Ciudad de México.- El proceso electoral de 2024 ya superó la cifra de aspirantes a una candidatura asesinadas y asesinados en el proceso de 2018, esto confirma que la violencia asociada a las elecciones ha tenido una tendencia de incremento la cual ha alcanzado a mujeres candidatas, lideresas de partidos políticos o relacionadas con el proceso, donde Morena sigue con el mayor número de víctimas, según datos del Laboratorio Electoral.
En el reporte de la actualización hasta el mes de abril, la consultora señaló que se han registrado 158 agresiones contra aspirantes y personas relacionadas con el proceso electoral. De estos, 52 fueron asesinatos, 28 eran aspirantes, además de 9 secuestros, 22 atentados y 75 amenazas, un incremento de más del 200% respecto al primer reporte preliminar.
Incluso, hoy ya se analizan algunos sitios en el país donde están en análisis para saber si hay condiciones de realizar los comicios en su territorio:
Según el Laboratorio Electoral, los municipios donde, de acuerdo a los partidos, ha habido renuncia de aspirantes y está en juego la elección son: Chilapa, en Guerrero: un candidato y un funcionario del partido guinda fueron asesinados en marzo pasado, por lo cual, el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, señaló que, tras ambos asesinatos, no existen condiciones para que Morena participe en el actual proceso electoral de dicho municipio.
Maravatío, Michoacán: desde junio de 2023 tres aspirantes han sido asesinados, posterior a estos casos, el presidente municipal de Maravatío, José Jaime Hinojosa Campa, reconoció que hay candidatos que “se han visto obligados a platicar con la mafia por la presión que ejercen”.
La consultora hizo énfasis que la dificultad de llevar la cuenta de casos de amenaza es que son los mismos partidos los que están reportando las cantidades, principalmente en entrevistas a medios o conferencias de prensa, sin revelar nombres ni municipios por razones de seguridad. Esto implica que, el mapeo hecho, depende en gran medida de que los partidos mantengan cifras consistentes, no se repliquen notas con números duplicados o haya claridad en las cifras.
Recientemente se hizo público un artículo periodístico que mencionaba la renuncia de 34 aspirantes a candidatas y candidatos a cargos de elección en Michoacán; estos números concuerdan con el mapeo de Laboratorio Electoral, a través de notas periodísticas y comunicados de los partidos. A pesar de que en su momento en todos los medios se tenía registro de al menos 3 desistimientos de aspirantes del PRD por amenazas, Jesús Zambrano, presidente del partido del sol azteca, no mencionó aspirantes que hayan desistido en Michoacán, mientras que el dirigente estatal del partido lo confirmó.
En el mismo supuesto de Michoacán se encuentran otros dos estados en los que la consultora ha registrado, a través de medios de comunicación, entrevistas y conferencias, que candidatos han desistido de sus aspiraciones y se han bajado del proceso electoral también en Jalisco fueron 7 y Chiapas 13 casos. El PRD y el PRI han denunciado que varios aspirantes propios desistieron de buscar cargos sin aclarar necesariamente la entidad, el cargo que buscaban o la cifra exacta en cada entidad.
Sin embargo, estas llamadas renuncias o desistimientos de aspirantes no han sido del conocimiento del Instituto Electoral de Michoacán, por ejemplo, o de otros OPLE, al darse en medio de procesos intrapartidistas y por la etapa del proceso en el que se encuentran las autoridades locales: registro de candidaturas.
Es por esto que el mapeo mostrado en este y otros análisis del Laboratorio Electoral puede ser diferente. La veracidad de los números queda a reserva de las dirigencias partidistas e implica un arduo trabajo de depuración para evitar que se dupliquen.
Datos de la violencia electoral
En el segundo reporte preliminar, la consultora muestra los registros del 2018, año en el que hubo 43 asesinatos relacionados con la violencia electoral, de los cuales 24 fueron de precandidatos o candidatos, en 2021 se dieron 88 asesinatos, de los cuales 30 corresponden a precandidaturas o candidaturas.
También se hace referencia a casos de violencia política de género, pues desplegó un mapeo con el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), que ubica a Oaxaca con el mayor número, al contar con 21 casos; seguido de Veracruz con 9; Quintana Roo con 5; Puebla con 4; Chiapas con 3; Chihuahua, Jalisco, Querétaro, Tamaulipas, Tabasco y Campeche con un caso cada uno de los estados.
Además, muestra los registros de personas sancionadas por entidad federativa durante el proceso electoral, en los cuales señala a septiembre del 2023 con 10 personas sancionadas, luego siguen junio y octubre del 2023 con 8, diciembre del 2023 con 6, noviembre del 2023 con 5, julio del 2023 y enero del 2024 con 4 cada mes, así como agosto del 2023 y febrero del 2024 con 3 sancionados cada mes.
