derechos humanos

MUJERES CAUTIVAS
Trata de Personas
   Mujeres Cautivas
A revisión periódica Plan global de acción para combatir la trata de personas y metas de ODS
Especial
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 19/09/2017

Ahora que se aproxima la revisión periódica del Plan Global de Acción para Combatir la Trata de Personas, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hay una serie de organizaciones que se hacen llamar “Alianza 8.7 Uniendo Fuerzas Globalmente para Poner Fin al Trabajo Forzado, la Esclavitud Moderna, la Trata de Seres Humanos y el Trabajo Infantil”. Y lo impulsan así porque creen que la Prostitución es trabajo, o a la prostitución infantil le dicen prostitución infantil o niñas prostitutas o “niñas trabajadoras sexuales”.

Nosotras esperamos que esta revisión y su declaración final reflejen un verdadero compromiso con la puesta en marcha y realización del Plan de Acción Global y la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sustentable, específicamente de las metas 5.2, 8.7 y 16.2.

En particular, varias organizaciones internacionales entre las que destacan la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres y Equality Now (Igualdad Ahora) han manifestado al Secretario General de la ONU que esperan la completa puesta en marcha del Plan de Acción contra la Trata, en concordancia con las metas de desarrollo sustentable. Y, además llamaron a los Estados Parte a incorporar y respetar la definición legal contenida en el Protocolo de Palermo para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas/Niños que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocido como el Protocolo de Palermo, que se incluye en el Plan Global de Acción, del que 170 Estados son parte:

“… La explotación incluirá, por lo menos la explotación de la prostitución de otros y otras formas de explotación sexual, trabajos y servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la remoción de órganos...”

Las definiciones legales son importantes, son la piedra angular para poder reclamarle a los Estados Parte, entre los que se encuentra México, sus obligaciones. Es indispensable que la definición acordada y aceptada como la definición legal de la trata de personas no se modifique de ninguna manera, esa definición que fue internacionalmente acordada y aceptada, definición que debe ser apoyada e implementada totalmente.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (MDS) nos brinda lineamientos claros para que los gobiernos puedan enfrentar los retos más importantes del mundo. Es imperativo alcanzar las Metas del Desarrollo Sostenible y que todos sus objetivos se alcancen prioritariamente.

Tres Metas de las incluidas en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, las metas 5, 8 y 16, se refieren a la trata de personas, desde sus causas y hasta sus consecuencias, más específicamente los objetivos 5.2, 8.7 y 16.2 que se refieren a combatir la trata de personas –desde la trata y explotación sexual de mujeres y niñas (Objetivo 5.2.) –el trabajo forzado y el trabajo infantil (Objetivo 8.7), hasta todas las formas de trata de niños, niñas y adolescentes (16.2).

Cada objetivo es distinto en su marco, igual en importancia e interconectados en sus respectivos panoramas. Esperamos, exigimos que la puesta en marcha de las estrategias dirigidas a cada uno de estos objetivos asegure que la trata y la explotación sexual sean igualmente prioritarias para nuestros gobiernos y las organizaciones internacionales.

Cuando debatimos sobre la trata de personas en situaciones de conflicto, se debe tomar en cuenta el acuciante riesgo de trata y explotación sexual que enfrentan, particularmente, las mujeres y las niñas. Las Naciones Unidas deben reconocer e impulsar la igualdad sustantiva de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, lo que es imposible sin erradicar la violencia feminicida y la discriminación de género, que incluyen la trata y la explotación sexual y la explotación de la prostitución.

De acuerdo al informe 2016, de UNDOC, 71 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, y de esas víctimas 72 por ciento son explotadas sexualmente; mientras que 96 por ciento de todas las víctimas de trata para la explotación sexual son mujeres y niñas.

Es crucial que los Estados Miembros en sus deliberaciones para combatir la trata de personas retomen la legislación internacional que incluye cuatro formas distintas de trata. Los esfuerzos para combatir la trata laboral por organismos internacionales como la OIT y la Alianza 8.7 son necesarios, pero deben reconocer que sus esfuerzos únicamente abordan una de las cuatro formas de trata. Debe quedar claro que la trata para la explotación sexual no es una forma de trata laboral. Los Estados Parte han ratificado un marco legal integral que se enfoca a la trata y la explotación sexual y la explotación de la prostitución, incluyendo el Protocolo de Palermo, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención para Erradicar la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena (el Convenio de 1949) y la Convención de los Derechos de la Niñez.

El financiamiento intersectorial nacional y global debe concentrarse en financiar los compromisos tendientes a alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento de mujeres y niñas; y erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia feminicida, incluyendo la trata de mujeres, niñas, adolescentes y trans y todas las formas y modalidades de explotación, en particular, la explotación de la prostitución, lo que no está sucediendo.

Priorizar la explotación sexual como una de las formas de trata, aumentará la habilidad de los Estados Parte para combatir la trata de mujeres y niñas y la explotación sexual, ya que les permitirá desarrollar planes nacionales relevantes y apropiados, indicadores, llevar a cabo investigaciones e invertir en combatir la trata de personas. Combatir la trata, la explotación sexual de mujeres, niñas, adolescentes y transexuales, requiere inversiones en investigaciones comprensivas o integrales y la recolección de datos desagregados y diferenciados de otras formas de trata y explotación.

En la revisión del Plan de Acción Global se debe tomar en cuenta la legislación internacional existente y los principios de los Derechos Humanos. Es indispensable utilizar la terminología usada para definir la trata de seres humanos. Mientras que los términos “la esclavitud moderna de nuestros días” o “la esclavitud moderna” ayuda a que el promedio de la ciudadanía pueda entender de manera más eficiente la gravedad de la trata de personas, lo cierto es que no son términos que se reflejen en la legislación internacional, en todo caso lo que encontramos es “formas contemporáneas de esclavitud”.

