el INFONAVIT deberá transferir dichos recursos al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto no será aplicable para los trabajadores en activo.

En el caso de los trabajadores del Estado, indica que el PENSIONISSSTE o las administradoras, así como las administradoras prestadoras de servicio, deberán transferir dichos recursos, al momento en que los trabajadores cumplan 75 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Esto no será aplicable a los recursos de los trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el ISSSTE.

Añade que cuando los trabajadores cumplan 75 años y no hayan reclamado los recursos de la Subcuenta del Fondo de la Vivienda, estos serán transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo cual no será aplicable a las relaciones laborales activas.

Los recursos del patrimonio del Fondo de Pensiones para el Bienestar deberán permanecer afectos al fideicomiso e invertirse en el mismo hasta que sean destinados a sus fines, por lo que no podrán utilizarse para contribuir al equilibrio presupuestario.

Fondo de Pensiones para el Bienestar

El Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un Comité Técnico que deberá emitir las reglas de operación sobre la recepción, administración, inversión, entregas y rendimientos de recursos a los institutos de seguridad social.

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Asimismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, así como el decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y abroga su Ley Orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2023.

Se homologan disposiciones de las leyes del Seguro Social, del ISSSTE y del INFONAVIT, para garantizar la imprescriptibilidad de los ahorros que las y los trabajadores logren acumular tanto en la Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez como en la Subcuenta de Vivienda o del Fondo de la Vivienda, según corresponda, así como establecer las disposiciones necesarias para la debida operación del fondo de pensiones.

Contempla adiciones para fortalecer el derecho de información de las y los trabajadores respecto del nivel de ahorro que deberá reflejarse en los estados de cuenta que emitan las AFORE respecto de los recursos que sean transferidos al Fondo de Pensiones.

Se modifican leyes federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, y el Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado denominado Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, y se Abroga su Ley Orgánica, con la finalidad de que el Fondo de Pensiones para el Bienestar sea funcional y cuente con fuentes de financiamiento adecuadas para garantizar su suficiencia.

Hace mención que el ahorro de las y los trabajadores que sea transferido a dicho fondo generará intereses conforme al rendimiento neto derivado de las inversiones efectivamente realizadas por dicho fondo en apego al régimen de inversión que determine el Comité Técnico, para lo cual el propio fondo comunicará al IMSS, al ISSSTE y al INFONAVIT la tasa de rendimiento que deberá aplicar para registrar el rendimiento individualizado de cada trabajador, con lo que se incrementa el ahorro de los trabajadores.

Establece que los recursos transferidos al Fondo no se aplicarán para las cuentas individuales de las personas trabajadoras que cuenten con una relación laboral activa ante el Instituto.

¿Qué sigue?

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, decidirá cuándo se discutirá lo aprobado por el pleno, aunque la mayoría de Morena confían en que sea avalado este mismo mes. “Queremos hacerlo lo más pronto posible”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina del viernes pasado.

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Ciudad de México.- En México, cerca de 2.5 millones de personas se dedican al trabajo del hogar de manera remunerada, de acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de este total, solo 2.6% se encuentran afiliadas al IMSS, gozando de seguridad social y acceso a instituciones de salud. El sector ha avanzado mucho, pero falta mucho por hacer, como la implementación efectiva de las leyes.

En el marco del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que se conmemora cada 30 de marzo desde 1988, se tiene el registro de que para febrero del 2024, ya son 62 mil 831 las personas trabajadoras del hogar que están afiliadas al IMSS. Aunque sí se refleja un avance, todavía el 97.4 por ciento de esta población está excluida de este derecho.

Esa conmemoración tiene como propósito promover el valor del trabajo del hogar y convocar acciones para reivindicar los derechos de quienes lo realizan, en su mayoría mujeres; sin embargo, solo el 39,9 por ciento tiene derecho legal a prestaciones de maternidad en efectivo. Además, solo el 13,4 por ciento recibe subsidios familiares.

Pese a las reformas aprobadas por el Congreso, todavía las personas trabajadoras del hogar -principalmente mujeres- son altamente vulnerables en términos laborales. En marzo del 2019, que inició el programa piloto para la afiliación de las trabajadoras del hogar al IMSS se contaba con poco menos de 5 mil registros.

El Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH), organización no gubernamental fundada por Marcelina Bautista, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos y laborales de personas trabajadoras del hogar, enfatizó que es momento de cambiar esta realidad y garantizar un trato justo para quienes se dedican a esas labores, pues es una de las ocupaciones más desprotegidas y mal remuneradas.

Este trabajo ha sido considerado como una actividad no productiva porque, según se ha pensado erróneamente, no aporta a la economía de nuestro país. Por ende, las personas que lo desempeñan viven diversas formas de discriminación laboral, la cual se suma a la discriminación por ser mujeres, por ser trabajadoras del hogar, por realizar un trabajo subvalorado.

La situación actual de los derechos de las trabajadoras del hogar en América Latina, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que hay alrededor de 18 millones de trabajadoras del hogar en América Latina. Más del 70 por ciento labora en la economía informal, sin contratos formales ni protección.

Las trabajadoras del hogar suelen recibir salarios bajos en comparación con otros sectores laborales, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEM) de Brasil, el salario promedio de las trabajadoras del hogar es significativamente inferior al salario mínimo nacional. Cuando las jornadas laborales son extensas, a menudo sin límites claros entre el trabajo y el tiempo personal. Esto puede dar lugar a condiciones precarias y agotamiento físico y emocional.

Marcelina Bautista, oriunda de Nochixtlán, Oaxaca, y quien comenzó a laborar como trabajadora del hogar desde los 14 años de edad, indicó que a pesar de los avances legislativos en algunos países, como la inclusión en sistemas de seguridad social, las trabajadoras del hogar aún enfrentan barreras para acceder a la seguridad social y otros beneficios laborales.

Mencionó que en México, a partir de la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, tienen derecho a:

  • Nueve horas de descanso nocturno continuo
  • Descanso diario de tres horas entre el horario matutino y el vespertino
  • Un descanso semanal de día y medio
  • Contar con una habitación cómoda e higiénica
  • Alimentación sana y suficiente
  • Pago anual de 15 días de salario por concepto de aguinaldo o parte proporcional, según sea el caso
  • Trato digno, respetuoso y amable
  • Respeto a su condición física, étnica, religiosa, económica y preferencia sexual.

En resumen, agregó, la precariedad laboral entre las trabajadoras del hogar en América Latina se caracteriza por la falta de protección legal y laboral, salarios bajos, jornadas laborales extensas, falta de acceso a la seguridad social y discriminación en el lugar de trabajo. Estos desafíos destacan la urgencia de implementar medidas efectivas para mejorar las condiciones laborales y proteger los derechos del grupo de trabajadoras del hogar.

Mencionó que en la mayoría de los países de América Latina, las condiciones son muy similares en cuanto a la cultura, por ejemplo, o el sistema jurídico. Los derechos de este sector laboral normalmente se encontraban en apartados especiales y por décadas fueron atendidos superficialmente, hasta que llegaron las mismas trabajadoras del hogar a hablar en su nombre y a organizarse para defender sus derechos.

