Hace un año, Baja California Sur se convirtió en el décimo estado en México en despenalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación. De esta forma, del 14 de junio de 2022 al 31 de enero de 2023, accedieron al servicio de aborto 140 mujeres, informó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
De acuerdo con GIRE, 54.3 por ciento de estos 140 procedimientos se realizaron con medicamento, 42.9 por ciento por medio de Aspiración Manual Endouterina (AMEU) y 2.9 por ciento a través de Legrado Uterino Instrumental (LUI).
De entre las mujeres que más accedieron al servicio de aborto en Baja California Sur durante este lapso de tiempo, se encuentran las usuarias de 20, 22 y 26 años.
El Benemérito Hospital General con Especialidades ‘’Juan María de Salvatierra’’, ubicado en La Paz, fue la institución que brindó más servicios (95), seguido del Hospital General de Cabo San Lucas (29).
Pese a lo anterior, colectivas como Las Calafias y la Colectiva Feminista Brujas Californias han denunciado que a un año la implementación del servicio aún hay muchos aspectos que mejorar para que este sea digno para todas. Además, acusaron que servicios como IMSS e ISSSTE continúan negándose a brindar servicios de aborto.
Fue el pasado 2 de junio cuando el Congreso de Baja California Sur despenalizó el aborto en la entidad, con 16 votos a favor y tres en contra.
La propuesta fue presentada el pasado 26 de mayo como parte de una iniciativa ciudadana dirigida por la presidenta del Centro Mujeres A.C. en La Paz, Mónica Iris Jasis Silberg, con la cual se buscaba permitir el aborto hasta las 14 semanas de gestación; sin embargo, tras un análisis, se determinó que el límite se estableciera hasta la semana 12.
La iniciativa tuvo por objetivo reformar, adicionar y derogar artículos del Código Penal de la entidad y de la Ley de Salud de BCS, con el objetivo de evitar que más mujeres sean encarceladas por decidir sobre su cuerpo. En ese sentido, el Congreso recordó que entre 2020 y 2022 se abrieron 25 carpetas de investigación por el delito de aborto.
Con la aprobación también se estableció que la mujer que interrumpa su embarazo luego de las 12 semanas de gestación será sancionada con dos meses o 60 días de trabajo a la comunidad, contrario a lo que establecía el Código Penal donde se castigaba con penas de seis meses a dos años de prisión a quien voluntariamente se practicara un aborto.
Por otro lado, a quien haga abortar a una mujer con el consentimiento de ella, se le impondrán 60 días de trabajo comunitario; y quien lo haga sin autorización de la mujer será acreedor a una pena de tres a cinco años de prisión; en caso de que la interrupción se realice con violencia física o emocional, se sancionará con hasta 10 años de cárcel.
Sumado a ello, en caso de que una mujer solicite acceder a una interrupción legal del embarazo, la institución de salud debe realizar el procedimiento en cinco días a partir de la solicitud. Además, se destaca que las instituciones de salud no deberán ser objetoras de conciencia cuando una mujer solicite acceder al procedimiento, por lo que deben brindar atención adecuada, gratuita y en condiciones de calidad a quien decida abortar.