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno de México y demás Estados Partes a respetar el Artículo 9.5 del Protocolo de Palermo, enfocándose en desalentar la demanda que promueve la explotación de la prostitución de mujeres y niñas, que provoca la trata y la explotación sexual. Sin demanda no hay trata de personas.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL








MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   Mujeres Cautivas
   
A revisión periódica Plan global de acción para combatir la trata de personas y metas de ODS
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/09/2017

Ahora que se aproxima la revisión periódica del Plan Global de Acción para Combatir la Trata de Personas, que se llevará a cabo los días 27 y 28 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, hay una serie de organizaciones que se hacen llamar “Alianza 8.7 Uniendo Fuerzas Globalmente para Poner Fin al Trabajo Forzado, la Esclavitud Moderna, la Trata de Seres Humanos y el Trabajo Infantil”. Y lo impulsan así porque creen que la Prostitución es trabajo, o a la prostitución infantil le dicen prostitución infantil o niñas prostitutas o “niñas trabajadoras sexuales”.

Nosotras esperamos que esta revisión y su declaración final reflejen un verdadero compromiso con la puesta en marcha y realización del Plan de Acción Global y la Agenda del 2030 para el Desarrollo Sustentable, específicamente de las metas 5.2, 8.7 y 16.2.

En particular, varias organizaciones internacionales entre las que destacan la Coalición Internacional contra el Tráfico de Mujeres y Equality Now (Igualdad Ahora) han manifestado al Secretario General de la ONU que esperan la completa puesta en marcha del Plan de Acción contra la Trata, en concordancia con las metas de desarrollo sustentable. Y, además llamaron a los Estados Parte a incorporar y respetar la definición legal contenida en el Protocolo de Palermo para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niñas/Niños que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, conocido como el Protocolo de Palermo, que se incluye en el Plan Global de Acción, del que 170 Estados son parte:

“… La explotación incluirá, por lo menos la explotación de la prostitución de otros y otras formas de explotación sexual, trabajos y servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o la remoción de órganos...”

Las definiciones legales son importantes, son la piedra angular para poder reclamarle a los Estados Parte, entre los que se encuentra México, sus obligaciones. Es indispensable que la definición acordada y aceptada como la definición legal de la trata de personas no se modifique de ninguna manera, esa definición que fue internacionalmente acordada y aceptada, definición que debe ser apoyada e implementada totalmente.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (MDS) nos brinda lineamientos claros para que los gobiernos puedan enfrentar los retos más importantes del mundo. Es imperativo alcanzar las Metas del Desarrollo Sostenible y que todos sus objetivos se alcancen prioritariamente.

Tres Metas de las incluidas en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, las metas 5, 8 y 16, se refieren a la trata de personas, desde sus causas y hasta sus consecuencias, más específicamente los objetivos 5.2, 8.7 y 16.2 que se refieren a combatir la trata de personas –desde la trata y explotación sexual de mujeres y niñas (Objetivo 5.2.) –el trabajo forzado y el trabajo infantil (Objetivo 8.7), hasta todas las formas de trata de niños, niñas y adolescentes (16.2).

Cada objetivo es distinto en su marco, igual en importancia e interconectados en sus respectivos panoramas. Esperamos, exigimos que la puesta en marcha de las estrategias dirigidas a cada uno de estos objetivos asegure que la trata y la explotación sexual sean igualmente prioritarias para nuestros gobiernos y las organizaciones internacionales.

Cuando debatimos sobre la trata de personas en situaciones de conflicto, se debe tomar en cuenta el acuciante riesgo de trata y explotación sexual que enfrentan, particularmente, las mujeres y las niñas. Las Naciones Unidas deben reconocer e impulsar la igualdad sustantiva de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, lo que es imposible sin erradicar la violencia feminicida y la discriminación de género, que incluyen la trata y la explotación sexual y la explotación de la prostitución.

De acuerdo al informe 2016, de UNDOC, 71 por ciento de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas, y de esas víctimas 72 por ciento son explotadas sexualmente; mientras que 96 por ciento de todas las víctimas de trata para la explotación sexual son mujeres y niñas.

Es crucial que los Estados Miembros en sus deliberaciones para combatir la trata de personas retomen la legislación internacional que incluye cuatro formas distintas de trata. Los esfuerzos para combatir la trata laboral por organismos internacionales como la OIT y la Alianza 8.7 son necesarios, pero deben reconocer que sus esfuerzos únicamente abordan una de las cuatro formas de trata. Debe quedar claro que la trata para la explotación sexual no es una forma de trata laboral. Los Estados Parte han ratificado un marco legal integral que se enfoca a la trata y la explotación sexual y la explotación de la prostitución, incluyendo el Protocolo de Palermo, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención para Erradicar la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena (el Convenio de 1949) y la Convención de los Derechos de la Niñez.

El financiamiento intersectorial nacional y global debe concentrarse en financiar los compromisos tendientes a alcanzar la igualdad de género, el empoderamiento de mujeres y niñas; y erradicar la violencia contra las mujeres, especialmente la violencia feminicida, incluyendo la trata de mujeres, niñas, adolescentes y trans y todas las formas y modalidades de explotación, en particular, la explotación de la prostitución, lo que no está sucediendo.

