feminicidio

ESTADOS
VIOLENCIA
   Autoridades no acatan recomendaciones, solo hay simulación: OSC
Cumple un año sin resultados, AVG para Chiapas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/11/2017

A un año de declararse la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas las acciones omisas, dilaciones y el desdén por cumplir con el mecanismo es la actuación ha caracterizado al gobierno estatal, denunció la “Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas”.

En un comunicado emitido a propósito del aniversario, la agrupación civil informó que desde el 18 de noviembre de 2016, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la AVG en siete municipios de Chiapas, a lo que va del año, documentó 46 casos de feminicidio y 119 homicidios de mujeres, algunos de estos cumplían con las razones de género para ser investigados como un feminicidio, señalaron.

En comparación, los datos oficiales son menores: la Fiscalía General de Justicia de Chiapas sólo reportó hasta octubre de este año 27 casos de feminicidio y 35 homicidios de mujeres, reportó la Campaña.

Durante este año la organización observó que la Fiscalía es la principal instancia que no cumplió con los acuerdos derivados de la AVG, pues siguen sin erradicar las negligencias en las investigaciones de asesinatos violentos de mujeres, no aplican los protocolos de protección para las víctimas sobrevivientes de violencia y tampoco existe una articulación institucional que permita garantizarles una atención integral.

Parte de los nulos resultados obtenidos tras un año de vigencia de la AVG es por la falta de interés del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, denunciaron las integrantes de la Campaña; ejemplo de ello es que en este tiempo no se logró ninguna reunión del gobernador con los alcaldes de los municipios en los que se activó la Alerta para conocer el plan de seguimiento.

“Incluso algunos alcaldes hicieron llamados al gobierno estatal evidenciando el olvido y desprecio del Poder Ejecutivo para atender los alarmantes índices de violencia”, precisó la organización.

Por el contrario la agrupación civil señaló que la AVG fue utilizada por Manuel Velasco “para promocionarse y simular la atención a la pobreza y las injusticias contras las mujeres con fines electorales”, incluso utilizó los recursos económicos destinados a la AVG, dijeron.

Asimismo indicaron que la Segob dejó en el olvido la AVG en Chiapas, pues no dio seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a través de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), como le correspondía.

La simulación de las autoridades de Chiapas orilló a la organización civil a anunciar el mes pasado su retiro en la participación de las mesas de trabajo para atender las acciones de la Alerta, de las cuales acudieron puntualmente a cuatro durante el año.

LA VIOLENCIA EN CHIAPAS

En específico la Campaña Popular expresó su preocupación por el acceso a la justicia y a la salud de mujeres víctimas de violencia sexual, el reflejo de este problema es que Chiapas es una de las entidades con los mayores índices de violencia sexual infantil, embarazo infantil y adolescente, subrayaron.

También recordaron las situaciones de violencia por las que atraviesan las mujeres migrantes y refugiadas en la frontera sur del estado, quienes se ven expuestas a ser víctimas trata de personas o ataques de violencia sexual.

Todo un contexto de violencia por el cual es necesario la eficacia en la aplicación de la AVG indicó la organización, e hizo un urgente llamado a las autoridades del estado por darle cumplimiento.

LA LUCHA POR LA ALERTA

La solicitud de Alerta para Chiapas la hizo el 25 de noviembre de 2013 la asociación civil Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), sin embargo el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –quien entonces votaba su procedencia- se opuso a su declaratoria.

Las agrupaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas: Brigada Feminista por la Autonomía; el Centro de Atención a la violencia intrafamiliar y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; tuvieron que ampararse ante esta decisión. Como resultado, un año después se creó el Grupo de Trabajo para valorar la declaratoria de Alerta y determinó en un informe que existía una violencia sistemática contras las chiapanecas.

Así, después de tres años de proceso, Segob declaró la AVG en los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; y aunque no los incluyo en la declaratoria a los municipios de los Altos de Chiapas. dio recomendaciones específicas para atender la violencia contra las mujeres indígenas en este lugar.

17/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Es apenas el principio dice su padre
   
Dictan sentencia de 43 años de prisión a feminicida de Priscilla Hernández
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 16/11/2017

Los más de 40 años de prisión que como sentencia dictó este lunes un juez para Singth Siddart no provocan alegría alguna a la familia de Priscilla Carolina Hernández Guerra, víctima de feminicidio, afirmó su padre Jorge Hernández.

El delito cometido el 1 de julio de 2013 cuyo expediente había sido mal integrado, fue reorientado y repuesto el proceso para ser investigado y más adelante sentenciado por homicidio con alevosía y traición.

