La estructura misógina de la SEP y el caso de acoso sexual contra trabajadora

Ciudad de México.- Daniela trabaja en la Secretaría de Educación Pública (SEP). El 26 de mayo de 2022 levantó una denuncia con Órgano Interno de Control (OIC) y el Comité de Ética de la institución tras sufrir acoso sexual por parte de uno de sus compañeros. A justo un año de los hechos, el OIC no ha aplicado ninguna sanción al agresor; por su parte, Daniela continúa trabajando con medidas de protección en un ambiente donde, además, ha estado expuesta a hostigamiento laboral y discriminación en razón de género.

Daniela (de quien cambiamos el nombre para proteger su identidad) trabaja en la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos, un área de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la SEP. Según narró a Cimacnoticias, su compañero R. N. comenzó a acosarla cuando iniciaron las citas de vacunación contra la Covid-19 en México.

Ellos se conocían poco, pues solo convivieron tres meses antes del confinamiento en marzo de 2020, pero intercambiaron algunos mensajes donde Daniela le proporcionaba información a R.N. acerca de la vacunación contra el coronavirus. En ese intercambio de mensajes, él hizo insinuaciones sexuales a Daniela, quien se molestó pero prefirió dejar pasar el hecho porque —declara— sabía que no pasaría nada si lo denunciaba en los órganos internos correspondientes.

Esta impresión de Daniela está fundamentada. En 2019, ella solicitó un cambio al área donde está actualmente y levantó una denuncia frente al OIC de la SEP en contra del jede de Departamento Martín Romero López. El motivo fue discriminación laboral, pues en diversas ocasiones, Romero la apartaba de ciertas actividades y ponía en duda su desempeño laboral de manera injustificada. El Órgano, sin embargo, no le dio ningún número de folio para seguir las investigaciones. De hecho, hasta la actualidad, la víctima no ha sido llamada para hacer declaraciones u ofrecer muestras al respecto. Lo que sí sucedió, en cambio, fue que a Daniela la cambiaron de área al departamento donde sufrió acoso.

La situación con R. N. empeoró: mientras la pandemia continuaba, en el departamento donde trabajaban él y Daniela instauró guardias. Esto provocó que ambos se encontraran constantemente y que, en cada encuentro, Daniela fuera molestada por su excompañero. Y, cuando las y los trabajadores regresaron al trabajo presencial, empezaron a difundirse rumores acerca de la vida sexual de Daniela; en estos rumores se hablaba de supuestas relaciones entre ella y otro compañero.

Daniela confrontó a su agresor junto con su otro compañero en presencia de su jefe inmediato; no obstante, esto solo agravó el hostigamiento por parte de Rodrigo. Por este motivo, la ingeniera decidió hablar con el abogado de la DGTIC, cuya respuesta fue pedirle a la víctima no llevar el asunto a Dirección General para que “no se le juntara más trabajo” a él. Luego, Daniela se acercó con el sindicato de trabajadores, donde su líder sindical C.G.D.G. le dijo que su agresor tenía derecho a defenderse y que podía alegar que ella lo provocó. “No puede ser que me digas esto”, pensó Daniela en aquel momento.

Estas circunstancias llevaron a la trabajadora a tomar la decisión de presentar una denuncia frente al Comité de Ética y el OIC en mayo de 2022. El Comité ya dictó una resolución en favor de la víctima, pero en ella no se incluye ningún tipo de sanción. La única instancia capaz de sancionar al agresor es el Órgano Interno de Control; no obstante, a un año de los hechos, el OIC apenas llamó a Daniela para ratificar la denuncia y comenzar a tomar pruebas e iniciar las investigaciones.

Las irregularidades en la SEP al atender el caso

Esta no es la primera vez que la historia de Daniela es publicada mediáticamente. En 2022, el medio La Octava publicó un reportaje sobre el caso. La ingeniera en Comunicación considera que, de no haber sido por esto, es probable que esta otra denuncia suya frente al OIC tampoco hubiera avanzado.

Daniela reconoce que, al principio, la actuación de dicho Órgano fue buena: apenas inició su proceso en mayo, el Comité de Ética le proporcionó una serie de medidas de protección que incluyó el traslado del agresor a otro centro de trabajo. Sin embargo, en su área laboral, el trato hacia ella cambió. El director de su área (Rickardo Alexander González González) le indicó que no podía seguir realizando su trabajo cotidiano por órdenes del OIC, del Comité de Ética y del director general de la DGTIC Roberto Vega Castillo. Así, ella solo acudía a la oficina pero no le asignaban ninguna actividad.

“Yo tengo ansiedad diagnosticada por el ISSTE y también tengo depresión crónica” —contó Daniela a esta agencia de noticias— “pero cuando me pasó todo esto, mis crisis de ansiedad aumentaron de una forma que no te imaginas: el no hacer nada y quedarme ahí aislada esperando a que pasaran las horas a mí me pegó demasiado”.

