Organizaciones presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra quien resulte responsable por el delito de homicidio, lesiones y detención ilegal de personas migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, que derivó en el incendio y posterior muerte de 39 de ellos y causó lesiones en más de una veintena.
Además de la denuncia penal, las organizaciones Fundación para la Justicia (FJEDD), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Asylum Access México y Uno de Siete Migrando también presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por los hechos ocurridos en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua la noche del lunes 27 de marzo.
Esa noche, tras registrarse el incendio, el personal del Instituto Nacional de Migración (INM) omitió auxiliar a las personas migrantes privadas de la libertad para salir de la celda, pese a los llamados de auxilio; no realizaron acciones inmediatas de contención del fuego y se le dio preferencia al desalojo de personal administrativo sobre las personas migrantes extranjeras recluidas, acusaron las organizaciones en conferencia de prensa.
“Lo anterior hace probable el incumplimiento de obligaciones, como la emisión de protocolos, implementación de medidas de prevención, adecuada selección y capacitación de personal, entre otras. Por ello, la denuncia también solicita la investigación de altos mandos del INM, incluidos: Francisco Garduño, titular del Instituto, y el contralmirante Salvador González Guerrero, titular de la oficina de representación en Chihuahua y militar en retiro, y demás servidores públicos y guardias privados. Por lo que es imperante que éstos sean separados de sus cargos”.
Y es que las organizaciones expresaron su preocupación debido a que hasta el momento únicamente se investiga por estos hechos a autoridades de muy bajo nivel.
“La investigación se ha enfocado en guardias y agentes migratorios que estuvieron en Ciudad Juárez. Por eso solicitamos que la fiscalía investigue también la responsabilidad de los titulares de las instancias encargadas de la política migratoria, incluido el canciller de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López”, expresó Gretchen Kuhner, integrante de IMUMI.
Organizaciones exigen garantizar acompañamiento a familias de víctimas
Las organizaciones señalaron que tragedias como las de Ciudad Juárez, Tenosique y todas las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes son el resultado de políticas migratorias que discriminan y violan derechos humanos, impulsadas desde el gobierno de Estados Unidos y aceptadas por el de México, que han terminado con la militarización de la migración y uso excesivo de la detención y deportación.
“La realidad que viven día a día hombres y mujeres en movilidad en México es cruel: son víctimas de delitos por parte de funcionarios públicos y crimen organizado, sin canales para denunciar y buscar protección frente a un sistema que está diseñado para privarlos de la libertad y retornarlos a sus países de origen, muchas veces, sin respetar el derecho internacional al asilo”.
Ante ello, consideraron como urgentes las siguientes diligencias y medidas:
- Identificación de los cuerpos con la intervención de la Comisión Forense, formada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y peritos de la FGR. “Mientras tanto, garantizar el resguardo y custodia de los cuerpos de las personas fallecidas”.
- No llevar a cabo acciones de incineración y repatriación de los cuerpos, sin antes la Comisión Forense practique la autopsia y todos los dictámenes periciales sobre dichos cuerpos, con el fin de recabar las evidencias forenses necesarias. Cualquier omisión será responsabilidad de la FGR.
- Obtener los videos completos y originales de las cámaras al interior de la Estancia.
- Llevar a cabo una pericial de fuego, realizada por expertos independientes (recomendados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos o el Equipo Argentino de Antropología Forense), que deberá incluir el examen de los cuerpos y del lugar de los hechos, a fin de establecer la causa y dinámica del incendio. Se deberá también corroborar si había presencia de algún acelerante.
- Recabar entrevistas a testigos, vecinos, funcionarios del INM y autoridades locales. Así como primeros respondientes al siniestro: bomberos, paramédicos y policías, entre otros.
- Crear una unidad mixta conformada por la FGR y la Fiscalía del Estado de Chihuahua para el desarrollo de investigaciones, a fin de no fragmentar la investigación y aprovechar los avances que en ambos fueros se consigan.
- Garantizar la atención médica y psicológica de las personas lesionadas, así como el acceso a un abogado victimal.
- Otorgar a las víctimas y a sus familiares, que así lo deseen, visas humanitarias y gastos de viaje (para los familiares que deseen viajar al país para acompañarles), junto con un lugar de estancia digno y, de así decidirlo, permanecer en el país para participar en las investigaciones, así como medidas de asistencia y apoyo necesarias, y la debida reparación del daño integral.
- Asegurar legalmente el inmueble en donde ocurrieron los hechos, con la finalidad de preservar evidencias o pruebas que quedan pendientes de ser rescatadas por parte de las autoridades investigadoras y periciales.
- Desahogar las pruebas anticipadas necesarias de personas testigos de los hechos, con la finalidad de salvaguardar su integridad y vida frente a posibles ataques hacía sus personas, incluyendo la deportación.
“El Gobierno de México -ratificador y promotor de los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de mecanismos y resoluciones en materia de migración a nivel internacional- está obligado a respetar y garantizar la vida y la integridad de las personas que se encuentran en su territorio, independientemente de su situación migratoria, y garantizar la justicia para aquellas que han sido víctimas de delitos”, sentenciaron.
