salud reproductiva

INTERNACIONAL
SALUD
   Senado aprueba modificaciones a sistema penal
   
Obligados hospitales públicos de Bolivia a realizar abortos bajo 5 causales
Especial
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 11/12/2017

El pasado 5 de diciembre el Senado boliviano aprobó el artículo 157 del nuevo sistema penal que garantiza la realización de abortos en los hospitales públicos del país en los siguientes supuestos: para prevenir riesgos presentes o futuros para la vida y la salud integral de las mujeres embarazadas; por malformaciones incompatibles con la vida; sea consecuencia de una reproducción asistida no consentida; de una violación o incesto, y cuando se trate de niñas y adolescentes.

La inclusión del artículo sobre aborto surgió a partir de las recomendaciones que hicieron el Comité contra la Tortura y de la CEDAW (organismos de las Naciones Unidas) al Estado Plurinacional de Bolivia, más una sentencia constitucional de 2014 que exhortó a la Asamblea Legislativa a encarar y resolver el problema de los abortos inseguros.

El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna de las bolivianas. Desde 1971, en la época de la dictadura, existían seis artículos que penalizaban distintas formas de aborto. Y había uno llamado “aborto impune” que establecía que no era punible cuando se tratara de violación, incesto o estupro o cuando pusiera en riesgo la vida de la mujer.

El artículo sobre el aborto (el 157) está en el marco de la revisión de todo el sistema penal: no es sólo un código sino un sistema nuevo que tiene 700 artículos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, la presidenta de la comisión de Constitución en Diputados, Susana Rivero, y la presidenta de Constitución del Senado, Adriana Salvatierra, llevaron adelante el proceso legislativo.

“Armamos una articulación entre legisladoras y la sociedad civil, organizaciones sociales para armar una estrategia que nos permitiera avanzar, entendiendo que el resultado no es lo que la mujeres pretendíamos -una despenalización total- pero sí un avance en la progresividad de los derechos de las mujeres”, explicó a Cosecha, Roja Rivero.

Se distribuyeron roles, diseñaron un sólo artículo con varios párrafos donde queda claro que no se despenaliza totalmente pero define las causales. “El gran avance, más allá de las causales, es la obligatoriedad para que el sistema público de salud le otorgue a las mujeres este derecho de manera gratuita sin condición, tutelaje, sin que ningún médico evalúe. Simplemente la mujer establecerá cuál causal y podrá dirigirse a un centro de salud público donde será asistida en las mejores condiciones”, dijo la diputada.

En Bolivia hubo y sigue habiendo mucha resistencia de los grupos antiderechos y religiosos tanto evangélicos como católicos, que han utilizado a los médicos para que aleguen la libertad de conciencia.

“Esta fórmula que logramos las legisladoras bolivianas de respetar la esa libertad pero obligar al sistema público a que en cada centro de salud haya un médico no objetor. Es lo que creemos que va a viabilizar la ejecución plena de este derecho de las mujeres”, dijo Rivero.

*Este artículo fue retomado del portal de noticias Cosecha Roja.

17/RED/LGL








LA VOZ DE LA COALICIÓN
SALUD
   La Voz de la Coalición
El Seguro Popular y su desempeño en poblaciones vulnerables de Chiapas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hilda E. Argüello Avendaño* y Ana María Gómez Serna**
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/12/2017

En el periodo de 2001-2003 se puso en marcha un proyecto piloto llamado Salud para Todos (precursor del Seguro Popular de Salud ‒SP‒), como un instrumento de transferencia de subsidios a través de un paquete de servicios médicos.

El 15 de mayo de 2003, se adiciona a la Ley General de Salud la leyenda: “de la Protección Social en Salud”, con esta reforma el SP se transforma de un programa a una ley.

El SP surgió con el objetivo de proteger a la población que no contaba con seguridad social formal y con alto riesgo al empobrecimiento por gastos en salud.

