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«En Defensa» engloba toda la información relacionada con la defensa de los Derechos Humanos de niñas y mujeres en México y la situación de las defensoras

Ciudad de México.- Mediante una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, se ordenó al estado de Jalisco eliminar el delito de aborto del Código Penal estatal, en consonancia con las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2023 y gracias al esfuerzo de feministas, defensoras y colectivas quienes han acompañado la lucha, con esto ya se sumarían 13 las entidades que reconocen este derecho de las mujeres, la noticia llega en el marco del aniversario 17 de la despenalización en el entonces Distrito Federal, capital del país.

A 17 años de que se cristalizó el aborto legal en la Ciudad de México, la lucha de las organizaciones feministas celebran que en el estado de Jalisco se haya conseguido la despenalización del aborto, siendo las jaliscienses las portadoras de buenas noticias, ya que a partir de ahora podrán decidir libremente acerca de su cuerpo.

Esta noticia es importantes porque México sigue representando un país donde se registran muertes de mujeres por abortar, por complicaciones en sus embarazos, durante el parto, puerperio o simplemente por una hemorragia obstétrica, esto de acuerdo con el Observatorio de Muerte Materna y llevamos este año un acumulado de 130 mujeres que han muerto por estas causas en todo el país.

Realizando un ejercicio de memoria, durante la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo celebrada en El Cairo en 1994 y en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, se planteó que la penalización del aborto constituía una restricción de los derechos humanos de las mujeres.

Este se centró en un tema de análisis dentro de los Sistemas Universal e Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, específicamente como derechos sexuales y derechos reproductivos que favorecen la toma de decisiones de las mujeres sobre su vida sexual y reproductiva con libertad, confianza y seguridad, de acuerdo a sus vivencias internas asociadas al cuerpo, la mente, las emociones y la salud; y a las externas de acuerdo al contexto social, político y cultural.

Las 12 entidades en donde ya se había obtenido la despenalización son: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Quintana Roo y Aguascalientes

Durante la sesión del jueves 25 de abril, el Tribunal mandató al Congreso de Jalisco a derogar el delito de aborto auto procurado y consentido, de esta forma las mujeres jaliscienses no podrán ser criminalizadas en caso de tener o realizarse un aborto.

Baste recordar, que en septiembre del 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición del embarazo y, a partir de esa acción, la interrupción del embarazo sería legal en todo el país. En una sentencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los ministros resolvieron la inconstitucionalidad del sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal.

Dicha resolución se obtuvo, luego del Amparo en Revisión 344/2023, promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien a través de un comunicado informó que Jalisco se convertiría eventualmente en la decimotercera entidad de todo el país en despenalizar el aborto.

Las y los integrantes del Tribunal detallaron que con la resolución se debe privilegiar la laicidad, la igualdad y la no discriminación por parte del Estado, para garantizar la autonomía individual, reproductiva y la vida libre de estereotipos de género de las mujeres y personas gestantes.

El activismo de la organización de la sociedad civil GIRE, ha pugnado porque se garantice la práctica del aborto, como un servicio de salud esencial para las mujeres.

Actualmente en muchas partes del territorio nacional, uno de los mayores obstáculos que enfrentan las mujeres que deciden interrumpir su embarazo es la estigmatización social, la cual ha provocado que continúe sin despenalizarse este servicio en la mayoría de los estados y en aquellos que ya es legal, se realice con trabas. En todo momento son ellas quienes se sienten juzgadas y amenazadas por el propio personal de salud, al menos, en la mayoría de los casos.

América Latina

De acuerdo con información de Planned Parenthood, en América Latina la despenalización del aborto está de la siguiente manera:

Colombia es el país con el límite gestacional más alto para abortar libremente. Desde febrero de 2022, el aborto es legal en Colombia hasta la semana 24 de gestación, lo cual lo coloca entre los países de América Latina con los derechos sexuales y reproductivos más amplios de la región y junto a países como Holanda, Canadá, Reino Unido o el estado de Nueva York.

En Argentina, Uruguay Cuba el aborto está legalizado pero el plazo es menor: hasta la semana 14 en Argentina y hasta la semana 12 en Uruguay y Cuba.

En México el aborto es legal, seguro y gratuito durante las primeras etapas del embarazo. Se reconoció como derecho constitucional y se despenalizó recientemente a nivel federal en todo el país. Ya no se puede castigar el aborto porque es considerado una violación a los derechos humanos, por lo que ninguna persona en México puede ser juzgada ni condenada por hacerlo. También, la resolución garantiza el poder abortar en cualquier centro público de salud federal, y libra al personal médico de ser castigado por realizar abortos.

El resto de los países latinoamericanos permite el aborto en ciertos casos y hasta ciertas semanas. Sin embargo, hay una gran diferencia entre los derechos legales que existen y el acceso real. Las personas embarazadas se encuentran con múltiples restricciones y obstáculos para acceder al aborto, ya sea por su costo, la falta de información confiable y la existencia de tiempos de espera obligatorios que una vez se vencen, dejan a las personas sin opciones.

En Brasil se permite el aborto solo en casos de violación, riesgo evidente para la salud de la persona embarazada o si el feto no tiene un cerebro funcional. Pero, recientemente el máximo tribunal abrió una sesión que decidirá si despenalizará el aborto hasta la semana 12 de embarazo en todo el país.

En ParaguayCosta RicaVenezuelaPerú y Guatemala solo se permite el aborto en situaciones en que la vida de la persona embarazada está en riesgo. En estos países las leyes también contemplan penas de cárcel para las personas que abortan y para el personal que las ayude.

Panamá, Chile y Bolivia también permiten el aborto en los casos de violación, si la vida de la persona embarazada está en peligro o si el  feto es inviable. Bolivia también está contemplando permitir el aborto si el embarazo sucedió por incesto.

Ecuador recientemente despenalizó el aborto en casos de violación hasta la semana 12 de gestación y también suspendió la obligación de presentar autorización judicial para poder abortar

En El SalvadorHaití, Honduras, Nicaragua y República Dominicana el aborto está penalizado en todas las circunstancias.

Los avances progresivos en América Latina contrastan fuertemente con las crecientes restricciones al aborto en varios de los estados de Estados Unidos. Lo cierto es que queda mucho trabajo por hacer. La marea verde busca modificar las leyes para descriminalizar el aborto y para que mujeres puedan acceder al aborto legal y seguro en todas partes, y para que la clandestinidad y el riesgo dejen de ser ser la única opción.

La lucha avanza para despenalizar socialmente el aborto y que deje de ser una cuestión privada y estigmatizada. Lo que se plantea es que el aborto seguro, legal y gratuito es una cuestión de justicia social y reproductiva, no solo una cuestión individual o una postura política.

Europa

Hasta el momento, solo en la República Francesa se ha reconocido el derecho al aborto, al quedar inscrito en el artículo 34 de su Carta Magna, así el derecho de las mujeres francesas a la interrupción voluntaria del embarazo quedo blindado, dicha ley tiene por objeto prohibir que se cuestione esta libertad en el futuro, es un derecho inamovible.

De acuerdo a un estudio comparativo realizado por la agencia de noticias oficial del gobierno alemán, la Deutsche Welle, DW, se desprende, que:

En Europa, ha habido una tendencia hacia la liberalización de las leyes sobre el aborto, aunque las condiciones de acceso son diferentes entre países. El límite legal sobre cuándo se pueden realizar abortos también varía: 24 semanas en Países Bajos, 18 semanas en Suecia, 14 semanas en Francia y Luxemburgo, y 12 semanas en Irlanda y Dinamarca.

Malta prohíbe el aborto, excepto en casos que amenacen la vida de la madre o del feto.

De manera similar, en Polonia, un fallo del Tribunal Constitucional de 2020 prohibió los abortos debidos a defectos fetales y entró en vigor a principios de 2021, excepto en casos de violación, incesto o amenazas a la vida de la madre. El nuevo gobierno del país se prepara para flexibilizar la prohibición casi total del aborto, pero el presidente de derecha Andrzej Duda aún podría vetarla.

En Hungría, aunque el aborto es legal hasta las 12 semanas desde 1953, las normas son más estrictas desde 2022. Las mujeres que desean abortar deben escuchar de antemano los latidos del corazón del feto y recibir asesoramiento obligatorio.

La primera ministra de extrema derecha de Italia, Giorgia Meloni, se opone al aborto pero promete no alterar las leyes existentes y afirma repetidamente que quiere dar a las mujeres «el derecho a no abortar».

Entretanto, en países predominantemente católicos como España, Malta y Hungría, muchos médicos y asesores de atención médica se niegan a realizar abortos por motivos morales o religiosos, lo que limita el acceso de las mujeres a un procedimiento oportuno y seguro.

En Alemania, según el artículo 218 del Código Penal, el aborto es ilegal, pero posible bajo excepción hasta 12 semanas tras la concepción, si lo realiza un médico previa obtención de un certificado de haber asistido a consejería al menos tres días antes de la intervención.

Una encuesta realizada en 2023 en 24 estados miembros de la Unión Europea reveló que casi el 71 por ciento de los adultos apoya el aborto legal en la mayoría o en todos los casos, mientras que alrededor del 27 por ciento se opone.

lLOA/OLO

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Ciudad de México.- «Sombrío», es el término que utilizó Amnistía Internacional para definir la situación en materia de Derechos Humanos en el mundo, la organización emitió una alarma por la flagrante violación a los mismos por parte de gobiernos; el capítulo México, no es la excepción, Edith Olivares Ferreto, directora de AI, consideró que el Estado mexicano continúa con una gran deuda hacia las mujeres, en particular en lo que refiere al Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia pero son ellas quienes han logrado transformar realidades, destacó.

“A las elevadas cifras de feminicidios, asesinatos de mujeres y a la violencia sexual se continúa agregando una persistente falta de diligencia para investigar estos delitos adecuadamente, eso lo hemos denunciado desde hace más de 20 años”, señaló.

Los derechos humanos de las mujeres se ven coartados en el día a día, las múltiples violencias que habitan en el territorio nacional son las mismas que no permiten que las mujeres, adolescentes y niñas estén a salvo aún en espacios, en los que se supone deberían permanecer a salvo, como en sus hogares, oficinas o escuelas.

Durante la presentación del informe, Edith Olivares Ferreto planteó parte de la realidad en México, al señalar que las diferentes colectivas feministas aún tienen que salir a tomar las calles para exigir a las autoridades que se garanticen sus derechos.

“El derecho a la protesta es esencial para sacar a la luz los abusos y la responsabilidad de los líderes. La gente ha dejado totalmente claro que quiere derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Se mencionó que en México se violan derechos humanos todos los días, el informe del 2024 de Amnistía Internacional, en su capítulo México, reveló que tanto las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos y los familiares de las víctimas de feminicidio viven diariamente violencia institucional.

De igual forma Olivares Ferreto, reiteró que periodistas y defensoras de derechos humanos son atacadas y amenazadas por su labor, por lo tanto, desigualdad, corrupción e impunidad imperan en el país.

“Y si esto fuera poco, el pan nuestro de cada mañanera son los ataques a organizaciones de la sociedad civil, a periodistas. Prácticamente a cualquier persona, periodista, organización o colectiva que difiera, aunque sea mínimamente, de las decisiones o propuestas gubernamentales”, refirió la Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Madres Buscadoras

En el reciente análisis de Amnistía Internacional, se da cuenta de las amenazas, ataques, desplazamiento forzado y los asesinatos que recaen sobre mujeres quienes buscan a sus familiares desaparecidos en México, Bibiana Mendoza compartió que ya tiene seis años buscando a su hermano Manuel Ojeda Negrete, desaparecido el 8 de enero de 2018, en Irapuato.

Bibiana, quien es integrante de la colectiva de buscadoras, Hasta Encontrarte, ubicada en el estado de Guanajuato refirió que podría pasarse todo el día hablando de las innumerables violaciones graves a los derechos humanos que acontecen en su región.

“Hay cientos de mujeres que todos los días andan en campo con una pala en el sol y una botella de agua desenterrando cuerpos de fosas clandestinas, de fosas que nos han costado más de seis vidas de mujeres” denunció Bibiana.

Señaló que ellas salen a realizar el trabajo que el Estado mexicano no realiza, se encuentran ante un panorama violento, ya que las respuestas de las autoridades ante sus planteamientos son cada vez «más inhumanas y más indolentes».

“Tuvimos que soportar que hombres armados se llevaran a nuestros familiares en Guanajuato, aprendimos como sociedad a normalizar o ver de manera cotidiana porque se nos fue impuesto”, aseveró Bibiana Mendoza.

Respecto a la cruenta realidad que enfrentan las mujeres buscadoras al ser asesinadas, tan solo por el hecho de salir a buscar a sus seres queridos, puntualizó:

“Nosotras podemos decirles que no nos importa, yo al igual que mis compañeras, si un día somos asesinadas vamos a poder ver a los ojos a nuestros hijos, a nuestros hermanos y decirles que no nos rendimos, que buscamos hasta que la vida nos permitió”, sentenció Bibiana, hermana buscadora de Guanajuato.

De igual forma, destacó que mientras ellas salen a realizar el trabajo que corresponde a las autoridades, la respuesta del Estado mexicano fue la invención de un censo que, «desapareció nuevamente a nuestros familiares desaparecidos».

«Un censo que dice que mi hermano Manuel, ni está desaparecido ni no lo está, simplemente, dice que no hay información suficiente para que sea buscado o, -peor aún- que dice, que los familiares pedimos que la información de mi hermano fuera anónima, cosa que no ha pasado», relató conmocionada la hermana buscadora.