El juez cuarto de primera instancia de lo pernal Leobardo Burgos Calleja, del distrito judicial de Hermosillo impuso una pena de 43 años y nueve meses de prisión y una cantidad económica por reparación del daño para familiares, que asciende a 24 mil pesos.

Es un avance importante, pero se debe tener en cuenta que el caso no termina ahí, pues seguramente el ahora culpable  intentará apelar la resolución, opinó Jorge Hernández.

“Ya terminó todo”, afirmó, el padre que nunca dejó de luchar por justicia para su hija asesinada en Bahía de Kino, playa que pertenece al municipio de Hermosillo, no se había hecho alguna expectativa concreta con respecto a la sentencia.

Como padre lo que buscaba era justicia, indicó. Aunque está en el papel, ya lo que siga le tocará al gobierno, y a los abogados del acusado.

Con la sentencia, el señor Jorge Hernández y su familia han decidido no aparecer más en medios ni tratar más el tema, pues con ésta se cierra un ciclo y lo que sigue es intentar vivir la vida de otra forma.

A cuatro años del crimen que inspiró la lucha por la aprobación en el congreso de Sonora de la incorporación del feminicidio como un delito autónomo en el código penal, la pérdida de peso es notoria en uno de tantos padres que ha luchado a brazo partido porque la crueldad con que perdió la vida su hija no quedara impune.

El caso que se conoció de inmediato en Sonora y el país, auguraba un mal término pues de principio estuvo involucrado un empleado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien según denunció Jorge Hernández pretendía prestar sus servicios profesionales como abogado para defender a Singh Siddarth.

Pero gracias a su dedicación para dar seguimiento al caso de uno de los feminicidios más emblemáticos en la entidad, pudo lograr una sentencia que supera las dos terceras partes de la pena máxima en Sonora.

Priscilla Carolina Hernández Guerra, era una joven de 22 años que después de permanecer una temporada en Estados Unidos, estudiando y trabajando en Texas, decidió regresar a su ciudad.

Hace cuatro años volvió a Hermosillo en donde residía con su familia para ingresar a la licenciatura en Comunicación en agosto de 2013, según tenía planeado.

En julio de ese año invitó a su entonces novio Singh Siddarth, a quien conoció en Texas  a visitar Hermosillo para que conociera a su familia.

Fue  en un viaje a la playa de Bahía de Kino, ubicada a 100 kilómetros de esta capital, Siddarth originario de La India la asesinó utilizando varios instrumentos cortantes y sus propias manos.

Él aprovechó que un día permanecieron solos en un departamento de renta, mientras llegaba el resto de la familia para convivir en el lugar de recreo.

Sin embargo ese mismo día con extrema crueldad la aisló, incluso cuando quiso avisar por teléfono a una amiga de ella que estaba siendo violentada, él le arrebató el celular dejándola incomunicada.

La lucha por su vida fue cuerpo a cuerpo, como demuestran las pruebas que se hicieron a la víctima dejando rastros de su defensa.

No obstante el asesino ganó la batalla por la diferencia de fuerza, al grado de que los policías municipales que llegaron avisados de una pelea por el administrador de los departamentos, lo encontraron todavía encima del cuerpo, con sus manos en el cuello de ella.

Desafortunadamente cuando los policías decidieron entrar a intervenir, era demasiado tarde pues Priscilla había expirado.

Desde el 1 de julio de 2013 en que Singh Siddarth cometió el crimen, ha estado preso en el Centro de reinserción social número uno de esta ciudad y fue hasta el 13 de noviembre de 2017 que se le dictó sentencia.

17/SNE

 

 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Apelan resarcimiento económico que dictó Juzgado
ODI pide reparación integral del daño para los tres hijos de Nadia Muciño
Familia Muciño Márquez | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/11/2017

Abogados de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) apelaron la reparación del daño que dictó el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para los tres hijos de la víctima de feminicidio, Nadia Alejandra Muciño Márquez, pues no contempla la atención psicológica y la educación que el Estado debe garantizarles como víctimas indirectas.

Después de 13 años de lucha, el pasado 13 de octubre el Juzgado de Cuautitlán dictó sentencia en contra del esposo y uno de los asesinos de Nadia Muciño, Bernardo López Gutiérrez, por el delito de homicidio agravado con 42 años y seis meses de prisión, asimismo exigió la reparación económica del daño para los hijos de Nadia, quienes presenciaron el crimen perpetrado el 12 de febrero de 2004 en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Sin embargo, esta compensación es insuficiente y no cumple con los estándares internacionales, denunció en entrevista con Cimacnoticias la abogada de la ODI, organización que representa legalmente el caso, Viridiana Valgañón Salazar.