Señaló que las amenazas reportadas por los partidos políticos han incrementado considerablemente durante febrero y marzo, lo cual coincide con la conclusión de las precampañas y las etapas de registro en la mayoría de las entidades. La veracidad de los números queda a reserva de las dirigencias partidistas, al no haber ningún registro público ni respaldos oficiales de las cifras, aclaró.
Detalló que los partidos con mayor número de aspirantes asesinados son Morena, con 11 víctimas, el segundo puesto lo ocupa el PAN con 5. Personas afiliadas al blanquiazul son quienes más han denunciado amenazas, seguidos del PRD y el PRI.
En la mayoría de los casos son de amenazas e intimidación y no se dan a conocer los nombres o los cargo por miedo. A veces es posible advertir los casos cuando algún aspirante o precandidato abandona la contienda.
De acuerdo con información de la consultora que promueve temas relacionados con las elecciones, los asesinatos por violencia electoral se han presentado en 13 de las 32 entidades federativas, siendo Guerrero, con 8 casos, la entidad con mayor incidencia, que se dio mayoritariamente en las etapas previas a la definición de candidaturas, es decir entre julio de 2023 y enero de 2024.
Mujeres víctimas de violencia político electoral
Paola Quevedo Arreaga, exsecretaria de Arte y Cultura del Comité Estatal de Morena, fue asesinada en Celaya, Guanajuato, el 16 de junio del 2023, junto con otra mujer, en el fraccionamiento Brisas del Valle. La exlideresa platicaba en la entrada de su negocio de ropa con una clienta cuando hombres armados les dispararon y luego huyeron a bordo de una motocicleta. La víctima estuvo con Morena desde sus inicios y creía en los ideales de la izquierda verdadera.
Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del PRD en Guerrero, fue asesinada a balazos el 24 de enero de 2024, y encontrada dentro de una camioneta abandonada a orillas de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, a la altura de la localidad de Atempa, en el municipio de Chilapa. Fue candidata a diputada local por el PRD en el proceso electoral del 2021.
Karla Citlalli Herrera González, lideresa del Partido Encuentro Solidario (PES) en Michoacán, quien fue atacada a balazos por presuntos sicarios, el 7 de marzo de 2024, a la altura del kilómetro 48 de la autopista federal Toluca-Atlacomulco, en el Estado de México, colindante con Michoacán.
La víctima resultó gravemente herida y fue auxiliada por familiares, quienes la trasladaron a un hospital del municipio de Ixtapaluca, donde falleció cuando recibía las primeras atenciones médicas, quien se desempeñaba como líder de ese partido en el municipio. También fungía como presidenta de la Junta Local de Sanidad Vegetal de Ario de Rosales, área encargada de la certificación de huertas de aguacate.
Juana Suastegui Guzmán fue asesinada junto a su esposo el ex candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cuajinicuilapa, Guerrero, Honorio David Morales Sandoval. Los hechos ocurrieron en su domicilio ubicado en la región de la Costa Chica de Guerrero. La Fiscalía General del Estado informó que el hermano del candidato fue quien dio aviso a familiares, luego de que llegó al domicilio a sacar su automóvil que guardaba en la vivienda. Al ingresar, encontró muertos a ambos, por lo que alertó a sus familiares.
Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato fue asesinada a un día de iniciar las campañas municipales. La aspirante fue acribillada en plena vía pública mientras realizaba actos proselitistas. En una grabación que se difundió en en redes sociales se muestra a Gaytán mientras avanza por un tumulto que grita ‘¡Morena, Morena! La mujer cayó al suelo luego de varios disparos.
El pasado 29 de febrero representantes de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore) señalaron que la violencia político-electoral que rodea al actual proceso comicial en México, cuya etapa de campañas inició el 1 de marzo en su etapa federal, y el 31 de marzo a nivel estatal, es la principal preocupación de partidos políticos, organizaciones políticas y autoridades electorales rumbo a los comicios del próximo 2 de junio.
México celebra las elecciones más grandes de su historia el 2 de junio, cuando más de 97 millones de personas están convocadas a renovar 20 mil 375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve Gobiernos estatales.
Cabe mencionar que Lucía Meza Guzmán ya ha recibido amenazas vía telefónica; sucedieron una vez que hizo pública su decisión de renunciar a su militancia en Morena y declararse como senadora independiente; las llamadas intimidatorias se repitieron cuando se conoció que buscaría la candidatura gubernamental por la coalición opositora.
