La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló la llamada “3 de 3 contra la violencia”, un dictamen que reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política para suspender el derecho de ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público a quien sea declarado como deudor alimentario o sentenciado por violencia familiar, violencia política en razón de género u otro delito que atente contra la libertad sexual y emocional de las mujeres.
El dictamen, que tiene antecedentes en pasadas legislaturas, tiene como objetivo establecer una sanción de carácter constitucional “para cualquier persona -sea hombre o mujer- que incurra en conductas de actividades de violencia y de delitos que afecten la vida e integridad de las personas”.
Lo anterior, destaca el proyecto, otorgará certeza a las víctimas de violencia de género sobre “la no elegibilidad de sus agresores y representaría un avance significativo en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres”.
“Se le llama 3 de 3 porque aborda el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y es 3 de 3 porque va desde ámbito federal, estatal y municipal”, expresó Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz, diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Durante el debate se aceptó la reserva para incluir una fracción VII al artículo 38, a fin de suspender los derechos o prerrogativas de los ciudadanos “por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, equiparada o doméstica y violación a la intimidad; por violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus modalidades y tipos”.
Asimismo, por ser declarada como persona deudora alimentaria. En los supuestos de esta fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cargo de elección popular ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Cabe recordar que el pasado 8 de marzo diputadas dieron a conocer su intención de llevar a la Constitución la llamada 3 de 3 contra la violencia, la cual fue admitida por el Instituto Nacional Electoral (INE) en 2021 para candidatos durante las elecciones realizadas ese año. Sin embargo, bastaba la firma y palabra del político para hacer válido dicho documento, por ello, esta modificación busca enmarcar como obligación al candidato «a mostrar la evidencia de no estar incumpliendo ninguno de los supuestos mencionados», destaca el proyecto.
Grupo Plural de Igualdad Sustantiva impulsa 3 de 3
El proyecto por el que se aprobó la reforma 3 de 3 es impulsado por diputadas que integran el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, el cual fue formalmente instalado el 25 de noviembre de 2021 aglutinando en ese entonces 50 iniciativas de la LXIV Legislatura y otras de la LXV para reformar la Constitución Política.
Entre estas iniciativas se encuentran: definir el único tipo penal de feminicidio en el país, promover un registro nacional de matrimonios, de deudores de pensiones, reformas en favor del interés superior de la infancia, favorecer la conformación de empresas productivas de mujeres y definir sanciones contra la desigualdad salarial por cuestiones de género, destacó el Grupo en un comunicado.
En ese sentido, con el paso dado por la reforma 3 de 3 contra la violencia, también avanza la labor legislativa en favor de los derechos humanos de las mujeres, misma que se ha visto mermada provocando que más de 70 iniciativas que involucran una vida libre de violencia, salud, seguridad y libertad para mujeres y niñas continúen congeladas.