Bibiana remarcó que lo que más desean las mujeres de este país es que la información se haga pública, para que puedan localizar a sus familiares.

De igual forma, relató un hecho que aconteció a una compañera suya, Lety Almanza quien busca a su hija Aurora Alejandra, «una mujer que ya tiene años desaparecida».

Prosiguió con la historia: «elementos de la Secretaría del Bienestar tocaron a su puerta par preguntarle si ya había regresado su hija, ella contestó que no». Entonces el Estado le dijo ´es que estamos viniendo a preguntar porque hay personas que no reportan que ya regresaron sus familiares porque quieren recibir apoyos económicos por parte del gobierno´.

La hermana buscadora de Guanajuato señala, que el hecho resulta «indignante» ya que ellas -las mujeres buscadoras- ponen en peligro su vida para regresar a sus familiares a casa y que, «este tipo de respuestas, solo engloba la importancia que el Estado mexicano le está dando a las vidas humanas, a las más de cien mil personas desaparecidas», puntualizó.

Ante la inoperancia del Estado mexicano, dijo, la colectiva de buscadoras Hasta Encontrarte, del estado de Guanajuato se unió con otras colectivas similares para visitar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero del 2023, y no fue para pedir que les ayudaran a buscar a sus familiares, sino para pedir la protección del Estado para poder salir a buscar a sus familiares desaparecidos.

Lo que solicitan las mujeres buscadoras es que se les reconozca como defensoras de los derechos humanos, «hoy, en este informe, decimos tristemente que en nuestro país hay más de 20 mujeres que han sido asesinadas por buscar a sus hijos, una de ellas, envuelto su cuerpo en la lona que contenía la foto de su hijo desaparecido».
«Ya no podemos sostenernos en medio de tanta ausencia del Estado, en medio de tanta violencia. Y hoy, hacemos un llamado a la sociedad -de humano a humano- que no nos abandonen en esta lucha», expuso Bibiana Mendoza, al mismo tiempo que agradeció a la gente que les envía puntos de búsqueda y mensajes solidarios.

Mujeres y sus logros ante la ausencia del Estado

El informe de Amnistía Internacional es una exhaustiva recopilación de análisis que abarca 155 países que también dispone de resúmenes regionales, destacando tendencias, desafíos y avances, en el que también se enumeran avances, como el acontecido en enero de 2023 con la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del estado de San Luis Potosí, surgida ante la insistencia de las familias de las víctimas para que se investigaran adecuadamente esos homicidios.

En febrero del año pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reconoció deficiencias en las investigaciones sobre los feminicidios de Nadia Muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, a quienes ofrecieron una disculpa pública.

En el recuento de logros, destacó la recuperación del espacio de la Glorieta de las Mujeres que Luchan ubicado en la Ciudad de México, porque “el Estado no nos cuida, nos cuidan las colectivas, las organizaciones, nos cuidan nuestras amigas”, destacó Olivares Ferreto, en referencia a la sororidad y comunión que existe en el movimiento feminista.

En junio del año pasado, las autoridades colocaron vallas metálicas alrededor de la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en la Ciudad de México, para retirar el monumento, pero el jefe de gobierno local aceptó mantenerlo tras la presión ejercida por organizaciones de la sociedad civil y activistas.

En 2023, el activismo incansable logró también varias victorias importantes en materia de derechos humanos. Tras el trabajo de incidencia llevado a cabo por el movimiento #MeToo y por otras organizaciones de la sociedad civil de Taiwán para poner fin a la violencia sexual en Internet, el gobierno aprobó una reforma de la Ley de Prevención de Delitos de Agresión Sexual.

El informe de Amnistía Internacional reflejó algunos avances generados gracias a la lucha incesante de mujeres comprometidas, por ejemplo: mejoró el acceso al aborto en México. En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, materializando así la causa presentada por organizaciones feministas. Esa decisión implica que las autoridades tienen la obligación de garantizar el acceso al aborto.

Asimismo, la Suprema Corte estableció que la suspensión del ejercicio de la profesión al personal médico por practicar un aborto o proporcionar ayuda para su realización también es inconstitucional porque genera un efecto discriminatorio.

Hasta el momento, se había observado un efecto en cascada, en la que los profesionales de la salud, elegían no participar en la realización del aborto ante la incertidumbre de las consecuencias jurídicas o penales que conllevaría para ellos.

Contexto internacional

La presentación del informe incluyó el llamamiento de organizaciones y activistas de todo el mundo para exigir cese al fuego en el conflicto armado entre Israel y los territorios ocupados de Palestina.
La Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México precisó, que la escalada sin precedentes del conflicto armado en La Franja de Gaza, ha traído consecuencias devastadoras para la población civil, dijo:

«En los conflictos, la población civil paga el precio más alto mientras que los Estados incumplen con el derecho internacional y, en México lo sabemos desde hace 18 años», refirió en clara alusión a la crisis de derechos humanos que se vive en México ante la lucha territorial por parte de los cárteles del narcotráfico.

En un comunicado Agnès Callamard, Secretaria General de Amnistía Internacional, pronunció: “el derecho a la protesta es esencial para sacar a la luz los abusos y la responsabilidad de los líderes. La gente ha dejado totalmente claro que quiere derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando”.

Dada la «sombría» situación global, se necesitan medidas urgentes para revitalizar y renovar las instituciones internacionales concebidas para salvaguardar a la humanidad.

Destacaron que deben tomarse medidas para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU de manera que los miembros permanentes no puedan ejercer su poder de voto sin control alguno para impedir la protección de civiles y reforzar sus alianzas geopolíticas.

Los gobiernos deben tomar también medidas legislativas y reguladoras sólidas para abordar los riesgos y los daños causados por las tecnologías de inteligencia artificial e imponerse a las grandes empresas tecnológicas”.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- El pasado fin de semana, la candidata del partido oficial a la presidencia, Claudia Sheinbaum durante la gira que efectuaba por el sureste mexicano, específicamente en la carretera de Motozintla en Chiapas, ella junto con su equipo fueron interceptados en un retén por un grupo de encapuchados y aunque las especulaciones sobre el suceso han sido variadas, lo cierto, es que esta situación alerta sobre ¿cómo pueden consolidar una carrera política las mujeres en zonas captadas por la delincuencia organizada en esa zona del país?

El hecho, se ha prestado a una serie de suspicacias, que llevaron a decir: fue un montaje, solo pobladores que cuidan su territorio, o bien, que eran integrantes de un grupo de la delincuencia organizada, lo cierto es que la Sierra Madre de Chiapas, específicamente el municipio de Motozintla de Mendoza es uno de los 125 municipios que conforman el estado, es zona fronteriza con Guatemala y se han reportado desde julio del 2023, presencia de cárteles rivales -jalisco nueva generación y el cártel de sinaloa, quienes disputan rutas para tráfico de drogas, armas y migrantes.

En el informe Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos, generado por organizaciones de la sociedad civil chiapanecas desde el 2021 atravesada por un conflicto armado no reconocido basado en la disputa territorial de estructuras de la delincuencia organizada por el control de mercancías, servicios, personas, productos legales e ilegales, así como de la propia vida de la población local.

Detallan que Chiapas es un territorio clave para el control e impulso de economías legales e ilegales. Cabe resaltar que la región, cuya población es ampliamente indígena, es históricamente abandonada por el Estado. La zona fronteriza, epicentro de la crisis de violencia actual, alberga a población indígena del pueblo Mam, población mestiza, así como comunidades Jacaltecas, Q’anjoba’les, Akatecas y Quichés, algunas de ellas descendientes del exilio guatemalteco de los años 80.

En el informe señalan que la “economía del conflicto” que se ha instalado en la zona incluye el despojo de la población, el aumento de las extorsiones, el cierre de negocios, la explotación sexual de niñas y mujeres; con impactos económicos, sociales y psicológicos importantes.

A nivel institucional, aparece que la delincuencia organizada se ha insertado en los servicios de salud, recolección de basura, unidades administrativas de gobierno, abastecimiento de alimentos, educación en los distintos niveles, entre otras.

Miles de personas se han visto obligados a desplazarse, sin que sea posible documentar con precisión cuantas y con qué destino. La combinación de las violencias físicas, económicas, psicológicas y sexuales han generado desplazamiento forzado interno de al menos 7 mil 500 personas en la región entre el mes de junio del año 2021 y noviembre del 2023.

En algunas comunidades se habla del 15% de su población total desplazada de manera forzada. Estas formas de control y de infiltración también debilitan y fragmentan a las organizaciones sociales y campesinas, destruyendo y manipulando las dinámicas de toma de decisiones y de sanciones internas y, en última instancia, erosionando el sentido profundo de la vida comunitaria.

En este contexto Chiapas llevará a cabo sus próximos comisiones electorales para elegir:

Elecciones en Chiapas 2024

Tras los hechos, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en la zona de Motozintla, en donde Sheinbuam se encontró con dicho retén, han ocurrido enfrentamientos armados, pero rechazó que la integridad de la candidata morenista hubiese estado en riesgo al transitar por la zona, ya que cuenta con seguridad por parte del gobierno federal, pero ¿y las demás mujeres quienes ejercen la política?

En Chiapas hay dos candidatas que aspiran a obtener la gubernatura del estado: Olga Luz Espinosa candidata de la coalición “Fuerza y corazón por Chiapas”, (PRI, PAN y PRD) y Karla Irasema Muñoz Balanzár candidata por el partido Movimiento Ciudadano; y el candidato, Oscar Eduardo Ramírez Aguilar candidato de la alianza «Sigamos haciendo historia», (Morena, PVEM y PT), para suceder a Rutilio Escandón Cadenas, el actual gobernador.

En los comicios electorales del 2024 en Chiapas se elegirán: una gubernatura, 24 diputaciones de mayoría relativa, 123 presidencias municipales, 875 regidurías, 16 diputaciones de representación proporcional y 123 sindicaturas de mayoría relativa. Sumando un total de mil 662 cargos de representación popular que participan en la contienda.

De acuerdo a lo monitoreado por medios locales, durante el 2023 y el 2024, al menos tres aspirantes y candidatos a ocupar un cargo de elección popular en Chiapas, han sido asesinados por presuntos miembros de la delincuencia organizada, mientras que otros dos se encuentran en calidad de desaparecidos.

En el mes de octubre del 2023, los pobladores salieron a manifestarse para exigir el apoyo de las autoridades ante la ola de violencia y denunciaron que en la región hay cobro de piso y que la situación se desbordaba ya que ellos no podían cubrir los pagos requeridos.

El 24 de septiembre del 2023, se hizo público un video en redes sociales donde se observa la formación de dos vallas de personas quienes abren un camino entre ellos para dar paso a convoyes de camionetas a quienes aplaudían, eran integrantes del cártel de sinaloa, llegaban para recuperar la zona tomada por el cártel jalisco nueva generación, se especuló.

Esta situación ha desatado una crisis en la zona, por ello, se informó desde septiembre del año pasado que las autoridades federales desplegarían elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, para cuidar la zona.

En cuanto a los indicadores de violencia en la contienda electoral en Chiapas, 12 candidatos aparecen en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género que emite el Instituto Nacional Electoral (INE).

La petición

El convoy que acompañaba a Claudia Sheinbaum, iba fuertemente custodiado, sin embargo, la candidata presidencial fue intervenida durante unos breves instantes por las personas que, con su rostro cubierto, le hicieron una petición especial a la morenista: que cuando llegara al poder no se olvidara de ellos.

La solicitud de las personas que interceptaron el paso del convoy en el que viajaba la candidata morenista, fue «acuérdese cuando esté en el poder, acuérdese de la Sierra, acuérdese de la gente pobre».

«Nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del gobierno, llévese eso en su mente. No estamos en contra de ustedes. Por eso estamos acá tres veces por semana, cuidando a nuestro pueblo”.
“No queremos que Motozintla sea un desastre más como Comalapa. Queremos que usted, cuando sea la presidenta, nos haga el favor de limpiar este tramo porque no podemos viajar para allá; si pasamos nos hacen pedacitos”, resaltó el sujeto de semblante desconocido al llevar puesta una capucha.

Durante el breve encuentro, Claudia Sheinbaum permaneció al interior de su automóvil, iba sentada en el asiento del copiloto. Escuchó las peticiones, asintió con la cabeza y estrechó la mano de uno de ellos al despedirse.

Si bien el evento, no pasó a mayores, se hace necesario hacer una pausa y reflexionar, acerca de la ingobernabilidad que existe en algunas regiones de nuestro país. Si a ella que es una mujer que detenta el poder y tiene la mayor protección a su alcance, la pueden interceptar y detener en un retén.

Reacción presidencial

La consecuente reacción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al evento acontecido con la candidata morenista fue expuesta durante su conferencia de todas las mañanas el pasado lunes 22 de abril: «fue un montaje o un acto de propaganda», estableció el mandatario.

En primera instancia, realizó un recuento del retén que marco un alto al convoy en el que viajaba la candidata a la presidencia de la República por la coalición «Sigamos haciendo historia», en el estado de Chiapas. El pulso de su línea discursiva, fue decir que pudo haberse tratado de un montaje o de un acto propagandístico. De igual forma, López Obrador platicó acerca de la seguridad brindada a las candidatas y candidato a la presidencia de la república.

Para no variar su línea argumentativa, comenzó a diseminar «culpas», dijo que se trataba de propaganda que provendría de los grupos criminales, de los grupos opositores y conservadores.

