39 personas migrantes extranjeras fallecieron en la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua la noche del lunes 27 de marzo, esto como consecuencia de un incendio que también dejó más de 20 personas lesionadas. Organizaciones acusan falta de protocolos, violaciones a los derechos de las y los migrantes y criminalización de estas “poblaciones vulnerables”.
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó a través de un comunicado que, al menos hasta las 4:40 am del 28 de marzo, se tenía el registro de 39 personas fallecidas y más de una veintena en estado delicado-grave, quienes fueron trasladados a cuatro hospitales de la localidad para su atención inmediata.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador criminalizó a las personas migrantes al asegurar que fueron ellas quienes provocaron el incendio al realizar una protesta a partir de que se les informó que “serían movilizados”, detalló el mandatario en su conferencia de prensa matutina.
El mismo mensaje envió el gobierno de Guatemala quien aseguró en un comunicado que este tipo de incidentes son los riesgos de la “migración irregular”. Por lo que hicieron un llamado a su población a “tomar decisiones acertadas previo a emprender el viaje, que muchas veces no tiene retorno”.
Organizaciones acusan criminalización y falta de protocolos en estaciones migratorias
Organizaciones como Mexiro AC condenaron los mensajes del gobierno mexicano y el guatemalteco por deslindarse de las responsabilidades de las muertes de las personas migrantes en Ciudad Juárez ”así como la criminalización de estas poblaciones vulnerables que buscan los derechos más básicos”.
Por su parte el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) aseguró que la actual política de contención genera las condiciones para que tragedias como estas ocurran, tal como sucedió en 2020 en Tabasco, cuando incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 69/2020.
En esa ocasión se ingresó a un espacio a más de 150 personas pese al alto riesgo de contagio por COVID-19. Como protesta las y los migrantes incendiaron colchonetas, derivando en la intoxicación y muerte de una persona.
Entonces la CNDH concluyó que se contó con “elementos que permitieron evidenciar violaciones a los derechos humanos al trato digno y a la protección de la salud de más de 50 personas”.
Pese a dicho señalamiento “no existieron garantías de no repetición y hoy nuevamente su política de contención mató” a personas migrantes, acusó IMUMI.
Exigen eliminar de la legislación mexicana la detención migratoria
El Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria aseguró que las personas que fallecieron en Ciudad Juárez “estaban privadas de la libertad”, ya que, acusó, “la estancia provisional es un espacio de detención, no un albergue”.
“Responsabilizamos al Gobierno de México y particularmente al Comisionado del INM por la falta de protocolos y rutas de evacuación en caso de siniestros y sobre las causas estructurales que provocan este tipo de sucesos: falta de información y resolución efectiva de los casos”.
El Grupo además señaló que las acciones de control migratorio y de privación de libertad violentan la dignidad de las personas. Por ello, hicieron un llamado al Congreso de la Unión “a que elimine de la legislación mexicana la detención migratoria, que se aplica de forma arbitraria y desproporcionada”.
