derechos humanos

NACIONAL
LABORAL
   Aún con medidas precautorias continúan en riesgo
Allanan por novena ocasión plantón de extrabajadoras de limpieza
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/02/2018

A días de cumplir dos años en plantón, extrabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) despedidas en 2016, fueron allanadas por novena ocasión sin que nadie las auxiliara.

En un comunicado, la vocera de las extrabajadoras Guadalupe Carrasco Carrasco, informó que la madrugada del pasado 20 de febrero dos hombres entraron al plantón, rompieron las lonas que sirven de entrada y salida y revolvieron el material que se encuentra adentro.

Explicó que se percataron hasta el día siguiente debido a que después del tercer allanamiento las trabajadoras optaron por ya no realizar guardias como lo hacían de costumbre. Alrededor de las seis de la mañana del 20 de febrero una compañera del plantón avisó a Guadalupe del allanamiento por teléfono.

Posteriormente, la líder del movimiento marcó a los números que le fueron proporcionados como medida de seguridad del Código Águila por parte de la Procuraduría General de Justicia capitalina ya que después del tercer allanamiento, en marzo de 2016,  junto con el integrante del Comité Cerezo, Alejandro Cerezo, solicitaron a la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) medidas precautorias, mismas que fueron otorgadas por la instancia en 2017.

Sin embargo, Guadalupe Carrasco afirmó en entrevista con Cimacnoticias, que el personal que la atendió en los teléfonos “no tenía conocimiento de la existencia ni ubicación del plantón” por lo que acudió con un oficial de policía que se encontró en la calle quien se rehusó a ayudarla con el argumento de que “no le competía esa situación”, y le sugirió pedir el número de la cámara de video que se encuentra frente al plantón así como los nombres de los policías en turno del plantel Iztapalapa 2.

El allanamiento sucedió a unos días de su movilización el pasado 15 de febrero hacia las oficinas del gobierno capitalino y de la Secretaría de Finanzas y Capital Humano, para entregar firmas obtenidas de la campaña que emprendieron para exigir su reinstalación.

Las trabajadoras opinaron que estos allanamientos responden a las movilizaciones que han llevado a cabo desde hace 2 años cuando fueron despedidas injustificadamente 59 mujeres, la mayoría madres solteras y personas adultas mayores con más de 10 años de antigüedad laboral.

Las trabajadoras llamaron a las organizaciones civiles y a la población a apoyarlas este 23 de febrero que cumplen 2 años en plantón y anunciaron que presentarán una denuncia penal.

18/AEG/LGL








REPORTAJE
POLÍTICA
   REPORTAJE
   Las mujeres constituyen 48 por ciento del padrón electoral
Agenda de género de últimos 3 sexenios reducida al asistencialismo
CIMACFoto: Guadalupe Cabañas
Por: Anayeli García Martínez y Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 19/02/2018

La agenda de género de los 3 últimos presidente se enfocó en crear programas de desarrollo social para dar dinero a las mujeres, que lejos de abrirles mejores oportunidades de empleo, salario, salud y educación, las sigue mirando como “grupo vulnerable” que debe recibir “ayuda económica”.

Los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos han dejado de lado propuestas para atender temas prioritarios de la agenda feminista como la violencia de género y el derecho a decidir sobre el cuerpo y la maternidad.

A propósito del presente proceso electoral, Cimacnoticias revisó las agendas políticas de género de las últimas 3 administraciones: los dos gobiernos emanados del Partido Acción Nacional (PAN) en los periodos 2000-2006 y 2006-2012 y el gobierno encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de 2012 a 2018.

LOS CLAROSCUROS DEL CAMBIO DE RÉGIMEN

Si bien en el 2000 el triunfo del candidato del PAN a la Presidencia de la República, Vicente Fox, significó un contrapeso político y la “esperanza de democratizar la política”, las mujeres estaban ausentes de las propuestas presidenciales.

Aún con ello con Fox se inició la institucionalización de la perspectiva de género en la administración pública. El movimiento de mujeres y el feminista en alianza con diputadas y senadoras del Congreso de la Unión lograron avances en normativas para los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, como el derecho a una vida libre de violencia, de discriminación y para garantizar la igualdad o erradicar la trata de personas.

En este periodo se creó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para dirigir la política nacional de igualdad; se publicó la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Otros avances de la agenda de género en los gobiernos panistas fueron los programas Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres; y el Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres. Ambas administraciones se comprometieron a incluir un enfoque de género transversal en materia de empleo, educación y vivienda.

Aún cuando el movimiento amplio de mujeres logró concretar aspiraciones legislativas en materia de violencia, Vicente Fox se negó a reconocer la situación del feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, asegurando que era un problema local.

Fueron feministas y diputadas quienes exigieron a Fox reconocer el feminicidio en Juárez y a los funcionarios llegar a la verdad de los asesinatos y desapariciones de mujeres en la frontera norte del país. En materia de violencia, un paso importante para los DH de las mujeres fue la creación de la LGAMVLV y su reglamento, que hizo posible el decreto de la Alerta de Violencia de Género en 12 entidades del país.

DSyR, LOS INNOMBRABLES

Pese a que el PAN se apropió del discurso feminista sobre la igualdad de género, éste fue reelaborado desde la tradición conservadora del partido, manteniendo a las mujeres en el rol reproductivo y como pilares de la familia “tradicional”. Fox y Calderón reafirmaron su postura en contra de la maternidad voluntaria y otros temas en Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR).

Cuando en 2007 el movimiento amplio de mujeres y feminista en el entonces Distrito Federal lograron la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, los panistas cerraron todas las vías para que este derecho se replicara en otros estados del país. Así, en el periodo calderonista, 17 entidades reformaron sus Constituciones para “proteger la vida desde el momento de la concepción-fecundación”.

