En México más de 70 iniciativas en favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas se encuentran congeladas. Pese a la urgencia de fijar la atención en temas como matrimonios infantiles, Sistema Nacional de Cuidados o Igualdad Salarial, entre otros, diputados y senadores han dado prioridad a crear días feriados o reformas electorales que, además, ponen en riesgo los derechos políticos de las mujeres.
Cimacnoticias platicó con la senadora Patricia Mercado Castro y la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, quienes coincidieron en que no se está haciendo lo suficiente en favor de las mujeres y niñas mexicanas.
Equidad salarial y violencia laboral
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportaron que durante 2020 el salario diario asociado a trabajadores hombres asegurados fue mayor que el de las mujeres a nivel nacional, 416.4 pesos y 363.5 pesos por día, respectivamente, lo que representa una diferencia de 14.6 por ciento.
Ante este panorama, en marzo de 2021 el Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de reformas a diversas leyes con el objetivo de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.
La propuesta establece que será objetivo de la Política Nacional el diseño, implementación, ejecución y evaluación de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Este dictamen se remitió a la Cámara de Diputados en 2021; sin embargo, la senadora por Movimiento Ciudadadano (MC), Patricia Mercado, acusó que la minuta se encuentra detenida.
Situación similar ocurre con las reformas para combatir el acoso y violencia laboral que, en palabras de la senadora, se espera que tenga un avance este año debido a que en 2022 el gobierno mexicano ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), primer tratado internacional que aborda la violencia y el acoso en los espacios laborales.
“Ya se ratificó y entra en vigor en mayo, para entonces tendremos que dar nuestro primer informe en la materia y una de las cosas que estamos planteando es que sería muy bueno que en la primera rendición de cuentas sobre el Convenio podamos dar cuentas de que hemos hecho por lo menos una primera reforma legislativa”, expresó Mercado.
Y es que actualmente, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, 27.9 por ciento de 40 millones de mujeres han experimentado algún tipo de violencia en el ambiente laboral, 18.1 por ciento de ellas experimentaron discriminación laboral, 14.4 por ciento vivieron situaciones de violencia sexual, 12.2 por ciento recibieron violencia psicológica y 1.9 por ciento experimentaron violencia física.
“No sé si de aquí a fines de de abril habrá posibilidades de sacar adelante ese dictamen que salió del Senado y que está en Cámara de Diputados. Ya se estableció una mesa de trabajo donde hemos estado representaciones sindicales, representantes empresariales, la Secretaría del Trabajo, la OIT y algunas senadoras y senadores”, señaló la política.
Sistema Nacional de Cuidados, una realidad lejana pero urgente
Desde 2020 se propuso en el Senado una serie de reformas que buscan reconocer el trabajo de cuidados no remunerado y emprender el camino hacia la creación de un Sistema Nacional de Cuidados en el país; sin embargo, la propuesta se encuentra congelada, aún cuando lo anterior continúa impidiendo la inserción laboral de las mujeres.
Patricia Mercado, recordó la urgencia de un Sistema Nacional de Cuidados con presupuesto suficiente, para que las mujeres puedan salir de los hogares y de esta forma incrementen las cifras de inserción laboral, brindando derechos y seguridad social.
El proyecto que permanece en pausa busca reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución, lo cual busca considerar el derecho al cuidado digno con base en el principio de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, las familias, la comunidad y el mercado.
Así como “la libertad que tienen las personas para decidir si adquieren o no como obligación el cuidar a quien lo requiera, y el derecho para decidir la distribución del tiempo propio acorde a sus necesidades e intereses”.
“El Sistema Nacional De Cuidados garantiza el derecho al cuidado a través de la corresponsabilidad del Estado, el mercado, sociedad, familias y personas”, destacó la senadora. Por ello instó a considerar presupuesto para invertir en infraestructura, comunicación y movilidad que propicien el desarrollo social; de esta forma, la carga del trabajo de cuidados será redistribuida y no focalizada en las mujeres.
Ya que de no atenderse, en 2025 la situación de cuidados en México podría agravarse de acuerdo con ONU Mujeres. Ya que según un análisis de dicho organismo, para ese año la población de adultas y adultos mayores de 60 años ascenderá a 17 millones de personas en nuestro país, quienes requerirán de cuidados especiales propios de su edad. A esto se sumará la cantidad de personas que seguirán desarrollando secuelas tras haberse contagiado de Covid-19.
Matrimonio infantil, ignorado en Senado
La diputada Eufrosina Cruz, promovente de la iniciativa para sancionar como delito grave el matrimonio infantil, asegura que en México este dictamen no ha avanzado debido a que nuestro país “produce pornografía infantil y le damos el 60 por ciento de consumo al mundo”.
“Es prioridad la minuta para hacer un día de frijol, pero no son prioridad las niñas, las mujeres de este país. Entonces es absurdo e ilógico. Ni siquiera ha sido analizado por las comisiones”.
La organización Save the Children señala que en México, una de cada 100 niñas de entre 12 y 14 años de edad se encuentran casadas o en unión libre en contra de su voluntad. Esto representa una modalidad de trata que muchas veces tiene fines serviles o de intercambio o compensación.
Por ello, con la iniciativa se busca establecer una pena de ocho a 15 años de prisión, así como una multa de mil a dos mil quinientos días de multa. Además, la pena aumenta hasta una mitad más si la víctima pertenece a una comunidad indígena o afromexicana.
“No se trata solo de discursos, se trata de acciones y una acción concreta real es precisamente esta acción jurídica en favor de las niñas”, sentenció la diputada.
En ese sentido ambas políticas coinciden: falta mucho camino por recorrer. Mientras tanto, las mujeres y niñas de este país llegan al 8 de marzo de 2023 con pocos esfuerzos para garantizar sus derechos humanos.
