Ciudad de México.- La Corte Suprema de Estados Unidos decretó que continuará vigente el Título 42, medida que violenta los derechos humanos de las personas migrantes al expulsar a México a quienes intenten ingresar a Estados Unidos.
A través de un comunicado el gobierno de Estados Unidos aseguró que con esta medida busca “gestionar la frontera”. “La frontera no está abierta y seguiremos aplicando íntegramente nuestras leyes sobre inmigración”, sentencia el boletín informativo.
Cabe recordar que el Título 42 fue impulsado durante la era de Donald Trump, un periodo presidencial plagado de violaciones a derechos humanos de personas migrantes. Se esperaba que dicha medida fuera levantada el 21 de diciembre; sin embargo, con el voto a favor de cinco jueces y cuatro en contra, se aprobó congelar la suspensión del Título 42 a petición de 19 estados que aseguraron que desaparecer esta política provocaría “un daño masivo” en materia migratoria.
De acuerdo con cifras del Comité Internacional de Rescate (IRC por sus siglas en inglés), desde marzo de 2020 el Título 42 se ha utilizado para justificar casi 2.5 millones de expulsiones.
“El problema humanitario en la frontera sur de Estados Unidos ha sido causado por la falta de un sistema de asilo que funcione y esté debidamente financiado, y de políticas fronterizas justas y humanas que han afectado a quienes huyen del conflicto y la persecución, obligando a los solicitantes de asilo a regresar a situaciones peligrosas”, señala el IRC.
Desprotección a mujeres migrantes
Mientras el gobierno de Estados Unidos continúa protegiendo medidas violatorias a derechos humanos de personas migrantes, diversos sectores continúan viéndose afectados, entre ellos las mujeres e infancias.
Por ejemplo, de acuerdo con la organización Capellanes del desierto, al menos 12 mujeres jóvenes migrantes que intentaron cruzar el desierto de Arizona se encuentran desaparecidas. Ante ello se ha hecho más fuerte el temor de que hayan sido captadas por grupos criminales.
“Estos coyotes me han dicho que las jovencitas,, especialmente de países como Venezuela, Brasil, son un ‘gran negocio’ para los traficantes de humanos o que simplemente si a uno de los ‘jefes’ le gusta una de las chicas, pues se las quedan”, expresó a la agencia EFE Óscar Andrade, director de Capellanes del desierto.
Además, de acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés), las políticas y prácticas de los gobiernos de Estados Unidos y de México han obligado a las mujeres a esperar durante periodos largos, con frecuencia, en circunstancias precarias y peligrosas en las fronteras norte y sur de México. Lo que ha provocado que las experiencias traumáticas anteriores se agraven.
Tal es el caso de Liliana, una mujer guatemalteca que contó al IMUMI que después de escapar de una relación violenta con su esposo -un militar activo- un grupo de hombres la habían secuestrado en Tijuana. Mientras sus secuestradores la tenían los escuchó hablar por teléfono haciendo arreglos para explotarla sexualmente. “Esta experiencia fue tan traumática que después de que la liberaron decidió viajar a la Ciudad de México para pedir asilo mientras se alojaba en un albergue seguro en lugar de esperar en la frontera con Estados Unidos”.
A lo anterior se suma que las mujeres solicitantes de protección internacional son separadas de sus hijas e hijos como resultado de las políticas migratorias restrictivas. También enfrentan barreras para tener acceso a servicios básicos de salud, incluida la salud reproductiva. Además son sometidas al uso excesivo de la fuerza y violencia por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses.
Por ello el IMUMI y la WRC han exhortado al presidente Joe Biden y al presidente Andrés Manuel López Obrador a reconocer que muchas mujeres escapan de la violencia de género y de la persecución en sus países de origen y necesitan tener acceso a protección tanto en México como en Estados Unidos.