Con el triunfo del PRI en la elección de 2012, el tema del acceso al aborto continuó sin tocarse y ausente en la agenda. Si bien Peña Nieto en su campaña aseveró que no se puede criminalizar a las mujeres por tener un aborto, no se comprometió a legalizarlo y aclaró que los Congresos de cada estado debían decidir “en razón de sus costumbres y tradiciones”.

PROGRAMAS SOCIALES

Las agendas de género se reducen a la creación de programas sociales que no se traducen en un cambio en la condición social, educativa y económica de las mujeres. Los panistas crearon el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (antes llamado Progresa y creado por Ernesto Zedillo) para garantizar la entrega de dinero en efectivo y acceso a servicios de salud y educación a “familias en extrema pobreza”. Los apoyos económicos se entregaban a las jefas de familia.

Lo mismo sucedió en 2012 con Enrique Peña Nieto quien prometió generar políticas de desarrollo social; dar créditos a mujeres emprendedoras, erradicar la pobreza alimentaria, crear un seguro de vida para las jefas de familia y mantener el programa Oportunidades, que más tarde cambiaría de nombre a Prospera.

Cuando asumió el poder, se diseñó el Plan Nacional de Desarrollo que incluyó la perspectiva de género como eje transversal pero en términos reales sólo destacó una política que supuestamente favorecía a las mujeres: la creación de un fondo para otorgar dinero a los hijos de amas de casa que murieran.

PARIDAD Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Una demanda añeja del movimiento de mujeres fue conseguida en este sexenio. En octubre de 2013 Peña Nieto presentó ante el Senado una iniciativa para modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de eliminar la cuota de género del 40 por ciento e instaurar la paridad (50-50) en candidaturas a diputaciones federales, locales y senadurías.

Aunque el mandatario presentó la propuesta fueron las legisladoras y las defensoras de la participación política quienes debatieron en el Congreso para defender este derecho. Durante la discusión de la reforma político-electoral entre 2013 y 2014, diputadas y senadoras enfrentaron a sus compañeros varones para insistir en la necesidad de elevar a rango constitucional la obligación de dar la mitad de las candidaturas a las mujeres.

Para estas campañas presidenciales -que comenzarán el 30 de marzo y cerrarán el 27 junio próximos- los candidatos tendrán la oportunidad de crear propuestas acordes a las necesidades reales del 52 por ciento de la población que son las mujeres quienes constituirán 48 por ciento del padrón electoral.

18/AGM/HZM/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Jesús Espinosa sigue sin obtener amparo por orden de aprehensión
Reprueban criminalización contra enfermera de Chiapas
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/02/2018

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos programa de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), reprobó la criminalización de la enfermera de Chiapas, María de Jesús Espinosa de los Santos, luego de que fuera acusada del delito de motín por emprender dos huelgas de hambre en abril y mayo de 2017 en defensa del derecho a la salud y cese de irregularidades administrativas en este sector.

El Observatorio, con presencia en más de 80 países del mundo, expuso en comunicado que la criminalización de la enfermera de Chiapas, Jesús Espinosa, se desarrolla en un contexto de dificultades y criminalización de las personas que defienden los Derechos Humanos (DH) en México, sobre todo en Chiapas donde se calcula que en el sexenio de Peña Nieto -según datos de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT)- han ocurrido 18 por ciento de las agresiones contra personas defensoras.

Datos de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México también tienen el registro de 11 agresiones a mujeres defensoras en Chiapas entre 2012 a 2014.

El 29 de diciembre de 2017 el juez de Control y Tribunales de Enjuiciamiento de la Región Uno, Bruno Ignacio Bermúdez Hernández, emitió cuatro órdenes de aprehensión por el delito de motín en contra de la enfermera y otros tres defensores que integran el sindicato de salud estatal; Víctor Hugo Zavaleta Ruíz, Humberto Gutiérrez Medina y Límbano Domínguez, este último fue recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciado No.14 “El Amate” en el municipio de Cintalapa, donde aún permanece.

La denuncia la interpuso el Secretario de Salud de Chiapas, Francisco Ortega Farrera (causa penal 627/2017), en el caso de la enfermera Espinosa de los Santos, la acusación se derivó de las dos huelgas hambre que sostuvo con otras cinco compañeras del hospital “Doctor Rafael Pascasio Gamboa” entre abril y mayo de 2017, en exigencia del abastecimiento de insumos hospitalarios y una denuncia añeja (desde 2011) sobre la retención de sus aportaciones sociales.

Según informó a Cimacnoticias el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) –organización que acompaña solidariamente a las enfermeras- a María de Jesús aún no se le otorga el amparo en contra de la orden de aprehensión, ya que el pasado 8 de febrero, fecha en la que fue citada a compadecer al penal de “El Amate”, la parte acusadora no se presentó y la cita fue aplaza hasta el próximo 8 marzo.

Por ello, el Observatorio en el comunicado dirigido al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, le hizo un llamado a poner fin a la criminalización y persecución contra Jesús Espinosa y los otros defensores, además de le exigen garantizarles de manera inmediata la seguridad y la integridad física.

La organización aseguró que la y los defensores, son víctimas por ejercer la legítima defensa de los DH y hacer visibles las condiciones de trabajo, violaciones a los derechos labores y la corrupción y mala administración del sector salud de Chiapas.

Además, indicó el Observatorio, estas represalias en sus actividades de defensa tienen el propósito de impedirles acceder a cargos de dirección en el sindicato de salud local, pues Jesús Espinosa, la vocera de las enfermeras, encabezaba la lista de candidatos para el relevo sindical, cuya convocatoria será emitirá el próximo marzo, fecha que coincide con su nueva fecha de comparecencia. 

Por último recordaron que a finales de mayo de 2017, al terminar la protesta de las enfermeras chiapanecas, el gobierno firmó con ellas una minuta en que la que se comprometió a no criminalizarlas ni hostigarlas y garantizar el abastecimiento de equipo médico en los hospitales de la entidad, hechos que deben acatarse, reclamaron.

