Ciudad de México. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México comenzó este lunes los foros para elaborar un proyecto de Ley de Amnistía para la capital que se adecue a las vulnerabilidades que enfrentan las personas privadas de la libertad.
Al inaugurar los foros de consulta, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Isabel Rosales, recordó que desde abril pasado México tiene una Ley de Amnistía federal, pero a nivel local se redactará una legislación con las contribuciones de expertas y expertos y representantes de la sociedad civil.
La diputada aseguró que la amnistía se identifica como un perdón para ciertos delitos, pero más allá de esa definición consideró que es una medida jurídica que busca la justicia y la reconciliación social en un contexto de conflicto. Actualmente en el Congreso hay cuatro iniciativas que serán revisadas para proponer un dictamen de ley.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Temístocles Villanueva, expuso que muchas penas no son congruentes con los delitos, se imponen sin perspectiva de género y afectan a mujeres, defensoras y defensores de Derechos Humanos o personas indígenas. Es por esta razón que, junto con la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se trabaja en una ley en la materia.
En el primer foro el oficial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Octavo Amezcua Noriega, dijo que en el debate se debe tomar en cuenta los efectos de la pandemia por COVID-19, la fragilidad de la atención en salud en las prisiones y la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas privadas de la libertad.
También aseguró que todas las entidades deben adecuar la Ley de Amnistía federal a la dinámica delictiva de la entidad, a fin de que la legislación local tenga un impacto efectivo. Esto se puede lograr, dijo, analizando la información disponible y consultando a personas expertas que ayuden a comprender esta dinámica.
Amezcua expuso que si la ley federal se aplica en la Ciudad de México, sólo un pequeño porcentaje de personas serán beneficiarias. Por ejemplo, el delito de robo simple sin violencia se persigue a nivel local, por tanto es necesario una norma que atienda las necesidades de la capital.
El defensor recordó que la iniciativa de amnistía federal se presentó en 2019, antes de la pandemia. El proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador definía una relación entre el acceso a la justicia y la condición económica de las personas, así como la criminalización de la pobreza.
Amezcua detalló que las personas en situación de vulnerabilidad, como mujeres y personas indígenas, que cometen delitos menores suelen ser reclutadas por bandas o grupos del crimen organizado, lo que convierte a las prisiones en una especie de escuela del crimen. Es por eso que el proyecto del presidente fue un llamado a remover esa injusticia histórica y brindar un rostro humano a la justicia penal.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, Nashieli Ramírez Hernández, expuso que la propuesta que hagan las y los diputados para condonar sanciones penales debe asegurar que las personas beneficiadas no sean reincidentes y no hayan cometido el delito con violencia.
Por otro lado, llamó a que en este análisis se considere que hay delitos en donde es difícil hablar de víctimas. Por ejemplo, en el caso del aborto y en delitos contra la salud, como posesión de pequeñas cantidades de drogas, sobre todo en caso de consumidores —delitos que se les imputan a las mujeres— no se puede identificar a una víctima.
Sin embargo, en delitos como sedición o robo simple sin violencia, se debe insistir en que no se puede anular la responsabilidad civil de quienes cometen estos crímenes.
La ombusdperson comentó que una de las cuatro propuestas que se han presentado no incluyen el delito de aborto, lo que es inadmisible si se trata de generar justicia social; otra incisiva tiene el acierto de incluir a personas que se comunican con lenguas de señas y en una más se define que los organismos público están facultados para solicitar la amnistía, aspecto que debe quedar sin ambigüedades.
Se prevé que la Comisión de Derechos Humanos organice cuatro foros para recoger propuestas de la sociedad civil y posteriormente trabajar en un proyecto de dictamen que también abone a acabar con el hacinamiento y la sobrepoblación en las cárceles durante la pandemia por COVID-19, con el objetivo de evitar contagios en estos lugares.
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