Posteriormente, Daniela se enteró de que ni el OIC ni Vega Castillo habían ordenado su retiro del trabajo, el cual le fue devuelto hasta el 1 de febrero de este 2023, aunque con la condición de que la trabajadora entregara reportes de sus actividades laborales. Esta condición fue impuesta por el director general de la DGTIC, Vega Castillo; mientras tanto, a Rodrigo N. se le permitió seguir laborando sin ninguna condición.

Antes de eso, en noviembre de 2022, el Comité de Ética intentó retirarle las medidas de protección, lo que implicaba que su agresor regresaría a trabajar al mismo lugar que ella. Sin embargo, Daniela también levantó una denuncia frente a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, donde le proporcionaron el código Águila. Dicho código es una especie de orden de restricción que activa una alerta cuando el agresor quiere acercarse a su víctima. Así, las medidas de protección continúan vigentes.

Ese mismo mes, el Comité de Ética dio a conocer una resolución en la que acreditaba que las pruebas ofrecidas por Daniela comprobaban que el comportamiento de Rodrigo N. violentaba el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas. Rodrigo fue reconocido como agresor, ante lo cual, el Comité recomendaba enviarlo a cursos de sensibilización. Sin embargo, el único órgano capaz de ejecutar esta y otras sanciones aún está lejos de contar con una resolución.

De hecho, el OIC ya tiene otra denuncia por parte de Daniela. Esta denuncia fue levantada en contra de Rickardo González por hostigamiento laboral luego de que éste limitara las actividades laborales de la trabajadora a base de mentiras. No obstante, al tratarse de una denuncia contra un directivo (y tal como declaró Daniela), es probable que este caso no vaya a proceder de forma alguna.

Mientras tanto, Daniela recurrió a otras instancias fuera de la SEP para emprender otros procesos paralelos. Levantó una queja frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual ha solicitado información a la DGTIC, pero ésta ha negado que haya violencia contra Daniela. También acudió a otras instituciones entre las que se encuentran el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, en Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el Centro de Justicia para las Mujeres.

Esto le ha permitido mirar el problema de otra forma y darse cuenta de que lo que está viviendo no es un hecho aislado y no tiene que ver solo con el acoso sexual: es un problema de violencia institucional en el que las altas jerarquías no solo la violentan, sino que además le obstaculizan el acceso a la justicia. Lo anterior se comprueba en el hecho de que, de acuerdo con Daniela, ella no es la única que ha sufrido hostigamiento laboral e incluso acoso sexual. Pero, pese a esto, sus perpetradores continúan laborando con ellas.

OIC de la SEP no es el único que actúa con negligencia

La experiencia de Daniela con los procesos del OIC y el Comité de Ética en la SEP contra personas de altos rangos se replica en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Aquí, en 2022, la exempleada consular Virginia Solís Tepayol levantó una denuncia frente al OIC y el Comité de Ética de dicha Secretaría. La razón fue el constante hostigamiento laboral que tanto ella como sus compañeros experimentaron por parte de Remedios Gómez Arnau, la cónsul general de México en San Francisco, California, EEUU.

Este 9 de enero de 2023, el Comité de Ética dio por concluido el caso. Su resolución fue que no había acto qué sancionar. Esto, pese a que el Consulado de México en San Francisco (el lugar donde trabajaba Virginia) terminó el contrato de la extrabajadora aun sabiendo que había sido víctima de una violación sexual y que necesitaba sustento económico en un momento tan complicado. De hecho, el Consulado tampoco le ofreció la asistencia que ella requería por el simple hecho de ser una mexicana en el extranjero.

Aquí en México, otra trabajadora de la SRE llamada Elvia Álvarez Marín también interpuso una denuncia contra Flor Itzé Ramírez Godínez, titular del Área de Política de Igualdad de Género, quien la agredió y hostigó laboralmente en diversas ocasiones. El OIC no llegó a una resolución y Elvia fue despedida.

Esto habla de estructuras internas negligentes al momento de aplicar justicia para sus trabajadoras. También, del ejercicio de poder como un modo de violentar a las y los empleados bajo el permiso de la impunidad. Sin embargo, en estos dos casos y el caso de Daniela, las trabajadoras han decidido levantar la voz para intentar romper estas estructuras patriarcales.

“Me volví muy insegura, más de lo que te puedes imaginar, pero llegó un punto en el que dije “ya basta”, no voy a permitir que me traten así y que me falten al respeto”, asegura Daniela, quien —como Elvia y Virginia— han encontrado en estas violencias un techo de cristal que intentan romper demostrando sus capacidades laborales. También han encontrado una forma de ampliar sus exigencias y hacerlas la voz de todas las que han atravesado situaciones similares.

Ahora, cuando a Daniela se le acerca alguna compañera en una situación parecida a la suya, les trata de dar orientación detallada; “trato de hacerles un acompañamiento como el que a mí no me dieron”, asevera. Un acompañamiento que en el fondo tiene una exigencia clara: ni la SEP ni ninguna otra institución deben permitir que siga habiendo más encubrimientos e impunidad dentro de sus centros laborales.