18/HZM/LGL








DESDE LA LUNA DE VALENCIA
DERECHOS HUMANOS
   Desde la Luna de Valencia
¡Por la huelga feminista del 8 de marzo!
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa Mollá Castells*
Cimacnoticias | Ontinyent, Esp.- 15/02/2018

Esta semana pasada compartía en redes sociales un video en donde, algunas compañeras feministas, llamaban a la huelga de mujeres del próximo 8 de marzo. En el texto que acompañé para compartir ese vídeo comparé la huelga con un beso. Y me explico.

Al menos para mí y desde siempre, cada beso no dado es un beso perdido. Y los besos de los que hablo no han de ser necesariamente besos de amor de parejas. Siempre que hablo de besos, los considero todos importantes: los de pareja, los de amistad, los familiares. Bueno pues si considero que cada beso no dado es un beso perdido, con las huelgas me ocurre lo mismo, que una huelga no seguida es una oportunidad de cambio perdida.

Llevo en el mundo laboral desde octubre del año 1983, y desde aquel día he secundado todas y cada una de las huelgas a las que he sido convocada. Todas, sectoriales o generales. Como sindicalista de CC.OO. o como trabajadora de la Generalitat Valenciana.

Porque como he dicho antes soy consciente de que con cada huelga se pretende cambiar a mejor algunas políticas, o parar algunos recortes llamados reformas laborales, por ejemplo.

Ahora estamos convocados todas y todos a una huelga el próximo 8 de marzo. Una huelga promovida por el movimiento feminista al que se han ido sumando diversas organizaciones y sindicatos y ya e superan las 300 adhesiones. Los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT han convocado paros parciales de dos horas por cada turno.

Otros sindicatos como Intersindical han convocado paros de veinticuatro horas. Pero más allá del tipo de huelga que cada cual quiera seguir, lo realmente importante al menos para mí son los motivos que, por supuesto, me llevarán a secundar esta huelga.

Motivos podríamos decir que hay tantos como mujeres, puesto que todas las mujeres del mundo estamos sometidas a la feroz alianza entre el capitalismo y el patriarcado. Nos usan como material productivo y reproductivo, nos pagan menos por hacer el mismo trabajo, somos quienes tenemos "adjudicados" los trabajos de cuidados de personas mayores, menores y dependientes, coartan nuestras libertades reproductivas e incluso en algunas zonas del mundo seguimos sin tener derechos de ciudadanía, somos las que mayoritariamente nos encargamos de los trabajos domésticos llegando a tener dobles y triples jornadas laborales y así los motivos podrían llegar a ser infinitos.

Pero voy a centrarme en algunos de los que considero más importantes, porque esta huelga va mucho más allá de ser un paro laboral. Pretende ser una huelga en donde paremos en todo y para todo. Paremos de trabajar en nuestros centros de trabajo en donde continúa habiendo una brecha salarial de cerca del 24 por ciento, lo que repercute no solo en los salarios actuales, sino también en las pensiones futuras.

Paremos de cuidar ese día para que el mundo se entere de quiénes están realizando mayoritariamente ese trabajo y casi siempre de forma altruista y obsequiosa.

Paremos de estudiar y de acudir a clases, porque el sistema educativo actual está invisibilizándonos a las mujeres y las aportaciones que hemos podido realizar, pero también reproduciendo estereotipos para que el sistema opresión-dominación siga funcionando. Además de seguir ocupando espacios físicos y simbólicos segregados para niñas y niños, mujeres y hombres.

Paremos y manifestémonos para visualizar la intencionada paralización de la puesta en marcha del Pacto de Estado contra las violencias machistas y de género que está llevando a cabo el gobierno del PP al tiempo que intenta un chantaje continuado para que el resto de partidos les apoyen unos presupuestos nada sociales y sin ninguna perspectiva de género. Nos queremos vivas, libres y unidas por la igualdad. Nos queremos todas y a todas nuestras criaturas con vida y con dignidad, libres de violencias de cualquier tipo.

Paremos para exigir no solo la derogación de las últimas reformas laborales, también un diálogo social que permita un avance en las negociaciones de planes de igualdad en las empresas, de medidas de acción positiva que permitan eliminar desigualdades, de políticas activas de empleo, de que la igualdad pase a formar parte de las prioridades de las agendas de las inspecciones de trabajo.

Paremos todas y todos porque, en definitiva somos más de la mitad de la población y hemos de forzar un avance para mejorar nuestras condiciones de vida integrales, Paremos porque si nosotras paramos, podemos parar el mundo.

Paremos para visibilizar nuestra rabia y nuestro dolor pero también para que nuestras propuestas sean escuchadas y nuestras voces no sean silenciadas.

Paremos para erradicar el miedo de nuestras vidas. Miedo a caminar solas por las calles, a vestir de la manera que queramos, a ser agredidas y culpadas o cuestionadas por ello. Paremos para recuperar nuestras vidas y nuestro derecho a una vida libre de miedos y  con libertades de primer orden, porque no somos ciudadanas de segunda

Paremos para que nuestros cuerpos no sean cosificados, hipersexualizados, usados como vasijas, consumidos y tratados.

Somos personas completas y no somos cosas. Rechazamos cánones de belleza impuestos por un capitalismo feroz que impone modelos insanos y generadores de trastornos alimenticios.

Paremos para que se investigue en mejorar la salud de las mujeres y en desmontar el mito que las enfermedades no tienen género. Lo tienen y lo sabemos. Queremos mayores inversiones en investigación sobre el impacto de las enfermedades en los cuerpos de mujeres y niñas.

Esta huelga, al menos para mí, aúna dos conceptos fundamentales para el avance de las sociedades. Son el propio concepto de huelga como herramienta que permite avances sociales o freno de recortes. Y el concepto de feminista que permite visualizar las desigualdades entre mujeres y hombres en todos los órdenes sociales y da herramientas para combatirlas.