Para alentar al debate, expuso que le pareció muy extraño que en el retén, mientras el grupo de encapuchados se entrevistaba con Claudia Sheinbaum, apareció un micrófono del medio periodístico de Latinus.

Al día siguiente, durante la conferencia matutina del martes 23 de abril, el presidente de México, arremetió nuevamente contra el medio informativo, insistió en que el retén de encapuchados que interceptó la camioneta de Claudia Sheinbaum en Chiapas se habría tratado de un montaje encabezado por Carlos Loret de Mola, de Latinus.

Respuesta de Latinus

Por su parte, el medio de comunicación Latinus, al frente del periodista Carlos Loret de Mola, se habría adelantado a la reacción del jefe del Ejecutivo y publicó un comunicado el día lunes 22 de abril en el que responsabilizó tanto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como a la candidata Claudia Sheinbaum por la seguridad de sus colaboradores.

En su tarjeta informativa, responsabilizan al presidente López Obrador y su candidata de cualquier ataque en contra de su equipo. Asimismo,los integrantes de Latinus mencionaron que sienten preocupación porque en caso de ganar la presidencia, Claudia Sheinbaum podría continuar llevando la misma relación con los medios de comunicación que tiene actualmente López Obrador, remarcaron:

“Será la misma que el presidente ha impuesto desde Palacio: descalificaciones, insultos, difamaciones, vendettas y abuso de poder”.

Señalaron a Sheinbaum, por supuestamente, negar la situación de violencia e inseguridad que existe en México. Y, que en su lugar, habría optado por culpar a un medio de comunicación en lugar de enfrentar la cruenta realidad de violencia en el país que quiere gobernar y, que señalaron: «ahora le tocó vivir en carne propia».

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum -al ser cuestionada por los medios de comunicación sobre lo sucedido en el evento en que sujetos desconocidos detuvieron su vehículo-, respondió descartando que se hubiera tratado de miembros de una organización criminal. Y, mas bien, señaló que le pareció «extraño» que el único medio que estuviera grabando hubiese sido Latinus.

Otra cara de la moneda, la presentó la diputada federal por Morena, Patricia Armendáriz, luego de realizar una publicación en su cuenta de la red social X (antes Twitter) en la que la informó: “En el camino de Comitlán a Motozintla nos pararon unos encapuchados de uno de los carteles en pugna en la zona cuidando su territorio”.

Al ser cuestionada Claudia Sheinbaum sobre esa apreciación de la diputada federal, dijo que ignoraba porque habría dado tal declaración y desestimó los hechos acontecidos.

Actualmente el estado de Chiapas, está al mando del gobernador morenista Rutilio Cruz Escandón Cadenas. Y, en los próximos comicios electorales, está posicionado Eduardo Ramírez, como candidato de Morena para contender a la gubernatura de la entidad.

Chiapas bajo asedio

De acuerdo a información brindada por organismos de la sociedad civil a mediados de febrero, el desplazamiento forzado por crimen organizado se ha incrementado en el estado de Chiapas, de junio de 2021 a finales del 2023, más de 10 mil personas de la región frontera de Chiapas han sido víctimas de desplazamiento forzado por la violencia generada por grupos del narcotráfico.

A la larga lista de delitos que se han sumado en la entidad, por el fenómeno generalizado de violencia, se encuentran: asesinatos, desapariciones, extorsiones, levantones, reclutamiento forzado y control en general de la zona, bajo la mirada distante u omisa del Estado mexicano, denunciaron organizaciones no gubernamentales.


Las ONGs han descrito que es una crisis humanitaria, lo que se vive en la región frontera, que abarca los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.

Ante esta suerte de inacción o baja eficacia de las autoridades para controlar la situación, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha instado al actuar con urgencia y determinación al estado mexicano para garantizar los derechos de todas las personas.

Cierre de Los Caracoles

Otra decisión importnte en el Estado de Chiapas, fue cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció en el mes de noviembre del 2023, que, ante el impacto del crimen organizado en Chiapas y el ambiente de violencia e inseguridad que atravesaba el estado como bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado y balaceras llegaron a la decisión de cerrar los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) lo cual estaría afectando a más de 500 mujeres zapatistas quienes también iniciaron su causa desde la perspectiva de derechos de las mujeres y etnicidad desde 1994, señaló un compilado de Cimac Noticias de noviembre del 2023.

También se informó que cerrarían las Juntas de Buen Gobierno pero Los Caracoles, creados en el 2003, permanecerán cerrados solo al exterior hasta nuevo aviso. Estas mujeres zapatistas se levantaron en armas con una doble militancia: la lucha por la dignidad indígena y la lucha de género. Dentro del movimiento ellas construyeron colectivamente su propia agenda feminista, crearon la primera y segunda Ley Revolucionaria de las Mujeres.


En ella reclaman sus derechos individuales, sociales y políticos como: la defensa de sus derechos reproductivos, a una vida libre de violencia, a la educación, a tener, heredar y trabajar la tierra; la libertad de tránsito para poder salir de sus comunidades a trabajar y recibir un salario justo y el derecho a la participación activa en las decisiones del movimiento, entre otros.

Desde junio del 2023 en el Zócalo capitalino, las zapatistas, mujeres y hombres, advertían de la escalada de violencia en Chiapas, señalando que el estado estaba ‘al borde de una guerra civil por la violencia paramilitar.

“Las mujeres son la base de la lucha, las cuidadoras del maíz, de los recursos y, esta situación (de violencia) empeora debido a la fe ciega de la sociedad en la administración actual” declaraba en ese entonces Ana, militante del EZLN, a Cimacnoticias.

En un inicio, las mujeres indígenas eran minoría al interior del movimiento zapatista; sin embargo, para 2004 ya formaban un tercio de las fuerzas zapatistas armadas y un 50 por ciento de las bases de apoyo, encargadas se las tareas de cuidados de los integrantes de la estructura militar, como el cultivo y preparación de los alimentos tal es el caso de las tortillas y el pozol, cuidar a las niñas y niños y cuidar de la salud de todos los integrantes, destacó la investigación elaborada por Cimac Noticias.
Es un hecho, que la múltiples violencias y delitos que azotan al Estado de Chiapas, no han querido ser reconocidos por el gobierno federal, si bien se admite que se envían elementos de las fuerzas castrenses a pacificar la zona. También, resulta un hecho que hasta el momento la paz y la vida cotidiana de los habitantes de esa entidad, no han podido retornar a su cauce. Y recordemos, que sin diagnóstico no hay cura posible.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- Colectivas y organizaciones sociales marcharon el pasado miércoles 17 de abril para exigir que se reactiven las mesas de trabajo y discutir los resultados del informe del programa del presidente Andrés Manuel López Obrador que presentó en 2019 para liberar personas presas políticas por tanto, familiares de mujeres en esta situación se congregaron para exigir sean liberadas y hacer visible la injusticia, porque ser mujer presa de conciencia en México tiene una perspectiva que aumenta las violencias y adquiere otra dimensión.

En un audio obtenido por Cimacnoticias de familiares de Kenia Hernández, presa política, ella afirmó que está «presa de conciencia pero no presa mi conciencia».

No hay que olvidar que en el mundo, se considera presa política, a cualquier persona que pertenezca a un partido político o sector político, que se ponga bajo arresto, sin haber cometido un delito, más bien porque sus ideas suponen un desafío o una amenaza para el sistema político establecido.

La Coordinadora Internacional de Solidaridad y por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo, Diana Díaz hizo referencia a que el presidente de México propuso una Ley de Amnistía, que se aprobó en 2020 pero el beneficio de esta ley no llegó a las y los presos de conciencia.

En esta manifestación se concentraron familiares de presas políticas: Kenia Hernández y Xóchitl Ramírez. Dicha manifestación tenía la consigna de obtener una respuesta del presidente de México, ya que no se obtenido ninguna respuesta, ni se han dado informes oficiales sobre la liberación de presas y presos políticos.

En México, existen 12.5 mil mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, ellas representan el 5.4% de la población total. El 53.5% de ellas se encuentra en centros femeniles, 45.8% en mixtos y 0.6% en varoniles.

Los delitos más recurrentes por los que se les juzga son: participación en secuestros, homicidio doloso y posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro (INEGI, 2021).

El 92.9% de las mujeres no tenían antecedentes penales. Siete de cada diez tienen entre 18 y 39 años de edad.

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han acuñado el término “preso de conciencia” para definir a personas que, sin haber usado la violencia ni haber incitado a la misma, están sometidas a prisión u otra restricción de su libertad, a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo u otros factores y hoy Kenia, está considerada como tal.

Al unirnos a esta exigencia, abrimos un espacio de acción y acompañamiento a una mujer que ha luchado por los derechos de otras mujeres, el contingente saldrá a las 3 de la tarde del monumento a la Independencia hasta la Secretaría de Gobernación, donde se exigirá la libertad de los que hoy, como Xóchitl, están presos injustamente.

En su Recomendación General No. 3534, la CEDAW reafirma que la “privación arbitraria de la libertad” constituye una forma de violencia contra las mujeres. Esta Recomendación General reconoce que la privación de la libertad puede tener un efecto agravante negativo sobre la violencia contra las mujeres, al tiempo que reconoce que las mujeres privadas de libertad pueden vivir la violencia de distinta manera por razón de su encarcelamiento.

El Comité reconoce también otros factores que pueden tener un efecto agravante negativo sobre la violencia contra las mujeres, incluyendo el origen étnico o la raza de la mujer, la condición de minoría o indígena, la maternidad, la edad, y la condición de lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual, entre otros.

El acuerdo

Hay que recordar que el 9 de enero del 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció durante la conferencia matutina la liberación de personas presas políticas, dijo, que la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero revisaría cada uno de los 368 casos de los que se tenía conocimiento, con miras a la liberación y reparación del daño.

https://lopezobrador.org.mx/temas/presos-politicos/

Al referir que su deseo era lograr que la Cuarta Transformación fuera sinónimo de justicia y que no podía permitirse que la protesta social se condenará y que se fabricaran delitos, refrendaba su postura ante el tema, entonces dijo:

“El objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta. Que no se fabriquen delitos a opositores, a adversarios como sucedía”, remarcó.

La titular de la dependencia, en ese entonces, Olga Sánchez Cordero, indicó que se trataba de procesos federales que no han tenido sentencia, defensa adecuada o debido proceso, y que estas acciones comenzaron en diciembre de 2018 con la liberación de 16 personas.

Ante esta promesa gubernamental y apunto de concluir su mandato presidencial, familiares de estas mujeres y más presos políticos se congregaron en el centro de la Ciudad de México donde también acudió César Hernández, vocero de la movilización, quien señaló que entregarían un pliego petitorio a Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, para exigir la liberación de cientos de personas presas políticas de diferentes estados de la República.

«Va a ser entregado un documento en el que se exige la libertad de todas y todos nuestros presos políticos, queremos decir que son los presos políticos de las organizaciones que nos encontramos aquí, queremos decir que sabemos que existen más, pero solamente hoy traemos un puñado de ellos a presentar aquí ante la autoridad», puntualizó.

Los manifestación se llevó a cabo en conmemoración al Día Internacional por la libertad de las presas y presos políticos, proclamado por diferentes asociaciones en el 2004 donde sostuvieron a través de consignas que en nuestro país, aún, existen personas presas por sus ideas políticas.

La manifestación en el centro de la Ciudad de México

Antes de iniciar la marcha, en altavoces se expusieron los casos de Kenia Hernández Montalván, encarcelada desde octubre de 2020, y de Tómas Martinez Mandujano condenado a 54 años de prisión, así como el de Xóchitl Ramírez.

«Las y los presos políticos son el eslabón más débil de nuestros pueblos. Están en esa condición por sus ideas, por haber luchado contra un megaproyecto o por defender la democracia en su país», destacaban en los altavoces, mientras que la marcha, se deslizaba lentamente.

Manifestantes extendían mantas y cartulinas en las que cada uno de las personas, realizaba peticiones para que las y los defensores de los derechos humanos que se encuentran en prisión, sean liberados, el ritmo y el ánimo se iban acelerando, bajo las consignas que lanzaban: “¡Presas políticas, libertad”.

Entre las consignas lanzadas por los altavoces, a medida que avanzaba la marcha, se alcanzaba a escuchar, “queremos un país sin presas ni presos políticos, un país con democracia, con pleno estado de derecho en donde no se criminalice, no se persiga ni se aprese la libertad de pensamiento, opinión, organización y manifestación en la lucha por los derechos fundamentales de los pueblos”.

La amnistía es el instrumento mediante el cual se concede el perdón por la realización de actos delictivos a aquellas personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, que tiene como efecto la extinción de las acciones penales y sanciones impuestas.

Por su parte, la activista Argelia Betanzos, de Eloxochitlán, Oaxaca, afirmó que las organizaciones exigen los resultados del informe del programa del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre presos políticos.

El espíritu de cuerpo y la solidaridad vertida en la movilización, hace recordar, una canción interpretada por Mercedes Sosa allá por la década de los 70s del siglo pasado, que se coreaba en eventos masivos, para compartir con compañeras de lucha: «¿Quién dijo que todo está perdido?… Yo vengo a ofrecer mi corazón».

Y, así parece, que el corazón se desborda porque la valentía y las proclamas de la marcha, son tan solo, las de no criminalizar a sus a las y los defensores de los derechos humanos, que lo mejor que han hecho con su vida, es servir a los demás y, mantener cohesión de grupo.

