Ciudad de México.- A Adriana de Jesus la atravesó la violencia sexual y laboral. Desde 2022, fue víctima de acoso sexual por un compañero en la Secretaría de Educación Pública (SEP), enfrentó hostigamiento laboral por el jefe de la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos, Rickardo Alexander González González, esto se volvió violencia institucional, hasta la terminación de su contrato de interinato por adelantado, sin entregarle un finiquito, todo ello le dejó secuelas de crisis de ansiedad.
Cabe destacar que en este escenario, la afectada también mencionó que acudió a pedir la ayuda de la propia titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, pero la dejó sola en sus procesos de denuncia, pues no recibió su apoyo.
La violencia laboral se ubica en el cuarto lugar que viven las mujeres en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021 (Endireh): del 70.1% de las mujeres que señalaron haber vivido violencia, 20.8% dijo ser víctima de ésta en condiciones de trabajo remunerado. También se conoce como “enemigo silencioso e invisible”, ya que es difícil de detectar; sobre todo por el temor de las víctimas a sufrir represalias al denunciar agresiones. Además, comentó que en noviembre del año pasado se realizó un bloqueo en las oficinas de Avenida Universidad 1200 por despidos injustificados a la cual la convocaron, y asistió por la molestia que sentía por la falta de respaldo institucional, «me dejó morir sola», reclamó.
Sin embargo, Adriana de Jesus, quien trabajó en la Secretaría de Educación Pública hasta el 16 de septiembre de 2023, enfrentó el reto de la denuncia, cuyo proceso inició el 26 de mayo de 2022, cuando levantó una queja ante el Órgano Interno de Control (OIC) y el Comité de Ética de la institución por acoso sexual por parte de uno de sus compañeros, pero el OIC no aplicó ninguna sanción al agresor; ella continuó trabajando con medidas de protección en un ambiente donde, además, estuvo expuesta a hostigamiento laboral y discriminación en razón de género.
El área donde cubrió una plaza de interinato era en la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos, un área de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) de la SEP. Según narró a Cimacnoticias, su compañero R. N. comenzó a acosarla cuando iniciaron las citas de vacunación contra la Covid-19 en México.
Ellos se conocían poco, pues solo convivieron tres meses antes del confinamiento en marzo de 2020, pero intercambiaron algunos mensajes donde Adriana le proporcionaba información a R.N. acerca de la vacunación contra el coronavirus. En ese intercambio de mensajes, él hizo insinuaciones sexuales a Adriana, quien se molestó pero prefirió dejar pasar el hecho porque —declara— sabía que no pasaría nada si lo denunciaba en los órganos internos correspondientes.
Esta impresión de Adriana está fundamentada. En 2019, ella solicitó un cambio al área donde está actualmente y levantó una denuncia frente al OIC de la SEP en contra del jefe de Departamento Martín Romero López. El motivo fue discriminación laboral, pues en diversas ocasiones, Romero la apartaba de ciertas actividades y ponía en duda su desempeño laboral de manera injustificada.
El órgano, sin embargo, no le dio ningún número de folio para seguir las investigaciones. De hecho, hasta la actualidad, la víctima no fue llamada para hacer declaraciones u ofrecer muestras al respecto. Lo que sí sucedió, en cambio, fue que a Adriana de Jesús la cambiaron de área al departamento donde sufrió acoso.
La ingeniera en Comunicación reconoció que, al principio, la actuación de dicho OIC fue buena: apenas inició su proceso en mayo del 2022, el Comité de Ética le proporcionó una serie de medidas de protección que incluyó el traslado del agresor a otro centro de trabajo. Sin embargo, en su área laboral, el trato hacia ella cambió. El jefe de la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos, Rickardo Alexander González González, le indicó que no podía seguir realizando su trabajo cotidiano por órdenes del OIC, del Comité de Ética y del director general de la DGTIC Roberto Vega Castillo. Así, ella solo acudía a la oficina pero no le asignaban ninguna actividad.
La violencia laboral tiene diferentes manifestaciones; una de ellas es la violencia psicológica. La secuencia de hechos es muy clara: los empleadores o superiores jerárquicos impiden a la víctima participar en reuniones de trabajo; demeritan su desempeño y le ocultan información relevante. Estas prácticas aparecen en un informe de la Secretaria de Trabajo sobre esta problemática. Y algo muy parecido le ocurrió a Adriana, quien tras esta situación obtuvo un diagnóstico de “ansiedad generalizada” y “trastorno depresivo mayor recurrente”.
“Yo tengo ansiedad diagnosticada por el ISSSTE y también tengo depresión crónica” —contó Adriana a esta agencia de noticias— “pero cuando me pasó todo esto, mis crisis de ansiedad aumentaron de una forma que no te imaginas: el no hacer nada y quedarme ahí aislada esperando a que pasaran las horas a mí me pegó demasiado”.
