Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de las y los Presos Políticos, como una manera de visibilizar esta problemática que subsiste en nuestro país, es necesario traer a cuenta a Kenia Hernández, quien está privada de su libertad desde el 2020 y lo está debido a su activismo y protestas pacíficas, esta mujer considerada «presa de conciencia» es abogada y defensora indígena y hoy clama su libertad ante la injusticia que enfrenta.
Baste recordar, que se considera una persona presa política es cualquiera que pertenezca a un partido político o sector político, que se ponga bajo arresto, sin haber cometido un delito, más bien porque sus ideas suponen un desafío o una amenaza para el sistema político establecido.
Kenia Hernández nació en el municipio de Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, hasta ese momento, habría dedicado gran parte de su trayectoria a la defensa de los derechos humanos, principalmente a favor de los pueblos indígenas, las mujeres y la tierra.
Con el fin de abonar a su causa y a la de más activistas presos injustificadamente, diferentes colectivas y organismos de la sociedad civil convocaron a una movilización este 17 de abril.
En el caso de Kenia Hernández, así como en el de cientos de activistas, presas y presos al día de hoy, se inscribe en una especie de ironía, en la que: quienes luchan por la libertad de otros terminan siendo injustamente privados de la suya.
El castigo que sufren las y los activistas, se extiende hacia los familiares y amigos de las víctimas, quienes son obligados a lidiar con el dolor de la separación forzada.
Kenia Inés Hernández Montalván es una mujer abogada, indígena amuzga y defensora de derechos humanos, defensora que ha insistido en la necesidad de resolución por la libertad de presas y presos políticos, derechos de los pueblos indígenas y la impartición de justicia para las mujeres.
En la mira
Kenia y otros integrantes de la colectiva que lidereba, habían sido objeto de amenazas y hostigamiento judicial por realizar protestas pacíficas a favor de la liberación de presos del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos, desde febrero del 2019.
La primera ocasión, en que fue privada de su libertad, fue en el mes de junio del 2020, cuando ella y tres activistas más fueron detenidas sin orden de aprehensión en la caseta de cobro La Hortaliza, en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el estado de México
Después de la detención de ella y sus compañeras, realizada mientras protestaban pacíficamente por la liberación de presos del Movimiento, Por La Libertad de Presos Políticos, todo se arregló. Estuvo cinco días en prisión preventiva en Chiconautla, una cárcel en Ecatepec, pero fue liberada.
Hasta antes de su detención, fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. Además, fue beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, precisamente ante los riesgos de ejercer el activismo frontal.
La segunda detención
La segunda ocasión en que la activista vivió una detención arbitraria, fue un 18 de octubre de 2020, en la caseta de Amozoc en el estado de Puebla. Ya para ese entonces, las autoridades le fincaron nueve cargos en su contra, entre ellos, robo con violencia y ataques a las vías de comunicación.
De acuerdo con la Relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU, Mary Lawlor, en su segunda aprehensión, alrededor de 22 elementos de la policía apresaron a Kenia sin una orden judicial, y sin explicación alguna sobre las razones de esa detención.
Durante el proceso de detención fue sometida a malos tratos y violencia física. Su familia y defensa legal no tuvieron comunicación con ella hasta la mañana siguiente, el 19 de octubre de 2020, cuando se conoció su paradero y se anunció que estaba detenida en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, ubicado en Almoloya de Juárez, estado de México.
Kenia Hernández fue acusada de robo con violencia armada, así como, ataques a las vías de comunicación en pandilla, en perjuicio de Caminos y Puentes Federales, CAPUFE. y Autovías Concesionaria Mexiquenses.
El 25 de octubre de 2020, la Fiscalía General de la República, junto a la representante de CAPUFE, señalaron a Kenia Hernández, como, «una persona que pone en riesgo a la sociedad porque se manifiesta mucho», por lo que solicitaron su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, en Coatlán del Río, en el estado de Morelos.
El penal de máxima seguridad ubicado en el estado de Morelos, fue señalado por violaciones a los derechos humanos y, en él fue sometida a tratos inhumanos. Ahí fue, donde vivió, la mayor parte, de su proceso de criminalización iniciado hace tres años y medio.
Antes de cumplir el primer año en el penal de alta seguridad, la defensora de Derechos Humanos Kenia Hernández, inició una huelga de hambre porque se le negó el derecho a tener comunicación privada con su familia.
A lo largo de este tiempo, organizaciones de México y de distintas partes del mundo exigieron su inmediata liberación, ya que la protesta y defensa de los derechos humanos no constituyen un crimen, esto de acuerdo a la legislación vigente de nuestro país.
Presa de conciencia
Organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, han acuñado el término “preso de conciencia” para definir a personas que, sin haber usado la violencia ni haber incitado a la misma, están sometidas a prisión u otra restricción de su libertad, a causa de sus creencias, su origen étnico, sexo u otros factores y hoy Kenia, está considerada como tal.