Principales hallazgos
El Laboratorio Electoral refirió que los meses con mayor cantidad de asesinatos registrados han sido julio, octubre, enero, febrero y marzo, el incremento de casos en los últimos 3 meses ha sido del 150%, lo que deja ver que estamos ante una espiral de violencia que coincide con la conclusión de las precampañas y el registro de candidaturas a nivel local.
Detalló que las entidades con mayor cantidad de casos de violencia asociada a las elecciones son Guerrero, Veracruz y Michoacán. En Michoacán y Guerrero ha habido denuncias por parte de partidos políticos y funcionarios públicos en el sentido de que no hay garantías para participar en procesos electorales locales.
Precisó que, hasta el 25 de marzo pasado, el Instituto Nacional Electoral ha recibido 99 solicitudes de protección, de las que ha aprobado 74 y 14 se encuentran en un nivel alto riesgo. De acuerdo con el mapa de riesgos que elaboró la consultora es importante dar seguimiento a Michoacán, Chiapas, Guerrero y Morelos, a efecto de determinar si existen condiciones para llevar a cabo elecciones.
Cabe señalar que, en 2021, entre Michoacán, estado de México y Chiapas se concentró el 73.33% de las casillas en las que se suspendió la votación o el escrutinio, debido a la violencia. En esas elecciones en total se suspendió la votación o el escrutinio en 75 casillas por no haber condiciones para celebrar la elección.
Apuntó a Chiapas como la entidad donde las condiciones de violencia han provocado más nulidades electorales o incluso han impedido llevar a cabo las elecciones, tal es el caso de Siltepec y Honduras de la Sierra, en este último se han presentado problemas desde 2021.
La elección a la gubernatura de Michoacán en 2021 fue impugnada por la injerencia del crimen organizado. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación advirtió que sí se dio tal injerencia, pero no era suficiente para anular, según se expresa en la resolución SUP-JRC-166/2021. Este precedente puede ser determinante para estas elecciones.
Evolución de violencia en proceso electoral
El Laboratorio Electoral señaló que, hasta el momento, han sido asesinadas 50 personas, 26 aspirantes y 24 personas relacionadas con el proceso electoral, desde el 4 de junio del 2023 al 1 de abril del 2024. También, se han registrado 106 agresiones contra aspirantes y personas directamente relacionadas con el proceso electoral.
Tipos de agresiones:
• Amenazas: se registraron todos aquellos casos en los que las y los aspirantes, sus partidos o las autoridades electorales denunciaron o anunciaron la recepción de amenazas directas o indirectas contra aspirantes, funcionarios electorales, colaboradores partidistas, etcétera.
• Ataques: son todos aquellos casos en los que se presentó algún ataque o atentado físico contra aspirantes, colaboradores, funcionarios electorales, entre otros.
• Secuestros: en esta categoría se toman en cuenta desapariciones, secuestros y secuestros exprés que se hayan registrado contra aspirantes, colaboradores partidistas, funcionarios electorales, entre otros.
Acciones para mitigar la violencia electoral
El Instituto Nacional Electoral emitió un protocolo con el que se brindarán servicios de seguridad y acompañamiento a las y los candidatos que así lo soliciten a la autoridad electoral. La Mesa de Seguridad Institucional del INE asigna un nivel de riesgo a cada caso, así como el esquema de seguridad, número de vehículos y efectivos que se requiera asignar.
El INE recibe en primera instancia las solicitudes de protección, que debe comunicar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con la finalidad de establecer una adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, según sea el caso. Cualquier caso presentado en una mesa de seguridad debe ser analizado y categorizado en máximo 48 horas. Posteriormente, la SSPC comunica al INE la disposición del servicio para los solicitantes.
En caso de ser otorgada la protección, las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Gobernación, así como la Guardia Nacional, supervisarán el servicio de seguridad y acompañamiento de acuerdo con los niveles de riesgo alto, medio y bajo, lo cual se determinará por el número de elementos y vehículos. Los nombres de las candidaturas, el cargo al que aspiran, su partido político y si la protección solicitada fue otorgada o no se mantendrá en total confidencialidad hasta el 2029.
Adicionalmente, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión de Vigilancia para las elecciones encargada de vigilar los comicios electorales ante la creciente violencia que ha afectado el proceso electoral de este año. La comisión está integrada por legisladores de diferentes grupos parlamentarios y busca monitorear los ataques dirigidos contra candidatos y candidatas a cargos políticos.
Al final se instaló un grupo para el seguimiento de los procesos electorales de 2024. Su función es monitorear todos los procesos electorales del país visibilizando cualquier tipo de violencia o amenaza hacia quienes participen para ver opciones de cómo atender a las víctimas, y visibilizar cualquier intromisión ilegal de los gobiernos federal, estatal o municipal. De ninguna de estas se han tenido reportes de actividades recientes.
