No sin algo de controversia de por medio, el llamado Plan B de la reforma electoral fue aprobado el pasado 15 de diciembre. A pesar de que implica retrocesos importantes en materia de género, dicha reforma haría posible que más de 6 mil mujeres en prisión preventiva puedan ejercer su voto en México para el 2024.
El Plan B incluye la redacción del artículo 284 bis en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Según la revisión aprobada por la Cámara de Senadores, dicho artículo establece que las personas en prisión preventiva oficiosa podrán votar en los centros penitenciarios donde existan condiciones de seguridad para hacerlo.
Las personas beneficiadas por este nuevo artículo emitirían su voto en una boleta y un sobre 15 días antes de la jornada electoral. Entre estos beneficiarios se encuentran cerca de 6 mil 564 mujeres que actualmente están en prisión preventiva en diferentes centros penitenciarios de México según datos del Inegi.
De acuerdo con una investigación de la organización Equis Justicia titulada Vidas en custodia: El castigo carcelario y su extensión a la familia, algunas de las mujeres privadas de su libertad como medida cautelar pueden esperar hasta 15 años para recibir una sentencia en nuestro país.
En ese lapso de tiempo, las condiciones de reclusión someten a las mujeres presas al abandono de sus familias, la estigmatización, el hacinamiento y la falta de atención médica (entre muchas otras deficiencias del sistema penitenciario mexicano). De igual forma, pierden la posibilidad de ejercer derechos, como el derecho al voto, aún cuando no se ha comprobado su participación en actividades delictivas.
Cabe destacar que el Congreso de la Unión volverá a discutir esta y las otras reformas propuestas en el Plan B en 2023, por lo que aún no es 100 por ciento seguro que el artículo 284 bis vaya a quedar igual que en la redacción recién aprobada.
¿De dónde surgió la propuesta del voto en prisión preventiva?
El 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que quienes están en prisión sin recibir una sentencia tienen derecho a votar. Esto, debido a que tales personas se encuentran amparadas bajo el principio de presunción de inocencia.
A raíz de esta decisión, la Sala le ordenó al INE llevar a cabo una prueba piloto en 2021 con el objetivo de implementar la medida en 2024. Dicha prueba se llevó a cabo en cinco Centros Federales de Readaptación Social, y el 94.53 por ciento de la población penitenciaria pudo participar en ella.
Gracias a este ejercicio, el Instituto Nacional Electoral llegó a la conclusión de que es necesario diseñar planes de trabajo junto con las autoridades penitenciarias del país para mejorar el modelo del voto en prisión preventiva oficiosa. Esto permitirá generar las condiciones necesarias para que la totalidad de las personas privadas de su libertad y sin una sentencia puedan ejercer su derecho al voto.
En el caso de las mujeres, esto garantizaría la preservación de sus derechos políticos y electorales en un país donde la lucha por tales garantías se extendió hasta la mitad del siglo pasado. Esto significa que el derecho al voto para la población femenina es relativamente reciente, y negarlo a quienes podrían acceder a él supone un retroceso en materia de igualdad de género.