Así, dijo, se originaría en 1988 la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (Conlactraho), conformada por mujeres de 11 países: México, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina. En su primer encuentro, las participantes establecimos dos acuerdos importantes:

  • Constituir una Confederación que uniera a todas las organizaciones y fuera la base de un movimiento latinoamericano de trabajadoras del hogar.
  • Que el día 30 de marzo fuera el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, para que en este día se divulgue la situación de discriminación y la violación a nuestros derechos.

Indicó que la Conlactraho se convertiría en la única organización que representara al movimiento latinoamericano y del Caribe de las trabajadoras del hogar; impulsa, desarrolla y fortalece la lucha por reivindicar y mejorar las condiciones de vida del sector. También, ha generalizado la denominación “trabajadoras del hogar” para el sector, rechazando los nombres peyorativos.

Marcelina Bautista, quien comenzó a organizar a sus compañeras para conocer y defender sus derechos laborales, precisó que la lucha histórica de las trabajadoras del hogar permitió la regulación de esta actividad; por lo tanto, la formalización y lo que presenta un régimen establecido en la ley, destacando el pago de un salario justo, la jornada de ocho horas, los periodos de descanso obligatorio y el acceso a la seguridad social obligatorio, entre otras prestaciones.

“Hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer, pues la implementación efectiva de las leyes se enfrenta a problemáticas de resistencia a diario por parte de las trabajadoras como sector laboral en varios países, porque no se cuenta con difusión permanente o falta un marco jurídico hacía un trabajo digno como lo propone la Organización Internacional del Trabajo”, expresó.

Marcelina Bautista, quien en 2000 fundó el Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH), destaca el hecho de que la regulación del trabajo del hogar en América Latina no queda hasta allí, hacen falta esfuerzos de cada país para la implementación efectiva que ayude a eliminar las trabas que impiden la formalización de una relación laboral, basada en derechos y obligaciones de trabajo.

Todas las trabajadoras deben poder ejercer sus derechos humanos laborales sin discriminación, sin miedo a exigirlos. Lo que se pide es el cumplimiento de los derechos, ni más ni menos, lo que establece la Ley, precisó.

Grandes líderes del movimiento en AL

Conlactraho está representada por un secretariado de 7,000 integrantes de distintos países, mujeres que cuentan con trayectoria organizativa y experiencia laboral de más de 20 años como trabajadoras del hogar. Ellas se han destacado en sus países en la lucha por los derechos de las trabajadoras del hogar y han ocupado la secretaría general de la Conlactraho. A pesar de las dificultades, lograron grandes avances tanto a nivel nacional como internacional:

  • Aída Moreno Valenzuela. Chile, 1939-2021. Fundadora de Conlactraho, dedicó su vida al movimiento en su país y en América Latina. 
  • Basilia Catarí. Bolivia, 1965-2021. Fundadora de la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar de Bolivia.
  • Casimira Rodríguez. Bolivia, 1966. Líder del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Cochabamba. De 2006 a 2007 fue ministra de Justicia en el primer gobierno del presidente de Bolivia Evo Morales.
  • Marcelina Bautista. México, 1966. Fundadora del Centro Nacional para la Capacitación Profesional y Liderazgo de las Empleadas del Hogar (CACEH). 
  • María del Carmen Cruz. Nació en Nicaragua y emigró a Costa Rica, donde ha presidido Asociación de Trabajadoras Domésticas (Astradomes) 
  • Cleide Pinto. Brasil. Presidenta del Sindicato de Trabajadoras y Empleados del Hogar (SinDoméstica), actual secretaria general de la Conlactrahp.

Marcelina Bautista Bautista, también fundó en 2015, el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SInactraho) y, en 2022, la Casa Aída, un lugar de encuentro, capacitación y refugio para ese sector. Ha recibido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales.

Datos clave en América Latina y el Caribe

En América Latina y el Caribe, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y OIT, se puede estimar que entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado, de las cuales el 93% son mujeres

El trabajo doméstico supone en promedio entre el 10,5%, según cálculos de CEPAL con base en 18 países de la región, y el 14,3%, de acuerdo con estudios de OIT con base en datos de 16 países, del empleo de las mujeres en la región, lo que significa que una parte importante de la población activa, especialmente de las mujeres, lo hace en condiciones precarias y sin acceso a la protección social. 

De acuerdo con OIT, los países con mayor proporción de mujeres empleadas en el servicio doméstico son Paraguay, Argentina y Brasil. Sus ingresos son iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las personas ocupadas, a pesar de que en casi todos los países existe un salario mínimo establecido legalmente. 

De la misma fuente, más del 77,5% de las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico lo hacen en condiciones de informalidad. A nivel subregional, los datos de 2018 para el Caribe marcan una informalidad muy alta en varios países (superior al 90%), que se reproduce también en Centroamérica (97,6%), y le siguen los países andinos (81,9%) y el Cono Sur (63%). 

Entre los países de la región con mayores niveles de formalización del empleo se encuentra Uruguay con cerca del 70% de afiliación a sistemas de pensiones. Por el contrario, entre los países con cobertura más baja (inferior al 10%) se encuentran Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Perú.  

En cuanto al peso de las personas migrantes dentro del sector de trabajo doméstico, las estimaciones de la OIT señalan que un 17,2% de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes, siendo un 73,4% de ellas mujeres. Por otro lado, según cálculos de la CEPAL con datos de la ronda censal 2010 para ocho países, un 63% de las personas que se desempeñaban a la fecha en el empleo doméstico eran afrodescendientes.  

En muchos casos, a la discriminación que sufren estas personas por el trabajo que realizan se le agrega la discriminación por su condición de migrantes, o su característica racial y étnica. En síntesis, la población afrodescendiente e indígena se encuentra sobrrepresentada en el trabajo doméstico, reafirmando el carácter clasista y racista de un trabajo no debidamente regulado, controlado ni remunerado en el que queda mucho camino por recorrer para garantizar los derechos de las trabajadoras. 

En 2011, la OIT adoptó el Convenio núm. 189 sobre las y los trabajadores domésticos, que a la fecha ha sido ratificado por 30 países en todo el mundo, de los cuales 16 pertenecen a América Latina y el Caribe (55% del total de las ratificaciones). En este Convenio se establecen pautas para que los Estados garanticen derechos y protección social para las personas trabajadoras domésticas. 

Entre otras medidas, el Convenio establece que todas las trabajadoras domésticas tienen derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable, y que deberían adoptarse medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de las trabajadoras domésticas (Art. 13). A su vez, prevé que se deberán adoptar medidas apropiadas, a fin de asegurar que las trabajadoras domésticas disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social (Art. 14). 

Adicionalmente, los países de la región han impulsado diferentes normativas para garantizar el acceso a los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras domésticas. Entre ellas se destaca la Ley de Trabajo doméstico de Uruguay y Chile, el reconocimiento de iguales derechos en el código del trabajo de Ecuador, la reforma a la Constitución Federal de Brasil, y la Ley de régimen especial de contrato de trabajo para personal de casas particulares de Argentina. 

