Ciudad de México.- Al cierre de 2022 había más de 226 mil 116 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios federales y estatales, de las cuales 12 mil 153, es decir, 5.6 por ciento eran mujeres, según cifras de los Censos Penitenciarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en ese año, cerca de la mitad de ellas no contaban con sentencia; 30 por ciento tuvo que esperar 2 años o más para recibirla.
Así lo destacó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), Nashieli Ramírez Hernández, quien mencionó que ellas aun cuando representan un menor porcentaje de la población privada de la libertad son quienes se enfrentan con mayor frecuencia a instituciones anquilosadas que perpetúan sistemas de discriminación y violencia en su contra.
Durante los trabajos del Foro Derecho al Porvenir, Mujeres Excarceladas del Sistema Penitenciario, Nashieli Ramírez Hernández remarcó que hay que tener en cuenta que varias purgan penas por delitos que no requerirían exactamente el encarcelamiento, sino penas alternativas de trabajo comunitario que les permitiera continuar con su papel en la vida familiar y comunitaria.
Precisó que hay circunstancias específicas que impactan de manera diferenciada a las mujeres y que tienen como efecto perpetuar la violencia institucional en su perjuicio y esta situación influye no sólo en las condiciones bajo las cuales las mujeres viven en los centros penitenciarios, sino también en la forma en que se desarrollan y acceden a la justicia y en su posibilidad para la reinserción social y en el derecho de la reunificación familiar, entre otros factores.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México refirió que cuando se habla de derecho al porvenir también se debe pensar en el correspondiente a la reinserción, el cual se tiene que visualizar desde que están recluidas hasta que salen, bajo la lógica de las garantías fundamentales.
Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Proyectos Estratégicos del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM e integrante del Proyecto Mujeres en Espiral, Patricia Piñones Vázquez, consideró como fundamental identificar y dialogar sobre fallas, contradicciones y retos del sistema de justicia penal en la materia, tarea colectiva entre academia, organizaciones civiles e instituciones gubernamentales.
“El uso y el agente de la voz de las mujeres dentro y fuera de la prisión se ha convertido en la principal herramienta de trabajo crítica, política y pedagógica para visibilizar sus diferentes problemáticas, a través de la escritura, lectura colectiva, performatividad corporal, toma de muros y relatos documentales”, comentó.
En su oportunidad, el secretario general del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Mauricio Padrón Innamorato, explicó que se debe fortalecer la investigación académica y promover políticas públicas más efectivas para garantizar el derecho a la reinserción social de las mujeres que salen de prisión y enfrentan graves condiciones de desigualdad y discriminación, explicó.
El funcionario universitario indicó que, como parte de la lucha por la reivindicación de los derechos y la igualdad de género, es necesario poner en el centro de la discusión este tema.
Subrayó que al integrarse a la sociedad padecen situaciones de inequidad y pobreza más complejas y difíciles, además de que dedican tres veces más tiempo al trabajo de cuidado no remunerado, en comparación con los hombres. Asimismo, las tasas de participación laboral son menores para ellas.
Durante su estancia en prisión les es más difícil mantener sus redes de apoyo familiar y social, pierden el vínculo con el exterior porque no hay nadie que mantenga esa relación; en cambio, cuando los hombres están recluidos son ellas quienes sostienen esos lazos para ellos, manifestó.
Para el secretario general de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Efraín Reyes Romero, la labor que realizan los profesionales de esta disciplina dentro del sistema penitenciario permite la revisión permanente de la vida familiar, comunitaria y social de las personas privadas de la libertad.
“Vemos con interés las acciones colectivas para deshacer la cárcel y proponer alternativas al encierro, impulsadas desde otras disciplinas y promovidas por la sociedad civil, poniendo en el centro de la reflexión temas como las prácticas restaurativas con enfoque de género”, apuntó.