Posteriormente, Adriana se enteró de que ni el OIC ni Vega Castillo habían ordenado su retiro del trabajo, el cual le fue devuelto hasta el 1 de febrero de este 2023, aunque con la condición de que la trabajadora entregara reportes de sus actividades laborales. Esta condición fue impuesta por el director general de la DGTIC, Vega Castillo; mientras tanto, a Rodrigo N. se le permitió seguir laborando sin ninguna condición.
Mencionó que el titular de la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos, Ricardo Alexander González González, fue quien ejerció hostigamiento laboral, porque limitó totalmente sus actividades. De hecho, el OIC ya tiene otra denuncia por parte de Adriana de Jesús. Esta denuncia fue levantada en contra de Rickardo González por hostigamiento laboral.
La ingeniera en Comunicación mencionó que fue condicionado el hecho de que les devolvieran sus actividades, (mismas que le quitó de forma arbitraria y a base de mentiras su director de área), a cambio de que se levantaran las medidas de protección hacia su persona que le había otorgado el Comité de Ética y esto provocaría que su acosador pudiera regresar a laborar en el mismo centro de trabajo que ella.
Señaló que el Comité de Ética ya cerró este tema. “Me devolvieron mis actividades laborales mediante el oficio UAF/DGTIC/DSIyPR/012/2023, el cual prueba que lo que estoy diciendo es verdad y es importante recalcar que solo a mí se ordenó enviar evidencia documental de mis actividades laborales, mientras que a mi acosador todo el tiempo trabajó normal y no se le trató de la misma forma que a mí”.
Desde que le devolvieron su trabajo, sigue con su relato Adriana, llegaron correos electrónicos de felicitación y agradecimiento por parte de varios usuarios a los que les brindó servicio y atención, mismos que causaron molestia a su director de área, incluso hasta no ofrecerle la herramienta necesaria para realizar sus actividades laborales, equipo que no hay en la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos, como cómputo portátil, tester de cable, ponchadora de impacto, multímetro, desarmadores, jacks, plugs, diversos tipos de pinzas, cinta de aislar cinta de tubería, entre otros.
“Cuando yo me encontraba en situaciones de necesitar herramienta, le comentaba a Rickardo González, (pero) me contestaba de manera burlona que no hay herramienta y que le hiciera como pudiera, cuando regreso a mi área para dar informes acerca de los servicios atendidos por mí, pone en duda la calidad de mi trabajo y me excluye de varios servicios o manda a compañeros de otros departamentos para ver si lo hice bien”, refirió.
Precisó que llegó al punto de frustración de preguntarle directamente a Rickardo González si es un problema de género, pues es la única mujer en la dirección que atiende servicios técnicos y administrativos, (las demas mujeres solo estan en el area administrativa), si es hostigamiento laboral, discriminación y represalias por haber denunciado, pero no obtuvo una respuesta, ademas de que se requiere que sea multitareas, “soy a la única que se le exige que sea multitareas”.
En abril del año pasado, Adriana de Jesús expresó que no confiaba en director general de DGTIC, dado los antecedentes que existen por omisión y revictimización, ni se atrevía a solicitar su apoyo, pues temía la cambiaran de área y no se hiciera justicia y predominará la impunidad, pues sabía que existen denuncias por hostigamiento laboral contra el jefe de la Dirección de Seguridad Informática y Prevención de Riesgos de varios de sus compañeros, incluida ella.
Por ello, recurrió a otras instancias fuera de la SEP para emprender procesos paralelos. Así acudió al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación, en Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y el Centro de Justicia para las Mujeres, lo cual le permitió darse cuenta de que no solo vivió acoso sexual, sino también con violencia institucional en el que las altas jerarquías la violentaron y le obstaculizan el acceso a la justicia.
La situación llegó a ser tan tensa para Adriana de Jesús que terminó con dejarla sin empleo, ya que Verónica Moreno, a quien conocía desde hace muchos años y le pidió que cubriera el interinato de su plazo, le comunicó en julio del año pasado que regresaría a sus labores, aunque antes le pidió que entregara a las 12 personas que también habían presentado quejas de abuso, de las cuales tres, incluida la de ella, se hizo con su nombre, los demás de forma anónima y otros se retractaron, pero Adriana rechazó la propuesta.
Adriana de Jesús señaló que ante su negativa a denunciar a las otras personas que presentaron quejas, en septiembre del 2023 Gabriela Erandi, coordinadora de DGTIC, le entregó un oficio donde le indicaron que por decisión de la titular de la plaza, Verónica Moreno, regresaba a sus funciones y ella quedaba fuera a partir del 16 de septiembre, cuando su interinato terminaba hasta el 31 de diciembre, situación que le generó una crisis de ansiedad, para el 18 de septiembre ya no la dejaron ingresar para recoger sus pertenencias personales.
“Estuve indagando si procedía mi baja en recursos humanos y me dijeron que no, porque su baja terminaba hasta el 31 de diciembre del 2023 y no antes”, aclaró. En este momento, Adriana de Jesús ya está fuera de la SEP, pero sigue en su lucha por recuperar sus derechos laborales que continúa su curso.
