OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
Las niñas de Chiapas y Guatemala
Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Unach realizaron una velada por las niñas de Guatemala en el foro cultural de la “Higuera”. Foto: Osiris Aquino/ Cortesía.
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 15/03/2017 La distancia de Tuxtla Gutiérrez a la capital de Guatemala es de 600 kilómetros, menos de lo que hay de la capital del estado de Chiapas a la Ciudad de México (alrededor de 960 kilómetros). No tiene ni dos siglos que Chiapas, el estado más al sur del país, era parte de Guatemala, ese país que hoy llora  a 43 niñas que murieron calcinadas cuando realizaban una protesta en contra de las condiciones en las que vivían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Chiapas tiene más similitudes con Guatemala que con México, que va más allá del clima y su historia antes de 1824, cuando se dio la anexión de Chiapas a México.
 
Las condiciones de vida de las niñas de Chiapas no son muy diferentes a las que tienen las menores de edad de Guatemala. En ambos lados del río Suchiate, la división natural entre México y Guatemala, las niñas y adolescentes tienen que padecer la exclusión, desigualdad, pobreza, impunidad y corrupción institucional. Todas estas condiciones son las que generaron la tragedia en ese mal llamado “Hogar Seguro”.
 
Las cifras en cuanto a embarazos en niñas y adolescentes, acceso a la educación, el uso de herramientas tecnológicas son parecidas entre las niñas de Chiapas y Guatemala.
 
De acuerdo al Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) el 26 por ciento de los partos atendidos en Guatemala son de niñas y adolescentes de 10 a 19 años, que se convierten en madres, comprometiendo sus oportunidades educativas y laborales y poniendo en riesgo su salud y su vida.
 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Chiapas ocupa el primer lugar en embarazos en niñas y adolescentes y uno de los estados con mayor tasa de matrimonios infantiles.
 
El contexto en que se presentan estos embarazos, tanto en Guatemala como Chiapas es parecido: violaciones sexuales, matrimonios forzados y falta de acceso a los servicios de salud reproductiva.
 
Chiapas es también la entidad con el mayor índice de niñas y adolescentes que no asisten a la escuela.
 
La organización civil Melel Xojobal, que trabaja en la promoción de los derechos de las niñas y adolescentes, denunció hace unos días que de 2011 a la fecha 41 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio en Chiapas.
 
LAS NIÑAS EVIDENCIARON EL SISTEMA
 
La manifestación de las niñas de Guatemala el 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer- y la muerte de 43 de ellas calcinadas dejó al descubierto que el sistema de protección a la niñez que existe en Guatemala no funciona, que es irregular, que las personas que deberían de ser garantes de los derechos de las niñas y adolescentes están siendo sus principales violentadores.
 
En Chiapas desde hace más de un año diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación de que el gobierno de Manuel Velasco Coello se resiste a implementar de manera debida el Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado a pesar que la Ley lo obliga.
 
Las cifras de embarazos en niñas y adolescentes, violaciones sexuales en su contra, falta de acceso a los servicios básicos, ponen de manifiesto de que hasta ahora el estado de Chiapas no ha sido capaz de garantizar el respeto a los derechos de las niñas en la entidad como sucede en Guatemala.
 
Lo que sucedió en Guatemala no solo pasó el 8 de marzo, es el resultado de problemas estructurales y sociales de hace décadas y mal haríamos en no ver que las niñas de Guatemala también podrían ser las de Chiapas, que Guatemala no nos queda lejos, sus problemas son nuestros problemas y que algo se debe de hacer al respecto.
 
17/SS/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   COLABORACIÓN ESPECIAL
La Sedem, que juega en contra de las mujeres y a favor de una familia
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sandra de los Santos*
Cimacnoticias/Chiapas Paralelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 30/11/2016 Más de una semana se ha cumplido desde que el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres declaró la Alerta de Violencia de Género para siete municipios de Chiapas. Desde ese día ni un pronunciamiento ha habido de parte de ninguno de los poderes de gobierno, principalmente del Ejecutivo del estado a quien le compete responder a la declaratoria.
 
El silencio del gobierno de Manuel Velasco Coello evidencia, por si alguien aún lo dudaba, la violencia estructural que sufrimos las chiapanecas, el estado en donde existen las peores condiciones de vida para las mujeres en el país: sin acceso a la salud, educación y otros servicios básicos.
 
A diferencia de otros estados en donde se ha dado la declaratoria, en Chiapas no se dio la alerta por el número de casos de feminicidio –que también son considerables- sino por la violencia estructural y sistemática que existe en contra de las mujeres y que nos coloca en una situación de riesgo.
 
Las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades y de políticas públicas claras y efectivas en materia de impartición de justicia; de acceso a los servicios básicos y que las mujeres vivan libres de violencia, fue lo que hizo que el Sistema aprobara la declaratoria.
 
La Secretaría de Desarrollo del Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) que juega en contra de las mujeres y a favor de una familia
 
Una de las recomendaciones de la declaratoria es fortalecer la dependencia, que desde que inició este gobierno, se ha mantenido en manos de una familia: León Villard.
 
La ahora diputada federal, Sasil de León Villard; Nancy López Ruíz, esposa de Yumaltik León Villard; Itzel de León Villard, han estado al frente de esta dependencia, que en teoría es de las que más recursos económicos recibe, pero en la práctica eso no se traduce en políticas públicas.
 
A la Sedem se le han destinado más fondos en los últimos 2 años, pero eso se debe a que por medio de ella se bajan los recursos, que son utilizados para el programa de apoyo a madres solteras jefas de familia, que lejos de ser una política de empoderamiento para las mujeres se ha convertido en una forma de coacción con fines partidistas.
 
Durante la administración de Manuel Velasco fueron disminuidos los servicios de las unidades y centros  de atención a las mujeres en situación de violencia; las trabajadoras de estos centros han denunciado violencia laboral y hasta ahora no hay un solo programa que tenga seguimiento, que sea una política pública clara y efectiva a favor de las mujeres.
 
La falta de compromiso del gobernador Manuel Velasco con el real empoderamiento de las mujeres se ve, precisamente, en el sostener a la familia León Villard en la Sedem. La dependencia se convirtió para el gobernador en un espacio más para pagar un favor político.
 
Las personas que han dirigido la Sedem no tienen ni la formación, ni el compromiso con el tema para el que fueron elegidas.
 
En 2014 cuando era titular de la Sedem, Sasil de León, dijo que 156 muertes violentas de mujeres –que eran las que se tenían registradas en ese entonces-no ponía en riesgo la paz social en Chiapas por lo que no había necesidad de una declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la entidad.
 
Si la lectura que da el gobernador a la declaratoria en el apartado del fortalecimiento a la Sedem se traduce en el empoderamiento de una familia, la dependencia seguirá jugando en contra de las mujeres.
 
16/SS/LGL







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