Precisamente por eso esta huelga feminista va mucho más allá de ser un paro laboral. Ha de ser un paro social e integral para poner de manifiesto que las mujeres contamos, somos y estamos, pero no nos gusta cómo se  nos está tratando en ningún sentido.         

Demos una lección de dignidad y de valentía al mundo y a nuestras criaturas enseñándoles que podemos parar el mundo para convertirlo en un poco más igualitario, equitativo y justo, en donde todas las personas tenemos los mismos derechos más allá de nuestro sexo.

Porque nos queremos #VivasLibresUnidas por la Igualdad, yo el 8 de marzo secundaré la huelga feminista.

Porque una huelga no secundada es como un beso no dado, una oportunidad perdida. Y tú ¿te la vas a perder?

* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.

tmolla@telefonica.net

18/TMC/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   La medida aplicará para las casadas con hombres de otros sitios
Mujeres de Chiapa de Corzo podrían ser multadas con 30 mil pesos
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo | Mujeres desplazadas de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 15/02/2018

Ejidatarios de la comunidad Carmen Tonapa del municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas, pretenden imponer una “cuota” de 30 mil pesos a las mujeres que se hayan casado con hombres que no son originarios del lugar.

En una asamblea ejidal realizada el pasado 10 de febrero, el comisariado ejidal, Eleuterio Gómez Aguilar, habló sobre la posibilidad de aplicar esta “multa” para un total de 46 mujeres que viven con sus esposos en la comunidad y que no sean originarios de la misma.

La comunidad Carmen Tonapa se fundó en 1982 con población zoque desplazada por la erupción del volcán Chichonal. Debido a la erupción unas 20 mil personas salieron de sus lugares de origen. Hay comunidades de personas desplazadas en diferentes estados y municipios.

La medida es desigual para mujeres y hombres en esta condición, pues ellas, deberán pagar la “multa” pero los varones no, aunque estén casados con mujeres de otras comunidades. Hay mujeres que llevan entre 13 años y meses de casadas con hombres de otro sitio.

Los ejidatarios que están de acuerdo con que se cobre la multa, advirtieron que en el caso de que las mujeres se nieguen a pagar la “multa” se les quitarán los servicios de agua y energía eléctrica.

De acuerdo al reglamento interno, las personas que lleguen a vivir a Carmen Tonapa –sin ser originarios de ahí- tienen que pagar una cuota de 2 mil pesos, entregar las cooperaciones de las festividades y apoyar los acuerdos de la asamblea ejidal.

En la asamblea las propias mujeres se negaron a pagar la multa por considerarla discriminatoria y por no haber una razón que justifique hacerlo; por lo que se propuso disminuir la cantidad a mil 500 pesos, a lo que ellas se volvieron a oponer.

Debido a que no llegaron a ningún acuerdo, el comisariado ejidal suspendió la asamblea y la pospuso para este sábado sábado 17 de febrero donde se volverá a discutir si se impone la multa y bajo qué condiciones.

DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, esta acción constituye violencia comunitaria la cual es definida en su artículo 16, como “los actos

individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

En su artículo 17 establece que el Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria y propone un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres.

La propia Ley de Chiapas, también reconoce la violencia en la comunidad a la cual define como “los actos individuales o colectivos que transgreden o menoscaban los derechos fundamentales de las mujeres, sobre todo aquellas de origen indígena; propiciando su denigración, discriminación,

marginación o exclusión en cualquier ámbito.

El informe de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Chiapas, elaborado por el Grupo de Trabajo, reconoce que la mayoría de la población en Chiapas vive en una situación de pobreza.

Hasta el año 2012, señala el documento, el porcentaje de pobreza extrema de la población en Chiapas era del 32 por ciento, lo que equivale a 1 millón 629 mil 197 personas que vivían en esta condición y de esta población, las mujeres indígenas representaron 30.43 por ciento.

Más aún, del total de mujeres indígenas del estado de Chiapas, 73.99 por ciento vive en pobreza extrema.

18/SS/LGL

 








INTERNACIONAL
Migración
   Mujeres de Guatemala, El Salvador y Honduras huyen de la violencia
Instituto Nacional de Migración ignora solicitudes de refugio y asilo
Imagen de Itandehui Reyes Díaz
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/02/2018

En México las mujeres migrantes centroamericanas se exponen al peligro de la detención y deportación por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) pero prefieren emprender el viaje a vivir la violencia que persiste en Guatemala, El Salvador y Honduras, sus países de origen.

Sin embargo, en el informe “Personas ignoradas y sin protección”, la organización Amnistía Internacional encontró que el INM no toma en cuenta aquellas personas que huyen de la violencia recrudecida que viven en sus países de origen para solicitar asilo o refugio en México.

Tras levantar y analizar 500 encuestas a migrantes y solicitantes de asilo en 2017, Amnistía encontró que 17 por ciento de las personas encuestadas eran mujeres que trataban de escapar de la violencia en sus países de origen, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras; la mayoría tenía como destino final México.

De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) cada año 20 mil mujeres transitan la frontera sur de México con la finalidad de solicitar asilo por cuestiones de seguridad, mejorar las condiciones económicas o como paso para llegar a la frontera norte del país.  

La Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, reporta que 25 por ciento de personas detenidas en la frontera sur del país son mujeres, dato que se basa en las estadísticas oficiales del INM y el cual no reflejan las rutas precarias o clandestinas que las mujeres toman para evitar las deportaciones y que además son difíciles de evaluar.  

Por ejemplo, la presencia de maras (grupos organizados de delincuencia) y la impunidad con que estos actúan en los países afectados obligan a los residentes a solicitar refugio en un país que no cuenta con protocolos efectivos para acoger a las personas que corren peligro en sus lugares de origen.