La ratificación del Convenio 189 ha llevado a varios países a impulsar reformas en la legislación laboral, a fin de adecuarla a los principios que este plantea, acercando o equiparando los derechos de las trabajadoras domésticas remuneradas (TDR) a los del resto de personas asalariadas. Algunos países habían iniciado con anterioridad un proceso de reformas para mejorar los niveles de protección laboral de estas trabajadoras. Ver más en Brief 2020, CEPAL, OIT y ONU Mujeres.

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Ciudad de México.- A Adriana de Jesus la atravesó la  violencia sexual y laboral. Desde 2022, fue víctima de acoso sexual por un compañero en la Secretaría de Educación Pública (SEP), enfrentó hostigamiento laboral por el jefe de la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos, Rickardo Alexander González González, esto se volvió violencia institucional, hasta la terminación de su contrato de interinato por adelantado, sin entregarle un finiquito, todo ello le dejó secuelas de crisis de ansiedad.

Cabe destacar que en este escenario, la afectada también mencionó que acudió a pedir la ayuda de la propia titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, pero la dejó sola en sus procesos de denuncia, pues no recibió su apoyo. 

La violencia laboral se ubica en el cuarto lugar que viven las mujeres en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (Endireh): del 70.1% de las mujeres que señalaron haber vivido violencia, 20.8% dijo ser víctima de ésta en condiciones de trabajo remunerado. También se conoce como “enemigo silencioso e invisible”, ya que es difícil de detectar; sobre todo por el temor de las víctimas a sufrir represalias al denunciar agresiones. Además, comentó que en noviembre del año pasado se realizó un bloqueo en las oficinas de Avenida Universidad 1200 por despidos injustificados a la cual la convocaron, y asistió por la molestia que sentía por la falta de respaldo institucional, «me dejó morir sola», reclamó.

Sin embargo, Adriana de Jesus, quien trabajó en la Secretaría de Educación Pública hasta el 16 de septiembre de 2023, enfrentó el reto de la denuncia, cuyo proceso inició el 26 de mayo de 2022, cuando levantó una queja ante el Órgano Interno de Control (OIC) y el Comité de Ética de la institución por acoso sexual por parte de uno de sus compañeros, pero el OIC no aplicó ninguna sanción al agresor; ella continuó trabajando con medidas de protección en un ambiente donde, además, estuvo expuesta a hostigamiento laboral y discriminación en razón de género.

El área donde cubrió una plaza de interinato era en la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos, un área de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la SEP. Según narró a Cimacnoticias, su compañero R. N. comenzó a acosarla cuando iniciaron las citas de vacunación contra la Covid-19 en México.

Ellos se conocían poco, pues solo convivieron tres meses antes del confinamiento en marzo de 2020, pero intercambiaron algunos mensajes donde Adriana le proporcionaba información a R.N. acerca de la vacunación contra el coronavirus. En ese intercambio de mensajes, él hizo insinuaciones sexuales a Adriana, quien se molestó pero prefirió dejar pasar el hecho porque —declara— sabía que no pasaría nada si lo denunciaba en los órganos internos correspondientes.

Esta impresión de Adriana está fundamentada. En 2019, ella solicitó un cambio al área donde está actualmente y levantó una denuncia frente al OIC de la SEP en contra del jefe de Departamento Martín Romero López. El motivo fue discriminación laboral, pues en diversas ocasiones, Romero la apartaba de ciertas actividades y ponía en duda su desempeño laboral de manera injustificada. 

El órgano, sin embargo, no le dio ningún número de folio para seguir las investigaciones. De hecho, hasta la actualidad, la víctima no fue llamada para hacer declaraciones u ofrecer muestras al respecto. Lo que sí sucedió, en cambio, fue que a Adriana de Jesús la cambiaron de área al departamento donde sufrió acoso.

La ingeniera en Comunicación reconoció que, al principio, la actuación de dicho OIC fue buena: apenas inició su proceso en mayo del 2022, el Comité de Ética le proporcionó una serie de medidas de protección que incluyó el traslado del agresor a otro centro de trabajo. Sin embargo, en su área laboral, el trato hacia ella cambió. El jefe de la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos, Rickardo Alexander González González, le indicó que no podía seguir realizando su trabajo cotidiano por órdenes del OIC, del Comité de Ética y del director general de la DGTIC Roberto Vega Castillo. Así, ella solo acudía a la oficina pero no le asignaban ninguna actividad.

La violencia laboral tiene diferentes manifestaciones; una de ellas es la violencia psicológica. La secuencia de hechos es muy clara: los empleadores o superiores jerárquicos impiden a la víctima participar en reuniones de trabajo; demeritan su desempeño y le ocultan información relevante. Estas prácticas aparecen en un informe de la Secretaria de Trabajo sobre esta problemática. Y algo muy parecido le ocurrió a Adriana, quien tras esta situación obtuvo un diagnóstico de “ansiedad generalizada” y “trastorno depresivo mayor recurrente”.

“Yo tengo ansiedad diagnosticada por el ISSSTE y también tengo depresión crónica” —contó Adriana a esta agencia de noticias— “pero cuando me pasó todo esto, mis crisis de ansiedad aumentaron de una forma que no te imaginas: el no hacer nada y quedarme ahí aislada esperando a que pasaran las horas a mí me pegó demasiado”.

Posteriormente, Adriana se enteró de que ni el OIC ni Vega Castillo habían ordenado su retiro del trabajo, el cual le fue devuelto hasta el 1 de febrero de este 2023, aunque con la condición de que la trabajadora entregara reportes de sus actividades laborales. Esta condición fue impuesta por el director general de la DGTIC, Vega Castillo; mientras tanto, a Rodrigo N. se le permitió seguir laborando sin ninguna condición.

Mencionó que el titular de la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos, Ricardo Alexander González González, fue quien ejerció hostigamiento laboral, porque limitó totalmente sus actividades. De hecho, el OIC ya tiene otra denuncia por parte de Adriana de Jesús. Esta denuncia fue levantada en contra de Rickardo González por hostigamiento laboral.

La ingeniera en Comunicación mencionó que fue condicionado el hecho de que les devolvieran sus actividades, (mismas que le quitó de forma arbitraria y a base de mentiras su director de área), a cambio de que se levantaran las medidas de protección hacia su persona que le había otorgado el Comité de Ética y esto provocaría que su acosador pudiera regresar a laborar en el mismo centro de trabajo que ella. 

Señaló que el Comité de Ética ya cerró este tema. “Me devolvieron mis actividades laborales mediante el oficio UAF/DGTIC/DSIyPR/012/2023, el cual prueba que lo que estoy diciendo es verdad y es importante recalcar que solo a mí se ordenó enviar evidencia documental de mis actividades laborales, mientras que a mi acosador todo el tiempo trabajó normal y no se le trató de la misma forma que a mí”.

Desde que le devolvieron su trabajo, sigue con su relato Adriana, llegaron correos electrónicos de felicitación y agradecimiento por parte de varios usuarios a los que les brindó servicio y atención, mismos que causaron molestia a su director de área, incluso hasta no ofrecerle la herramienta necesaria para realizar sus actividades laborales, equipo que no hay en la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos, como cómputo portátil, tester de cable, ponchadora de impacto, multímetro, desarmadores, jacks, plugs, diversos tipos de pinzas, cinta de aislar cinta de tubería, entre otros.

