Honduras se ha convertido en un territorio hostil para ser mujer. Es el país con la mayor tasa de muertes violentas de mujeres en América Latina, con un feminicidio cada 23 horas y una impunidad que supera el 95 por ciento, la migración se vuelve una estrategia de supervivencia para las hondureñas. El 44 por ciento de las personas que deciden migrar son mujeres, muchas de ellas huyen con sus hijas e hijos buscando la protección que su propio país no les ofrece. Sin embargo, la violencia no termina al cruzar la frontera. Nuestra reciente investigación Análisis de políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad humana en Honduras, revela lo que llamamos el continuum de la violencia. La mujer hondureña que huye de un agresor familiar o de una pandilla, se encuentra en la ruta migratoria con una nueva gama de depredadores: redes de trata, bandas criminales y, lamentablemente, autoridades corruptas que utilizan su estatus migratorio para extorsionarlas. La investigación confirma que el Estado hondureño está fallando en su deber más básico: garantizar la vida de las mujeres.
La migración de las mujeres ha expuesto las costuras de una institucionalidad agotada. Si bien Honduras cuenta con leyes de avanzada, como la Ley contra la Violencia Doméstica y la Ley para la Protección de Personas Desplazadas Internamente, el papel se queda corto ante la falta de presupuesto y voluntad política. Las mujeres migrantes y retornadas se enfrentan a una barrera de cristal institucional: oficinas sin personal, jueces sin sensibilidad de género y un sistema de salud que revictimiza a las sobrevivientes de violencia sexual en la ruta.
El análisis de las políticas públicas en Honduras revela una contradicción dolorosa: el país cuenta con leyes que parecen de vanguardia, pero que en la práctica son letra muerta. La Ley de Casas Refugio, por ejemplo, sigue esperando el presupuesto que le permita operar dignamente. Mientras tanto, las migrantes retornadas son recibidas por un sistema que ofrece soluciones temporales a problemas estructurales. Al tiempo que el acceso a la justicia se detiene en la frontera.
Existe una permanente desconexión entre los mecanismos de género (como SEMUJER o Ciudad Mujer) y las instancias migratorias. Las mujeres son vistas por el Estado como una cifra de remesas o un problema de control fronterizo, por lo que las condiciones de vulnerabilidad como sobrevivientes de violencia basada en género son ignoradas. El resultado es el retorno a los mismos entornos violentos de los que huyeron, sin redes de apoyo ni protección efectiva.
La protección de las mujeres migrantes no puede depender de la buena voluntad de las organizaciones de la sociedad civil o de la cooperación internacional. Es momento de que el Estado hondureño asuma una política estructural que reconozca la violencia de género como una de las principales causas del desplazamiento.
Migrar no debería ser la única forma de mantenerse con vida en Honduras; y retornar no debería ser una sentencia de muerte anunciada. Reconocer que migrar para sobrevivir es el síntoma de un Estado que les ha fallado en lo más importante: el derecho a vivir sin miedo, es el primer paso. La justicia para las mujeres migrantes hondureñas es una deuda histórica que no puede esperar más.