Un caso que ejemplifica el informe, publicado en enero pasado, es el de Emilia, originaria de El Salvador, país clasificado como uno de los lugares más peligrosos con tasas de homicidio entre ocho y diez veces más altas que las que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este contexto violento orilló a Emilia a abandonar su país de origen tras perder a dos de sus hijos y a su hermano, asesinados por grupos de maras.

Emilia migró de su país de origen buscando asilo humanitario en México en compañía de sus siete hijos e hijas. Al llegar a Chiapas, su hija adolescente inició labores de parto y fue trasladada a un hospital; el resto de la familia se hospedó en un hotel.

Emilia fue detenida por agentes del Instituto Nacional de Migración cuando regresó al hospital en un autobús para tramitar la vacunación de su nieta recién nacida. El personal de migración ignoró por completo sus suplicas y después de unos días la deportaron.

Al llegar a El Salvador, Emilia localizó a uno de sus hijos y a una persona que le prestó dinero para regresar a México. Una vez en el país buscó al resto de su familia y hacinados en una habitación de la frontera esperaron la aprobación de asilo. En abril de 2017 la familia obtuvo protección internacional en México y se mudaron al norte del territorio mexicano donde dijeron sentirse seguros y a salvo.

Como en este caso, las personas encuestadas por Amnistía Internacional dijeron que los agentes migratorios del INM no respetan los lineamientos regionales para la identificación de poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad al momento de la detención y omiten preguntar qué les orilló a abandonar sus lugares de origen, y cuando lo hacen, los agentes ignoran o se burlan de las respuestas proporcionados por las personas detenidas.

Amnistía Internacional recomendó al gobierno mexicano ordenar una revisión urgente de los procedimientos de identificación aplicados por el INM con la finalidad de garantizar que las personas detenidas en situación irregular sean informadas sobre su derecho a solicitar asilo en México, así como garantizar su acceso a los procedimientos para acceder al mismo.

Con esta información la organización internacional emitió una serie de recomendaciones, entre ellas instó a las autoridades mexicanas a detener las prácticas ilegales de deportación de personas y garantizar que los funcionarios que incurran en estas prácticas sean objeto de sanciones administrativas.

Al Instituto Nacional de Migración recomendó mejorar la integración de bases de datos y los procesos para la coordinación interna y garantizar los derechos de las personas detenidas, proporcionarles fotocopia de la documentación del expediente generado al ingresar a los centros de detención, así como la copia del documento de retorno asistido y de la resolución del procedimiento migratorio.

La situación de vulnerabilidad de las personas en tránsito por las fronteras de México, en especial la zona sur, expuso la organización, es una muestra de la urgencia de atención en materia de Derechos Humanos para las personas que abandonan su país de origen para buscar condiciones de seguridad y mejores ingresos económicos.

18/SRC








QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   Quinto poder
Genocidio ambiental selectivo
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 07/02/2018

Desde hace tiempo se teme que las intención de los grandes corporativos de comprar, invertir, sembrar, modificar y alterar la genética alimentaria, la construcción de tecnologías de energía “limpia” que ensucia grandes extensiones de territorios en los países pobres, la minería con sus lavados de conciencia de los gobiernos que se proclaman justos y democráticos, son en realidad mecanismos de intervención en los países empobrecidos para salvar la distancia entre los países con futuro y los que devastan sus recursos.

No se trata solamente de las “locas ideas” de las llamadas estelas químicas o quimioestelas​ (chemtrails en inglés, que de acuerdo con su definición son un supuesto fenómeno que consiste, según los convencidos de su existencia, en que algunas estelas de condensación dejadas por aviones no son tales, sino que en realidad están compuestas por productos químicos) y de bombardeo aéreo a las nubes, sin contar el uso de plaguicidas que se arrojan en cultivos en tierras donde sus poblaciones empiezan a registrar altos índices de enfermedades respiratorias, alergias, cáncer y hasta alteraciones genéticas.

“Luego de casi tres décadas de explotación, Chevron dejó una gigantesca contaminación que es reconocida por expertos como el peor desastre petrolero en el mundo, no sólo por los daños en las aguas y el suelo, sino por el alto índice de indígenas y campesinos con cáncer.”

Son las noticias que dan cuenta de la civilización y su inexorable paso hacia el uso de las tecnologías que por sí mismas no representan la catástrofe, sino su consecución es el camino al desastre ambiental por el persistente uso de energías no renovables y un uso irracional de los recursos de los territorios de países empobrecidos a los que no les importa contaminar.

Lo mismo un país pequeño de África que un gran país como México y las mineras que no solo despojan a los dueños ancestrales aprovechándose de males convencionales tercermundistas como la corrupción y la impunidad que se sucede a los asesinatos de las personas que defienden la tierra frente al desmedido y voraz consumo de voluntades de ciudadanía que cree que realmente esas “inversiones” le significan algún beneficio a un pueblo.

Pueblos-territorios que en unos años no tendrán más que agujeros llenos de tierra muerta y aguas contaminadas imposibles de todo.

No. El futuro no es irreversible para todos, lo es para unos cuantos y se hace extensivo peligrosamente en la impredecibilidad de la estupidez de gobernantes que se sustraen a los compromisos ambientales y que creen que no existe el “caos climático” porque ha aumentado el frío en algunas zonas.

El futuro es irreversible para países tercermundistas, eufemísticamente denominados “en vías de desarrollo”.

Los diarios se llenan de testimonios de este genocidio selectivo: “La compañía llegó para ahorrarse dólares usando tecnología barata, contaminó ríos, destruyó selva, les quitaron la libertad a las comunidades indígenas. Por eso empezó una batalla legal en 1993.”