Priorizar la explotación sexual como una de las formas de trata, aumentará la habilidad de los Estados Parte para combatir la trata de mujeres y niñas y la explotación sexual, ya que les permitirá desarrollar planes nacionales relevantes y apropiados, indicadores, llevar a cabo investigaciones e invertir en combatir la trata de personas. Combatir la trata, la explotación sexual de mujeres, niñas, adolescentes y transexuales, requiere inversiones en investigaciones comprensivas o integrales y la recolección de datos desagregados y diferenciados de otras formas de trata y explotación.

En la revisión del Plan de Acción Global se debe tomar en cuenta la legislación internacional existente y los principios de los Derechos Humanos. Es indispensable utilizar la terminología usada para definir la trata de seres humanos. Mientras que los términos “la esclavitud moderna de nuestros días” o “la esclavitud moderna” ayuda a que el promedio de la ciudadanía pueda entender de manera más eficiente la gravedad de la trata de personas, lo cierto es que no son términos que se reflejen en la legislación internacional, en todo caso lo que encontramos es “formas contemporáneas de esclavitud”.

Finalmente, hacemos un llamado al gobierno de México y demás Estados Partes a respetar el Artículo 9.5 del Protocolo de Palermo, enfocándose en desalentar la demanda que promueve la explotación de la prostitución de mujeres y niñas, que provoca la trata y la explotación sexual. Sin demanda no hay trata de personas.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Jueza habría cometido irregularidades en guarda y custodia
   
Investigan violaciones a Derechos Humanos en caso Vivian Huerta
Imagen retomada del Poder Judicial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/07/2017

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México inició una investigación de oficio por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la capital en contra de Vivian Carmina Huerta Álvarez y sus dos hijos menores de edad.
 
Desde hace cuatro años, en 2013, Vivian enfrenta amenazas e intimidaciones legales por una demanda de su ex pareja, Agustín Gonzáles Guerrero, quien al parecer ha usado sus influencias en el Tribunal y en la Policía Auxiliar de la capital para quedarse con la guarda y custodia de sus dos hijos, actualmente de nueve y seis años de edad.  
 
Después de que Vivian hiciera pública su denuncia y los actos del Juzgado 40 en materia familiar, a cargo de la jueza Alejandra Sánchez Cedillo, que presuntamente han favorecido a su ex pareja, el organismo defensor inició una investigación y hace un mes, el 27 de junio, la Comisión solicitó al Tribunal capitalino consultar el expediente del caso.  
 
Desde 2014 la mujer solicitó la intervención del organismo local y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta última la remitió con la Comisión local por tratarse de autoridades capitalinas. Además Vivian interpuso quejas ante las oficinas de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia.
 
Si bien en 2014 personal del organismo capitalino la acompañó a las audiencias, lo que provocó que dejaran de intimidarla en el juzgado, el apoyo del organismo local cesó por lo que ahora volvió a reunirse con los defensores de los Derechos Humanos a fin de que reinicien la intervención en el caso.
 
Esta vez Vivian denunció a la Comisión que ha promovido cerca de 12 juicios de amparo contra diversos actos del Juzgado 40 familiar, quien en octubre de 2016, sin valorar las pruebas, decidió quitarle la custodia de sus hijos, ordenarle que otorgara una pensión a su ex pareja e incluso mandar catear su domicilio al incumplir el mandato judicial.
 
De acuerdo con el testimonio de la madre, la jueza Sánchez Cedillo no ha sido imparcial. Como ejemplo, dijo, en un primer momento la jueza ordenó al padre dar una pensión a sus hijos pero no especificó el monto ni la temporalidad; en cambio, cuando determinó que la pensión la debía entregar Vivian, pidió que cada mes se le descontara 40 por ciento de su sueldo.
 
Otro ejemplo del actuar de la jueza ocurrió luego de que en agosto de 2016 Agustín agredió a su hija en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal para obligarla a estar con él, aunque Vivian denunció el hecho y solicitó los videos del lugar para constatar el incidente, la petición fue negada por la funcionaria.  
 
A la fecha Vivian sigue peleando la custodia de sus hijos, quienes aún viven con ella; además parte de su salario sigue retenido por concepto de pensión alimenticia para sus hijos y su ex pareja. En tanto la Comisión de Derechos Humanos revisará el expediente judicial para analizar las presuntas omisiones e irregularidades.
 
17/RED








INTERNACIONAL
    Fue acusada de homicidio agravado por sufrir un parto prematuro
   
Evelyn: un nuevo caso de misoginia, estigma y criminalización
Creator: Colectiva Feminista/Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico. All rights reserved.
Por: Morena Herrera*
Cimacnoticias | El Salvador, San Sal.- 27/07/2017

La reciente condena de Evelyn, una joven que acaba de cumplir los 19 años, pone de nuevo en evidencia que en El Salvador, las mujeres se enfrentan a graves situaciones de misoginia, y que, en determinadas circunstancias, son sometidas a procesos de estigmatización que cierran sus proyectos de vida, debido a severas condenas y criminalización.
 
Evelyn era una adolescente que estudiaba y vivía con su familia en una comunidad rural en el centro del país. Una zona con fuerte presencia de pandillas, donde el Estado no logra garantizar la seguridad de la población en general y menos la de las mujeres, sobre todo si son adolescentes y jóvenes. En este contexto las frecuentes relaciones sexuales forzadas a las que las jóvenes son sometidas, ocurren en el silencio, debido al miedo por las amenazas a muerte y la extorsión. Evelyn nunca denunció una violación, sin embargo el miedo que manifiesta al hablar de ello, permite pensar que ese fue el contexto que vivió.
 