La estancia de Kenia durante dos años en el Ceferero 16, fueron bajo condiciones de hostigamiento judicial, siendo víctima de violencia institucional y de género.
De las 10 causas penales que había en su contra, al menos tres, fueron canceladas. Aunque, actualmente cumple dos sentencias con más de 20 años de prisión por supuesto delito de robo con violencia.
Sus condiciones de vida, fueron deplorables el tiempo que duró su estancia en el penal de máxima seguridad, las carencias, iban desde la falta de agua para beber o de agua para el aseo, comida en mal estado provocando la intoxicación masiva de 400 mujeres en el 2022. Así como, aislamiento total, falta de actividades y ausencia de atención médica.
Tal es el grado de injusticia, que, al interior el 41 por ciento de las mujeres no contaba con una sentencia condenatoria en el penal donde está recluida. Es decir, en el 2023 había 512 mujeres presas en una cárcel de máxima seguridad, sin que ningún juez las hubiera declarado culpables de ningún cargo.
Dicha situación que ya era conocida por los familiares de las reclusas, a principios del 2024 dio un salto al ojo público, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiera una recomendación para las autoridades penitenciarias y la Fiscalía de Morelos por vulnerar el derecho a la salud, a la integridad física, a la vida y a la justicia de 13 mujeres que se suicidaron al interior de la cárcel de alta seguridad.
Revisión del caso
A finales del 2022, el equipo defensor de la activista intentó negociar acuerdos reparatorios, que le permitieran obtener su libertad. De repente, una luz de esperanza se arrojó sobre el caso, luego de que funcionarios del gobierno federal comenzaran a analizar su caso.
En una conferencia matutina del 30 de diciembre de 2022, ante una pregunta de los medios de comunicación, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre el caso de la activista amuzga Kenia Hernández.
Obrador afirmó que la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, podían atenderlo.
A unas semanas las declaraciones presidenciales, el martes 17 de enero de 2023, Fabiola Vite Torres —abogada de Kenia Hernández— confirmó a Cimacnoticias que habrían tenido un primer acercamiento con ambos funcionarios. De acuerdo con la defensora legal, tanto Rodríguez Velázquez como Nuño Lara están documentando la situación de las carpetas de investigación.
Y, que cuando terminara este proceso, se determinaría junto con el equipo de abogadas y abogados de Kenia la forma en la que las instancias del gobierno federal pudieran cooperar para lograr los acuerdos reparatorios que dejaran en libertad a la joven activista de Guerrero.
Lo anterior, se vio truncado, toda vez que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, un organismo público descentralizado del gobierno federal, se negara a participar del acuerdo.
Este organismo fue una de las instituciones que acusó a la defensora de derechos humanos por supuestos ataques a las vías de comunicación. De acuerdo con el equipo defensor de la activista amuzga, en noviembre del 2022 se intentó dialogar con el organismo para plantear un acuerdo reparatorio.
Sin embargo, como en otras ocasiones, el organismo se negó a esta posibilidad y aseveró que no era su intención alcanzar esa resolución, por lo que respectaba a sus denuncias contra Kenia Hernández.
Ante la negativa de CAPUFE, Libertad para Kenia (un movimiento por la libertad de la activista y abogada) emprendió una campaña a través de redes sociales para ejercer presión al gobierno federal y pedir que se atienda el caso como es debido luego de las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador.
Mejores condiciones de vida
Tras la fuerte presión de las y los abogados de Kenia, así como, de organismos de la sociedad civil nacionales e internacionales, incluso, de colaboradores cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y, al apoyo decidido de legisladores federales, se obtuvo el traslado de la activista a un penal en el estado de México.
Tras lograr su traslado al Cereso “Sergio García Ramírez” en Ecatepec en el estado de México, el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dio a conocer que Kenia Hernández les compartió que era tratada con dignidad y respeto.
Y que realizaría labores de apoyo a presas que se encontraran en situaciones vulnerables como abandono, acompañando en procesos jurídicos para una reinserción social.
”Sin lugar a dudas, el traslado de Kenia Hernández al Cereso en Ecatepec ayuda mucho a tener un acercamiento familiar mayor, así como una mejor comunicación con sus redes de apoyo y defensoras” destacó el organismo de la sociedad civil.
No obstante, que logró mejorar sus condiciones al ser traslada de un penal de alta seguridad ubicado en el estado de Morelos al Cereso en Ecatepec. La activista Kenia aún no ha logrado obtener la libertad.
El delito del que se le acusa, no se ha comprobado, es el de robo. Y se basa en testimonios, pero no se han entregado pruebas de tales hechos. Y es así, como en un país como el nuestro la presunción de inocencia se vulnera al establecer prisión preventiva, que ya en sí misma, resulta una condena anticipada.
LOA/OLO