“Cuando yo me encontraba en situaciones de necesitar herramienta, le comentaba a Rickardo González, (pero) me contestaba de manera burlona que no hay herramienta y que le hiciera como pudiera, cuando regreso a mi área para dar informes acerca de los servicios atendidos por mí, pone en duda la calidad de mi trabajo y me excluye de varios servicios o manda a compañeros de otros departamentos para ver si lo hice bien”, refirió.

Precisó que llegó al punto de frustración de preguntarle directamente a Rickardo González si es un problema de género, pues es la única mujer en la dirección que atiende servicios técnicos y administrativos, (las demas mujeres solo estan en el area administrativa), si es hostigamiento laboral, discriminación y represalias por haber denunciado, pero no obtuvo una respuesta, ademas de que se requiere que sea multitareas, “soy a la única que se le exige que sea multitareas”.

En abril del año pasado, Adriana de Jesús expresó que no confiaba en director general de DGTIC, dado los antecedentes que existen por omisión y revictimización, ni se atrevía a solicitar su apoyo, pues temía la cambiaran de área y no se hiciera justicia y predominará la impunidad, pues sabía que existen denuncias por hostigamiento laboral contra el jefe de la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos de varios de sus compañeros, incluida ella.

Por ello, recurrió a otras instancias fuera de la SEP para emprender procesos paralelos. Así acudió al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, en Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el Centro de Justicia para las Mujeres, lo cual le permitió darse cuenta de que no solo vivió acoso sexual, sino también con violencia institucional en el que las altas jerarquías la violentaron y le obstaculizan el acceso a la justicia

La situación llegó a ser tan tensa para Adriana de Jesús que terminó con dejarla sin empleo, ya que Verónica Moreno, a quien conocía desde hace muchos años y le pidió que cubriera el interinato de su plazo, le comunicó en julio del año pasado que regresaría a sus labores, aunque antes le pidió que entregara a las 12 personas que también habían presentado quejas de abuso, de las cuales tres, incluida la de ella, se hizo con su nombre, los demás de forma anónima y otros se retractaron, pero Adriana rechazó la propuesta.

Adriana de Jesús señaló que ante su negativa a denunciar a las otras personas que presentaron quejas, en septiembre del 2023 Gabriela Erandi, coordinadora de DGTIC, le entregó un oficio donde le indicaron que por decisión de la titular de la plaza, Verónica Moreno, regresaba a sus funciones y ella quedaba fuera a partir del 16 de septiembre, cuando su interinato terminaba hasta el 31 de diciembre, situación que le generó una crisis de ansiedad, para el 18 de septiembre ya no la dejaron ingresar para recoger sus pertenencias personales.

“Estuve indagando si procedía mi baja en recursos humanos y me dijeron que no, porque su baja terminaba hasta el 31 de diciembre del 2023 y no antes”, aclaró. En este momento, Adriana de Jesús ya está fuera de la SEP, pero sigue en su lucha por recuperar sus derechos laborales que continúa su curso.

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La licencia menstrual para las mujeres que sufren de dolores incapacitantes recientemente aprobado por el Congreso de Oaxaca, es apenas un pequeño paso en la ruta hacia el derecho de las mujeres a una menstruación digna, señaló Tania Siglinde, educadora menstrual y activista oaxaqueña.

“Algo de lo que he abogado y milito es la visibilización y normalización de la menstruación, en ese sentido me parece un paso importante a que se le destine atención, tiempo y respeto”, indicó, sin embargo, señaló que aún falta mucho por lograr.

La licencia menstrual aprobada por el Congreso Local solo aplica a las trabajadoras del gobierno estatal y en específico a quienes a través de un certificado médico comprueben que sufren dolores incapacitantes durante su periodo.

Tania Siglinde consideró que la licencia debería de aplicarse a todas las mujeres independientemente del grado de malestar para eliminar el enfoque de menstruación como enfermedad.

Una de las propuestas para una menstruación digna -planteó- son las caravanas menstruales que lleguen a las escuelas a compartir e informar, a niñas, niños y sus docentes, maneras posibles y armoniosas de gestionar la menstruación de una forma más soberana, digna y ecológica.

Por lo pronto -expuso- habrá que estar vigilantes de que lo aprobado realmente se cumpla pues indicó que en muchas de las legislaciones suelen ser de papel.

“Es magnifico que se dé el día, pero si no hay información previa a final de cuentas pasa sin pena ni gloria porque no tenemos realmente elementos para dimensionar. Aún no se sabe cómo ha transcurrido en los estados que ya la tienen aprobada. No se sabe si hay un impacto de visibilizar-normalizar y aunque sea un paso importante falta mucho por hacer para educar para realmente optimizar y honrar”, destacó.

La reforma realizada por el Congreso de Oaxaca adiciona el artículo 21 Quáter a la Ley del Servicio Civil para las empleadas del gobierno de Oaxaca, para otorgar permiso a mujeres que padezcan dismenorrea.

Este artículo establece que, a las mujeres trabajadoras que presentan dismenorrea en grado incapacitante, avalado con constancia o certificado médico de institución pública de salud, se le otorgarán dos días de permiso durante su periodo menstrual, el cual no afectará salario, antigüedad, pago de primas, vacaciones, incentivos u otro derecho laboral adquirido.

La votación

La reforma realizada por el pleno el pasado 6 de marzo adiciona el artículo 21 a la Ley del Servicio Civil para empleados del gobierno de Oaxaca, que otorga permiso laboral de ausentarte a mujeres trabajadoras que presenten dismenorrea en grado incapacitante, situación que debe ser avalada por una constancia o certificado médico de una institución pública de salud.

En estos casos se le otorgarán dos días de permiso durante su periodo menstrual, el cual no afectará salario, antigüedad, pago de primas, vacaciones, incentivos u otro derecho laboral adquirido.

El dictamen aprobado establece que “la dismenorrea se trata de un problema ginecológico muy frecuente, que puede afectar a cualquier mujer en edad reproductiva. Su intensidad y características pueden variar, pero, en ocasiones, llega a reducir la calidad de vida de quien lo padece. De hecho, se trata de una causa importante de ausentismo escolar y laboral, así como de consulta médica”.

En la exposición de motivos se explica que este padecimiento se clasifica en dismenorrea primaria o funcional, en la cual se padece dolor y un incremento anormal de la movilidad del útero debido al aumento de unas sustancias químicas llamadas prostaglandinas; y la dismenorrea secundaria, la cual es consecuencia casi siempre de alguna enfermedad o anomalía pélvica, siendo las más frecuentes la endometriosis, adenomiosis uterina y miomas.

Las trabajadoras del gobierno del estado podrán hacer uso de la licencia menstrual una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

Colima fue la primera entidad del país en reconocer este derecho en mayo de 2022; en mayo de 2023 se sumó Hidalgo concediendo hasta dos días. En ambos estados se requiere certificado médico emitido por especialistas en ginecología que pertenezcan a una institución de salud pública. Recientemente, en los primeros días de 2024, se sumó el estado de Nuevo León.

