La censura de libros es una de las estrategias de control ideológico de los gobiernos autoritarios y de grupos extremistas (en general, conservadores), que se erigen en policías del pensamiento. La Inquisición, el franquismo, las dictaduras sudamericanas son claros ejemplos del afán de someter el pensamiento.
En pleno siglo XXI, ha resurgido con fuerza en Estados Unidos, la pulsión autoritaria de grupos que se arrogan el derecho de prohibir libros o películas, ya no en nombre de “las buenas costumbres” sino en defensa de la niñez y juventud contra la “pornografía” o el “adoctrinamiento” que asocian con la enseñanza de la historia del racismo.
Celebrar los libros, como lo hicimos este martes 23, implica entonces también defender en el mundo la libertad de escribir, leer, pensar, expresarse y criticar.
El ataque actual contra la pluralidad más visible, más mediatizado en EUA, se ha dado en universidades donde se han “cancelado” a docentes, conferencistas o estudiantes por sus posturas ante Israel y Palestina o la identidad trans.
Lejos de reafirmarse como foros de debate plural, diversas universidades han cedido al temor al escándalo, a la pérdida de donantes. La corrosión de la libertad de pensamiento y expresión más alarmante, sin embargo, se da en distritos escolares, donde las mesas directivas de escuelas públicas han promovido, por iniciativa propia o a petición de algún padre o madre de familia, la prohibición de tener o circular determinados libros en la biblioteca escolar, imprescindible para muchos. Estas mesas directivas, conformadas por ciudadanos/as y algún docente, inciden en el presupuesto y las contrataciones escolares.
Según datos de PEN-America, organización defensora de la libertad de expresión de escritoras, escritores, artistas, periodistas, solo en este año, se han prohibido 4 mil libros, más que en todo 2023.
Las prohibiciones abarcan 42 estados, en distritos republicanos y demócratas. Los promotores de la censura usan leyes contra la “obscenidad” o argumentan que los libros son “pornográficos” o inadecuados o hasta peligrosos para estudiantes de las escuelas públicas.
Los temas más censurados se relacionan con la diversidad en la orientación sexual y las identidades sexo-genéricas, sobre todo trans (50%), y con el racismo, la esclavitud y sus consecuencias, más si incluyen referencias a la violencia sexual (30%). La censura no toma en cuenta las diferencias de edad ni el criterio de bibliotecarias/os profesionales que pueden orientar al alumnado.
Dos ejemplos pueden ilustran la cerrazón de las “buenas conciencias”. Como si revivieran el “código de la decencia” de Hollywood, han prohibido en diversas escuelas la lectura o difusión de novelas gráficas, muy populares entre adolescentes.
¿Por qué? Porque los censores confunden la “gráfica” de las ilustraciones con la representación “gráfica” (explícita) del cuerpo o la sexualidad.
Así, en escuelas de Missouri, por ejemplo, además de “Gender-Queer. A Memoir” de Maia Kobabe, sobre una adolescente queer, se prohibió cualquier novela ilustrada. La censura contra “Maus”, acerca del Holocausto, en un distrito de Tennessee en 2022, condenó su “lenguaje inapropiado” y un desnudo femenino. Prohibido mostrar el cuerpo desnudo. La violencia no importa.
Por otra parte, los censores justifican la prohibición de novelas como Beloved y The Bluest Eyes de Toni Morrison, premio Nobel de literatura 1993, y de otras novelas o libros de historia acerca del racismo y la discriminación, como medida para “proteger” al estudiantado de la “Teoría Racial Crítica”, una crítica del racismo estructural en Estados Unidos.
La negación de la historia y de la actualidad del racismo en EU ha llegado a extremos alarmantes. Como documenta el medio independiente Truthout, en Arkansas, la gobernadora Sanders, excolaboradora de Trump, incluyó en la Ley de Educación estatal la intención de impedir el “adoctrinamiento” del estudiantado por “la izquierda política” y prohibió enseñar en las preparatorias públicas esta Teoría (que, de hecho, se enseña en universidades).
Según una demanda presentada por estudiantes, padres, docentes y la organización de derechos civiles ACLU contra la gobernadora, el lenguaje de esta ley es tan vago que hace imposible enseñar historia afroamericana sin censura previa. Ya en un caso la superintendente escolar revisó el programa de un curso para estudiantes avanzados antes de autorizarlo.
Si bien esta demanda y las denuncias de PEN America y otras instancias son actos de resistencia esperanzadores, la censura local y estatal ha derivado en autocensura de docentes y bibliotecarias, bibliotecarios que, por miedo a perder su empleo, evitan aludir en sus cursos a temas “sospechosos” o comprar o prestar libros que, según las autoridades, no deben leerse en las escuelas públicas.