En abril del 2016, Evelyn sufrió una complicación obstétrica: un parto precipitado, prematuro y extrahospitalario en su vivienda, con un desgarro y una fuerte hemorragia vaginal, por lo que su madre y vecinos la llevaron al Hospital Nacional de Cojutepeque, en la Cabecera del Departamento de Cuscatlán. Allí, en la misma sala de emergencia donde recibía asistencia sanitaria, fue acusada de haberse provocado un aborto y trasladada directamente a prisión, siendo acusada semanas más tarde de homicidio agravado.
 
Pese a que Evelyn ha reiterado que no sabía que estaba embarazada y que no hizo nada para provocar la muerte de su hijo, la Fiscalía General de la República y la Jueza se niegan a aceptar su versión, le han condenado, sin pruebas directas, a una pena de 30 años de cárcel.
 
En El Salvador desde hace 20 años existe una de las leyes de mayor rigor en materia de aborto en el mundo, sin excepción alguna considera el aborto como un delito, y aunque el aborto tiene penas que van de 2 a 8 años de cárcel, la estigmatización, el ambiente punitivo y de persecución que provoca, tiene otras graves consecuencias.
 
El personal sanitario en hospitales públicos se ve presionado a denunciar cualquier sospecha de aborto y a violentar su deber de secreto profesional con sus pacientes, ya que aún sin tener suficiente evidencia y una investigación previa les denuncian para no ser acusados de complicidad de delito. Esta situación ha generado que más de la mitad de mujeres acusadas de aborto y la mayoría de mujeres condenadas por homicidio agravado en sus hijos e hijas recién nacidos, hayan sido denunciadas en las salas de emergencia de hospitales del sistema público de salud.
 
Una consecuencia todavía más grave, es la pérdida de la presunción de inocencia que las mujeres enfrentan cuando se les considera sospechosas de haberse provocado un aborto, pues de inmediato son consideradas asesinas. Son criminalizadas independientemente que no existan pruebas de su actuación, se les acusa y condena de la muerte de sus criaturas. Incluso cuando los peritajes científicos explican causas de muerte indeterminada o no provocada como en el caso de Evelyn.
 
La experiencia de defensa de “Las 17 y más” (Campaña por la Libertad de Mujeres impulsada por la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador) ha mostrado que son numerosas las sentencias contra mujeres que reflejan el alto grado de misoginia y el estigma que provoca la penalización absoluta del aborto. El caso de Evelyn es similar al de otras mujeres que han tenido que pasar años en la cárcel hasta que los Tribunales, después de revisar sus sentencias o mediante otros recursos como el indulto, han debido reconocer que sus condenas estuvieron basadas en errores judiciales.
 
Las luchas de organizaciones sociales y estrategias de defensa jurídica a nivel nacional e internacional, han permitido que algunas mujeres recuperen su libertad, pero a pesar de que instancias como la Corte Suprema de Justicia han reconocido el error al condenarlas, ninguna institución pública se ha comprometido hasta ahora a reparar nada del daño que les han causado.
 
Evelyn al igual que otras mujeres, ha sufrido una cadena de desprotección estatal y violación a sus Derechos Humanos. No se le protegió debidamente frente a un ambiente de amenazas y violencia sexual, no tuvo información y educación integral en sexualidad pues el sistema público de educación no la incluye, acudió a un establecimiento de salud en búsqueda de atención médica y fue denunciada y encarcelada, no se le respetó el debido proceso y la presunción de inocencia, finalmente ha sido condenada, sin pruebas directas, que demuestren el dolo o su intención de matar.
 
Lo paradójico es que El Salvador ahora se presenta en foros internacionales como un Estado que respeta los derechos de las mujeres dando a conocer la Ley Especial, Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Pero la vida cotidiana que enfrenta la mayoría de mujeres, especialmente si son jóvenes y viven en situación de pobreza, es aún muy lejana de los propósitos que se plantea esta moderna legislación.
 
Múltiples factores de marginación y discriminación marcan las distancias entre ese país seguro del que habla la ley, con las realidades concretas que enfrentan las mujeres. Uno de estos obstáculos, es la persistencia de estereotipos sexistas en el razonamiento jurídico y la argumentación de sentencias judiciales basadas en indicios que condenan a las mujeres por crímenes que no cometieron.
 
Por otro lado, desde hace unos años, El Salvador también aprobó la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia (Lepina), y las instituciones reiteran su especial preocupación por la protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes. Evelyn cuando empezó a vivir esta cadena de violaciones aún era una adolescente, pero su vida y su integridad no han sido protegidas, pese al reconocimiento de la “obligación del Estado, a brindar la seguridad y certeza jurídica que toda niña, niño y adolescente necesita para su pleno desarrollo”.
 
Evelyn tiene ahora 19 años y enfrenta desde el 5 de julio una condena de 30 años de cárcel, pero su situación no se considera violencia estatal, pese a que el Estado de El Salvador reconoce como “Violencia Institucional: Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley”.
 
La injusta condena de Evelyn ha impactado a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional que de nuevo señala a El Salvador como un país que no respeta plenamente los derechos de las mujeres. Por ello, Evelyn es un nombre que ahora va unido a la indignación, a la lucha por la justicia y la libertad para las mujeres.
 
* Este artículo fue retomado del boletín de la Fundación Heinrich Böll Stiftung
 
17/MH








ESTADOS
POLÍTICA
   Se incluirá en el Código Electoral
   
Veracruz sancionará la violencia política en razón de género
Imagen retomada del twitter del Congreso de Veracruz
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver.- 26/07/2017

En el proceso electoral 2017-2018 en el estado de Veracruz, las mujeres contarán con mayores herramientas que hagan valer sus derechos político- electorales, como las sanciones impuestas en el Código Electoral por la violencia política en razón de género, indicó la diputada y presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Teresita Zuccolotto.
 