Por ello a una semana del fallo apelaron la reparación del daño que dictó el Juzgado y exigieron que el Estado se haga cargo de la atención psicológica y la educación de los hijos de Nadia, como es su obligación, indicó la coadyuvante del caso.

A sus cinco, cuatro y dos años de edad, los hijos de Nadia negaron que su madre se suicidó como concluyó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; revelaron que su padre Bernardo y el hermano de este, Isidro López alias “El Matute”, la asesinaron.

Este último está en libertad desde febrero de 2010, pues los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla desecharon los testimonios de los menores de edad al argumentar que eran “incapaces de distinguir una verdad de una fantasía”.

La abogada de la ODI, asociación que brinda asesoría jurídica en casos donde los derechos de la niñez son transgredidos, agregó que con la apelación también esperan que se subsanen los gastos que ha hecho durante estos 13 años la madre de Nadia, María Antonia Márquez Hernández, destinados al cuidado de los ahora adolescentes.

“La apelación está encaminada a lograr el reconocimiento de que en estos años la señora Antonia ha hecho gastos importantes para sus nietos; se ha hecho cargo de su educación y su salud psicológica por lo que ha implicado el proceso recorrido”, dijo.

Viridiana Valgañón recordó que el feminicidio de Nadia tuvo un impacto directo en el proyecto de vida de sus hijos, por ello el Estado debe garantizarles una vida plena a través de las medidas de reparación que propuso la defensoría, e incluir a Antonia Márquez dentro de la reparación del daño, indicó.

Toda vez que el Estado mexicano debe reconocer como víctimas a las hijas e hijos de mujeres que fueron asesinadas con la sentencia que le dictó en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, proceso conocido como “Campo Algodonero”.

Y porque la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima son víctimas indirectas, por lo tanto, deben recibir ayuda provisional.

“Con estos estándares siempre pedimos la mayor protección para la infancia”, señaló la abogada de la ODI, quien agregó que es el primer caso de feminicidio que acompaña la organización pues luego de conocer la situación que atravesaban la hija y los dos hijos de Nadia ha dado acompañamiento no sólo legal a la familia sino también psicológico.

Por último, Valgañón Salazar precisó que serán los magistrados de la Primera Sala Colegiada de Tlalnepantla quienes discutan la apelación y en caso de dar un fallo a su favor determinarán cuál será la reparación del daño para los tres adolescentes, pero aún no se tiene fecha de la discusión.

La familia y los representantes legales también esperan que el caso sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recientemente, en enero de 2017, el Estado mexicano pidió a la Comisión no aceptarlo, argumentando que no transgredió ningún derecho de las víctimas.

LAS VÍCTIMAS INVISIBLES DEL FEMINICIDIO

Antonia Márquez además de buscar justicia para su hija, tiene entre sus prioridades garantizar que sus nietos terminen de estudiar la universidad y puedan tener una vida plena, por lo que ha costeado la terapia psicológica que necesitan, pues después de presenciar el feminicidio tuvieron afectaciones en su salud mental.

Como los hijos de Nadia, en el Estado de México las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio quedan en el desamparo, el único apoyo social que existe para la niñez en esta situación, son las becas educativas que comenzó a entregar la Secretaría de Educación Pública (SEP) en febrero de 2017 en la entidad.

Asimismo, Cimacnoticias dio a conocer en una investigación, que se desconoce cuánta infancia en orfandad por feminicidio tiene apoyos sociales en México. Sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respondió que entre 2014 a febrero de 2017 atendió a 65 hijos e hijas de víctimas de feminicidio.

17/HZM








NACIONAL
VIOLENCIA
   Se espera discusión para 2018
Defensa legal de Karla Pontigo, presenta Amicus Curiae a SCJN
Imagen retomada de Amnistía Internacional
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/11/2017

La Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho (FJEDD), defensa legal de Karla Pontigo Lucciotto, presentó a las y los integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un Amicus Curiae con el objetivo de aportar argumentos para que consideren que las autoridades ministeriales de San Luis Potosí (SLP) no investigaron con la debida diligencia y perspectiva de género la muerte violenta de la joven.

El 1 de julio de 2015 la Primera Sala del máximo tribunal de justicia mexicano atrajo el caso de Karla Pontigo (amparo en revisión 1284/2015), luego del viacrucis de instancias que recorrió la familia de la estudiante de Nutrición para demostrar que ella fue víctima de feminicidio por el dueño de la discoteca “Play”, Jorge Vasilakos Reyes, donde trabajaba como animadora, y que su muerte no fue un accidente por chocar con una puerta de cristal del recinto como concluyó el Ministerio Público (MP) de SLP.