Y bueno, ¿Cuál es el delito que cometieron? los integrantes de sus comunidades, familiares y amigos, hablaron por ellos en la marcha efectuada al filo de las 3 de una tarde de abril en la que el sol caía a plomo, brindando fiel testimonio de que, en su concepción, sus lideres sociales son inocentes de los delitos que se les imputa.

Los dichos

El 22 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía Federal, que tenía entre sus objetivos beneficiar a personas en condición de vulnerabilidad que hubiesen cometido un grupo determinado de delitos.

No obstante lo anterior, el tema específico de la liberación de presas y presos políticos, no se volvió a mencionar públicamente. Es en ese sentido, que ahora durante esta movilización se le está pidiendo al presidente de México que cumpla la palabra vertida y, realice una efectiva liberación de presos políticos.

El 9 de enero del 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció durante la conferencia matutina la liberación de presos políticos, dijo, que la entonces secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero revisaría cada uno de los 368 casos de los que se tenía conocimiento, con miras a la liberación y reparación del daño.

Al referir que su deseo era lograr que la Cuarta Transformación fuera sinónimo de justicia y que no podía permitirse que la protesta social se condenará y que se fabricaran delitos, refrendaba su postura ante el tema.

“El objetivo principal es que no haya presos políticos, que ningún ciudadano sea víctima de represalias por su manera de pensar, por su postura política, que no se utilice ninguna institución del Estado para afectar a los ciudadanos de manera injusta. Que no se fabriquen delitos a opositores, a adversarios como sucedía”, remarcó.

La titular de la dependencia, en ese entonces, Olga Sánchez Cordero, indicó que se trataba de procesos federales que no han tenido sentencia, defensa adecuada o debido proceso, y que estas acciones comenzaron en diciembre de 2018 con la liberación de 16 personas.

El 22 de abril de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía Federal, que tenía entre sus objetivos beneficiar a personas en condición de vulnerabilidad que hubiesen cometido un grupo determinado de delitos.

Voces solidarias de Xóchitl

Xóchitl Ramírez Velasco, mujer indígena Binnizá, zapoteca de 44 años, defensora de los derechos humanos de las mujeres para una vida libre de violencia, realizaba trabajo comunitario como parte de la organización Atzin en Tlamacazapa, Guerrero.

Fue detenida el 3 de mayo del 2023 por la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, al acusarla de un supuesto secuestro sucedido en 2019.
David Alberto Ramírez, hermano de Xóchitl, participó en la marcha, y compartió su testimonio, dijo:

«A mi hermana se le detuvo arbitrariamente en la vía pública en presencia de una niña de 3 años, la detuvieron sin decirle el motivo, sin presentar orden de aprehensión. La desaparecieron durante 8 horas y la obligaron a firmar documentos en blanco».

«Fue hasta el día 4 de mayo de 2023 en la audiencia inicial cuando se le notifica que fue aprehendida por un delito de secuestro agravado, el día de los hechos, mi hermana estaba en un poblado de la zona de la montaña en Guerrero que se llama Tlamacazapa».

«Mi hermana tiene más de 20 años de activismo, con la organización Atzin se dedica a dar capacitación en el trabajo, la salud y en la educación».

«Ella apoyaba mucho a los niños, en este poblado el agua está contaminada por las minas, por ello, los niños nacen con discapacidades, entre ellos se encuentra su hijo, mi sobrino que nació con discapacidad de sordera, no escucha completamente».

David Alberto, señaló que su familia es originaria de Oaxaca y que esta compuesta por 7 hermanos. Sin embargo, solo él vivía cerca de su hermana, el día de la detención y, expresa: «hoy me pongo a pensar que bueno que yo estaba ahí, porque quién sabe que hubiera pasado con mi hermana, porque la tuvieron desaparecida».

Voces solidarias de Kenia

Kenia Inés Hernández Montalván es una mujer abogada, indígena amuzga y defensora de derechos humanos, defensora que ha insistido en la necesidad de resolución por la libertad de presas y presos políticos, derechos de los pueblos indígenas y la impartición de justicia para las mujeres.

Fue aprehendida arbitrariamente el 18 de octubre de 2020, acusada de robo con violencia armada, así como, ataques a las vías de comunicación en pandilla, en perjuicio de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE. y Autovías Concesionaria Mexiquenses.

Durante la estancia de la activista, en el penal de alta seguridad Cefereso 16 en el estado de Morelos vivió bajo condiciones de hostigamiento judicial, siendo víctima de violencia institucional y de género. Sin embargo, tras múltiples presiones, consiguieron su traslado al Cereso “Sergio García Ramírez” en Ecatepec en el estado de México.

Para Antonia Reyes, beneficiaria del activismo de Kenia Hernández, es imperativo que se libere a la activista, dijo:

«Kenia Hernández es una presa política defensora de los derechos humanos, de hecho, yo tengo un recuerdo muy firme y es que ella ayudó a salir a mi hija del penal de Chiconautla siendo ella inocente».

«A mi hija la acusaban de robo cuando quisieron violarla, tanto a ella como a mi otra hija. Kenia es muy buena persona y pues ahorita le fabricaron muchas carpetas de investigación. Yo pido libertad para Kenia, ella esta bien, dentro de lo que cabe en prisión, sin embargo la ONU ya se pronunció por su libertad y es Capufe quien no permite que salga de prisión», subrayó.

Otro de los amigos de Kenia, Sergio, platicó que ella se encuentra en mejores condiciones, luego de su traslado al Cereso “Sergio García Ramírez” en Ecatepec en el estado de México. Sin embargo, está separada de sus hijos. Asimismo, compartió con Cimacnoticias un audio reciente del testimonio de Kenia en prisión, que dice:

El Estado tiene preso mi cuerpo, pero no mi conciencia…
Tres años y medio: mil 278 días, y mi cuerpo se ha hecho más resistente, y mi conciencia más fuerte… Quisieron doblegarme para que dejara de luchar; aún desde la prisión he seguido luchando, y con resultados evidentes.

Logramos que por primera vez en el federal femenil de América Latina nos dejaran sembrar la tierra, y la madre Tierra nos recompensó: comimos lo que sembramos, cosechamos de ella amor… Logramos que nos dejaran vivir juntas a las indígenas, y juntas nos hicimos más fuertes.

Ayudamos a nuestras hermanas a dar el primer paso para desintoxicarse, para dejar las drogas, para dedicarse al trabajo, a eso que nos reivindica como personas, a eso que es la base del progreso, a eso en lo que creo: el trabajo y el estudio.

Y entonces Estado: ¿por qué me mantienes presa? ¿Qué mal he hecho a la sociedad? ¿Qué hace 4 y 5 años interrumpí el ingreso a tus arcas de millones de pesos?

Dime para qué los ocupabas, si es que te atreves… para tus yates millonarios, para tus noches de juergas de despilfarre multimillonario, para tus aviones privados, para tu embriaguez, para tus vicios…porque ahí está el informe del INAI: tan solo en el Estado de México, en las casetas de peaje en tan solo un año se recaban 100mil millones de pesos, y de esos, solo el 1% es para presupuesto, lo demás es para empresas privadas. Así que: ¿tengo o no la razón?

Y yo te diré para qué los ocupó el pueblo que iba conmigo: ese trabajador asalariado que ya no pagaba los más de 100 pesos que tú le cobrabas gracias a que nosotras estábamos ahí, los ocupaba para darle de comer a sus hijos, para comprarle un libro a su hija, para pagar parte del alquiler de su casa, para pagar la gasolina que está por las nubes y poder llegar al trabajo.

Y los 5 o 10 pesos que nos cooperaban a nosotras, también te diré para qué lo ocupábamos: para pagar las fianzas de los presos políticos, el brazalete de la presa inocente, para calmar el hambre de la gente extremadamente pobre de la Costa Chica y de la Montaña que iba conmigo, para darle de comer a los hijos que quedaron huérfanos por un feminicidio tuyo, México feminicida.

Y de paso, gracias a esas manifestaciones en las casetas multimillonarias lográbamos, solo así, que se sentaran los altos funcionarios para hacer caso a lo que les pedíamos: presentación de nuestros desaparecidos, como nuestro camarada Arnulfo Cerón Soriano, a quien el estado desapareció y asesinó porque les estorbaba al organizar la lucha del pueblo de abajo por sus derechos humanos.

México: me dueles. Tantas muertes, tanto crimen organizado, tanta impunidad de los altos gobernantes, tanto delincuente suelto y tanto inocente preso… tantas carpetas fabricadas, tantas niñas abandonadas porque su madre está en prisión, tanto niño expuesto a que lo copten las mafias, tanto periodista y defensor de derechos humanos preso o asesinado.

¿Cómo no me vas a doler, México? ¿Y cómo quedarme de brazos cruzados y de boca callada? Tantos árboles talados por tus mega proyectos, tanta agua desperdiciada en los hoteles de lujo mientras el pobre pasa 21 días sin agua para bañarse, y tiene que comprar platos desechables porque no hay para lavarlos, y entonces contamina más al planeta, y entonces todo es un círculo vicioso… ¿cómo no dolerme? ¿Cómo quedarme sin hacer nada?

¿Que qué voy a hacer al salir libre? Tomar a mis niños al hombro y de la mano, e ir por más madres con sus hijas e hijos para que vayamos juntas a sembrar árboles, para que vayamos juntas a trabajar la tierra, para que vayamos juntas a hacer nuestras artesanías y nos las compren a precio justo, y entonces vayamos con las presas y ayudarlas para que sus artesanías también se vendan a precio justo, y ese dinero llegue a sus hijas y no tengan que prostituirse para comer, y sus hijos no tengan que vender drogas para vestir…

Y claro, luchar en los tribunales por la libertad de las inocentes, luchar con los amparos para que los jueces se convenzan de que es inocente la inocente… y a mi compañera que sí delinquió ayudarla a reinsertarse a una sociedad justa, con lo que creo: con trabajo, con estudio y con deporte. Eso, eso quiero hacer, eso voy a hacer.

¿Y mientras? Mientras estudio, trabajo con mis hilos y mi chaquira, estudio sentencias y reformas de leyes para ayudar mejor, hablo con mis hijos y los educo por teléfono, trabajo duro para pagar sus pasajes de visitas cada mes, también promuevo mejoras de condiciones de internamiento preponderando el diálogo pacífico, aunque a veces me desespere por el lento resultado… pero no me canso, no me rindo, no me vendo, ni traiciono…
En pie de lucha…. Presa de conciencia, pero no presa mi conciencia…

La movilización

LOA/OLO

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Ciudad de México.- La amnistía directa se volvió una realidad en México, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y particular, con 67 votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones, una reforma en la materia, y permite al Ejecutivo Federal otorgar ese beneficio a delincuentes, sin que medie el Poder Judicial o la Fiscalía General de la República, lo que pondría en riesgo a mujeres y sus familias víctimas de diversos delitos como feminicidio, violación, trata de personas, secuestro o desaparición forzada, pues esta ley pasa por encima de cualquier disposición judicial que puso en prisión a la persona que infringió la ley.

Esta reforma también revictimizaría a las mujeres que enfrentaron un hecho violento, porque al echar abajo todo el marco legal construido por mujeres desde hace décadas, dejaría sin efectos el andamiaje para que los delitos violentos se investiguen desde la perspectiva de género, además atentaría contra los fallos en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado al Estado mexicano y exigido que se juzguen con perspectiva de género hechos delictivos.

Además la situación de inseguridad e impunidad podría dispararse, de acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, porque desde el 2023 informaron que en el país hay una probabilidad del 0.9 por ciento de que un delito pueda resolverse, es decir, una probabilidad nula, casi inexistente, por tanto, si a esto el sistema judicial queda invalidado y depende de una persona que no es jueza o juez, en este caso, la decisión en manos de un presidente, podría abonar a la impunidad total.

La periodista Lucía Lagunes Huerta en su columna La impunidad mata, hacía el apunte: «¿Cómo sentirte segura si la autoridad no actúa, pese al riesgo latente que se enfrenta? Ya sea porque minimiza el riesgo y desvaloriza las denuncias, por lo tanto, se deja de actuar: porque aun con protocolos para juzgar con “perspectiva de género”, normas y capacitaciones, en las autoridades priva la duda de nuestro dicho, porque el prejuicio les impide ver el verdadero riesgo y creen que exageramos».

La percepción de inseguridad que tienen las mujeres en el país, la cual supera la de los hombres fue medida por la Encuesta de Seguridad Pública Urbana, cuyos resultados arrojaron que en diciembre de 2023, 64.8 por ciento de las mujeres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro, en comparación con los hombres con el 52.3 por ciento, situación que se incrementaría de forma absoluta.

La Ley aprobada

En este 2024, la reforma al artículo 9 de la Ley de Amnistía es polémica, pues el hecho de que esté vigente permitiría al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a quien sea su sucesora o sucesor, prácticamente a todos los delincuentes podrán ser perdonados por orden presidencial, sin importar si apenas están detenidos, si ya fueron procesados o si ya cumplen su condena.

Se trata de una reforma que modificaría el artículo 9 de la Ley de Amnistía, la única condición para que un delincuente que se quiera amparar a ese beneficio es que se “aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado”, pero no se establece cuáles son esos “hechos relevantes para el Estado” o quien lo determinará.