La lucha de los pueblos indígenas contra las trasnacionales es, mucho más que de lo que se ve, es al mismo tiempo un asunto de civilización frente a la barbarie, es Calibán frente a Próspero donde la tecnología tiene el rostro de Miranda frente a una Sycorax que atemoriza a los civilizados con su exuberancia.

Y en medio de toda la tragedia, las mujeres llevándose los efectos sin tener participación de un sistema patriarcal dominante, colonizador y opresor, un sistema capitalista que apuesta al consumismo exacerbado de bienes que depredan el ambiente para un uso instantáneo o de unos cuantos. Derroche de recursos, desperdicio de alimentos, desliz de los tiempos para acabar de una vez con lo acabable, los recursos y no dejar nada para el futuro.

Y son también las mujeres las que sobrelidian con los efectos del cambio en el clima, con las tormentas de la volubilidad humana frente a los desastres naturales, las que sin cortar el árbol tienen la condena de “reconstruir” un mundo que no tiene remedio en tanto mantenga el mismo sistema de control y dominantes.

Mujeres pobres en zonas devastadas en un plan de despoblación de las zonas marginadas con grandes volúmenes poblacionales, una suerte también de eugenesias que tiene como vía el medio ambiente y los efectos de la tecnologización per se.

Un mundo que se inventa con conciencia para los nuevos territorios donde civilizaciones blancas y que se cuestionan el uso de la tecnología para sustituir a un humano, la generación de la inteligencia artificial como sustituto de una humanidad que extingue a propósito a los que considera sustituibles.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

18/AC/LGL

 








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Militares han violado DH de mujeres
   
“Una afrenta para las chiapanecas” Honoris Causa a titular de Sedena
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/02/2018

El Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas manifestó su rechazo al título Honoris Causa que se le otorgará al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), General Salvador Cienfuegos Zepeda, por considerarlo una afrenta a la población que ha sido violentada en sus Derechos Humanos por las fuerzas castrenses, en particular las mujeres.

En un comunicado emitido a propósito del anuncio que hiciera en días pasados el Consejo Universitario de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) de otorgarle el Honoris Causa al militar, el Centro de Derechos Humanos reprochó “la desmemoria histórica” de las autoridades académicas quienes omitieron los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y las violaciones sexuales que militares han cometido contra indígenas chiapanecas.

Recordaron los casos de las hermanas tseltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez quienes fueron privadas de su libertad en un retén militar, el 4 de junio de 1994, en Altamirano, Chiapas y trasladadas al cuartel militar para forzarlas a declarar su pertenencia al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) perpetrando tortura sexual.

Otros casos que están en la memoria abierta, recordaron, son el caso de Minerva Guadalupe Pérez Torres; detenida el 20 de junio de 1996 en el poblado Miguel Alemán, Municipio de Tila, por un grupo de personas pertenecientes al grupo paramilitar Paz y Justicia, mismos que la secuestraron, golpearon y violaron sexualmente para finalmente desaparecer su cuerpo torturado.

“No olvidamos a las 34 mujeres asesinadas en la masacre de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, en el Municipio de Chenalhó, perpetrada por grupos paramilitares que fueron entrenados y encubiertos por agentes policíacos y del Ejército Mexicano en la llamada zona gris de operaciones tal como se indica en los planes contrainsurgentes diseñados desde las estructuras militares.

Y si bien los casos de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo, no ocurrieron en Chiapas, sí se suman al largo historial de violaciones sexuales cometidas contra mujeres indígenas por parte de militares, algunos incluso han llegado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y por los que ha sido sentenciado el Estado mexicano.

El Centro de DH señaló que los militares también se han visto envueltos en casos de feminicidio y recordaron que el paso 1 de enero en el Municipio de Cacahoatán; Maribel Vázquez Sánchez fue asesinada por su ex pareja, un ex militar con quien formó una familia.

Destacaron que la presencia de militares en las regiones de Chiapas ha significado la violación a los Derechos Humanos de la Población, y un riesgo para las mujeres quienes son agredidas sexualmente e incluso asesinadas por éstos sin que haya justicia en ninguno de los casos.

Consideraron “aberrante” que se “premie” a un militar cuya tarea ha sido la militarización del territorio nacional y recordaron que cuando estuvo como Comandante de la Séptima Región Militar, durante el periodo del exgobernador Juan Sabines, Cienfuegos Zepeda “intensificó la presencia y patrullajes militares en la frontera con Guatemala y anunció la creación de dos nuevas bases militares en Chiapas, una en Jiquipilas y otra más en Chicomuselo, esta última informaron, inició su construcción en agosto del año pasado.

Se sumaron a la indignación de la feminista y académica Mercedes Olivera Bustamante, fundadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas AC, quien renunció al Doctorado Honoris Causa que le fue otorgado en 2012, por congruencia, y en protesta “pues no puede tener un título que tendrá también un militar que viola los Derechos Humanos de los mexicanos e indígenas.

Hicieron un llamado a la sociedad en general, a académicos y organizaciones sociales civiles, y de Derechos Humanos, nacionales e internacionales a estar vigilantes y denunciar la intromisión militar en los espacios civiles y ciudadanos a propósito de la Ley de Seguridad Interior en México.

A la comunidad Académica y Estudiantil de México, y en particular de Chiapas, para que exija al Rector de la UNICACH, Rodolfo Calvo Fonseca, no entregar el Doctorado Honoris Causa a Cienfuegos Zepeda.

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INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   En Kenia 21 por ciento de niñas y mujeres ha pasado por ella
   
La misión de Lucy contra la ablación en la población masai
CIMACFoto: Yunuhen Rangel Medina
Por: Domitilla Delpivo*
Cimacnoticias | Bilbao, Esp .- 06/02/2018

Sian y Neema se escaparon juntas de la manyatta (conglomeración de casas) donde vivían con sus familias, en la provincia de Kajiado, tierra de los masai de Kenia. Caminaron toda la noche para huir y eludir la ablación a Neema; Sian ya había sido sometida a este ritual y sabía lo que era.