De acuerdo con datos de la “Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual”, aplicada a adolescentes, mujeres adultas entre los 12 y 70 años de edad a nivel nacional, con particular atención en los estados de Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas, el 73 por ciento de las encuestadas en Oaxaca refirieron estar de acuerdo en que se den permiso en la escuela y el trabajo debido ante el dolor del periodo menstrual.

Además, un 61 por ciento dijo estar de acuerdo en que se aprueben leyes o políticas públicas relacionadas con la gestión menstrual.

El 39 por ciento de las mujeres encuestadas refirieron que no sienten dolores o molestias menstruales, el 30 por ciento refirió que ha presentado malestares leves, 10 por ciento varios dolores o malestares, 14 por ciento ha llegado a sentir malestares muy fuertes y el 6 por ciento dolores o malestares incapacitantes como vómito, diarrea, dolores en el vientre, espalda, senos o de cabeza.

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Ciudad de México.- A 30 años de la conformación de la agenda de medios de comunicación y mujeres, expertas en estos temas reflexionaron sobre la comunicación como fuente de poder para las mujeres, reconocida desde 1994 en Bangkok, Tailandia, y un año después, en Beijing, China, durante la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, esta afirmación daría lugar a incluir a los medios de comunicación entre las 12 esferas temáticas que los estados se comprometieron para atender de manera urgente y lograr el avance en igualdad.

En el Foro Mujeres periodistas y medios: tres décadas de agenda, organizado por Comunicación e Información de la Mujer A.C., y moderado por Cirenia Celestino Ortega, coordinadora de Estrategias de Comunicación y el Observatorio de Medios de CIMAC, destacó que este espacio de reflexión se da en el marco de la 68 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) que se está desarrollando en las instalaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.

La CSW68 es la mayor reunión anual de las Naciones Unidas sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y se realiza bajo el tema prioritario: ”acelerar el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas abordando la pobreza y fortaleciendo las instituciones y la financiación con perspectiva de género”.

Al respecto, Cirenia Celestino Ortega comentó que a lo largo de 30 años la sociedad civil, periodistas y la academia han medido el avance en esta agenda y la comunidad internacional. También, lo han realizado a través de conferencias, como lo que se desarrolla por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, por eso “llevamos a cabo esta mesa de trabajo con ponentes expertas en cada uno de estos temas”.

Indicó que se lleva a cabo la CSW en Nueva York y se trató el capítulo J. sobre las mujeres en los medios de difusión, que incluye dos objetivos, el primero de ellos: potenciar la participación de las mujeres en las industrias de medios, tema fue abordado por Aimeé Vega Montiel, comunicóloga feminista y doctora en Periodismo y Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Al inicio de la plática, Aimeé Vega Montiel mencionó que están participando desde la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, fundada en 1946, y es el mayor órgano para la formulación de políticas a nivel mundial, dedicado a promover la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres y su empoderamiento, y la participación de la sociedad civil ha sido crucial. 

“Me refiero a feministas que, desde las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las instituciones públicas, hemos hecho de la CSW el espacio más importante que contamos a nivel global para avanzar en la agenda de derechos humanos de las mujeres. A partir de 1995 y cada año, los gobiernos tienen la responsabilidad de rendir cuentas sobre los avances o retrocesos en las 12 materias que conforman la comisión”, recordó.

En este contexto, la investigadora del programa feminista del Centro de Investigaciones Disciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, dijo que lo saben todas las que luchan por el impulso de los derechos de las mujeres en el ámbito de la comunicación y del ecosistema digital que incluso dentro de la propia CSW ha habido resistencias, probablemente sea por una falta de entendimiento apoyar la vinculada con el papel de comunicación y las tecnologías de información.

Algo que se está advirtiendo en este encuentro en las instalaciones de la ONU es que de nueva cuenta prevalece un enfoque instrumental sobre los medios y en particular sobre las tecnologías de comunicación digital, el tema de este año se enfoca en el empoderamiento económico de las mujeres, poner fin a la feminización de la pobreza, precisó.

“Advertimos con preocupación que la única discusión, desde el ámbito institucional, oficial relacionada con estos sectores de la comunicación y la información es la que enfoca a estas tecnologías como mecanismos para el empoderamiento económico de las mujeres, más no hay un enfoque de derechos humanos como el que traemos las organizaciones de la sociedad civil”, detalló.

En este Marco, agregó, desde la Alianza Global de Medios y Género y la Red de Universidades Unesco en género y nuevas tecnologías que agrupa a una veintena de universidades de las cinco regiones del mundo, realizaron un evento para impulsar un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, el papel de los medios de comunicación y de la comunicación digital no solo en el avance económico, sino en áreas, como educación, salud, la vinculada al trabajo y como tema central la protección de mujeres periodistas y su seguridad.

Al entrar a su balance a 29 años de la aprobación de la plataforma, la especialista feminista observa con mucha preocupación que no hay, al menos desde el discurso oficial, una alusión a la plataforma de Beijing, China, lo cual lo habían denunciado desde hace más de una década, como en el ámbito global, lo que han identificado como un desmantelamiento de los mecanismos de los derechos humanos de las mujeres y preocupa este adelgazamiento o esta falta de atención institucional en lo que constituye la hoja de ruta de la plataforma de acción de Beijing.

Esta situación abundó, convoca de nueva cuenta a las organizaciones, la sociedad civil y la academia, pues desde las instituciones han hecho la construcción de los derechos humanos de las mujeres en los tres últimos siglos, por o que deben ir juntas en el impulso de esta agenda, porque no es solamente que forma parte de la memoria histórica de los derechos humanos de las mujeres, sino que tiene una vigencia fundamental.

“Estos temas siguen girando en torno a la discusión sobre el poder la desigualdad, la discriminación y la violencia, hoy vemos también como la discusión se centra en las tecnologías que hacen uso de inteligencia artificial, no lo que nosotras señalamos es bueno, o sea van cambiando las tecnologías, pero los problemas centrales siguen estando ahí. Eso nos convoca a salir del enfoque tecnocentrista que cada nueva tecnología” refirió.

Apuntó primero a los medios de comunicación analógicos, como la radio, la televisión y la prensa, ahora en todo el ecosistema digital que operan en nuestra relación con estas tecnologías suceden desigualdades en el patriarcado, pues nos hacen pensar que cada nueva tecnología sí tendrá posibilidades de erradicar la desigualdad y la violencia contra las mujeres. 

Estereotipos de género en contenidos mediáticos

En su turno, Sandra López, coordinadora del proyecto de monitoreo global de medios para la región América Latina, conocido como GMMP, habló sobre el capítulo para erradicar los contenidos que reproduzcan los estereotipos de género de los contenidos mediáticos, al señalar que es pertinente avanzar con el monitoreo de medios, a fin de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres en los medios de difusión.

Subrayó, que el monitoreo tiene el objetivo global de contar con evidencias a nivel mundial, no solamente de un país sobre el análisis de las noticias en el mundo, el cual va a cumplir su 30 aniversario, desde el cual se genera un reporte y este se ha convertido en una de las fuentes de información más respetadas y visitada en el mundo en temas de género y medio de comunicación.