La Comisión Nacional de Protección Social en Salud lo define como un seguro médico, público y voluntario, dirigido a poblaciones sin acceso a servicios de salud y que se empobrecían a consecuencia de los gastos incurridos para pagar servicios de salud.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Intercensal 2015, a nivel nacional, 72.7 por ciento de la población hablante de lengua indígena de 3 y más años cuenta con Seguro Popular (5 millones 362 mil 239), seguido de 15.1 por ciento sin derechohabiencia a servicios de salud (1 millón 115 mil 608), 11.1 por ciento cuenta con derechohabiencia a instituciones de seguridad social (818 mil 252) y 1 por ciento accede a servicios privados u otros (76 mil 569). De acuerdo con esta información es evidente que en el país la población HLI de 3 años y más depende de los servicios del Seguro Popular.

Guerrero es la entidad que tiene la mayor afiliación del grupo HLI de 3 y más años (85.6 por ciento), seguido de Chiapas (80.2 por ciento), Puebla (78.5 por ciento), Oaxaca (77 por ciento) y Veracruz (76.6 por ciento). En tanto que Chiapas es el estado que presenta la proporción más elevada de ciudadanos HLI de 3 años y más que no cuentan con ningún tipo de afiliación (15.3 por ciento).

Por tanto se esperaría que con estos altos índices de afiliación esta población, considerada dentro de los grupos más desprotegidos, tendrían garantizado su acceso a los servicios de salud.

El Observatorio de Mortalidad Materna de México, como parte de sus acciones de monitoreo de políticas públicas, inició en 2017 un monitoreo a los servicios de salud materna y perinatal en poblaciones vulnerables en Chiapas, junto con el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Unidad Sureste.

El monitoreo contempla conocimientos médicos, servicios e insumos que se encuentran dentro de las intervenciones del programa de salud materna y perinatal en el SP, principalmente en unidades médicas del primer nivel de atención (centros de salud).

Se aplicó una metodología de selección de unidades médicas en municipios vulnerables a través del índice de vulnerabilidad diseñado por Freyermuth (2016). Este índice se compone de indicadores como pertenencia étnica, analfabetismo, mortalidad materna, pobreza extrema y con el Índice de Desarrollo Humano.

Empleando el índice de vulnerabilidad se seleccionaron cuarenta unidades médicas por entidad. Hemos finalizado la etapa de trabajo de campo a mediados de 2017 en los estados de Chiapas y Querétaro (próximamente Ciudad de México y Oaxaca). Se emplearon un instrumento extenso y una devolución rápida de resultados.

Algunos resultados preliminares a partir de las devoluciones rápidas en Chiapas son los siguientes: existe un desabasto notable en las inmunizaciones tanto para la mujer embarazada como para el recién nacido, casi 70 por ciento de unidades médicas carece de los toxoides que marca el programa de salud materna y perinatal.

Es importante señalar que gran parte de este desabasto obedece a la falta de condiciones de las unidades médicas para el almacenamiento de las vacunas, como la falta de electricidad y de refrigeradores.

Un 92 por ciento no cuenta con ergometrina, medicamento esencial para el tratamiento de hemorragia, 7 de cada 10 cuentan con Hidralazina, esencial para tratar la hipertensión en el embarazo.

Un 70 por ciento cuenta con pruebas rápidas para la detección de VIH y 95 por ciento de las unidades médicas sin barreras de acceso físico. Para el tratamiento IVU hay un desabasto de nitrofurantoína, en la mitad de las unidades visitadas. En cuanto al tratamiento de ITS, hay desabasto de antibióticos como la azitromicina, la eritromicina y la doxiciclina, todos ellos contemplados en las intervenciones del SP.

Otros hallazgos relevantes tienen que ver con el desconocimiento por parte de médicos y médicas (en su mayoría pasantes realizando servicio social) del protocolo de atención para la estabilización de una hemorragia postparto. En lo que corresponde a planificación familiar y a los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, el personal responsable no maneja los marcos normativos vigentes (la NOM- 047 principalmente).

Es necesario realizar un monitoreo ciudadano de las intervenciones y/o servicios que otorga el SP, para vigilar el cumplimiento de los servicios, el gasto acertado, que beneficie a las poblaciones a quienes están dirigidas. Al Estado le corresponde cumplir con lo dispuesto en la Ley y garantizar el derecho a la salud de las y los ciudadanos mexicanos.

*Secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM)

**Investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM)

*** El Observatorio de Mortalidad Materna en México es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

17/HAAE/AMGS/LGL

 








ESTADOS
SALUD
   Ante contingencia, OSC piden a autoridades atención en salud reproductiva
Garantizar salud sexual y reproductiva de niñas y mujeres en Oaxaca
CIMACFoto: Jocelyn Soto Espinosa
Por: Pedro Matías
Cimacnoticias/pagina3.mx | Oaxaca, Oax .- 25/10/2017

Organizaciones civiles exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que no se olviden que “la salud sexual y reproductiva es un Derecho Humano y debe ser tratada como tal durante la respuesta ante cualquier contingencia” como los sismos, las lluvias y demás fenómenos naturales que han azotado la entidad.

Por ello se pronunciaron para que durante la respuesta a la contingencia por la que actualmente atraviesa Oaxaca, no se olviden las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres, para evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, violencia obstétrica o muertes por falta de medicamentos a pacientes con VIH.

Organizaciones como Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, Colectiva Feminista, Mujeres Lilas, y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar Grupo de estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, recordaron que 59 por ciento de la población menor de 18 años que vive en las entidades más afectadas por los sismos, son niñas.

También la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser Oaxaca) y Servicios del Pueblo Mixe, mencionaron que en el país 6 de cada 10 menores de edad son víctimas de abusos o violencia; 9 de cada 10 no denuncian, y que en 5 de cada 6 de estos abusos las víctimas son niñas.

Mencionaron que de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el país hay una falta de espacios y servicios que permitan a las mujeres decidir cuándo o qué tan frecuente embarazarse, exponiéndose a complicaciones que requieren atención médica, problemas de infertilidad, mortalidad infantil y Cáncer Cérvico uterino, entre otros.

Aunado a ello, la demanda insatisfecha por anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años es de 11 por ciento y alrededor de 54 por ciento de los embarazos no planeados en México son resueltos por un aborto inducido, cifra que representa más de un millón de abortos inducidos en mujeres de 15 a 44 años.

Sin embargo, en situaciones de emergencia como las actuales, las autoridades además de garantizar la seguridad en las zonas de riesgo deben evitar violencia sexual y asegurar el acceso a anti-retrovirales para mujeres en situación de violación sexual.

De igual manera, se debe garantizar el aborto a quienes como consecuencia de una violación presenten embarazos, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM046) Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.

Así también, consideran urgente comprometer el abasto de medicamentos, antirretrovirales, métodos anticonceptivos y su respectiva distribución.

Por consiguiente, hicieron un enérgico llamado para que las autoridades estatales activen y respeten los planes de emergencia, las donaciones hechas por organismos internacionales, por países y actores externos y por la sociedad civil local, para que trabajen por las mujeres, niñas y adolescentes como grupo prioritario de atención y actuación en las políticas públicas y programas y accionar con firmeza y estrategia, porque las mujeres, niñas y adolescentes no son ciudadanas de segunda.

Exigieron el acceso a la salud sexual y la salud reproductiva porque representa un componente prioritario para garantizar calidad de vida, desarrollo colectivo y comunitario y el respeto a la dignidad humana.

Insistieron en que la salud sexual y la salud reproductiva forman parte de los Derechos Humanos fundamentales contenidos en Tratados y documentos internacionales que México ha firmado y ratificado.

17/PM/LGL








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   
Las niñas de Chiapas y Guatemala
Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Unach realizaron una velada por las niñas de Guatemala en el foro cultural de la “Higuera”. Foto: Osiris Aquino/ Cortesía.
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 15/03/2017

La distancia de Tuxtla Gutiérrez a la capital de Guatemala es de 600 kilómetros, menos de lo que hay de la capital del estado de Chiapas a la Ciudad de México (alrededor de 960 kilómetros). No tiene ni dos siglos que Chiapas, el estado más al sur del país, era parte de Guatemala, ese país que hoy llora  a 43 niñas que murieron calcinadas cuando realizaban una protesta en contra de las condiciones en las que vivían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Chiapas tiene más similitudes con Guatemala que con México, que va más allá del clima y su historia antes de 1824, cuando se dio la anexión de Chiapas a México.
 