Con 45 votos a favor el congreso del estado aprobó incluir en el Código Electoral una fracción sobre violencia política en razón de género que permitirá sanciones administrativas en contra de quien la ejerza.
 
Durante su participación en tribuna, la Presidenta de la Comisión para la Igualdad, detalló que la aprobación de la iniciativa presentada en la sesión ordinaria del 2 de mayo, coloca a Veracruz a la vanguardia en el respeto de los derechos de las mujeres en el servicio público.
 
“Hoy avanzamos con infracciones y sanciones a aspirantes, precandidatos, candidatas y autoridades, pronto seremos testigos de la aprobación de este tipo de violencia en el Congreso de la Unión y entonces también los partidos políticos tendrán responsabilidad de este tipo de violencia; además será incorporada como delito electoral desde la Ley General de delitos electorales”.
 
La reforma implica infracciones hacia los aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular, o autoridades y servidores públicos que a través de la violencia busquen inhibir, impedir o entorpecer el trabajo electoral, político o que como servidoras públicas realicen las mujeres.
 
De igual forma se agregan supuestos a la violencia política de género en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como el de impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos.
 
Teresita Zuccolotto recordó que antes de la reforma, las mujeres violentadas en sus derechos políticos o electorales, acudían a un Juicio de Protección de los Derechos Político-Electorales, y ahora las sanciones serán claras y aplicadas por el Órgano Público Local Electoral (OPLE).
 
El OPLE será incorporado al Sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las Mujeres de la Ley en la materia, y se le señalan atribuciones específicas para prevenir y atender este tipo de violencia.
 
La legisladora celebró que los legisladores locales apoyaran la reforma solicitada para continuar avanzando en el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres y para alcanzar la paridad de género en las próximas elecciones.
 
17/RED








INTERNACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina
   
Agricultoras que desbrozan el machismo
Imagen retomada de Pikara Magazine. Más de 150 mujeres han participado en la V Asamblea de Mujeres de la Vía Campesina. /Foto: M.A.F.
Por: María Ángeles Fernández*
Cimacnoticias | Bilbao, Esp .- 26/07/2017

Una campesina con el puño izquierdo en alto, pañuelo en la cabeza y otro sobre los hombros, una mueca de grito. Esta imagen en tonos morados recuerda que La Vía Campesina es cada vez más feminista. “Construimos movimiento para cambiar el mundo, con feminismo y soberanía alimentaria”, reza la pancarta que arropa a la V Asamblea de Mujeres que este movimiento social acaba de celebrar en la localidad vizcaína de Derio.
 
La violencia, en todas sus formas, usos y estrategias de opresión, es el hilo conductor de las reivindicaciones territoriales que han surgido en este encuentro de unas 150 mujeres de todo el mundo y que ha sido uno de los actos previos de la VII Conferencia Internacional de La Vía Campesina, que este año se celebra en tierras vascas. La violencia, recuerdan, es no tener acceso de igual manera que los hombres a las herramientas y recursos para realizar sus labores como agricultoras, ganaderas o pescadoras; violencia es no poder acceder a las subvenciones o al crédito, no tener derechos laborales, que las tierras no estén a nombre de quien las trabaja; violencia es no tener acceso a las semillas o al agua.
 
Violencia son, insisten, los abusos sexuales, las guerras, las fronteras, los matrimonios forzosos, los problemas de visado, el cambio climático… “Violencia es que no haya mujeres en cargos políticos o que en las organizaciones campesinas no participen en los órganos de toma de decisión”. Estas reivindicaciones, unas más globales y otras de carácter más territorial, salieron en la puesta en común del encuentro. Las palestinas, por ejemplo, se quejaban de sus problemas de movimiento, de los controles israelís o de cómo muchas se quedaban viudas muy jóvenes. Mientras, desde algunos países africanos se hablaba de la poligamia o del acaparamiento de tierras.
 
“Hay un incremento de la violencia estructural, del feminicidio, de los asesinatos de lideresas, de la impunidad, de los abusos sexuales incluso a niñas”, apuntaba, con fuerza, una representante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). “Tenemos que producir la enseñanza de nuevos valores. En las organizaciones mixtas hay violencias contra las campesinas que toman un rol protagonista. Hay que construir nuevos valores, nuevas masculinidades, igual que nos estamos formando y avanzando con el feminismo. Tenemos leyes, pero no caminan”, añadió tras recordar la poca gracia de determinados chistes sexistas que se escuchan en el interior de las organizaciones campesinas.
 
EL FEMINISMO, HERRAMIENTA DE TRABAJO
 
En toda esta dura enumeración de problemas y opresiones, el feminismo apareció como elemento articulador para entender los contextos, aplaudir las resistencias y buscar alternativas. “Nuestra articulación de mujeres surgió por la desigualdad, pero en el proceso hemos encontrado que el feminismo es una herramienta de análisis liberadora. El feminismo campesino y popular es un desafío”, apuntó una de las participantes. Este feminismo popular y campesino es uno de los retos de la Vía Campesina.
 
“La lucha por la emancipación de las mujeres tiene que estar articulada con la de los movimientos sociales campesinos, y la lucha por la igualdad de género tiene que caminar junto con la lucha por el fin de la propiedad privada, por el derecho a la tierra y al territorio, por la reforma agraria. Será el momento de afirmar que el socialismo y el feminismo campesino y popular son insumisos y cuestionar las concepciones patriarcales y burguesas, funcionales a las políticas de explotación capitalista”, explica la brasileña Marina dos Santos, una de las dirigentes del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST).
 
