Ciudad de México.- Tras meses de buscar justicia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y luego ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y no encontrarla, la diputada federal del PRI, Monserrat Arcos Velazquez, decidió emprender un nuevo proceso legal contra Alejandro Moreno, dirigente de su partido, esta vez optó por la vía penal para alcanzar lo que no ha encontrado, por lo que acudió hoy a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FISEL) y levantar una denuncia por corrupción en un «esquema de moches» por 32 millones de pesos, del presupuesto destinado al liderazgo político de las mujeres.
En entrevista para Cimacnoticias, Arcos Velazquez, detalló que esta denuncia penal se basará en el tiempo cuando ella ocupaba el cargo como lideresa del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI), y estaba a cargo de ese presupuesto, por lo que en este esquema de moches, «el daño no solo fue para ella, al quererla involucrar en un acto de corrupción, sino para miles de mujeres priistas».
Arcos afirmó contar con elementos suficientes para acreditar que Alejandro Moreno, «no solo es un corrupto sino, además, un violentador», porque a partir del 2023, ellas como dirigente del ONMPRI, empezó a recibir amenazas para que ella accediera a simular el ejercicio de los recursos correspondientes al 3% de las prerrogativas que el Instituto Nacional Electoral (INE), le entrega los partidos políticos por concepto de capacitación y empoderamiento político de las mujeres, pero ante su negativa se han dado una serie de violencias en su contra.
Los partidos políticos están obligados a destinar, como mínimo, el 3% del financiamiento público ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Para ello, deben realizar la programación anual de los recursos, que pueden ser orientados a tres tipos de proyectos: de capacitación, de investigación y de divulgación, estos se conocen como Programas Anuales de Trabajo.
“Como yo me negué a esto, lo que se vino fue violencia política en razón de género, porque ellos absorbieron mis facultades y me empezaron a limitar lo que yo tenía que hacer como dirigente. Y yo me entero por redes sociales que ya están haciendo uso de ese recurso y que básicamente a mi me preocupaba que estuvieran utilizando mi firma o alguna cuestión por el estilo; me deslindo de lo que están haciendo y se viene esta persecución, intimidación, una violencia institucional instruida por el presidente del partido hacia abajo”, sentenció.
“Alejandro Moreno, me ejerce violencia política de género. Luego, afecta el ejercicio de mis derechos políticos y electorales así como el desempeño de mi cargo, en el momento en el que la Secretaría de Finanzas empieza a ejercer unilateralmente el recurso, no como se había hecho en los tres años anteriores por mi y como establecen los estatutos del PRI, que fueron modificados en este sentido en abril del 2023.
El dinero, de acuerdo con la diputada Arcos, sería repartido de esta forma: del total de 32 millones de pesos, 16 serían para el presidente del partido, Alejandro Moreno, cuyo destino desconoce, pues a ella solamente le dijeron que “tenían una necesidad económica” y que él requería el recurso, incluso él personalmente se lo solicitó.
Además, reclamó el hecho de que ha sido «totalmente excluida» de todas las actividades del partido, al afirmar que ella sigue siendo priista y hoy por hoy no la invitan a ninguna actividad de campaña, pero también teme por su vida, por eso ha solicitado medidas cautelares y de protección, porque ha sido intimidada para que se detenga, pero ella ha decidido levantar la voz y si es necesario ponerle una pausa a su carrera política de 20 años.
Señaló que finalmente no buscó ningún espacio de representación popular en el PRI: «no había manera», afirmó que en otros lugares le hicieron invitaciones, pero decidió quedarse para luchar, «porque si una mujer que es diputada federal, con 20 años de carrera, que puede tener redes de apoyo, que ha tenido de mujeres sororas y compañeros en la política no logra algo, difícilmente alguien más podrá hacerlo».
La denuncia interpuesta por la legisladora priista también alcanza a Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, secretario de Finanzas a nivel nacional, y contra Marco Antonio Gómez Alcántara, fiscalista y proveedor del partido, a todos ellos los acusa de pedirle que simulara el recurso del 2023, pero ella se negó, por lo que no solo fue destituida de la dirigencia del ONMPRI ,el año pasado de forma ilegal, sino también ha recibido distintos tipos de amenazas: “temo por mi vida».