Las condiciones de vida de las niñas de Chiapas no son muy diferentes a las que tienen las menores de edad de Guatemala. En ambos lados del río Suchiate, la división natural entre México y Guatemala, las niñas y adolescentes tienen que padecer la exclusión, desigualdad, pobreza, impunidad y corrupción institucional. Todas estas condiciones son las que generaron la tragedia en ese mal llamado “Hogar Seguro”.
 
Las cifras en cuanto a embarazos en niñas y adolescentes, acceso a la educación, el uso de herramientas tecnológicas son parecidas entre las niñas de Chiapas y Guatemala.
 
De acuerdo al Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) el 26 por ciento de los partos atendidos en Guatemala son de niñas y adolescentes de 10 a 19 años, que se convierten en madres, comprometiendo sus oportunidades educativas y laborales y poniendo en riesgo su salud y su vida.
 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Chiapas ocupa el primer lugar en embarazos en niñas y adolescentes y uno de los estados con mayor tasa de matrimonios infantiles.
 
El contexto en que se presentan estos embarazos, tanto en Guatemala como Chiapas es parecido: violaciones sexuales, matrimonios forzados y falta de acceso a los servicios de salud reproductiva.
 
Chiapas es también la entidad con el mayor índice de niñas y adolescentes que no asisten a la escuela.
 
La organización civil Melel Xojobal, que trabaja en la promoción de los derechos de las niñas y adolescentes, denunció hace unos días que de 2011 a la fecha 41 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio en Chiapas.
 
LAS NIÑAS EVIDENCIARON EL SISTEMA
 
La manifestación de las niñas de Guatemala el 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer- y la muerte de 43 de ellas calcinadas dejó al descubierto que el sistema de protección a la niñez que existe en Guatemala no funciona, que es irregular, que las personas que deberían de ser garantes de los derechos de las niñas y adolescentes están siendo sus principales violentadores.
 
En Chiapas desde hace más de un año diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación de que el gobierno de Manuel Velasco Coello se resiste a implementar de manera debida el Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado a pesar que la Ley lo obliga.
 
Las cifras de embarazos en niñas y adolescentes, violaciones sexuales en su contra, falta de acceso a los servicios básicos, ponen de manifiesto de que hasta ahora el estado de Chiapas no ha sido capaz de garantizar el respeto a los derechos de las niñas en la entidad como sucede en Guatemala.
 
Lo que sucedió en Guatemala no solo pasó el 8 de marzo, es el resultado de problemas estructurales y sociales de hace décadas y mal haríamos en no ver que las niñas de Guatemala también podrían ser las de Chiapas, que Guatemala no nos queda lejos, sus problemas son nuestros problemas y que algo se debe de hacer al respecto.
 
17/SS/GG








INTERNACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Presentan informe sobre servicios de salud
Recortes al gasto de igualdad en España afectan atención en violencia
Se presentó en Madrid el informe ‘Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España’ que revela el impacto que tienen los recortes en Sanidad en la población | Foto: AmecoPress
Por: Berta Blanco
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp.- 04/11/2016

Los recortes presupuestarios en Salud en España, impactarán en la atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual, a mujeres en situación de prostitución, y a las víctimas de violencia de género, denunciaron activistas con trabajo en la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres.
 
Al presentar en Madrid el informe “Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España” que revela el impacto que tienen los recortes en Sanidad en la población, la vocal de Médicos del Mundo, Beatriz Sagrado, enfatizó que la reforma sanitaria afecta a las víctimas de trata con fines de explotación sexual.
 
Agregó que el presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la prevención de violencia machista se redujo 21.6 por ciento, mientras que el de políticas de igualdad también tuvo una disminución de 18 por ciento.
 
“Ese énfasis además es mucho mayor cuando se trata de mujeres en circunstancias difíciles, como son la trata y la prostitución”, y señaló que no hay voluntad política para atender estos temas pese a que existe un Plan Integral contra la Trata con fines de explotación sexual -realizado entre 2008 y 2011-  pero que se implementó hasta septiembre de 2015.
 