A la espera de concretar el plan de acción para los próximos cuatro años (la anterior asamblea se celebró en Yakarta, Indonesia, en 2013) varias ideas marcarán las acciones de la Vía Campesina, movimiento social que aglutina a más de 450 organizaciones de unos 70 países. Fortalecer las articulaciones regionales y fomentar la participación, promover la auto-organización de las mujeres en sus colectivos, fomentar la paridad en los órganos de decisión y participar en espacios de gobernanza son algunos de los asuntos que pretenden pulir desde el punto de vista organizativo. También expresan la necesidad de fortalecer y ampliar la campaña de ‘no más violencia’ contra las mujeres, de apostar por las acciones de visibilización en fechas clave, de seguir luchando por la paz y contra la militarización, así como de fomentar las escuelas de formación feminista.
 
Y, por supuesto, poner luz en la situación de las mujeres en todas las luchas estructurales de la Vía Campesina, como son la reforma agraria popular, la oposición a los agronegocios y al modelo energético actual, la defensa del agua, la batalla contra la privatización de los bienes naturales; y, por supuesto, la crítica al sistema capitalista, patriarcal, racista y xenófobo. “Hay que abordar el trabajo político y productivo desde el feminismo y la soberanía alimentaria”, “ratificamos nuestro compromiso con las resistencias”, “el capitalismo y el patriarcado violenta nuestros cuerpos y nuestros territorios” o “hay que compartir los trabajos productivos y de cuidados” fueron otras de las ideas lanzadas en la declaración final que se leyó.
 
“Somos las personas que trabajan la tierra y que alimentan al mundo, pero nuestros territorios están bajo un ataque constante. Nos enfrentamos a una criminalización creciente. Esta conferencia es un paso adelante en la internacionalización de nuestras luchas, creando una estrategia para frenar los poderes del capitalismo global y construir un movimiento para el cambio”, afirmó Elizabeth Mpofu, campesina de Zimbabue y coordinadora general de La Vía Campesina.
 
*Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine
 
17/MAF








ESTADOS
VIOLENCIA
   Se incrementa violencia y no se investiga dicen ONG
   
Piden AVG para Torreón
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 26/07/2017

La Red de Mujeres de la Laguna y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Torreón, Coahuila, ante el incremento de asesinatos contra mujeres que en 5 años suman 48, tan solo en ese municipio.
 
Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna, Ariadne Lemond y Adriana Romo, acudieron a las instalaciones de la CDHEC para dejar la documentación para la solicitud de la AVG, cabe destacar que también la organización civil “La Libres” de Guanajuato, y “Mujeres Generando Cambios”, de Torreón, se sumaron a esta petición.
 
De acuerdo con Ariadne Lemond, la alerta que se promueve es exclusivamente para el municipio de Torreón. De proceder, se tendrá que conformar el grupo de personas expertas que deberán visitar el municipio para constatar que existe violencia contra las mujeres y que proceda la Alerta.
 
Las integrantes de las organizaciones civiles explicaron que en el documento que presentaron ante la CDHEC, se documentaron 48 casos de feminicidio, sólo en Torreón, desde el 2013 hasta el 2017 resultado de una investigación hemerográfica.
 
 DATOS OFICIALES
 
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, sólo 56 de los 436 homicidios de mujeres que se han registrado en cinco años, han sido acreditados como feminicidio.
 
La PGJEC informó en un diagnóstico, que los homicidios de mujeres se redujeron 84 por ciento desde el 2012 a la fecha, y que de los 436 homicidios dolosos contra mujeres, 73 por ciento se consignó o judicializó ante un juzgado.
 
Sin embargo, otras voces como la de la consejera de la CDHEC y presidenta del organismo Eux, Arte y Sida, Aída García Badillo, han señalado que las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a esta entidad en el tercer lugar en violencia contra las mujeres (7.06 por ciento), muy por encima de la media nacional que es de 4.37 por ciento.
 
García Badillo, destacó que la Red de Mujeres de La Laguna ha tratado de visibilizar la problemática, aunque es necesario que se sumen más a este llamado. "Lo que estamos viendo en Coahuila es que hay un movimiento de género incipiente, donde sólo unas cuantas tratan de hacer conciencia”.
 
Agregó que la falta de organización de la sociedad civil profundiza más el problema pues los asesinatos de mujeres en su mayoría son clasificados como dolosos, en lugar de catalogarlos como feminicidio.
 
SE INCREMENTAN ASESINATOS
 
En tanto, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Larisa Montiel Luis, señaló que se deben tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, en específico, los asesinatos, por lo que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a prevenir este tipo de violencia y dar con los responsables de los hechos.
 
La legisladora panista propuso como de urgente y obvia resolución que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Mujer tomen cartas en el asunto y en la exposición de motivos argumentó que el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres en su estudio "La Violencia Feminicida en México, Aproximación y Tendencia”, colocan a Coahuila en el décimo lugar respecto al índice de violencia contra las mujeres y de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH).
 
Detalló que de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Coahuila, se tipificó el feminicidio a través del artículo 336 BIS 1, cuando la mujer victimada presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o bien haya recibido lesiones o mutilaciones en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida.
 
También se establece como feminicidio cuando existan antecedentes de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar, y haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
 
Y ejemplificó que casos como el de una mujer hallada en Arteaga, a quien encontraron maniatada, con huellas de tortura y abandonada en un paraje solitario, o el de otra más que fue asesinada y abandonada en la vía pública, con golpes, huellas de tortura y semidesnuda, y de tantos otros que a diario se suman en Torreón, son ejemplos de la violencia creciente contra las mujeres, por lo que insistió en el llamado a las autoridades para investigar estos asesinatos como feminicidio.
 
