Ciudad de México.- Entre 35 mil y 460 mil niñas, niños y adolescentes son reclutados por grupos criminales bajo la promesa de que tendrán dinero, mejores condiciones de vida y cierto poder, pero también por amenazas, violencia física y psicológica, ante esa situación en la Cámara de Diputados, el PRD impulsa una iniciativa para adicionar en el Código Penal Federal que se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa a quien cometa el delito de reclutamiento con fines ilícitos.
Estudios recientes revelan la proliferación de fenómenos de violencia en estados donde la inseguridad y las actividades de los grupos delincuenciales son cotidianas, incrementándose los hechos relacionados con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Ante ese panorama, la diputada del PRD, Leslie Estefanía Rodríguez Sarabia, presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal Federal, a fin de establecer que se le impondrá una pena de 6 a 13 años de prisión y hasta 500 días de multa a quien cometa el delito de reclutamiento con fines ilícitos a personas menores de 18 años de edad.
Con las adiciones a los artículos 201 Bis 1 y 201 Bis 2, iniciativa que está en revisión en la Comisión de Justicia con la opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, a dicho ordenamiento se señala que comete el delito de reclutamiento con fines ilícitos, quien instigue, induzca, obligue y/o reclute a personas menores de 18 años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo a realizar conductas relacionadas con grupos armados y/o de la delincuencia organizada.
También, precisa que se entenderá por reclutamiento con fines ilícitos cuando se ofrezca alguna dádiva o retribución económica por su participación en alguna actividad delictiva, o se condicione la prestación de algún servicio médico, de salud, educativo, asistencial o laboral a cambio o a través de su participación en alguna actividad delictiva”.
Asimismo, cuando se amenace con causarle algún tipo de daño físico o emocional a las personas menores de 18 años de edad o a las que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.
El documento argumenta que actualmente en México no existe una tipificación específica para el delito de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes, lo que representa un serio riesgo para este sector, por lo que es importante modificar el Código Penal Federal con la finalidad de que este sirva como herramienta para la prevención del reclutamiento.
El fenómeno de violencia y reclutamiento de jóvenes en nuestro país sigue siendo una deuda por subsanar, pues no se está logrando el objetivo de proteger a la niñez y a la juventud de la violencia. Por ello, es fundamental combatir este problema social y atacar sus causas estructurales, señala.
Factor de riesgo estructural
Se tiene claro que se presenta con más frecuencia en aquellos estados donde la inseguridad, la extrema violencia y las actividades de los grupos delincuenciales son cotidianas, a esos factores hay que sumar pobreza y marginalidad de familias que viven en zonas violentas, deserción escolar y baja provisión de servicios por parte del Estado, apunta Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) y especialista en derechos de niños, niñas y adolescentes.
De acuerdo con González Contró, la institucionalidad en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes es débil en México y lejos de fortalecerse, se ve que cada vez tiende a debilitarse más, el Estado no está presente en la vida de este grupo de población, lo que constituye un factor de riesgo estructural.
“Además, nuestro marco normativo también tiene carencias al respecto. Debemos recordar que en 2015, cuando el Estado mexicano presentó su último informe acerca del cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le señaló que esta clase de reclutamiento tendría que ser un tipo penal específico”, agrega.
Diversos estudios recogen testimonios de niños, niñas y adolescentes en los que refieren las diferentes funciones que desempeñan dentro de un grupo delincuencial. Es así como se ha sabido que casi siempre empiezan como “halcones” (individuos que se encargan de vigilar y alertar sobre la presencia de autoridades o enemigos), pero con el paso del tiempo también pueden realizar labores de tráfico de estupefacientes o incluso convertirse en sicarios y ejecutar uno que otro asesinato, menciona.
Igualmente, se sabe que son reclutados bajo la promesa de que tendrán dinero, mejores condiciones de vida y cierto poder, pero también bajo amenazas y violencia física y/o psicológica, precisa.
Por eso, es fundamental tener un marco normativo robusto que permita tratar a los niños, niñas y adolescentes como víctimas cuando son reclutados por la delincuencia organizada y, en caso de que hayan cometido algún delito, juzgarlos también desde esa perspectiva. Esta doble dimensión es muy relevante, pero no está suficientemente visibilizada en México, indica González Contró.