Las reformas que ya fueron aprobadas en las comisiones unidas de Justicia, que encabeza la ministra en retiro y morenista Olga Sánchez Cordero, y de Estudios Legislativos, Segunda, se adiciona un artículo 9 a la norma que establece que:

“La amnistía se otorgará a personas que aporten elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes para el Estado mexicano. Que en contra de la persona o personas a las que se conceda la amnistía, se haya ejercido la acción penal, estén siendo procesados o se encuentren sentenciados por cualquier delito. Se establece que la amnistía concedida extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas”.

Al tratarse de una reforma a la ley secundaria, quedaría aprobada con la mayoría simple en las cámaras de Diputados y Senadores, espacios en los que Morena y sus aliados, PT y Partido Verde, cuentan con la cantidad suficiente de votos para hacerla realidad.

Cabe señalar que la modificación de la ley implica a vinculados con cualquier delito, por lo que puede recibir amnistía una persona que haya cometido delitos del fuero federal o del común. Con ello, cualquier delincuente que haya cometido un feminicidio o que incluso esté relacionado con trata de personas y violaciones puede recibir la medida de parte del presidente López Obrador.

¿Y por qué el presidente López Obrador podría dar amnistía a cualquier delincuente? ¿Cuál es el motivo para que eso pase? La respuesta, según los legisladores de Morena y aliados, es llegar a la “verdad” detrás de los delitos.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, aseveró que esta reforma es innecesaria, pues lo único que se debe hacer es cumplir con la ley y con lo que mandata la Constitución. Además, enfatizó que la propuesta busca limitar los derechos de las personas y restringir la facultad de los jueces para tomar criterios.

“¡Ya estuvo bueno de hacer pactos con los delincuentes y seguir revictimizando a las víctimas¡”, expresó por su parte la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya Mota. y afirmó que parece que con tal de que los pongan en la pluri o que les den otra “chamba” están dispuestos a hacer “la estupidez que sea necesaria”.

La senadora priista por Zacatecas advirtió que de prosperar la reforma a la Ley de Amnistía, el PRI promoverá acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por Movimiento Ciudadano, la senadora Laura Iraís Ballesteros Mancilla aseveró que esta propuesta daña el corazón de la división de poderes. Además, indicó que dejará sin protección a la población que no pueda pagar un abogado ante los abusos de poder de cualquier autoridad.

A su vez, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas dijo que la aprobación de estas modificaciones implicaría cancelar la posibilidad de que las y los jueces valoren si una suspensión ayudará a evitar una mayor afectación al interés social, así como impedir que suspendan normas que puedan violentar los derechos humanos.

Damián Zepeda, senador del PAN, declaró que esta es una norma que tiene un beneficiario: el presidente de la República,  pues se va a hacer todo un cambio para que él sea más poderoso.

“El presidente todopoderoso va a poder sin intervención de la Fiscalía -que tiene el ejercicio de la acción penal, que tiene la facultad de investigación y persecución de delitos- y sin la intervención de ningún juez, ni la Corte, nadie, sin ningún procedimiento no más porque él quiere perdonarle un delito a quién sea, de cualquier delito, incluido delincuencia organizada, es decir, narcotráfico, trata de personas, feminicidio, violación, secuestro, huachicol, esta reforma que están haciendo ustedes que si el presidente se le antoja en su último día, perdone a un narcotraficante. No va a estar eterno Andrés Manuel López Obrador”, reclamó.

El coordinador del PAN, Julen Rementería del Puerto, adelantó el  votó en contra de la Ley de Amnistía, que dotan al presidente de la República de la facultad para perdonar delitos, cualquiera que este sea, y cuando sea que este haya ocurrido, lo que implica un poder inusitado y excesivo que le permitiría no solo perdonar a sus aliados, sino presionar como le convenga políticamente al gobierno en turno.

Respecto a la Ley de Amnistía, indicó que ese poder raya en lo autoritario porque, a diferencia de lo que ocurre con los otros delitos contemplados en esa legislación, no requeriría de control judicial y ese poder es exorbitante, porque el único requisito planteado para poder otorgar la amnistía es que la persona imputada proporcione elementos para conocer la verdad en hechos relevantes para el Estado Mexicano, pero nunca se dice cuáles son esos hechos relevantes para el Estado o quien lo determinará. Es un cheque en blanco, sostuvo.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador del PRD, consideró que lo que plantea el dictamen es inconstitucional, porque el artículo 107 de la Carta Magna establece que “el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del bien social”, por lo que no puede haber ninguna ley secundaria que restrinja la facultad del juzgador.

Ley de Amnistía

Cabe mencionar que la Ley de Amnistía ya se había aprobado en el Congreso, El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto, cuando se expidió dicha acción legal, la cual tenía como objetivo liberar a los presos que hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentenciados por delitos graves. Asimismo, la ley publicada en el DOF el 22 de abril de 2020 señala que no se les otorgará amnistía a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, secuestro y todos los previstos en el artículo 19 de la Constitución Política.

Sin embargo, poco ha servido para apoyar a mujeres en prisión, como es el caso de que a tres años de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en el estado de México, la coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Fabiola Vite Torres, afirmó que hasta el momento se han recibido 6 mil 81 solicitudes de amnistía, y solo 189 han sido en favor de mujeres.

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Ciudad de México.- El Senado del país aprobó con 69 votos a favor y 42 en contra, sin abstenciones, la Ley de Amparo, propuesta por Morena y sus aliados quienes con esta aprobación abren una puerta para que la ciudadanía que requiera el recurso no pueda recibir el amparo de la justicia federal y esto, por ejemplo, atentaría contra colectivas feministas quienes han recurrido a esa figura históricamente para echar abajo arbitrariedades judiciales y consagrar derechos humanos de las mujeres.

Aún falta la discusión en lo particular, no obstante, está dada esta Ley y será en las próximas horas que tengamos más detalles que permitan ampliar el análisis, pero hoy se hace efectiva esta iniciativa de la cuarta transformación.

Para analizar esta información, es importante no perder de vista que hay una historia que precede la lucha feminista acompañada del recurso de amparo, una figura jurídica a la que han recurrido para no permitir que los derechos de mujeres sean avasallados, por eso será importante dar algunos ejemplos clave de mujeres en acción usando este recurso y que hoy parecen perder.

Karla Quintana, entonces, directora general de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en su texto académico «El caso de Mariana Lima Buendía: una radiografía sobre la violencia y discriminación contra la mujer, publicado en el 2018, aseveró que:

«una sentencia de amparo puede constituir una acción reparadora y una garantía del derecho a la verdad»,

Esta nueva Ley, supuestamente pretende garantizar el derecho de amparo generalizado, no obstante la oposición hace mención que se trata de una medida del gobierno de López Obrador que podría ser «una venganza» para que nada detenga los megaproyectos, así como reformas constituciones que estén en beneficio del criterio exclusivo de la llamada cuarta transformación.

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación manifestó al Senado de la República su preocupación por la reforma aprobada en comisiones, que limita la concesión de suspensiones provisionales o definitivas (amparos) con efectos generales contra leyes expedidas por el Congreso de la Unión. 

Los magistrados y jueces afirmaron que esta iniciativa de la autoría de Ricardo Monreal, coordinador de Morena, vulnera el derecho de acceso a la justicia y de no discriminación, con especial afectación a grupos vulnerables, “pues se daría un trato desigual a quienes aun no habiendo acudido al amparo sean afectados por una ley, que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución”.

Esta pretensión, aseguraron, afectaría directamente a las personas justiciables, pues impediría a los jueces aplicar, en beneficio de las personas, como lo mandata la Constitución en su artículo primero, el principio de progresividad de los Derechos Humanos, los cuales deben aumentar y no disminuir, como lo establecen también las convenciones internacionales que México ha firmado y ratificado.

Importancia de amparos para los movimientos feministas

Hay que recordar cómo el 2 de agosto del 2023, oficialmente, la cancelación de 33 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) en materia de salud fueron suspendidas, gracias a una oleada masiva de amparos de mujeres feministas.

La jueza federal Blanca Lobo Domínguez, quien el pasado 14 de julio admitió uno de los 100 amparos promovidos por activistas del movimiento feminista para frenar la desaparición de las NOM.

En ese entonces en entrevista para CimacnoticiasYndira Sandoval Sánchez (activista y fundadora de la colectiva Las Constituyentes Mx) explicó que el amparo gracias al cual se suspendió temporalmente la cancelación de las NOM —con número 1236/2023— formó parte de los 100 amparos promovidos el 20 de junio de este 2023 por parte de Fuerza Política Todas México.

Ese día, varias integrantes de Las Constituyentes Mx y de diversos colectivos y organizaciones feministas como Todas México se manifestaron frente a la Secretaría de Salud ubicada en la Ciudad de México. A la par de la manifestación, varias mujeres a lo largo y ancho de toda la República Mexicana promovieron un centenar de amparos indirectos contra la medida anunciada por Hugo López-Gatell Ramírez. 

Los amparos impugnaron la determinación publicada en el Diario Oficial de la Federación sobre la cancelación de las NOM y estaban dirigidos contra los gobiernos estatales de los que depende la Secretaría de Salud (SSA), la propia SSA y —dentro de ella—  Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. De hecho, en los recursos se pide un juicio político contra este funcionario. 

Otro ejemplo, basta recordar que mediante esta vía de la justicia federal se beneficiaron mujeres de Ocotequila, Guerrero, quienes en pleno siglo XXI no podían votar por la figura representante del comisariado, bajo el argumento de que es una tradición por usos y costumbres y supuestamente «ellas no tenían derecho», como sucedía hace más de 70 años, pero tras ganar un amparo y con la sentencia del Tribunal Electoral en el estado se dio a las mujeres libertad de elegir.

Otro caso que permite ejemplificar cómo las colectivas feministas se verán afectadas es el caso del movimiento Tu voz es mi voz en Ecatepec, estado de México, quienes adoptaron la causa contra la escasez de agua de calidad en el municipio y ganaron en junio de 2020 contra órganos de la autoridad municipal.

Cabe mencionar que la iniciativa de Ley de Amparo solo requirió mayoría simple para su aprobación en el Senado, es decir, la mitad más uno de los votos de los senadores presentes en el pleno, es decir que Morena con sus aliados tuvieron esa mayoría, por lo que el dictamen tuvo el respaldo para sacarlo adelante para que pase a la Cámara de Diputados, donde también sería el mismo escenario.

En el caso de Ecatepec, municipio del estado de México, la abogada Miriam Silva, fundadora de Tu voz es mi voz, expresó: «este movimiento surgió por un problema que había en la localidad, principalmente cuando inició el COVID-19 en 2020, que en realidad era un tema de limpieza y lo que estaba faltando era el agua de calidad, así como llegó la pandemia y muchas colonias empezaron a tener desabasto del vital líquido».

Por ello, detalló que se promovieron 15 amparos colectivos, los cuales representaron a cuatro mil 500 ciudadanas y ciudadanos, que demandaban agua de calidad en la red hidráulica, ya que las familias afectadas gastaban hasta mil 800 pesos mensuales para comprar el vital líquido mediante pipas.

“Anteriormente, en 2018, había escasez de agua en Ecatepec, pero al menos estaba tandeada. Un día a la semana había agua ya mediante pipas o en la red, pero desde que llegó el presidente municipal, Fernando Vilchis Contreras, empezó la escasez de agua en bastantes colonias y te puedo hablar que hay partes de Ecatepec que antes tenían agua y hoy sí de plano no tienen nada”, señaló Silva.

Por ello, precisó que esos amparos interpuestos no nada más se dirigieron hacia el presidente municipal, sino también a autoridades federales, a la estatal, a la local y al Congreso del estado de México: “por eso creo que es importante que se etiquete un recurso anual, los años que sean necesarios, para recuperar la red hidráulica en Ecatepec”.

Miriam Silva, junto con Jessica Hermosillo, lideresas de Tú voz es mi voz, interpusieron el amparo colectivo ante el inminente peligro de contagio del COVID-19, y el nulo servicio de agua que proporcionaban las autoridades de Ecatepec y SAPASE, que representaron a 112 familias de 8 colonias, entre estas Nueva Aragón, Sauces PRI, Unidades Habitacionales Ciudad Oriente, Petroquímica, Alborada de Aragón, todas ellas ubicadas en Ecatepec.

El amparo que se tramitó en el Poder Judicial Federal en el Municipio de Naucalpan con número 332/2020, otorgó la suspensión para efecto de que durante todo el tiempo en que se tramitara el amparo, tenían la obligación de dar agua a la gente de las 8 colonias, 100 litros al día por cada miembro de las 112 familias, y en caso de no hacerlo se solicitaría la deshabilitación de cada uno de los Titulares de las Autoridades del municipio de Ecatepec.

Al respecto la abogada Miriam Silva afirmó que gracias a los amparos hoy, sí ha cambiado la vida de las personas, no en la magnitud que se quisiera que fuera, como regresar el agua de la red limpia, pero al menos en la economía, “yo creo que hemos ahorrado, por ejemplo, unos 20 mil pesos anuales de cada familia derechos negados durante décadas se han restituido a través del amparo”.

Por “ser mujeres” niegan derecho al voto

Las mujeres de la localidad de Ocotequila, Guerrero, no pudieron votar el 2 de enero de 2022 en la elección del comisario municipal, por el hecho de ser mujeres. Esa situación no era nueva, pues se había repetido a lo largo de los últimos 60 años, pese a que en México las mujeres lograron el derecho al voto en 1953; la razón para impedir el voto femenino en Ocotequila, el argumento de que así lo dictan “los usos y costumbres”.