17/SN
 








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Exigen ante Corte Suprema de Justicia respeto a su oficio
   
Parteras guatemaltecas son violentadas en sistema de salud
Imagen retomada de Cerigua. Fotografía: Nim Aipu
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guat.- 25/07/2017

Representantes del Movimiento Nim Alaxik Mayab’ (Sabiduría Ancestral), conformado por Abuelas parteras de las comunidades indígenas del país, acudieron este lunes a la Corte de Constitucionalidad (CC) para ratificar una denuncia en contra de las autoridades del Ministerio de Salud, debido a la violencia racista, machista, física y psicológica en su contra.
 
El grupo de mujeres mayas enfatizó que en septiembre del año pasado interpusieron un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra del Ministerio de Salud por los actos de violencia, humillaciones y desprecio que han afrontado en los centros de salud por parte de médicos y enfermeras.
 
Luego de interponer la denuncia, funcionarios de la cartera convocaron a una mesa de diálogo para abordar la problemática, pero seis meses después la situación no ha mejorado y por el contario, ahora son víctimas de represalias por atreverse a denunciar los tratos denigrantes que sufren, aseguraron las mujeres.
 
Destacaron que estas violaciones a sus Derechos Humanos se registran diariamente en su contra y de las pacientes a las que atienden, e indicaron que toda esta problemática podría evitarse si el sistema de salud respetar su milenaria labor.
 
Ante esta situación, exigieron que cese la violencia física, machista, racista y psicológica en contra de las parteras y las mujeres que atienden, actos que terminan con la vida de mujeres, niños y niñas en todo el país.
 
De igual manera, exigieron que existan pautas claras de coordinación entre los dos sistemas de salud, mediado por las abuelas y parteras, para que de forma conjunta y con dignidad se brinde salud sexual y reproductiva con pertinencia cultural.
 
Otra de las demandas planteadas es que el sistema de salud atienda a las mujeres en estado de gestación y las parteras en su idioma materno, y que se reconozca, respete y proteja el derecho de las parteras como autoridades de salud en los pueblos indígenas.
 
17/RED








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
La contradicción de la fotografía
imagen retomada del portal laopcion.com.mx
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 15/09/2017

Para muchas personas la elección fue no ver la fotografía. El anuncio, la advertencia de lo fuerte de la imagen sirvió a otras para evitarla, a algunas nos llegó a “bocajarro” en medio de una conversación virtual y es inevitable hacer la reflexión sobre la contradicción y el metadiscurso de la fotografía de los 3 niños-adolescentes asesinados en Coyuca de Benítez. Un lugar donde los niños son soldados de una guerra no contada.

No hay forma de abordar el tema sin rozar lo absurdo y lo grotesco. Lo es la fotografía, lo es su publicación, lo es mirarla o difundirla, pero también lo es pretender no verla y negar que está ahí. En paralelo a una fotografía de tres personas cuyos cuerpos aparecieron gravemente violentados aún después de la muerte.

La muerte no solo es el festejo de los mexicanos es la pirotecnia de la afrenta. La afrenta al cuerpo, a la dignidad de una comunidad que despierta con el dolor de encontrar en un parque, en una calle transitada, en el duelo de una comunidad que se lamenta de la violencia, en el dolor de las familias de enterar y quizá conocer el destino de su familiar en una fotografía de algún medio digital.

La afrenta a la cotidiana normalización de la violencia que nos regresa a los días previos al “acuerdo” que suscribieron los medios para dejar de contabilizar ejecutados-descuartizados-entambados-encajuelados-embolsados-colgados-degollados.

Sociedad que se amputa el miembro invisible de la conciencia y la sensibilidad a fuerza de necesidad de sobrevivir, dar vuelta a la página y entusiasmarse con la urgencia del festejo patrio. Sociedad que cierra los ojos porque no puede con la realidad y prefiere dar el paso a ciegas antes que aceptar que convive entre el horror y la miseria humana.

No hay forma de evitarlo. Publicarla como un medio o como un periodista que descubre los entresijos del mensaje. Que está consciente del valor simbólico de la imagen. De la fotografía que se queda grabada por el dolor de ver a tres niños, cuerpos cobijados en vínculo invisible de acompañarse en ese último instante.

Cuerpos de jovencitos, adolescentes, niños. Una playera verde de la selección con la palabra México, donde cabe la pregunta que se queda ¿dónde está el futuro de México?

No hay mucho qué decir, ni siquiera deberíamos estar escribiendo de algo así pero no hacerlo es también apostarle a un silencio que pretende normalizar la más horrorosa de las realidades. Nada que se pueda justificar ni olvidar.

La fotografía de los niños, es “la fotografía”, el instante que resume el estado de una zona geográfica, de un momento histórico, de un hecho que trasciende los nombres, que como aquel pequeño niño cuyo cuerpo apareció flotando en las aguas del mediterráneo era reclamado por el mundo.

Son niños pobres, son niños de una sociedad que se olvida y se niega a sí misma, que criminaliza a las juventudes y las juzga de “ninis”, antes que escucharla.

Es el rostro de la niñez, el futuro, lo mismo podrían ser los hijos o los sobrinos propios que los de algún conocido o conocida, son los hijos de alguien, son los hijos de la calle y de nadie, de quienes preferimos voltear la cara y no mirar a los jóvenes que arriesgan su vida en un crucero haciendo malabares con machetes, al chico que inhala thiner y se quema las neuronas porque el hambre se esconde así.

