Ciudad de México.- El 6 enero de 2009, Brenda Berenice Castillo García salió de su hogar ubicado en la colonia Finca Bonita con destino a la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua. La joven iba en busca de un trabajo para brindarle a su bebé estabilidad económica. Sin embargo, aquel día fue el último en el que fue vista con vida; el 28 de febrero de 2012, sus restos fueron localizados en las inmediaciones del predio Arroyo El Navajo.
Al igual que más de una decena de mujeres, Brenda Berenice fue víctima de feminicidio por parte de integrantes del crimen organizado, quienes usaron como fosa aquel lugar. Estos delitos se perpetraron en el marco de la llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Aquel 28 de febrero de 2012 fueron localizados 60 restos óseos de mujeres en Arroyo El Navajo. A través de ellos, se pudieron identificar a 16 víctimas de feminicidio. Tras 10 años de lo ocurrido, madres y otros familiares inauguraron la primera etapa del memorial Latidos de un corazón resiliente en el predio, un eterno recordatorio de que el Estado mexicano otorgó a los grupos delictivos una licencia para cometer crímenes de odio contra las mujeres.
Ciudad Juárez: feminicidio, violencia militar y crimen organizado
En 2008, el Gobierno federal envió al Ejército mexicano a las calles de Ciudad Juárez (junto con otros territorios del país) para presuntamente poner fin a una ola de violencia que el crimen organizado había propiciado.
En esta ciudad, la violencia contra las mujeres comenzó a crecer desde finales los años 80, lo que terminó por ocasionar asesinatos violentos de decenas de madres, estudiantes y trabajadoras de la entidad. Con la llegada de los cuerpos militares, la violencia feminicida se exacerbó.
“La militarización de Ciudad Juárez lejos de terminar con los carteles de la droga significó un reforzamiento de los mismos. Ni el Ejército ni la Marina pudieron contener a las organizaciones criminales. Lo que sucedió entonces fue que los carteles que tienen su base de operación en la ciudad potencializaran y diversificaran sus actividades”, explicó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su informe El caso de Arroyo El Navajo de Ciudad Juárez.
Así, el los grupos delictivos terminaron con los proyectos de vida de mujeres y adolescentes que, por ejemplo, buscaban oportunidades laborales. Esta situación fue desatendida e incluso ignorada por autoridades de los tres niveles de Gobierno, lo que desató indignación entre la sociedad del norte del país.
Julia Estela Monárrez Fragoso, investigadora del Colegio de la Frontera Norte (Colef), ha afirmado que de 1993 a 2007 se registraron 45 mujeres asesinadas por motivos relacionados con el crimen organizado. Sin embargo, a partir del inicio del Operativo Conjunto Chihuahua —operación táctica que se basó en la participación pública de las Fuerzas Armadas en la entidad, enmarcadas en la «guerra contra el narcotráfico— ya habían sido asesinadas 692 niñas, adolescentes y mujeres en Ciudad Juárez, lo cual reflejó la violencia que se vivía en la región.
Trata de personas, impunidad y retrasos
En el 2014, la coordinadora de la Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo, declaró a Cimacnoticias que en el caso de mujeres localizadas en Arroyo el Navajo había una estrecha relación con el delito de trata de personas. En 2013, por ejemplo, fue detenido un menor de edad por el delito de narcomenudeo, quien declaró formar parte de «Los Aztecas«, un grupo delincuencial que —entre otros delitos— se dedicaba al secuestro de mujeres y niñas en la zona centro de Ciudad Juárez.
Los criminales privaban de su libertad a mujeres de entre 15 y 25 años, quienes usualmente estaban en busca de oportunidades de empleo para apoyar económicamente a su familia o continuar sus estudios. Sin embargo, el grupo las capturaba para explotarlas sexualmente u obligarlas a vender droga. Si ellas se negaban a estas actividades, eran asesinadas y abandonadas en el Valle de Juárez, específicamente en las inmediaciones del Arroyo El Navajo y sus alrededores.
Durante el mismo 2013 se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de Manuel Vital Anguiano, Camilo del Real Buendía, Gerardo Puentes Alba, Cesar Félix Romero, Víctor Chavira García, Edgar Jesús Regalado Villa, quienes eran parte del grupo criminal «Los Aztecas». Dos años más tarde, el 14 de abril de 2015, se dictó sentencia en contra de ellos.
En medio de reclamos por las omisiones, investigaciones tardías y silencio por parte de las autoridades, se determinó que los imputados pasarían más de 50 años en prisión por delitos como desaparición, trata de personas y feminicidio.
Las madres de las víctimas no detuvieron sus exigencias hasta encontrar justicia; no obstante, nada les regresaría a sus hijas. Además, dichas sentencias tampoco contribuyeron a erradicar la problemática latente de desapariciones de mujeres y feminicidio en el estado.
Así, luego de 10 años de la localización de los restos de más de una decena de mujeres en Arroyo El Navajo, sus familias solicitaron apoyo para la gestión de un memorial en honor a sus hijas, mismo que fue inaugurado el pasado 18 de agosto en su primera etapa. Con él, se consolida uno de los esfuerzos de madres y familiares por recordar a las mujeres víctimas y la incansable búsqueda de justicia ante el arrebato de sus vidas.
“Muchas veces nos preguntan: ‘¿Todavía siguen llorando, todavía siguen ahí en las calles?’. Y yo siempre he dicho: ‘Yo voy a estar ahí buscando justicia para mi hija y para todas, hasta el día que yo me muera’. Yo voy a seguir recordando a mi hija para que nunca sea olvidada y para que las autoridades sepan que tienen una deuda con nosotras, las madres, porque nuestras hijas fueron encontradas asesinadas”. Norma Laguna Cabral, madre de Idaly Juache Laguna, víctima localizada sin vida en Arroyo El Navajo, Ciudad Juárez, en 2012.