Un pretexto que ha sido perpetrado por las autoridades tanto del PRI, como de Morena, quienes le negaron el derecho constitucional de las habitantes de la comunidad, esto de acuerdo con la denuncia de Antonia Ramírez Marcelino, integrante de la Junta local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ramírez Marcelino, denunció lo sucedido en una publicación en Facebook, donde relató que las mujeres nunca han votado en la elección del comisario. Mencionó que 9 mujeres llegaron al corredor de la comisaría para manifestar su elección, pero los hombres se lo negaron.

Por eso, un grupo de mujeres de Ocotequila, impugnaron ante el Tribunal Electoral Estatal (TEE) la elección a comisario de su comunidad que se realizó el 2 de enero del 2022. Además, el 3 de febrero del 2023, el TEE anuló esa elección emplazando a las autoridades del municipio de Copanatoyac a que se realizaran otras de manera extraordinaria.

El 17 de septiembre de 2023, por primera vez en la historia de la comunidad de Ocotequila, municipio de Copanatoyac, en la Montaña Alta de Guerrero, las mujeres pudieron participar en una elección, para escoger al comisario municipal de esa localidad.

La activista Antonia Ramírez Marcelino, también participó como candidata independiente a la comisaría y 33 votos, mientras el PRI, PRD y Morena postularon como candidatos a hombres;  Crescenciano López Escamilla del PRI obtuvo 416 votos; Felipe Solís Salazar de Morena logró 339 votos y Álvaro de Dios Navarrete, del PRD, logró 36 sufragios.

Al respecto, Ramírez Marcelino expresó su satisfacción, porque lo más importante es que se logró que las mujeres acudieron a emitir su voto y se rompió esa tradición que les imponían de que no podían participar, ya que las mujeres de esa comunidad guerrerense tuvieron la protección de la justicia para que sus derechos políticos fueran reconocidos.

Ramírez Marcelino agradeció el apoyo a la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y a la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que asumieron la responsabilidad de representarlas jurídicamente para hacer valer su derechos humanos en vivir en igualdad de oportunidades y que no las discriminen solo por hecho de ser mujeres.

Limita suspensiones provisionales o definitivas  de amparos

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación recordaron que tal y como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “el juicio de amparo permite a la persona juzgadora establecer sí se han violado o no derechos humanos, así como determinar la suspensión provisional o definitiva de una disposición de carácter general.

Previo a esta determinación, la suspensión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la ley general, pero permite, en caso de que las normas sean contrarias a la Constitución, que estas no sean aplicables o ejecutadas en perjuicio de las personas”.

La asociación  pidió a las y los senadores que con respeto al principio de división de poderes, esta iniciativa se apegue a los parámetros constitucionales y convencionales al tratarse de una modificación trascendental a la protección jurisdiccional de los derechos humanos.

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Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de las y los Presos Políticos, como una manera de visibilizar esta problemática que subsiste en nuestro país, es necesario traer a cuenta a Kenia Hernández, quien está privada de su libertad desde el 2020 y lo está debido a su activismo y protestas pacíficas, esta mujer considerada «presa de conciencia» es abogada y defensora indígena y hoy clama su libertad ante la injusticia que enfrenta.

Baste recordar, que se considera una persona presa política es cualquiera que pertenezca a un partido político o sector político, que se ponga bajo arresto, sin haber cometido un delito, más bien porque sus ideas suponen un desafío o una amenaza para el sistema político establecido.

Kenia Hernández nació en el municipio de Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, hasta ese momento, habría dedicado gran parte de su trayectoria a la defensa de los derechos humanos, principalmente a favor de los pueblos indígenas, las mujeres y la tierra.

Con el fin de abonar a su causa y a la de más activistas presos injustificadamente, diferentes colectivas y organismos de la sociedad civil convocaron a una movilización este 17 de abril.

En el caso de Kenia Hernández, así como en el de cientos de activistas, presas y presos al día de hoy, se inscribe en una especie de ironía, en la que: quienes luchan por la libertad de otros terminan siendo injustamente privados de la suya.

El castigo que sufren las y los activistas, se extiende hacia los familiares y amigos de las víctimas, quienes son obligados a lidiar con el dolor de la separación forzada.

Kenia Inés Hernández Montalván es una mujer abogada, indígena amuzga y defensora de derechos humanos, defensora que ha insistido en la necesidad de resolución por la libertad de presas y presos políticos, derechos de los pueblos indígenas y la impartición de justicia para las mujeres.

En la mira

Kenia y otros integrantes de la colectiva que lidereba, habían sido objeto de amenazas y hostigamiento judicial por realizar protestas pacíficas a favor de la liberación de presos del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos, desde febrero del 2019.

La primera ocasión, en que fue privada de su libertad, fue en el mes de junio del 2020, cuando ella y tres activistas más fueron detenidas sin orden de aprehensión en la caseta de cobro La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el estado de México

Después de la detención de ella y sus compañeras, realizada mientras protestaban pacíficamente por la liberación de presos del Movimiento, Por La Libertad de Presos Políticos, todo se arregló. Estuvo cinco días en prisión preventiva en Chiconautla, una cárcel en Ecatepec, pero fue liberada.

Hasta antes de su detención, fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. Además, fue beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, precisamente ante los riesgos de ejercer el activismo frontal.

La segunda detención

La segunda ocasión en que la activista vivió una detención arbitraria, fue un 18 de octubre de 2020, en la caseta de Amozoc en el estado de Puebla. Ya para ese entonces, las autoridades le fincaron nueve cargos en su contra, entre ellos, robo con violencia y ataques a las vías de comunicación.

De acuerdo con la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, en su segunda aprehensión, alrededor de 22 elementos de la policía apresaron a Kenia sin una orden judicial, y sin explicación alguna sobre las razones de esa detención.

Durante el proceso de detención fue sometida a malos tratos y violencia física. Su familia y defensa legal no tuvieron comunicación con ella hasta la mañana siguiente, el 19 de octubre de 2020, cuando se conoció su paradero y se anunció que estaba detenida en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México.

Kenia Hernández fue acusada de robo con violencia armada, así como, ataques a las vías de comunicación en pandilla, en perjuicio de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE. y Autovías Concesionaria Mexiquenses.

El 25 de octubre de 2020, la Fiscalía General de la República, junto a la representante de CAPUFE, señalaron a Kenia Hernández, como, «una persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho», por lo que solicitaron su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en Coatlán del Río, en el estado de Morelos.

El penal de máxima seguridad ubicado en el estado de Morelos, fue señalado por violaciones a los derechos humanos y, en él fue sometida a tratos inhumanos. Ahí fue, donde vivió, la mayor parte, de su proceso de criminalización iniciado hace tres años y medio.

Antes de cumplir el primer año en el penal de alta seguridad, la defensora de Derechos Humanos Kenia Hernández, inició una huelga de hambre porque se le negó el derecho a tener comunicación privada con su familia.

A lo largo de este tiempo, organizaciones de México y de distintas partes del mundo exigieron su inmediata liberación, ya que la protesta y defensa de los derechos humanos no constituyen un crimen, esto de acuerdo a la legislación vigente de nuestro país.

Presa de conciencia

Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han acuñado el término “preso de conciencia” para definir a personas que, sin haber usado la violencia ni haber incitado a la misma, están sometidas a prisión u otra restricción de su libertad, a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo u otros factores y hoy Kenia, está considerada como tal.

La estancia de Kenia durante dos años en el Ceferero 16, fueron bajo condiciones de hostigamiento judicial, siendo víctima de violencia institucional y de género.

De las 10 causas penales que había en su contra, al menos tres, fueron canceladas. Aunque, actualmente cumple dos sentencias con más de 20 años de prisión por supuesto delito de robo con violencia.

Sus condiciones de vida, fueron deplorables el tiempo que duró su estancia en el penal de máxima seguridad, las carencias, iban desde la falta de agua para beber o de agua para el aseo, comida en mal estado provocando la intoxicación masiva de 400 mujeres en el 2022. Así como, aislamiento total, falta de actividades y ausencia de atención médica.

Tal es el grado de injusticia, que, al interior el 41 por ciento de las mujeres no contaba con una sentencia condenatoria en el penal donde está recluida. Es decir, en el 2023 había 512 mujeres presas en una cárcel de máxima seguridad, sin que ningún juez las hubiera declarado culpables de ningún cargo.

Dicha situación que ya era conocida por los familiares de las reclusas, a principios del 2024 dio un salto al ojo público, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación para las autoridades penitenciarias y la Fiscalía de Morelos por vulnerar el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida y a la justicia de 13 mujeres que se suicidaron al interior de la cárcel de alta seguridad.

Revisión del caso

A finales del 2022, el equipo defensor de la activista intentó negociar acuerdos reparatorios, que le permitieran obtener su libertad. De repente, una luz de esperanza se arrojó sobre el caso, luego de que funcionarios del gobierno federal comenzaran a analizar su caso.

En una conferencia matutina del 30 de diciembre de 2022, ante una pregunta de los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso de la activista amuzga Kenia Hernández.

Obrador afirmó que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, podían atenderlo.

A unas semanas las declaraciones presidenciales, el martes 17 de enero de 2023, Fabiola Vite Torres —abogada de Kenia Hernández— confirmó a Cimacnoticias que habrían tenido un primer acercamiento con ambos funcionarios. De acuerdo con la defensora legal, tanto Rodríguez Velázquez como Nuño Lara están documentando la situación de las carpetas de investigación.

Y, que cuando terminara este proceso, se determinaría junto con el equipo de abogadas y abogados de Kenia la forma en la que las instancias del gobierno federal pudieran cooperar para lograr los acuerdos reparatorios que dejaran en libertad a la joven activista de Guerrero.

Lo anterior, se vio truncado, toda vez que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, un organismo público descentralizado del gobierno federal, se negara a participar del acuerdo.

Este organismo fue una de las instituciones que acusó a la defensora de derechos humanos por supuestos ataques a las vías de comunicación. De acuerdo con el equipo defensor de la activista amuzga, en noviembre del 2022 se intentó dialogar con el organismo para plantear un acuerdo reparatorio.

Sin embargo, como en otras ocasiones, el organismo se negó a esta posibilidad y aseveró que no era su intención alcanzar esa resolución, por lo que respectaba a sus denuncias contra Kenia Hernández.

Ante la negativa de CAPUFE, Libertad para Kenia (un movimiento por la libertad de la activista y abogada) emprendió una campaña a través de redes sociales para ejercer presión al gobierno federal y pedir que se atienda el caso como es debido luego de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador.

Mejores condiciones de vida

Tras la fuerte presión de las y los abogados de Kenia, así como, de organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales, incluso, de colaboradores cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, al apoyo decidido de legisladores federales, se obtuvo el traslado de la activista a un penal en el estado de México.

Tras lograr su traslado al Cereso “Sergio García Ramírez” en Ecatepec en el estado de México, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dio a conocer que Kenia Hernández les compartió que era tratada con dignidad y respeto.

Y que realizaría labores de apoyo a presas que se encontraran en situaciones vulnerables como abandono, acompañando en procesos jurídicos para una reinserción social.

”Sin lugar a dudas, el traslado de Kenia Hernández al Cereso en Ecatepec ayuda mucho a tener un acercamiento familiar mayor, así como una mejor comunicación con sus redes de apoyo y defensoras” destacó el organismo de la sociedad civil.

No obstante, que logró mejorar sus condiciones al ser traslada de un penal de alta seguridad ubicado en el estado de Morelos al Cereso en Ecatepec. La activista Kenia aún no ha logrado obtener la libertad.

El delito del que se le acusa, no se ha comprobado, es el de robo. Y se basa en testimonios, pero no se han entregado pruebas de tales hechos. Y es así, como en un país como el nuestro la presunción de inocencia se vulnera al establecer prisión preventiva, que ya en sí misma, resulta una condena anticipada.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- Para la senadora morenista y responsable en el tema de mujeres en los «Diálogos por la Transformación», Olga Sánchez Cordero, la agenda feminista en temas tan sensibles como lo son la atención a las violencias en contra de las mujeres y los derechos a la salud reproductiva, son temas que las izquierdas han arropado históricamente, estas afirmaciones, enmarcaron el tono de la conferencia de prensa en la que se reunieron once mujeres y feministas en representación del Consejo Nacional de Sectores en apoyo a Claudia Sheinbaum.

Desde su óptica, solo la izquierda sería capaz de atender temas de interés nacional en materia de prevención, atención y sanción de las violencias de género, dijo

«La derecha niega los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como, los derechos de las personas de la diversidad sexual. Es claro: en la derecha el feminismo no tiene cabida», sentenció.

A favor de Claudia

El foco de la reunión convocada, -en la que la senadora Olga Sánchez Cordero, fue la invitada especial-, fue el de manifestar las razones por las que apoyan a la aspirante a la presidencia de la república por la coalición «Sigamos haciendo historia» (Morena, PVEM y PT), Claudia Sheinbaum.

«El Consejo Nacional de Sectores con Claudia tiene como objetivo exponer los avances realizados en prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres en la Ciudad de México», destacó Lorena Villavicencio, cofundadora de la agrupación “Por Ella, Por Todas”.

De igual forma, mencionó la importancia de dar a conocer las políticas públicas y propuestas de gobierno para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las mujeres, siendo totalmente incluyentes y, reconociendo la pluralidad e interseccionalidades, de cada una de ellas.

