Ciudad de México.- Este 30 de marzo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la iniciativa de la Ley 3 de 3, la cual limita los derechos de agresores y deudores alimentarios de acceder a cargos públicos de elección popular. Ahora, la iniciativa pasará al Senado de la República para concluir con el proceso legislativo y permitir que entre en vigor.
El proyecto de decreto aprobado modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En las fracciones agregadas al primero de estos artículos se establece que, para ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular, ser votada o ser nombrada para cualquier empleo del servicio público, una persona no debe:
- Tener una sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y el desarrollo normal psicosexual de otra persona
- Tener una sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales o supuestos por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual o violencia política contra las mujeres en razón de género
- Tener una sentencia firme como persona deudora alimentaria morosa
En cuanto al artículo 102, se agregó la especificación de que para ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere tener ciudadanía mexicana por nacimiento y estar en el ejercicio de sus derechos.
La iniciativa 3 de 3 ya ha sido aprobada a nivel local por diferentes entidades, entre ellas Yucatán y Nuevo León. Con la iniciativa aprobada el día de hoy sería aplicada a nivel federal, lo cual podría obligar a estos estados a homologar sus legislaciones al respecto.
Diputado Gerardo Fernández Noroña «se pone el saco» con la 3 de 3
Tal como se reflejó en la votación, la mayoría de las y los diputados se mostraron en favor de la iniciativa durante sus participaciones en el podio. Sin embargo, quien mostró una postura contraria a lo largo de toda la discusión fue el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT).
De hecho, Noroña presentó una moción suspensiva que fue rechazada. Además, durante su primera intervención dijo que el dictamen era «políticamente correcto» y que «no ha movido ni un milímetro» los índices de violencia contra las mujeres; también afirmó que no funcionaba para cerrar las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Con esto, el diputado demostró su ignorancia respecto al hecho de que los agresores suelen hacer uso de sus posiciones de poder en la función pública para evadir sus responsabilidades e incluso para agredir institucionalmente a sus víctimas. Prueba de ello es que 9 de cada 10 agresores acusados de violencia vicaria recurren al sistema de justicia corrupto para levantar denuncias falsas contra sus exparejas, según datos del Frente Nacional Contra Violencia Vicaria.
El diputado del PT también se tomó la iniciativa como un ataque personal. Esto, debido a que durante la discusión se le señaló por supuestos ataques misóginos que ha proferido contra sus compañeras de curul. En este sentido, Fernández Noroña afirmó que era «evidente» que la iniciativa iba a usarse para ir contra él en caso de que se aprobara, lo cual dejaría ver «el uso perverso» que se puede hacer de ella.
Por su parte, diputadas como Lidia García Anaya y Olga Luz Espinosa Morales (del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, respectivamente) reconocieron la importancia de esta iniciativa para brindar mayores garantías de seguridad a las mujeres y avanzar en la erradicación de la violencia contra las mexicanas. De igual forma, hicieron énfasis en los esfuerzos de la sociedad civil para impulsar este proyecto de ley. Entre las organizaciones detrás de estos esfuerzos se encuentra Las Constituyentes MX, la cual ha empujado la aprobación de la ley 3 de 3 desde 2018.