Respecto a los recortes en el presupuesto, Sagrado dijo que “la atención primaria era el espacio donde se podía detectar a las posibles víctimas. Hemos perdido ese espacio desde el que poníamos en marcha la derivación a especialistas. El informe deja al descubierto las deficiencias de este sistema que dificulta la identificación de víctimas y además, las deja desprotegidas” agregó.
 
En su intervención la integrante del Fórum de Política Feminista –organización que participa en el informe-Lucía Mazarrasa, criticó que el sistema sanitario continúe mirando a las mujeres como “neuróticas” sin tener en cuenta la perspectiva de género, como tampoco la doble carga social o la responsabilidad en el cuidado de los demás.
 
Agregó que todo ello afecta la salud de las mujeres pero no es visto por el sistema de salud y expuso que con los recortes se produjo una reducción de los servicios de salud mental al tiempo que advirtió de una excesiva medicalización para el malestar psíquico de las mujeres con una elevada prescripción de ansiolíticos. Mientras el porcentaje de mujeres que los consumen es de 21 por ciento, en los hombres baja a 11.6 por ciento.
 
DERECHOS Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
 
El representante de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) Guillermo González, comentó que pese a que España cuenta con una Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, existe una nula formación en educación sexual lo que consideró como una “asignatura pendiente”.
 
El activista mencionó limitaciones respecto al acceso a métodos anticonceptivos y dijo que en España, la cuarta parte de las mujeres entre 15 y 49 años de edad, no usó ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual.
 
Otra limitación que comentó fue el intento del gobierno por limitar la Anticoncepción de Emergencia aún cuando hay estudios que confirman que hay un buen uso por parte de las españolas y que el fármaco no causa reacciones adversas que no estén controladas. “La dificultad de acceso de las mujeres a estos métodos limita una decisión voluntaria y autónoma que ellas mismas tienen que tomar”, planteó González.
 
Actualmente la objeción de conciencia no está regulada y hay disparidad en las regiones, lo que provoca limitantes para acceder a abortos libres. En cuatro comunidades: Aragón, Castilla León, Castilla La Mancha y Murcia, no se realizó ningún aborto dentro del sistema público, todos ellos fueron derivados a centros privados y concertados, incluso a clínicas ubicadas fuera de la ciudad e incluso de la comunidad de residencia.
 
AGRESIONES SEXUALES: VIOLENCIA INVISIBILIZADA
 
Para la activista Bárbara Tardón, “el panorama en España es oscuro, desolador y ensombrecido para las supervivientes”, y el informe así lo revela ya que este país incumple estándares en la materia y no cuenta con medidas específicas para tratar a las víctimas de agresiones y violencia sexual, denunció.
 
Dijo que de 17 comunidades sólo nueve disponen de centros de atención a víctimas y la mayoría son de iniciativa privada (ONG) pese a que son competencia del Estado. Tardón denunció también la “inexistencia” de un teléfono especializado más allá del 016, que se limita al entorno de la pareja o expareja, y de centros de atención que estén disponibles las 24 horas del día.
 
 “Todo esto depende de ONG dirigidas siempre por mujeres, feministas y/o pro Derechos Humanos”, comentó Tardón.
 
La activista destacó que en los últimos años se incrementó la conciencia sobre la violencia de género pero en el entorno de la pareja. “Además de ésta, existe la violencia sexual en la familia, en el trabajo, en las relaciones íntimas…”, explicó.
 
Bárbara Tardón pidió “desmontar la mitología de que las agresiones sexuales se producen por malvados seres en sitios oscuros” ya que dijo, 80 por ciento de los casos ocurrió en el entorno íntimo.
 
El informe fue elaborado por organizaciones como Alianza por la Solidaridad, Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, Creación Positiva, Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Fórum de Política Feminista, Fundación para la Convivencia Aspacia, Haurralde Fundazioa, Red de Mujeres de América Latina y el Caribe en España y Women’s Link Worldwide.
 
16/BB/LGL








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