Apoyo solidario

Lorena Villavicencio, cofundadora de la agrupación “Por Ella, Por Todas”, en la presentación de la mesa donde participaron mujeres jóvenes, feministas, mujeres con discapacidad, de la diversidad sexual y de la academia, dijo:

«No permitiremos que se siga propagando información que pretende descalificar o invalidar el trabajo y resultados de la gestión de gobierno de Sheinbaum. Estas campañas que promueve el PAN desde 2006 son el verdadero germen de la polarización”, subrayó.

De igual forma, ponderó lo que bajo su lente sería el desempeño futuro de la actual candidata a la presidencia del país por el partido Morena, «el gobierno que encabezará Claudia garantizará la igualdad sustantiva, el fin de la impunidad, una vida libre de violencia y la autonomía de las mujeres a través del sistema de cuidados».

Para cada una de las participantes en el panel dispuesto, se hizo necesario destacar su visión de los logros alcanzados por la ex jefa de gobierno capitalino, así como, el destacar algunos los retos y políticas publicas que se prevé que Sheinbaum implementaría de llegar a la presidencia.

La diputada Mariana Benítez, cofundadora de “Por ella, Por Todas”, refirió que “ante las mentiras del PRIAN y su regateo a los logros alcanzados en materia de procuración de justicia por Claudia Sheinbaum, se hace necesario decir que como jefa de gobierno se constituyó la fiscalía especializada en feminicidios, una estrategia integral de formación con perspectiva de género y de derechos humanos para ministerios públicos y policías, además del programa insignia de la red de abogadas que atienden y asesoran a las mujeres víctimas de violencia y garantizan su protección.

Como nunca se destinó presupuesto para la procuración de justicia, que ha sido el eslabón más débil en los estados para el combate a la impunidad, eso explica los buenos resultados como la disminución del delito de feminicidio, y en general de los delitos en la CDMX”.

Aunque hay que acotar que Cimacnoticias ha documentado con feministas, defensoras, académicas y políticas quienes niegan que haya una disminución del delito de feminicidio en la actual administración federal.

El feminicidio no ha bajado, solo se maquillan cifras

Por su parte Gracia Alciaga, de la red de jóvenes “Estamos Listas” destacó las cinco razones que tienen las y los jóvenes para votar por Claudia: 1. Va a lograr que todas las universidades públicas sean completamente gratuitas; 2. Todas las muertes violentas de mujeres se tratarán como feminicidio; 3. Construcción de caminos y senderos seguros en los estados; Eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres y 5. Atenderá la crisis climática, porque no solo es feminista, es una mujer científica.

Tere Ramos, cofundadora de “Por Ella, Por Todas” expresó que “¿Quién mejor que una mujer para entender lo que vivimos las mujeres todos los días?, ¡Por eso, con Claudia, así como en la CDMX, en todo México, el agresor saldrá de casa! Una ley única en todo el país será ley cuando ella sea Presidenta”. También refirió que fue testigo cuando Olimpia Coral buscó a la entonces jefa de gobierno, quien mostró su respaldo y al poco tiempo se aprobó la Ley Olimpia en la CDMX, y de la misma manera la Ley Vicaria.

Criterios diversos y divergentes

Tere Ramos, cofundadora de “Por Ella, Por Todas” expresó que “¿Quién mejor que una mujer para entender lo que vivimos las mujeres todos los días?, ¡Por eso, con Claudia, así como en la CDMX, en todo México, el agresor saldrá de casa! Una ley única en todo el país será ley cuando ella sea presidenta”.

También refirió que fue testigo cuando Olimpia Coral buscó a la entonces jefa de gobierno, quien mostró su respaldo y al poco tiempo se aprobó la Ley Olimpia en la CDMX, y de la misma manera la Ley Vicaria.

Representando a las mujeres con discapacidad, Karina Tapia, integrante de “Vida Independiente” señaló: “con Claudia las mujeres con discapacidad estamos actuando desde las propias mujeres con discapacidad sin intermediarios”.

En su participación como representante del sector ciencia y academia, Genoveva Roldán Ávila, señaló que en la CDMX no solo se ha logrado crecimiento económico, sino también abatir la desigualdad en el ingreso que disminuyó entre 2018 hasta la fecha.

Asimismo, destacó “que un pilar central para combatir la desigualdad es la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad: Mi Beca para Empezar es un programa para niñas. En la educación superior en la Universidad Rosario Castellanos las mujeres son alrededor del 60 por ciento de la matrícula y en la Universidad de la Salud, las mujeres son el 70 por ciento”.

Finalmente cerró el evento Gabriela Jiménez, presidenta de la Agrupación Política Nacional “Que Siga la Democracia”, haciendo un llamado a mujeres de todos los sectores a organizarse, a trabajar por las causas que nos unen y señaló que “con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, se reivindicarán las causas históricas de las mujeres, Claudia representará la lucha por la igualdad y la justicia. La llegada de una mujer al más alto cargo será histórica, no solo en nuestro país, sino para la región norteamericana.”

Entre los múltiples reconocimientos a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, destacó uno de ellos realizado, por la senadora Olga Sánchez Cordero, dijo:

«Declaró alerta de género, como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, sin esperar a que el gobierno federal la realizara, para poder implementar políticas públicas que disminuyeran la violencia en contra de las mujeres en la Ciudad de México» puntualizó.

En este tema es importante señalar que al momento de su ejercicio de poder como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Sheinbaum sostuvo que «la Alerta de Violencia de Género (AVG) no genera resultados y que la Ciudad de México estaba lejana a las regiones más afectadas por el feminicidio», no obstante fue decretada el 21 de noviembre el mecanismo en la capital. 

En septiembre de 2017 habían presentado ante la Conavim la petición de AVG en la Ciudad de México, un grupo de agrupaciones civiles formado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Justicia Pro Personas, la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, y el OCNF, ante la falta de acceso a la justicia en los casos de feminicidio. 

Sin embargo, la Conavim letargó la respuesta a su petición cerca de dos años. El 7 de junio de 2019, la Comisión Nacional determinó que no emitiría el mecanismo porque la nueva jefa de Gobierno «había hecho suficiente en solo unos meses para atender la situación de violencia contra las ciudadanas».

Las organizaciones tuvieron que ampararse y aunque fueron favorecidas por un Juez, el proceso continua en un Tribunal Colegiado porque la Conavim interpuso una revisión al amparo al considerar que las organizaciones civiles no pueden ser partícipes en el proceso de seguimiento de la Alerta.

LOA/OLO

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Ciudad de México.- En este Día Internacional de las Presas y Presos Políticos, es fundamental recordar a Xóchitl Ramírez Velasco, mujer indígena Binnizá, zapoteca de 44 años, defensora de los derechos humanos de las mujeres para una vida libre de violencia y su camino como activista fue interrumpido al ser detenida injustamente el 3 de mayo del 2023 por la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, al acusarla de un supuesto secuestro sucedido en 2019, por lo que sigue privada de su libertad, sin que se presenten pruebas en su contra.

Xóchitl Ramírez realizaba trabajo comunitario como parte de la organización en Tlamacazapa, Guerrero. Atzin Desarrollo Comunitario A.C. (www.atzin.org) es una organización de la sociedad civil donde Xóchitl había laborado desde el 2005 como promotora, administradora y coordinadora de programas comunitarios.

Xóchitl, durante 20 años ha trabajo al lado de las mujeres en Guerrero y hoy a casi un año de esa injusta detención en Morelos, Xóchitl, la mujer, madre y defensora de derechos humanos, se encuentra ilegalmente presa en Atlacholoaya, por eso las personas que acompañan su causa, visibilizan la necesidad de movilizarse, elevar una voz de indignación y unirse para exigir justicia para su liberación.

En México, existen 12.5 mil mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, ellas representan el 5.4% de la población total. El 53.5% de ellas se encuentra en centros femeniles, 45.8% en mixtos y 0.6% en varoniles.

Los delitos más recurrentes por los que se les juzga son: participación en secuestros, homicidio doloso y posesión de narcóticos con fines de comercio y suministro (INEGI, 2021).

El 92.9% de las mujeres no tenían antecedentes penales. Siete de cada diez tienen entre 18 y 39 años de edad,

La situación como presa política, se hará visible este miércoles durante la marcha con motivo del Día Internacional de las Presas y los Presos Políticos. 

Al unirnos a esta exigencia, abrimos un espacio de acción y acompañamiento a una mujer que ha luchado por los derechos de otras mujeres, el contingente saldrá a las 3 de la tarde del monumento a la Independencia hasta la Secretaría de Gobernación, donde se exigirá la libertad de los que hoy, como Xóchitl, están presos injustamente.

En su Recomendación General No. 3534, la CEDAW reafirma que la “privación arbitraria de la libertad” constituye una forma de violencia contra las mujeres. Esta Recomendación General reconoce que la privación de la libertad puede tener un efecto agravante negativo sobre la violencia contra las mujeres, al tiempo que reconoce que las mujeres privadas de libertad pueden vivir la violencia de distinta manera por razón de su encarcelamiento.

El Comité reconoce también otros factores que pueden tener un efecto agravante negativo sobre la violencia contra las mujeres, incluyendo el origen étnico o la raza de la mujer, la condición de minoría o indígena, la maternidad, la edad, y la condición de lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual, entre otros.

El proceso de Xóchitl Ramírez Velasco

Xóchitl es una mujer originaria de Oaxaca, quien desde muy joven soñaba con encontrar una forma de ayudar a las personas de su comunidad, particularmente a las niñas y mujeres y para lograrlo, se mudó a Tlamacazapa, una comunidad náhuatl de Guerrero, ubicada en el municipio de Taxco, donde conoció la Organización Atzin Desarrollo Comunitario, A.C., que la apoyó para terminar la escuela y lograr su sueño.

Gracias a su compromiso y dedicación, Xóchitl consiguió una beca de estudios. Cuando terminó su carrera, ella tenía muy claro que su objetivo era regresar a colaborar con Atzin para trabajar apoyando a las niñas, niños y mujeres de Tlamacazapa. Fue así que se mudó a Cuernavaca, Morelos, ciudad que era sede de esta organización.

El 3 de mayo de 2023, Xóchitl se encontraba en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Una amiga le había pedido que pasara a recoger a su hija a la escuela. Mientras ella y la niña caminaban por la calle, unos policías estatales la interceptaron y la dijeron que estaba detenida, sin mostrarle documento alguno, la obligaron a subir a la patrulla junto con la pequeña, la trasladaron al Centro Penitenciario de Atlacholoaya, horas después le informaron que estaba acusada de un secuestro que había ocurrido en 2019 y después de llevarla a la Fiscalía de Cuernavaca, las autoridades la trasladaron al área de mujeres del penal de Atlacholoaya.

El día del secuestro, 9 de marzo 2019, Xóchitl estaba trabajando con el equipo de Atzin en Tlamacazapa, y los días siguientes entre semana estuvo en la oficina de la organización. Como equipo de trabajo están reconstruyendo un recuento de hechos preciso de las actividades de Xochitl durante febrero y marzo de 2019, para colaborar con diferentes organizaciones a nivel regional y nacional y para evitar más injusticias.

En la Fiscalía, Xóchitl dice que fue intimidada y obligada a firmar varias hojas de texto que no le permitieron leer, incluida una hoja en blanco. Aproximadamente a las 20 horas la llevaron al área de mujeres del penal de Atlacholoaya, en el estado de Morelos, donde se encuentra recluida actualmente.

Su audiencia inicial se llevó a cabo al día siguiente, el 4 de mayo. En ese momento Xóchitl recibió una copia de la orden de aprehensión, en realidad emitida cuatro años antes, el 24 de marzo de 2019, y solo entonces se dio cuenta de que estaba detenida por el delito de secuestro agravado ocurrido el 9 de marzo de 2019.

Xóchitl está detenida y se le acusa de usar armas y pedir rescate, delito que nunca pasó.

Posterior a su ilegal detención, sin permitirle ver o contactar a su familia, ni informarle de su derecho a contar con una defensa, ella tampoco entendía la razón por la que se encontraba detenida, pero se llevó a cabo su primera audiencia.

La defensa pública que la representó en esa primera audiencia fue deficiente, pues no denunció la ilegal detención de Xóchitl, ni tomó en cuenta su opinión, menos recabó la pruebas que evidenciaban que ella se encontraba en un lugar distinto al momento de los hechos que la acusaban, por esa situación ella se quedó injustamente detenida.

Su segunda audiencia, el 9 de mayo de 2023, fue determinada como “privada” en ese momento, y el público tuvo que abandonar la sala, incluidos un miembro de la familia y las personas que solicitaron que asistieran.

El juez decidió retener a Xóchitl nuevamente sin derecho a fianza, hasta una tercera audiencia (audiencia intermedia) que se programó dos meses después. Esto permite un período de tiempo muy corto para reunir y presentar pruebas de su inocencia. Entonces quedaría pendiente una decisión final sobre su futuro.

La gente que acompaña a Xóchitl en esta causa, afirma con contundencia que las acusaciones en su contra carecen de pruebas sólidas que la vinculen a algún delito. Desde el equipo jurídico del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que actualmente la acompaña, se ha recabado evidencia suficiente que prueba que ella se encontraba en un lugar diverso al momento de los hechos. Por lo que se puede afirmar que Xóchitl es inocente.

Una luchadora de vida

Xóchitl es madre soltera, y su hijo, Kevin Manuel Rivera Ramírez, nació sordomudo, hoy tiene 22 años de edad. Con el apoyo constante de Xóchitl, Kevin actualmente cursa estudios de primer año a nivel universitario.