Incluye distintas variables con respecto de la imagen de las mujeres en las noticias, donde se tiene y que contar con manos voluntarias, pues plantea la preocupación de las organizaciones de mujeres, como el GMMP, que se prepara para el séptimo reporte, y enfrentan dificultad en el financiamiento de fondos.

La experta antropóloga social con aplicación de género, destacó el hecho de que es un informe muy importante de estadística que permite incidencia y tener todos los hallazgos para promover el derecho a la comunicación, pero cada vez cuenta con menos financiamiento.

El monitoreo de los medios es para contar con argumentos sólidos, no solamente con opiniones de percepciones, sobre la situación de los mensajes, concretamente cómo están los estereotipos de las mujeres.

Insistió en que ayudar al colectivo para analizar desde una perspectiva de derechos humanos los mensajes en los medios y aportar con información al movimiento feminista, también a las agencias que trabajan en temas de derecho a la comunicación y para fortalecer toda la incidencia que se realiza en nivel de los estados de los mismos medios de comunicación.

“Aportar con recomendaciones para mejorar el trabajo periodístico en la producción de mensajes para los medios, entender la representación que realizan los medios, y esto es importante, porque muchas veces se minimiza la relación que existe entre los medios y la realidad y este es uno de los elementos que más posibilita el GMMP, al obtener los datos que contrastan la realidad, así como brindar retroalimentación a quienes producen contenido para fortalecer su labor y en el ejercicio de la auto comunicación.

Sobre los datos del GMMP, su coordinadora detalló la imagen que tienen las mujeres en los medios de comunicación como sujetas de fuentes de noticias, son representadas solo con un 25 por ciento.

En noticias fuertes como el COVID cuando se hizo el sexto monitoreo en el 2020, solamente el 25 por ciento de las mujeres estuvieron presentes en noticias sobre COVID y las mujeres de pueblos originarios representaron el 3 por ciento , mujeres especialistas en salud solamente el 30 por ciento, en cuanto al cuidado de la casa sube el protagonismo de las mujeres, lo cual muestra que el cambio es insuficiente, pues 70 por ciento están ubicadas en ese rubro.

Agregó que las personas mayores de 80 años están en las noticias en 3 por ciento, demuestra su invisibilización, este dato incluye a los hombres.

Se tiene un 40 por ciento de la presencia de mujeres en los medios, quienes son reporteras, y cuya cifra es baja, si bien se ha incrementado desde el primer GMMP en 1995, y mujeres en función de especialistas se ubican en 24%.

Respecto a los rangos de edades, la terapeuta social mencionó que desde los 65 a los 79 años, tienen una baja representación, pero dentro de la misma las mujeres representan el 3% total de este grupo, y los hombres el 15%, hay una invisibilización de la presencia de mujeres y refuerza este estereotipo de que las mujeres no deben envejecer:

“las mujeres tenemos que estar siempre jóvenes, siempre bellas y que el envejecimiento no está permitido, al menos eso aparece en los medios de comunicación”. 

En cuanto al tema de participación política, la especialista enfatizó que las mujeres que tiene el rol de personas de gobierno representan el 18 por ciento; las mujeres comerciantes y artesanas están presentes en los medios en un 21 por ciento, las que están en el rol de deportes son 14 por ciento y las que están en servicios de salud o trabajo social están en un 47 por ciento, por lo que el rol de servicios es el que nuevamente supera a los otros ámbitos donde las mujeres tienen una baja representación, casi menos del 20 por ciento.

A partir de estos datos se necesitan 72 años para alcanzar la igualdad numérica en las noticias y lo que pasa en las noticias se refleja en la realidad, por eso es necesario que los medios de comunicación y todos los contenidos mediáticos aumenten el apoyo mutuo de valoración de la diversidad para los cuidados y el empoderamiento de las mujeres.

“Por supuesto, hay que continuar avanzando en los espacios de formación, de diálogo para la autorregulación, está el nivel de gobierno de los estados y compromisos internacionales, regulación los medios de comunicación, generación de manuales, códigos de discriminación, es decir todo lo que pueda aportar para una imagen de los medios de comunicación que aporten como una oportunidad para aportar igualdad en el monitoreo mundial, debemos seguir avanzando y necesitamos todo el esfuerzo de los estados, de sociedad civil, de organizaciones de mujeres”, reclamó.

Luego tocó el turno a María José Puente Zavala, periodista mexicana quien trató el tema de la precarización de la labor periodística y la agudización de la violencia que se ejerce contra ellas, planteó una preocupación al señalar que incluso desde el activismo.

Retomó el balance de Artículo 19 entre 2000 y 2023, donde se reportó que en México al menos 12 mujeres periodistas han sido asesinadas por causas relacionadas por su labor periodística sumado a la violencia feminicida, donde más del 90 por ciento de las carpetas de investigación abiertas por cualquier delito no son resueltas.

Dijo que en el balance anual del 2023 que elaboró CIMAC se registraron 184 casos de agresiones contra mujeres periodistas en el ejercicio de su labor a lo largo del año, prácticamente casi cada dos días una mujer periodista es agredida, de acuerdo con el registro balance, la Ciudad de México es la entidad que tiene más casos, que se podría explicar por el volumen de la población en la capital.

En el interior del país se tiene o se conocen las vías para ejercer la denuncia, incluso qué tanto se han normalizado las violencias que se cometen contra las mujeres periodistas, no solo aquellas que tienen que ver específicamente con el trabajo de la producción, si no también aquellas que están cargadas de componentes en razón de género, y que son ampliamente documentadas, por ejemplo lo que esté relacionado con la apariencia, la vida sexual, el ejercicio de los derechos reproductivos, la forma en que ejerce los roles que han sido impuestos por el patriarcado, precisó. 

También hizo referencia al reporte de CIMAC en lo referente a tipo de agresiones en el ejercicio periodístico que son los ataques digitales, por medio de campaña de desprestigio y tienen todos componentes de estereotipos contra las mujeres.

Dijo que es importante colocar lo que está pasando al interior de los estados en territorios alejados del centro, cuyos agresores so funcionarios públicos en el orden de gobierno municipal, cuatro de cada 10 agresiones fueron perpetrados por esos servidores públicos, donde se tiene que analizar qué tipos de mecanismos tienen para combatir esta situación y la autoridad la reconozca.

La integrante de la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí señaló que las reporteras son las que están en su labor en campo, en conferencia de prensa, haciendo sus cuestionamientos a los funcionarios públicos y se debe observar lo complejo que puede ser denunciarlos, pues existe la posibilidad de que su medio de comunicación o fuente de empleo, tenga un convenio de publicidad y esto se va a priorizar por encima de la seguridad y la justicia para esa mujer periodista.

“Muchas de nosotras, me voy a incluir, cuando tenemos que colocar una denuncia o para respaldar a una colega que ha sido víctima de una violencia, nos preguntamos constantemente esto, ‘¿mi medio lo va a permitir?’, criticar a un gobierno con el que se tiene negocios, aunque sea para respaldar a una compañera, para muchas eso es un impedimento, sobre todo en un momento en el que la precarización del trabajo periodístico es otra realidad y muy dura”, lamentó.