Las dos amigas, de 11 años, desde su pequeña aldea situada cerca de la ciudad de Entorika, anduvieron alrededor de 50 kilómetros hasta llegar a Diaspora Village a la mañana siguiente.

“Encontramos una mujer que nos preguntó qué hacíamos allí solas y le contamos nuestra historia”, explica Sian, que ahora vive junto a Neema en la escuela IlBissil, donde las encontramos tres meses después de la huida. “La señora nos acogió en su casa, pero su marido no estaba de acuerdo, nos preguntó de dónde veníamos y se fue con su moto”, afirma Neema. Al poco tiempo, el marido volvió junto a unos jóvenes de la manyatta. Cogieron a Neema; Sian consiguió encerrarse en una habitación.

EL RESCATE

“Me llamaron porque había dos niñas en peligro, contacté con los policías que colaboran conmigo y fuimos a recogerlas”, comentó la directora de la escuela IlBissil y promotora de rescates, Lucy Yepe Itore, algo que considera como parte de su trabajo en el centro educativo. “Encontramos a Sian espantada y encerrada en una habitación, nos contó que se habían llevado a Neema a su pueblo. Fuimos allí y volvimos a nuestro centro con las dos”.

En IlBissil, cerca de la ciudad de Kajiado, estudian y viven unas 60 niñas rescatadas en territorios colindantes. Lucy hace años que lleva a cabo este tipo de acciones para ayudar a las más pequeñas y tiene una red de personas informadoras que la llaman cuando se está a punto de realizar una mutilación. “Cuando podemos actuamos en la noche, así las personas de los campamentos masai no ven cuando llegamos ni hacia donde huimos”, cuenta. “Me acompaña siempre la policía porque a veces se presentan situaciones muy peligrosas como enfrentarse a los moran (guerreros masais) que, armados con machetes, reivindican sus niñas prometidas”, añade.

CONTRA LA MGF

En Kenia, 21 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años ha sufrido mutilación genital femenina (MGF). Dentro la comunidad masai el porcentaje, en la misma franja de edad, sube hasta 78 por ciento. Aunque en 2011 se promulgó una Ley para la prohibición de la MGF, en las zonas rurales muchas personas desconocen la legislación y perpetúan la mutilación como símbolo de la entrada a la edad adulta.

Los masais son una tribu muy tradicional, de las pocas que todavía viven de la ganadería en zonas aisladas de Kenia. El ritual se concibe como pasaje imprescindible para el desarrollo de una niña y son muy pocas las personas que lo cuestionan, ya que para su cultura es un valor añadido.

De los cuatro tipos de mutilación reconocidos, este pueblo practica la extirpación parcial o total del clítoris y de los labios menores. Las consecuencias son muy peligrosas: infecciones, Sida, problemas durante el parto, muerte de la mujer y muerte neonatal, entre otras. Las niñas sufren traumas psicológicos y su integridad se verá comprometida para siempre.

ABLACIÓN Y MATRIMONIOS FORZADOS

Joyce tiene 10 años, vive en IlBissil desde hace un mes. Su mirada es dura y triste, nunca frecuentó una escuela, “mi padre quería casarme con un hombre discapacitado de 60 años y por esto tuve que someterme a la MGF”, recuerda. El matrimonio infantil forzado es una realidad muy común en Kenia, en muchas familias se considera normal casar a las niñas, a partir de los seis años, a cambio de unas vacas. “Las hijas se ocupan de todo tipo de trabajos domésticos y no es raro que sufran abusos por parte de sus familiares. La situación permanece igual cuando se casan, cambia solo el hombre que manda. El tío de Joyce quería que estudiara y deseaba para ella un futuro mejor, por esto la llevó aquí”, explica Lucy.

RECONCILIACIÓN

Las jóvenes que quieren volver a su casa a menudo son sometidas al ritual para ser nuevamente aceptadas. Para evitar estos casos, el equipo de IlBissil media con las familias de la niñas y jóvenes rescatadas para conseguir su reconciliación: “Les hablamos de la importancia de los estudios para mejorar sus vidas y les advertimos de los riesgos de la ablación”. Cada mes un grupo de personas cercanas a Lucy, entre profesoras y familiares de las que aprendieron de su experiencia personal, se van a hablar con los jefes de las manyatta y sus habitantes. El trabajo hecho con los hombres es muy importante ya que son ellos los que normalmente quieren seguir con la tradición.

“Para una mujer que haya sufrido la MGF es más fácil entender el dolor físico y psíquico que este ritual conlleva, muchas de ellas nos confiesan que les gustaría que sus hijas no pasaran por este sufrimiento”, afirma Lucy. “Si nos ganamos el respeto de los jefes y logramos que entiendan los peligros de la ablación y la importancia de la educación de las niñas, nos ganaremos toda la manyatta”, añade.

La educación es primordial en este proyecto: “Las jóvenes que vuelven con un trabajo y vida independiente, se ganan el respeto de su comunidad y son un ejemplo para las demás”, subraya la directora de la escuela.

MGF, NO SÓLO EN ÁFRICA

Según End FGM-Europen Network, en Europa cada año 180 mil niñas y mujeres están en riesgo de mutilación. “Hay la tendencia a pensar que es un problema lejano, que pertenece a países islámicos, aunque esto no es cierto”, explicó la periodista italiana especialista en MGF, Emanuela Zuccalá. Dentro la comunidad inmigrante que vive en Europa, las niñas que provienen de países donde la práctica es muy común, siguen en peligro. “El período de las vacaciones, cuando vuelven a ver sus familias, es muy arriesgado porque se aprovecha de estos días para mutilar las pequeñas”, explicó Zuccalá.

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 200 millones de mujeres en el mundo han sufrido la MGF: “Vista desde una perspectiva de Derechos Humanos, la práctica refleja una desigualdad profundamente arraigada entre los sexos y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer”.