No hay argumentos, hay vergüenza de ser la generación de “personas adultas” que celebramos haber jugado en las calles y tomar agua de la llave, pero que hoy día vemos a las juventudes y no las tomamos de la mano para acompañarlas.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

17/AC/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
    Acceso a justicia para mujeres obstaculizado por prejuicios y estereotipos
   
Nuevo Sistema de Justicia penal, mismas prácticas sexistas y discriminatorias
Imagen retomada de cafeprensa.blogspot.com
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017

El nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio representa una oportunidad para el acceso a la justicia y respeto de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, sin embargo, a más de dos años de operar, no hay infraestructura  y el personal encargado de la impartición de justicia, actúa de manera deficiente, afirmaron personas expertas en material legal.
 
Tras la reforma constitucional en junio de 2008 la entrada del nuevo sistema penal  implicó cambios normativos como la restricción de la prisión preventiva obligatoria únicamente para los delitos de violación, trata de personas, delincuencia organizada, homicidio doloso, delitos cometidos con armas y explosivos, atentados a la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y a la salud.
 
La reforma obligó a jueces y ministerios públicos a evaluar si las víctimas del resto de los delitos, en especial cuando se trata de violencia contra las mujeres, están en situaciones de riesgo ante sus agresores; por lo que deben de determinar si es necesario aplicar la medida de prisión preventiva durante el proceso judicial hasta que se dicte sentencia.
 
Entre los delitos antes denominados graves cometidos contra las mujeres donde deberá identificarse si es necesaria la prisión preventiva, se encuentran: acoso, abuso sexual, violencia familiar, y aborto, cabe recordar que el que se haga esta revisión no significa que el delito tenga una pena menor.
 
Las reformas se hicieron con los objetivos de garantizar la protección a los derechos de las víctimas y los acusados, evitar la burocracia en los procesos,  lograr la reparación del daño, así como evitar seguir con la saturación de los centros penitenciarios, “antes se podía pasar años ahí sin tener sentencia”, explicó en entrevista con Cimacnoticias el abogado del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A.C, David Peña Rodríguez. 
 
Para el abogado esta situación representa una oportunidad para el acceso a la justicia de las mujeres, pues “la violencia de género es considerada en este nuevo sistema un atentado contra los Derechos Humanos” (DH) por lo que desde esa perspectiva debe interpretarse y evaluarse cada delito cometido contra las mujeres y las medidas que las protegerán.
 
“Abre el margen de la interpretación y de protección, permite un espectro de protección y cobertura de los derechos para las mujeres que se tendría que aprovechar y explotar en los próximos años”, indicó.
 
VIOLENCIA FAMILIAR Y ABORTO
 
La violencia familiar es uno los delitos que necesita del estudio eficiente del personal ministerial, indicó la directora de Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros. La abogada explicó que el personal ministerial está obligado a analizar el contexto desde una perspectiva de género: tomar en cuenta antecedentes de violencia, ubicación del domicilio y encontrar situaciones de riesgo.
 
De ser necesario la víctima puede solicitar como medida cautelar la prisión preventiva del acusado o los ministerios públicos lo pueden determinar con base en los elementos de prueba que acumulen, todo “con el fin de garantizar la seguridad de las mujeres y sus familias”, explicó Sara Mendiola.
 
El abogado Peña Rodríguez, agregó que estas nuevas adecuaciones del sistema, en el caso de las mujeres acusadas de interrumpir un embarazo pueden enfrentar un proceso en libertad ya que deberá revisarse si es necesaria la prisión preventiva, aunque la pena por el delito sigue siendo la misma.
 
A decir del abogado el personal ministerial no está capacitado para realizar las evaluaciones de riesgo”, aunque las versiones oficiales hablan de una la profesionalización y especialización del personal en materia de seguridad pública.
 
FALTA DE INFRAESTRUCTURA
 
Otro elemento, es que a pesar de que ya se debería de contar a nivel nacional con la infraestructura para el funcionamiento del sistema, no se tienen los recursos mínimos para emitir y supervisar las medidas de seguridad para las víctimas.
 
“No existen aún pulseras de monitoreo para los acusados, o capacidad de vigilar las órdenes de restricción cuando se les otorga libertad condicional, y muchos de estos avisos restrictivos se dan en los casos de violencia familiar”, dijo Peña Rodríguez, quien ha litigado casos en el Sistema Interamericano de DH como “Campo Algodonero”.
 
Y da ejemplos, apenas el pasado 19 de julio, el gobierno federal creó la primera Unidad de Medidas Cautelares, área encargada de evaluar si las personas acusadas deben ser o no recluidas como medida preventiva de acuerdo a su “nivel de peligrosidad”.
 
LASTRE, PRÁCTICAS SEXISTAS
 
Ambos abogados coinciden que el funcionamiento del sistema depende de la eficacia de sus funcionarios, quienes, dijeron, actúan con las mismas prácticas sexistas y discriminatorias en las investigaciones y los juicios orales -una característica del nuevo sistema-.
 
El acceso a la  justicia para las mujeres,  asegura el abogado Peña, "lo obstaculizan los estereotipos de género y prejuicios.”, En ello concuerda, la directora de Propuesta Cívica, “el sistema no funciona por la deficiente actuación de los funcionarios”, mencionó.
 
Si se mantienen estas costumbres, concluyen los expertos, difícilmente se podrán emitir las medidas de seguridad necesarias para proteger su derecho a una vida libre de violencia.
 
17/HZM/MMAE








Pages

Subscribe to RSS - derechos humanos