Ciudad de México.- El Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito ratificó la sentencia absolutoria contra Rosario Robles Berlanga en el caso de la llamada “Estafa Maestra”, pues con el voto unánime de sus 3 magistrados se desechó la apelación de la Fiscalía General de la República (FGR) y con ello se da carpetazo al caso que llevó a la ex titular de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a la cárcel por 3 años.
“Los agravios vertidos por las mismas resultan infundados, inatendibles e inoperantes, lo que conlleva confirmar en la materia de apelación la resolución impugnada”, establece la resolución que fue aprobada por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.
Tras la ratificación de su inocencia por su presunta participación en la “Estafa Maestra”, Rosario Robles en su cuenta oficial de X, antes Twitter, emitió un posicionamiento para expresar su sentir sobre lo vivido, que se trató de una infamia y a pesar de haber estado en prisión “jamás dejé de ser libre” y no lograron doblarla. Reprochó que utilizar las instituciones para “venganza” no es de un gobierno demócrata, tras señalar públicamente a Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, de persecución.
De esta forma, se pone fin al proceso e impide una nueva persecución penal en contra de la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sobre el juicio por estar acusada de cometer ejercicio indebido del servicio público y ser responsable del desvío de más de 3 mil millones de pesos.
Rosario Robles fue la única exsecretaria de Estado que fue investigada por la FGR por este caso, pero en tres años que pasó en prisión, nunca se le imputó algún delito financiero. Los abogados defensores, encabezados por Epigmenio Mendieta, dijeron que fueron determinantes para ganar este caso los amparos otorgados por la prisión preventiva que se había impuesto, pero con irregularidades, así como la conducta que se le imputaba ya no existía en el Código Penal.
La resolución penal con número 320/2023-SPA fue firmada el pasado 6 de diciembre por el magistrado Alberto Torres Villanueva, el secretario en funciones de magistrado, Iván Martínez García y la magistrada Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, quienes compartieron los argumentos con que en febrero de este año Robles Berlanga fue exonerada de los dos cargos de ejercicio indebido del servicio público imputados por la FGR.
En la sesión del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, los magistrados determinaron que ni la FGR ni la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tuvieron la razón en más 20 argumentos que presentaron para anular la determinación que dictó el juez Roberto Omar Paredes Gorostieta y Femat.
En la resolución de la apelación de la FGR contra la sentencia de Paredes Gorostieta y Femat, los tres impartidores de justicia con sede en la Ciudad de México ratificaron que la exfuncionaria fue acusada con base en legislaciones que no eran aplicables, ya que son reformas constitucionales de 2015 y se le debió aplicar un procedimiento con carácter administrativo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Además, expusieron que se tuvo que proceder según lo establece el artículo 214 del Código Penal Federal vigente en 2012 y en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Administrativa, a fin de aplicarle una sanción vía administrativa. Los magistrados resolvieron ratificar que es una sentencia absolutoria del proceso penal por ejercicio indebido del servicio público.
Participaron 11 dependencias federales
La batalla legal, que inició Rosario Robles en 2019, se debió al esquema de corrupción mediante el que 11 dependencias federales desviaron más de 3 mil millones de pesos a través de universidades y empresas fantasma durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Se trata de la única exsecretaria de Estado que fue investigada por la FGR por este caso, pero solo la acusó de omisiones, al no detener la firma de convenios entre las dependencias y universidades durante su gestión como titular de la extinta Sedesol y de la Sedatu, lo cual derivó en el desvío de recursos públicos.
En el proceso, a Rosario Robles nunca se le imputó algún delito financiero, lo cual significa que la FGR jamás investigó a las empresas fantasma, sus respectivas cuentas bancarias, ni las finanzas de todos los funcionarios involucrados, menos el destino final de los recursos públicos desviados. Tampoco inició procesos contra otro exsecretario de Estado.
