Ayer, 28 de mayo, se conmemoró el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, establecido desde 1987, durante una reunión de la Red Global de Mujeres por los Derechos Reproductivos en Costa Rica, como un recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres.
Hace 36 años las condiciones de vida de las mujeres empezaban a cambiar. Veníamos de los movimientos sociales de los años 60 y 70, en medio de la segunda ola del feminismo, se formaban los primeros grupos feministas que colocaban en el centro la demanda por los derechos sexuales y reproductivos. “Lo personal es político” comenzó a tomar sentido. “Mi cuerpo es mío”: se exigía ya.
La sexualidad de las mujeres, el derecho a decidir sobre nuestra posibilidad de ser madres o no y el acceso al aborto, comenzaron a tener eco.
Veníamos de políticas de crecimiento poblacional que urgía frenar. En 1974 se crearía la Ley General de Población y, por mandato de ésta, dos años después se crearía el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que a partir de entonces sería el órgano encargado de la planeación demográfica del país.
Las acciones contemplaban la regulación de la fecundidad a partir de dos estrategias: por una parte, la difusión de información sobre los beneficios de planear el número de hijos que se deseaba tener y de espaciar dicha descendencia; por otra parte, se establecía la provisión de información, servicios y tecnología anticonceptiva. En ambas, los medios de comunicación desempeñaban un rol central.
En 1980, la tasa de fecundidad ya había disminuido a 4.8 hijos por mujer y los índices de nupcialidad también se modificaban pues, paralelo a ello, la escolaridad de las mujeres se incrementaba.
Hablar de salud de las mujeres implica un estado de bienestar. La salud sexual, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1975) es el resultado del reconocimiento y respeto de los derechos sexuales que incluyen, entre otros factores, el derecho a la libertad sexual, a la autonomía, a la integridad sexual, la seguridad corporal y a la información basada en el conocimiento científico y a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables.
Llegamos así a los años 80. Con la visibilización del zapatismo, entendimos entonces que las mujeres somos diversas y que vivimos distintas discriminaciones y las vivimos de manera diferente. Son las mujeres indígenas, las mujeres en zonas rurales y empobrecidas quienes se enfrentan a mayores obstáculos para ejercer sus derechos humanos, más aún aquellos que tienen que ver con el ejercicio de la sexualidad.
Fue hasta 1994 (CIPD, El Cairo) que se define la salud reproductiva como un estado general de bienestar físico, mental y social en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos, implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia, y a obtener información.
Tanto la salud sexual como la reproductiva exigen información basada en evidencia científica para su ejercicio.
A 36 años del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, las mujeres seguimos insistiendo por el respeto y garantía de nuestro derecho a la salud.
Los retos siguen siendo grandes, pues el nacer mujer nos sigue implicando graves desigualdades y violencias: los embarazos no deseados siguen siendo la principal causa de deserción escolar de niñas y adolescentes, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años y tan solo en los primeros dos meses de 2023 se habían registrado 204 muertes maternas en las que 90 por ciento pudieron evitarse.
La política pública debe colocar en el centro el bienestar de las mexicanas y planear el presupuesto conforme a ello.
Hoy nuestra salud psicológica y emocional también se ve amenazada. Nos enfrentamos al riesgo permanente de ser desaparecidas o asesinadas en un país con 11 casos de feminicidio al día.
¿Cómo traduciríamos a las ciudadanas si no fuese a través de los medios?
El papel de los medios es central para comunicar los derechos humanos de las mujeres, las obligaciones del Estado para con nuestra salud y denunciar las violaciones a ellos.
Hoy los medios son protagónicos para informar a que todas las mujeres en México tienen derecho a decidir y que el Estado les tiene que garantizar esa decisión.
Que todas las mujeres sepan que pueden acceder al aborto o interrupción legal del embarazo si fue por violencia sexual en todo el país o con las causales que se permiten en los estados y por voluntad propia en los 11 estados que han legislado a favor del derecho a decidir: CDMX la ILE está aprobada desde el 2007, en Oaxaca 2019, en el 2021 se aprobó en Hidalgo, Veracruz, Coahuila y Baja California y, en el 2022 en Colima, Guerrero, Sinaloa, Baja California Sur y Quintana Roo.