El recuento
Las denuncias de Monserrat Arcos Velazquez contra Alejandro Moreno, no son nuevas, todo empezó desde el 15 de enero del 2024, cuando presentó una queja ante el INE contra el dirigente priista y Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo por violencia política en razón de género, tras negarse a ese esquema de corrupción y desvío de recursos por 32 millones de pesos destinados a la capacitación de mujeres del Organismo Nacional de Mujeres Priístas.
Sin embargo, el 1 de febrero del 2024, el Instituto Nacional Electoral retornó al PRI la denuncia por violencia política en razón de género de la diputada priista, situación que fue calificada por ella «como grave», lo comparó como si mandaran a una mujer violentada de vuelta a su casa con su violentador, “es injusto”, reclamó en su momento.
Esta situación no detuvo a la legisladora priista por defender sus derechos partidistas y recurrió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sin embargo, el 13 de marzo pasado, el órgano especializado del Poder Judicial de la Federación se declaró incompetente para resolver la queja de la diputada Monserrat Arcos por violencia política en razón de género, en contra el dirigente del PRI, bajo el argumento de que se constituyó un asunto intrapartidista y se debe resolver al interior del tricolor.
Desde que inició toda esta situación contra la dirigencia nacional del PRI, la legisladora por Tamaulipas ha tenido que enfrentar ser excluida de todas las actividades del partido; además, todas sus representadas a nivel nacional, dirigentes estatales y compañeras legisladoras fueron conminadas, así como los presidentes de los comités directivos estatales a no tener comunicación con ella, también fue excluida de las convocatorias al Consejo Político Nacional y Comisión Política Permanente de manera presencial solamente la citaban por zoom.
Al respecto, Montserrat Arcos, recordó que toda esa situación que vivió fue a raíz de su intervención del 5 de octubre del 2023, cuando ante el Consejo se deslindó del manejo del recurso y solicitó que se revisaran los recursos destinados a las mujeres priistas, todo ello, fue parte de su narrativa y entraría como parte de lo que ahora está denunciando ante Fiscalía en Delitos Electorales de la FGR.
“También quien impida, por cualquier medio, que las mujeres electas o designadas para cualquier cargo rindan protesta o ejerzan libremente su cargo con las actividades inherentes al mismo, que es mi caso. Como parte de lo que yo viví y mi equipo de trabajo fue que finalmente en diciembre del 2023 fui destituida, yo me enteré por redes sociales que ya no era la dirigente del organismo de mujeres priistas, en un mínimo de justicia laboral o de cualquier situación que se puede evitar de violencia laboral que otras mexicanas también viven, por lo menos te avisan”, reclamó.
Dijo que es un tema en donde no podemos estar en la coyuntura de tener, por primera vez, la posibilidad de que una mujer sea presidenta de este país y de que mujeres como ella vean destruida su carrera de 20 años, por el hecho de no querer participar en un esquema de corrupción.
Como prueba de su denuncia, la diputada presentó un audio del 27 de junio de 2023, en el que Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, le planteó aceptar cursos en línea a un costo menor del que se firmaría y regresar la diferencia a la Secretaría de Finanzas, que a su vez se la daría a Alejandro Moreno Cárdenas.
“La conversación inicia donde yo le digo que no le estoy dando un curso de moralidad, porque (Hugo Arroyo) se molesta al decirle que eso no se puede hacer.
Por ello, la denuncia de la diputada Arcos ante la FGR, se da por una simulación de recursos que había otorgado el Instituto Nacional Electoral (INE) para el empoderamiento de las mujeres priistas. Aseguró desconocer qué ocurrió con el recurso asignado para la capacitación de mujeres, razón por la cual presentó una queja ante el área de Fiscalización del INE, pero el daño no fue únicamente a ella como dirigente del ONMPRI, fue a las miles de mujeres que año con año tenían acceso a una escuela nacional, a actividades con instituciones de prestigio.
Derechos políticos y electorales de las mujeres
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) se identifica a la violencia política contra las mujeres en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, el libre desarrollo de la función pública.
La Violencia Política en Razón de Género busca anular o desvalorizar el ejercicio de los derechos de mujeres involucradas en la política. Esta es motivada por roles y estereotipos tradicionalmente asignados a la mujer. Se manifiesta de diversas acciones, no está limitada a las agresiones físicas, también se pueden presentar agresiones verbales, simbólicas, patrimoniales, económicas, sexuales y psicológicas.
No toda la violencia política tiene elementos de género, pues en una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate y disenso, porque en ésta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses.