Pese a que el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, inició de su gestión en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, prometió que la “Estafa Maestra” sería investigada como un caso de delincuencia organizada, al tratarse de un sistema de corrupción en el que intervinieron decenas de personas y se desviaron miles de millones de recursos públicos, pero la promesa nunca se cumplió.
La FGR solo le atribuyó omisiones prácticamente administrativas y las únicas pruebas que ofreció en las audiencias fueron informes de Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación de 2013 a 2016, documentos oficiales, como los oficios de nombramiento de sus cargos en el gabinete o los convenios firmados entre las dependencias y las universidades.
Sin embargo, Mexicanos contra la Corrupción retomaron parte de esa información y reveló que 11 dependencias de gobierno hicieron convenios por más de 7 mil millones de pesos con universidades para hacer supuestos servicios y estas subcontrataron a 148 empresas fantasma o ilegales, por lo que el dinero público desapareció.
Sin embargo, estos convenios, considerados como una excepción en la Ley de Adquisiciones, permitieron que la Sedesol no hiciera licitaciones, como estaba obligada por ley, dado los montos contratados que, por ejemplo, podían ascender a 300 millones de pesos solo por un convenio.
Luego, las universidades, dada su naturaleza jurídica, también podían evadir las licitaciones, y, por lo tanto, contrataron directamente a las empresas que funcionarios federales les indicaban, a cambio de una comisión que a algunas universidades les permitía cumplir con sus compromisos económicos después de una asfixia presupuestal, como se revela en el libro La Estafa Maestra, la historia del desfalco.
La investigación de La Estafa Maestra, publicada en 2018, comprobó que las empresas “contratadas” por las universidades eran ilegales o fantasma, toda vez que no tenían capital, infraestructura ni personal para cumplir con los servicios que supuestamente debían hacer a las dependencias.
El encargado de los recursos tanto en Sedesol y Sedatu fue Emilio Zebadúa, el colaborador más cercano a Robles y quien tenía las claves de los sistemas administrativos y las facultades legales para autorizar la salida de dinero de la dependencia.
Emilio Zebadúa jamás fue imputado por la FGR, en cambio, se ofreció como testigo colaborador de la Fiscalía y por lo que realizó una declaración en la que acusó a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, de participar en la trama del desvío de recursos para pagar deudas electorales y financiar campañas políticas, línea que tampoco fue investigada.
Proceso judicial inició en 2019
El proceso judicial contra de Rosario Robles comenzó en agosto de 2019, cuando se presentó ante el juez Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, enemiga política de la ex titular de Sedesol, para afrontar la acusación de ejercicio indebido de la función pública por haber permitido la firma de convenios de sus dependencias con universidades, pese a que la Auditoría había señalado irregularidades en ellos.
En la segunda audiencia, el 12 de agosto de 2019, Rosario Robles fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla como medida cautelar concedida por el juez al considerar un riesgo de fuga, pese a que el delito de ejercicio indebido de la función pública no ameritaba prisión mientras seguía el proceso.
En los años siguientes su defensa interpuso recursos judiciales para cambiar la medida cautelar, pero sin lograrlo. El 19 de agosto de 2022, la FGR informó en un comunicado que Robles solicitó un cambio de medida cautelar y un juez de control aceptó la petición. Por ello, la exfuncionaria siguió su proceso penal en libertad.
El 24 de febrero del 2023, se llevó a cabo una audiencia encabezada por el juez Omar Paredes, quien se involucró en el caso por primera vez, luego del cambio que hubo con su colega Ganter Villar, quien había presidido las audiencias previas en las que negó beneficios a la exfuncionaria y siempre le dio la razón a la FGR.
Tras analizar el caso y argumentos de la FGR, el juez determinó que descartaba el proceso penal y aducía un proceso administrativo. Entonces la Fiscalía apeló la decisión, pero con la resolución del Tribunal de este miércoles, Rosario Robles termina absuelta.