* Este artículo fue retomado del portal Pikara Magazine

18/DD/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Enero cerró con 25 asesinatos de mujeres
Guerrero, en los primeros lugares de feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Scarlett Arias, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.- 07/02/2018

El primer mes de este año cerró con el registro de 25 casos, casi uno por día; y a siete meses  de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) decretara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.

En 2017 Acapulco concentró la mayor parte de casos de feminicidio, seguido por la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo, y en tercer lugar, Chilapa de Álvarez, municipio ubicado en la zona de la Montaña, de acuerdo con el registro de la  “Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres” quien contabilizó en este periodo, un total de 156 casos.

En junio de 2017, la Conavim decretó la AVG para 8 municipios de Guerrero, luego de que ésta fuera solicitada el 23 de junio de 2016 por la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C para Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

De acuerdo con el informe presentado por la organización para la solicitud de la AVG, de 2010 a 2015 se cometieron 901 homicidios dolosos de mujeres en la entidad: en 2010 se registraron 124, al 2015 la cifra se ubicó en 225. Destaca Acapulco como el municipio que concentró el mayor número de casos (431) seguido por Chilpancingo (45), Iguala (49) José Azueta (29), Tlapa de Comonfort (12 ) Ometepec (14), Coyuca (16) Ayutla (8), y en otros municipios con 297 casos. Guerrero tiene 81 municipios.

El mismo informe refiere que del total de asesinatos registrados, 62.6 por ciento fue por arma de fuego y en todos, la víctima tenía una relación cercana con su agresor, es decir, fue asesinada por su esposo, novio, expareja sentimental.

Organizaciones civiles como la Alianza Feminista y el  Observatorio “Hannah Arendt”, señalaron que la violencia contra las mujeres se incrementó de manera considerable a partir del año 2006, cuando el panista Felipe Calderón arribó a la presidencia del país e inició su llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Análisis en el que coincide ONU Mujeres en su informe: “Violencia Feminicida en México Aproximaciones y Tendencias 1985 – 2014”, el cual constata que en el periodo de 2007 a 2013, se “observa un aumento muy importante en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en el estado” y que colocó a Guerrero en el primer lugar durante 2006 y 2007.

LEGISLACIÓN

Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito de feminicidio en su Código Penal, el cual entró en vigor en diciembre de 2010 y estableció que “el feminicidio es la privación de la vida de una mujer cuando se tenga por fin ocultar una violación; por desprecio u odio a la víctima; por tortura o tratos crueles o degradantes; por la existencia de una relación de afecto entre la víctima y el agresor; por violencia familiar o cuando la víctima se encontrara en un estado de indefensión”.

El Código fue reformado en 2012 para quitar la parte relativa a la violencia sexual, pero aún así, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) criticaron la reforma ya que para acreditarlo se condiciona la intencionalidad del agresor.

Respecto al protocolo para investigar este delito, Guerrero también fue el primer estado en presentarlo (2008), no obstante, un análisis hecho por el OCNF consideró que éste “no está elaborado a partir del tipo penal vigente y está desfasado de las circunstancias que establece el Código Penal de la entidad, de forma que no explica las circunstancias del tipo penal ni desarrolla las actuaciones con perspectiva de género y Derechos Humanos”.

IMPUNIDAD

Un protocolo deficiente y la mala clasificación de los asesinatos dolosos de mujeres derivan en que en la entidad, existan cifras dispares que realmente den cuenta de la dimensión de la violencia feminicida en el estado.

Mientras las organizaciones civiles que dan seguimiento y acompañamiento a los casos de feminicidio señalan que durante el año pasado se cometieron 217, la Fiscalía General del estado solamente reconoció 13. La dependencia no informa ni cuántos homicidios son investigados siguiendo el protocolo de feminicidio, tampoco si se da seguimiento.

Aunado a ello, la falta de capacitación y sensibilización a los funcionarios y encargados de procurar y administrar justicia contribuyen a revictimizar a las mujeres asesinadas y a sus familias.

El Grupo de Trabajo responsable de la investigación calificó como “preocupante”, que personal de la Fiscalía y las agencias del MP especializadas, en muy pocos casos, tenían conocimiento de la existencia de los protocolos que se han creado para la investigación de delitos relacionados con la violencia contra mujeres, incluso, refirió “algunas de las personas entrevistadas no conocían los tipos penales de los delitos que son competentes; en otros casos, las servidoras o servidores públicos relacionan los casos de feminicidio con la delincuencia organizada, lo que deja la impresión de la normalización de la violencia o bien su indebida justificación”.

Ejemplo de ello es que en días pasados, durante una conferencia de prensa por el caso de Azucena, una joven de 17 años que estuvo desaparecida, cuyo cuerpo encontraron degollado y abandonado junto a su hija recién nacida en el municipio de Chilapa de Álvarez, el propio fiscal general Xavier Olea Pelaéz responsabilizó a las mujeres por el aumento de la violencia en su contra al argumentar “que las mujeres están participando de una o de otra manera en el crimen organizado”.

Cabe recordar que apenas el pasado 30 de enero se informó que la AVG se extendió también para el municipio de Chilapa. 

En las regiones de la montaña, principalmente en los municipios de Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Zapotitlan y Acatepec, las mujeres no están exentas de esta violencia.

Los Centros de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y  “José María Morelos y Pavón” han señalado en reiteradas ocasiones que las mujeres no tienen acceso a la justicia, aún cuando en el estado, existen 18 Unidades Municipales de Atención y Prevención de Violencia de Género, 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, y tres Centros de Justicia que deben prestar servicios de acompañamiento jurídico y orientación a las víctimas.

De enero a abril de 2017, estas organizaciones documentaron diez casos de feminicidio en los municipios de Tlapa de Comonfort. Todos continúan impunes.

18/SA/LGL

 








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