Con base en la experiencia de la periodista, que ha recibido diversos galardones por su labor, expuso que no hay conocimiento de la política de protección a mujeres periodistas y menos interés al interior del país por contar con la misma, urge una legislación en torno a la regulación de gasto oficial, porque en medio de esa relación entre el poder público y privado, representado por los medios de comunicación, quedan en medio las mujeres periodistas y están inmersas en esa guerra.

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Las trabajadoras del gobierno de Oaxaca gozarán de licencia menstrual, es decir, permiso para ausentarse de sus labores por menstruación dolorosa, luego de que el Congreso de Oaxaca aprobara el permiso laboral por dismenorrea al realizar adecuaciones a la Ley del Servicio Civil.

La reforma realizada por el pleno el pasado 6 de marzo adiciona el artículo 21 a la Ley del Servicio Civil para empleados del gobierno de Oaxaca, que otorga permiso laboral de ausentarte a mujeres trabajadoras que presenten dismenorrea en grado incapacitante, situación que debe ser avalada por una constancia o certificado médico de una institución pública de salud.

En estos casos se le otorgarán dos días de permiso durante su periodo menstrual, el cual no afectará salario, antigüedad, pago de primas, vacaciones, incentivos u otro derecho laboral adquirido.

El dictamen aprobado establece que “la dismenorrea se trata de un problema ginecológico muy frecuente, que puede afectar a cualquier mujer en edad reproductiva. Su intensidad y características pueden variar, pero, en ocasiones, llega a reducir la calidad de vida de quien lo padece. De hecho, se trata de una causa importante de ausentismo escolar y laboral, así como de consulta médica”.

En la exposición de motivos se explica que este padecimiento se clasifica en dismenorrea primaria o funcional, en la cual se padece dolor y un incremento anormal de la movilidad del útero debido al aumento de unas sustancias químicas llamadas prostaglandinas; y la dismenorrea secundaria, la cual es consecuencia casi siempre de alguna enfermedad o anomalía pélvica, siendo las más frecuentes la endometriosis, adenomiosis uterina y miomas.

Las trabajadoras del gobierno del estado podrán hacer uso de la licencia menstrual una vez que el decreto sea publicado en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

Colima fue la primera entidad del país en reconocer este derecho en mayo de 2022; en mayo de 2023 se sumó Hidalgo concediendo hasta dos días. En ambos estados se requiere certificado médico emitido por especialistas en ginecología que pertenezcan a una institución de salud pública. Recientemente, en los primeros días de 2024, se sumó el estado de Nuevo León.

De acuerdo con datos de la “Primera Encuesta Nacional de Gestión Menstrual”, aplicada a adolescentes, mujeres adultas entre los 12 y 70 años de edad a nivel nacional, con particular atención en los estados de Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas, el 73 por ciento de las encuestadas en Oaxaca refirieron estar de acuerdo en que se den permiso en la escuela y el trabajo debido ante el dolor del periodo menstrual.

Además, un 61 por ciento dijo estar de acuerdo en que se aprueben leyes o políticas públicas relacionadas con la gestión menstrual.

El 39 por ciento de las mujeres encuestadas refirieron que no sienten dolores o molestias menstruales, el 30 por ciento refirió que ha presentado malestares leves, 10 por ciento varios dolores o malestares, 14 por ciento ha llegado a sentir malestares muy fuertes y el 6 por ciento dolores o malestares incapacitantes como vómito, diarrea, dolores en el vientre, espalda, senos o de cabeza.

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Ciudad de México.- El pleno del Senado aprobó por unanimidad reformas a la Ley Federal del Trabajo para establecer un salario base a deportistas profesionales con perspectiva de género, con la finalidad de cerrar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres. Podrán contar con aportaciones adicionales derivadas de la categoría de eventos o funciones, de equipos o experiencia en el deporte, esta propuesta fue impulsada por la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado.

Según los cambios a la legislación, avalados con 79 votos, el salario base será determinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión de Salarios Mínimos (Conasami) y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. Se considerará violatoria del principio de igualdad de salarios, disposición o contrato que estipule diferentes salarios base por ramas femenil y varonil de un mismo deporte.

El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su aval. En caso de aprobarse en San Lázaro sin cambios, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tendrá un plazo de 180 días para publicar la nueva disposición salarial que deberán percibir las deportistas, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte formule y publique la política salarial y establezca el salario base

La reforma a la Ley Federal del Trabajo se deriva de tres propuestas presentadas por senadores de diversos grupos parlamentarios entre 2022 y 2023. Aunque los legisladores reconocen que la Liga MX Femenil y otras organizaciones, han impulsado mejoras, aún queda camino por avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres.

Noruega, es un país pionero en igualdad salarial en deportes, donde la Federación de Futbol igualó el salario de las futbolistas con la de jugadores masculinos. En 2022, la Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció igualdad salarial entre mujeres y hombres, acuerdo acompañado de una indemnización de 24 millones de dólares para compensar la discriminación salarial de los últimos años.

En la nueva disposición aprobada en el Senado, los empleadores tendrán la obligación de inscribir y aportar a la seguridad social de las deportistas, incluyendo al Fondo Nacional de la Vivienda. Las disposiciones aplicarán a cualquier persona que practica una disciplina o especialidad deportiva, sujeta a una relación de trabajo para obtener una remuneración económica, sin distinción por origen étnico o nacional, género, sexo, edad, las discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, estado civil u otra que atente contra la dignidad humana, como futbolistas, basquetbolistas, tenistas, boxeadoras, luchadoras y otras semejantes.

El proyecto obliga a las personas empleadoras organizar y mantener un servicio médico privado especializado para la persona deportista profesional, conforme a los requisitos de la disciplina deportiva que desarrolla y con perspectiva de género.

Un gran avance, consideran senadoras

La senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, consideró que para establecer un salario base, hubo mucha confusión en el debate, en el sentido de que estaban planteando que simplemente las mujeres y los hombres ganarán lo mismo como deportistas profesionales, y efectivamente todos lo aclararon.

“El tema era establecer un salario base para todas las personas deportistas profesionales y de ahí en adelante, por supuesto, es el nivel de entretenimiento, la experiencia, la competitividad y todo lo que puede generar ya el mercado en el deporte para establecer efectivamente muchas diferencias, pero en la base no podíamos permitir se siguiera estipulando un salario distinto por trabajos iguales”, estableció Patricia Mercado.

La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera, celebró que, a unos días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, las y los legisladores desahoguen temas pendientes para fortalecer los derechos de este sector, como las reformas a la Ley Federal del Trabajo que buscan cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres en el ámbito deportivo.

En entrevista, la senadora adelantó que, como parte de los actos que el Senado llevará a cabo para conmemorar el 8 de marzo, se abrirá un espacio durante la sesión plenaria de mañana, a fin de hacer un recuento de los avances legislativos en la materia que se han registrado en los últimos años.