Desde niña, Xóchitl ha tenido convulsiones provocadas por cisticercosis, diagnosticada así por neurólogos y controlado con medicamentos. En prisión ha sufrido convulsiones y continúa en riesgo de tener las consiguientes dificultades de memoria y confusión mental, relacionadas con una atención médica inadecuada, un aumento dramático del estrés, durmiendo en un piso de concreto con solo una sábana en un cuarto sobrepoblado, y sin un acceso correcto y ajustes cuidadosos a sus medicamentos diarios.

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Ciudad de México.- Rosario Robles Berlanga, feminista, política y luchadora social, reconocida en el país por su contribución a mejorar la vida de las mujeres en México presentó su libro en una conversación que sostuvo con la periodista Lucía Lagunes Huerta donde hablaron de su trayectoria, sus letras y su capacidad transformadora ante la adversidad.

Durante la entrevista convocada por la periodista Lucía Lagunes Huerta, en la que platicó con Rosario Robles, abordaron el lanzamiento de su reciente libro autobiográfico Rosario de México, durante la charla tuvieron la oportunidad de analizar diferentes aspectos del poder y, de la capacidad transformadora del mismo, pero desde una óptica femenina.

Por tanto la periodista Lucía Lagunes Huerta, tejió una interlocución reflexiva: «quisiera recuperar parte de lo que escribiste en Rosario de México. Entre las cosas que tú señalas, es que, descubriste para qué sirve el poder».

Robles mencionó que desde una lógica feminista el poder sirve para ayudar a que otras mujeres se empoderen y para que avancen en sus derechos, por lo tanto, son temas de total relevancia, ya que nos encontramos ante la primera ocasión, en la que una mujer, llegará a ocupar la presidencia de la República.

La Ley Robles, un parteaguas en la creación de mecanismos para acceder a la ILE

El libro Rosario de México es un reflejo, en primera persona, de lo que vivió la economista, feminista y política mexicana, durante mil 101 días en prisión -alrededor de 3 años-, siendo un testimonio a través del que narra su estancia y aseveró que a pesar de la situación vivida, encontró que pudo prevalecer a pesar de los intentos de destruir una carrera.

Durante la entrevista realizada en el programa de radio Análisis Feminista transmitida por el 106.1 de FM, Robles refirió que la verdadera fortaleza de las mujeres consiste en mantener una visión y cohesión de grupo.

Por tanto, respondió que «cuando ejerces el poder y, eres feminista, lo tienes que ejercer de manera diferente, y por eso te vuelves un peligro para México, porque subviertes con tu presencia este esquema patriarcal», destacó.

«Desde luego que en un enfoque feminista debe haber una diferencia al ejercerlo. Yo concibo al poder desde una lógica feminista que sirve para que las otras mujeres se empoderen, para que los derechos de las mujeres avancen», sostuvo.

Bajo la perspectiva de Robles, resulta inconcebible que alguien se diga feminista y haya mantenido silencio cómplice frente al cierre de las estancias infantiles, de las escuelas de tiempo completo, de los comedores comunitarios, además, señaló el retroceso en las políticas públicas, en lo poco que se había avanzado en la legislación de las tareas de cuidados.

Durante la entrevista, Rosario compartió que su forma de ejercer el poder, fue siempre, desde cargos públicos, desde presupuestos, “desde tener posiciones que me daban la posibilidad de hacer estas transformaciones en favor de las mujeres”.

Rosarios Robles Berlanga, ha sido una mujer que ha ejercido el poder concreto, siendo jefa de gobierno de la Ciudad de México, presidenta del Partido Revolución Democrática (PRD), funcionaria federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto, al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Destacó, de sus logros traducidos en avances fueron “no solo es la Ley Robles, es la otra ´ley robles´, que reconoció el trabajo en el hogar, que si te divorciabas tuvieras el derecho al 50 por ciento del patrimonio”.

Rosario Robles, lo platica de corrido, porque es algo por lo que ella trabajó. Así, las ideas vuelan y se suceden una a la otra, resultado de su trabajo en favor de la lucha feminista, como viviendas, y otros esquemas de ayuda, en los que había un sello que tenía que ver con una mujer que estaba convencida de luchar por los derechos de las mujeres, compartió.

Días en prisión

Durante sus días en prisión, Rosario habría escrito una suerte de diario, con las diferentes anécdotas que le sucedían, en el día a día. Y, toda vez, que los editores se pusieron en contacto con ella, se echó a andar el proyecto.

Tras hacer un recuento de lo que significa el ejercicio del poder, en primera persona, Rosario Robles realizó una pausa, para compartir con la audiencia, uno de los hallazgos, forjado a la sombra de una prisión que la mantuvo cautiva durante mil 101 días.

«En la adversidad aprendí que el poder lo puedes ejercer, siempre. Y, cuando hay una vocación, una causa, yo ahí encontré una causa luz y, es la que me permitió sobrevivir; una causa que era la justicia para todas esas mujeres y, tan tuvimos el poder, y tan nos empoderamos que logramos que el ministro Zaldívar, que en ese momento era el presidente de la SCJN fuera a escucharnos”, relató.

«Me interesa que se sepa lo que se vive ahí adentro, el reconocer a una Rosario, que vivió una experiencia que en muchos sentidos fue muy dolorosa, pero, también muy luminosa».

Para ella resulta de vital importancia que se entienda que una de las grandes asignaturas pendientes en nuestro país, es el acceso a la justicia.

Y luego de que su libro saliera en el medio de un proceso electoral, lidereado por dos mujeres, Rosario, hace un balance respecto a las propuestas en materia de justicia, ya que dice:

«En mi libro pongo el acento en varias cosas y cuando veo las propuestas de las dos principales candidatas, entonces, me quedo con un sabor de boca: de no satisfacción», precisó.

Compartió que después de su experiencia en reclusión, si la propuesta es elegir por el voto directo a los jueces y magistrados y, además, aumentar el catálogo de delitos graves en lugar, de ir por una justicia restaurativa. Y, del otro lado, está la construcción de una mega cárcel; no le ve mayores beneficios, ya que ambas propuestas, son punitivas.

“Entonces yo digo, no. No es por ahí. Tenemos que replantearnos cómo podemos cambiar el sistema de justicia en nuestro país”, señaló Rosario Robles.

Acceso a la justicia

Lucía Lagunes, preguntó a la invitada, acerca de las partes que tendrían que cambiar en el sistema de justicia para garantizar especialmente a las mujeres el acceso a la justicia, sobre todo, ante los altos índices de impunidad que alcanza con una tasa del 98 por ciento sin resolución.

Señaló que ante las altas tasas de impunidad que existen en el país, seguir manteniendo el esquema actual, en el que los Ministerios Públicos meten gente a la cárcel solo por cumplir con una cuota, no es viable. Además, de que no se respeta el enfoque en los derechos humanos, bajo la presunción de inocencia.

Realizó el planteamiento de que los Ministerios Públicos siguen con esa visión punitiva y, al contrario, las cárceles se llenan de gente por cubrir una cuota. No porque realmente se realice justicia.

A lo que Rosario Robles, contestó:

«No hay un enfoque de derechos humanos, no hay un principio pro persona que es el establece nuestra Constitución; un enfoque que permita privilegiar la libertad por encima de cualquier otra circunstancia y la presunción de inocencia».

Relató su experiencia personal, cuando los jueces de control, se comportan como jueces de consigna, tal y como habría ocurrido en su caso, afirmó: «ya que fue el juez Jesús Delgadillo Padierna, -sobrino de Dolores Padierna- quien la recluyó bajo un argumento, hay que decirlo, absurdo».

Rosario Robles expuso el abuso de la prisión preventiva, siendo, una pena anticipada, señaló:

«Tú entras a la cárcel y la gente no entiende que se trata de una medida cautelar para que estés en el proceso. La gente dice, ´estas en la cárcel´, entonces eres una delincuente”.

Siguió bordando en el tema, que el abuso de la prisión preventiva es un castigo que se da, tanto a hombres como mujeres. Pero que en el caso de las mujeres, las separan de sus hijos, cuando los protocolos establecen, que, si hay hijos de por medio, se privilegie una medida alterna a la cárcel para seguir el proceso.

“Las encierran 23 de las 24 horas del día. O sea, las presuntamente inocentes están encerradas, no pueden salir más que una hora, entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia?”, abundó.

Resaltó que los jueces de control con mucha facilidad, otorgan como medida “preventiva”, este tipo de encierro, dijo, “creo que este es uno de los grandes asuntos, en los que, además, ya hemos tenido recomendaciones de la Corte Internacional de Derechos Humanos. Ese es un punto que para mí es clave, además, de que no se juzga con perspectiva de género”, sostuvo.

En su tiempo en prisión, Rosario Robles, aprovechó para compartir con sus compañeras, un sinnúmero de opciones para que buscarán la alternativa de ser juzgadas bajo la óptica de la perspectiva de género, cosa que ni los abogados de oficio ni los jueces realizan.

Compartió Rosario, “yo hasta les redactaba, tú le tienes que decir al juez que eres madre, que tienes hijos pequeños que dependen de ti, y todo, para tratar de tocar el corazón, y decir, ´oiga si yo en lugar de estar aquí en la prisión de Santa Martha, puedo estar firmando cada 15 días, o traer el brazalete, pero déjeme con mis hijos”.

Es a través de este tipo de acciones que el Estado Mexicano, se podría ahorrar el costo de la estancia en prisión de las mujeres. Y, finalmente, resultan condiciones más humanas, para que las mujeres que son abandonadas en cuanto pisan la cárcel, pudieran seguir manteniendo una vida productiva al lado de sus hijos.

El origen

Durante el 2018, se publicó una investigación periodística del esquema piramidal, conocido coloquialmente como «La Estafa Maestra», comprobando el desvío de recursos millonarios en el sexenio de Enrique Peña Nieto de dependencias federales hacia universidades.

Mediante el análisis realizado se comprobó que las empresas “contratadas” por las universidades eran ilegales o fantasma, toda vez que no tenían capital, infraestructura ni personal para cumplir con los servicios que supuestamente debían hacer a las dependencias.

El encargado de los recursos tanto en Sedesol y Sedatu fue Emilio Zebadúa, el colaborador más cercano a Robles y quien tenía las claves de los sistemas administrativos y las facultades legales para autorizar la salida de dinero de la dependencia.

Emilio Zebadúa jamás fue imputado por la FGR, en cambio, se ofreció como testigo colaborador de la Fiscalía; realizó una declaración en la que acusó a Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, de participar en la trama del desvío de recursos para pagar deudas electorales y financiar campañas políticas, línea que tampoco fue investigada.

Rosario Robles fue la única exsecretaria de Estado que fue investigada por la FGR por este caso, pero en tres años que pasó en prisión, nunca se le imputó algún delito financiero. Los abogados defensores, encabezados por Epigmenio Mendieta, dijeron que fueron determinantes para ganar este caso los amparos otorgados por la prisión preventiva que se había impuesto, pero con irregularidades, así como la conducta que se le imputaba, porque ya no existía en el Código Penal.

El proceso judicial contra de Rosario Robles comenzó en agosto de 2019, cuando se presentó ante el juez Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, enemiga política de la ex titular de Sedesol, para afrontar la acusación de ejercicio indebido de la función pública por haber permitido la firma de convenios de sus dependencias con universidades, pese a que la Auditoría había señalado irregularidades en ellos.

En la segunda audiencia, el 12 de agosto de 2019, Rosario Robles fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla como medida cautelar concedida por el juez al considerar un riesgo de fuga, pese a que el delito de ejercicio indebido de la función pública no ameritaba prisión mientras seguía el proceso.

En los años siguientes su defensa interpuso recursos judiciales para cambiar la medida cautelar, pero sin lograrlo. El 19 de agosto de 2022, la FGR informó en un comunicado que Robles solicitó un cambio de medida cautelar y un juez de control aceptó la petición. Por ello, la exfuncionaria siguió su proceso penal en libertad.

El 24 de febrero del 2023, se llevó a cabo una audiencia encabezada por el juez Omar Paredes, quien se involucró en el caso por primera vez, luego del cambio que hubo con su colega Ganter Villar, quien había presidido las audiencias previas en las que negó beneficios a la exfuncionaria y siempre le dio la razón a la FGR.

Tras analizar el caso y argumentos de la FGR, el juez determinó que descartaba el proceso penal y aducía un proceso administrativo. Entonces la Fiscalía apeló la decisión, pero con la resolución del Tribunal en diciembre del 2023, Rosario Robles terminó absuelta.

Tras la ratificación de su inocencia por su presunta participación en la “Estafa Maestra”, Rosario Robles en su cuenta oficial de X, antes Twitter, emitió un posicionamiento para expresar su sentir sobre lo vivido, que se trató de una infamia y a pesar de haber estado en prisión “jamás dejé de ser libre”.

Reprochó que utilizar las instituciones para “venganza” no es de un gobierno demócrata, tras señalar públicamente a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, de persecución.

Rosario Robles, ha sido columnista en varios medios impresos. Actualmente escribe en El Universal y participa como comentarista en el programa de José Cárdenas Informa. Como feminista a lo largo de su trayectoria política ha impulsado leyes y políticas públicas relacionadas con los derechos de las mujeres.

También, es coautora en algunos libros de corte académico y éste es su segundo libro biográfico. El primero: Con todo el corazón. Una historia personal desde la izquierda (Plaza y Janés, 2005).

LOA/OLO

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