«Se pondrán a consideración del Pleno de la Cámara de Senadores diversos dictámenes en materia de igualdad, paridad y empoderamiento de las mujeres en la sociedad. En el caso de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, no hubo quien se opusiera al proyecto y solo hasta que se tocaron ciertos temas, se hicieron observaciones técnicas para empatar jurídicamente todo el andamiaje legal ya establecido, a fin de no crear excepciones», precisó.

Respecto a las declaraciones de algunos especialistas, que aseguran que no es igual el deporte femenil que el varonil, la senadora Ana Lilia Rivera opinó que, a pesar de las diferencias biológicas, las mujeres y los hombres generan oportunidades que representan el mismo esfuerzo, por lo que no puede haber diferencias, ya que, en términos de igualdad, eso es un mensaje de misoginia.

La senadora de Encuentro Social, Eunice Renata Romo Molina, a nombre de la Comisión para la Igualdad de Género, consideró que esta reforma a la Ley Federal del Trabajo representa “un gran avance”, porque se garantizan los derechos laborales de las personas deportistas profesionales y adecúa los términos al lenguaje incluyente.

Por Morena, la senadora Imelda Castro Castro urgió a las y los legisladores de oposición, a incrementar los días de aguinaldo, a reducir la jornada laboral y apoyar la propuesta para que las jubilaciones sean del 100 por ciento del sueldo que obtienen las y los trabajadores al retirarse

En representación del PAN, la senadora Estrella Rojas Loreto recordó que el deporte es un medio para alcanzar la salud y busca mayor rendimiento bajo los ideales de competencia, mérito y desempeño, por lo que México tiene un área de oportunidad para adoptar en esta materia la perspectiva de género, la inclusión de las mujeres y la no discriminación por razones de género.

De Movimiento Ciudadano, la senadora Ruth Alejandra López Hernández subrayó que las personas deportistas son motivo de orgullo para México, por los logros alcanzados en torneos mundiales; sin embargo, coincidió en que el deporte mexicano tiene una deuda con las mujeres por las importantes brechas de género que persisten y que obligan a dignificarlo y remunerarlo en una justa dimensión.

La senadora del PVEM, Nuvia Magdalena Mayorga Delgado, dijo que con esta reforma se busca salvaguardar los derechos laborales de los deportistas profesionales y transitar a cerrar la brecha de desigualdad en prácticas deportistas.

Según el dictamen, las deportistas profesionales tendrán derecho a un día descanso por semana, sin que se pueda disminuir el salario. Tendrán acceso al servicio médico privado especializado a cargo del empleador, conforme a los requisitos de la disciplina deportiva que desarrolla con perspectiva de género. 

Los equipos deportivos tendrán la obligación de contar con reglamentos y protocolos que atiendan la discriminación  por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual en su ámbito de trabajo y, garantizar el ejercicio de los derechos laborales, individuales y colectivos de las personas deportistas profesionales.

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Ciudad de México.- La agenda de derechos laborales que ha avanzado en los últimos años, es producto de los acuerdos políticos amplios entre los diferentes grupos  parlamentarios en el Congreso de la Unión, los cuales no puede detenerse, mucho menos retroceder, advierte Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano quien estará pugnando porque algunas reformas salgan en este periodo legislativo.

Mercado acaba de lograr que se aprobara la Ley Silla, que busca prohibir a empleadores exigir a sus empleadas estar de pie durante toda su jornada laboral, como sucede en supermercados, tiendas departamentales y bancos. La propuesta fue avalada por los integrantes de las comisiones unidas del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para establecer el descanso periódico obligatorio en todos los centros de trabajo.

Además, se obliga a los patrones a proveer el número suficiente de sillas con respaldo para el descanso periódico de los trabajadores. Pero el cumplimiento de esta orden puede ser limitado cuando la naturaleza de la seguridad laboral lo amerite.

Otro tema que aún está por revisarse ante el pleno senatorial, es el relacionado con la reforma para la igualdad salarial de las futbolistas mexicanas, que fue aprobada en comisiones del Senado el 15 de noviembre del 2023, en el cual sería determinado un salario base para todas las personas que desempeñen un deporte de manera profesional en el país.

Esta iniciativa busca combatir la desigualdad entre hombres y mujeres en el deporte, así como combatir el acoso y la violencia que viven las deportistas. Según la senadora, Patricia Mercado, quien también impulsa esta propuesta, que señala que el salario base tendrá que ser igual para hombres y mujeres y las autoridades tendrán 180 días para establecerlo. La iniciativa aún debe ser turnada a la Cámara de Diputados.

La posibilidad de la reducción de jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales, es una medida largamente anhelada por clase trabajadora, la cual sigue latente. Este retraso surge siguiendo la recomendación del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha instado a llevar a cabo un análisis más profundo de la propuesta, asegurándose de que todas las perspectivas sean debidamente consideradas.

De momento, no hay una fecha exacta para conocer cuándo se va a discutir la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Lo que sí, es una certeza que deberá ser antes del 30 de abril de 2024, que es el periodo en el que finalizan las sesiones de la Cámara de Diputados y Senado de la República, que se renovarán en junio próximo. Allí, se expondrán todas las posturas sobre esta reducción de jornada laboral y si es que finalmente se aprueba o no.

“En el Congreso de la Unión se tiene a medio camino reformas importantes, como la que atiende el acoso y la violencia laboral, el cual es un compromiso de México ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la llamada Ley Silla, la igualdad salarial de futbolistas mexicanas y la reducción de la jornada laboral a 40 horas”, expuso.

Reclamó el hecho de que por más de 20 años que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos aumentaba las percepciones del sector laboral a solo un peso, por lo que van a tener que explicar el porqué ahora se está planteando una situación distinta y la productividad es baja en México, ya que se trabajan muchas horas junto con bajos salarios y jornadas extenuantes.

Sumado a lo anterior, Indicó, se tienen climas laborales no aptos en las empresas, son muchas cosas las que se tienen atrasadas y que se deben contar para por lo menos para que se formen esas clases medias, pues el 65 por ciento de las personas vive de su trabajo, por eso tiene que ser trabajo decente en el sentido tal y como lo plantea nuestra Ley Federal del Trabajo.

La senadora Mercado mencionó que el Estado mexicano se retiró en los últimos 10 años y lo hizo pensando: “el mercado resuelve, ahí va a haber riqueza, va a haber una derrama, ahí los trabajadores también van a recibir esta derrama con esta riqueza, y claro que no”, sentenció.

Patricia Mercado argumentó que con el arranque del último periodo de sesiones en el Senado de la República, pidió a sus seguidores en redes sociales que le ayudan a visibilizar la gran diferencia que hace algo tan sencillo y humano: un asiento con respaldo para trabajadoras y trabajadores de comercios y servicios.

«La situación que hoy vive México no es producto solamente de las decisiones de este gobierno, sino que es producto de los últimos 30 años que nos siguieron hundiendo en la desigualdad«, opinó Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano.

Expuso que no solo estamos hundidos en la desigualdad, sino también en la exclusión, por supuesto, todo el tema de inseguridad, “se ha ido acumulando, porque no está habiendo buenas respuestas, pero empezó desde el que encabezó Felipe Calderón, siguió con Enrique Peña Nieto, esta visión punitiva, esta visión de querer no discutir la regulación de las drogas de otra manera”.

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