El argumento jurídico del cual tiene copia Cimacnoticias fue entregado por la organización a la y los ministros el pasado 8 de noviembre, pues se contempla que el próximo año, en 2018,  las y los miembros de la Primera Sala discutan el caso y podría ordenar a las autoridades de justicia de SLP que vuelvan a investigar el asesino de Karla Pontigo como un feminicidio.

El Amicus Curiae, “El cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en materia de investigación de los feminicidios”, fue redactado por la abogada y consultora independiente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, Francoise Roth, quien expone que es obligación del Estado mexicano investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres, tal como lo sentenció en marzo de 2015 la SCJN por el feminicidio de Mariana Lima, la joven asesinada por su esposo en 2010 en el Estado de México.  

Además porque así lo indican los estándares internacionales como el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género” de Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) y la sentencia en contra el Estado mexicano que dictó en noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), referente al feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, conocido como “Campo Algodonero”.

INVESTIGAR UN FEMINICIDIO

Sobre esta última sentencia, la experta recuerda que la Corte preciso que es obligación del Estado salvaguardar la vida de las mujeres y es su deber actuar con la debida diligencia y analizar con perspectiva de género al tener conocimiento de un posible acto criminal, pues se debe considerar que el asesinato de una mujer no es un caso particular sino que está dentro de “una situación estructural de violencia y desigualdad contra ellas”.

En conformidad con este estándar, en su sentencia sobre el caso de Mariana Lima la Suprema Corte resaltó los pasos técnicos que deben cumplir las autoridades durante una investigación de una muerte violenta de una mujer, las cuales precisa el documento:

En primer lugar, se debe tener una coordinación interinstitucional de las autoridades competentes para reunir las pruebas e indicios; en segundo, realizar una investigación exhaustiva que implica explorar todas las líneas de investigación y recaudar todas las evidencias necesarias con el fin de sostener con pruebas objetivas estas hipótesis.

También es crucial la preservación de la escena del crimen mediante el acordonamiento de la zona, con el fin de evitar cualquier contaminación de las evidencias allí presentes; y reportar y registrar de manera estricta las evidencias en escritos, fotografías, videos, etc.

La preservación y cadena de custodia de estas evidencias es asimismo primordial, incluida la realización de autopsias minuciosas que permita conocer todas las posibles lesiones de la víctima.

Sin embargo, en el caso de Karla Pontigo no se siguió ninguno de estos estándares, desde el día que falleció, el 28 de octubre de 2012, se cometieron una serie de irregularidades en la investigación desde la agencia de Ministerio Público (MP) de SLP hasta la Dirección de Servicios Periciales, que conllevaron a que el asesinato se considerara una muerte accidental.

El MP llegó casi 48 horas después a la discoteca, por lo cual no se pudo preservar la escena del crimen pues el dueño del lugar ya lo había limpiado. La versión oficial que dio el MP fue que Karla estaba por salir de su trabajo a las 3 de la mañana, por lo que subió al segundo piso a recoger su mochila pero el lugar estaba obscuro y chocó con una puerta de cristal que le causó una lesión en la pierna derecha, herida que causaría su muerte horas más tarde en el Hospital General de SLP.

La familia sospechó la verosimilitud de esta versión, pues el dictamen médico registró 40 lesiones en el cuerpo de Karla, en el rostro, cuello, labios, áreas abdominales y genitales, además se recogió una prueba de espermatozoides que alertaban de un ataque sexual, evidencia que “extravió” la Procuraduría de Justicia estatal.

Tampoco creyó el accidente porque había testimonios que declararon que Vasilakos Reyes acosaba sexualmente a las animadoras, y a Karla le prohibió que su hermano fuera a recogerla al salir de la discoteca y siempre la buscaba en el spa donde trabajaba como masajista para pagarle su sueldo y aprovechar que lo atendiera. Nada de esto se incluyó en la investigación.

Como resultado de una indagación que tenía como hipótesis un accidente, el 5 de septiembre de 2013 el Juez Segundo del Ramo Penal de San Luis Potosí, dictó auto de formar contra Jorge Vasilakos por el delito de “homicidio culposo” por no colocar un letrero que advirtiera de las puertas de cristal. 

“No basta saber qué ha ocurrido para concluir el trabajo investigar, hay que conocer las motivaciones que han estado presentes, las circunstancias que han envuelto a los hechos más allá de lo evidente, los objetivos que se perseguían, etc. Sin perspectiva y un análisis de género resulta difícil determinar la especificidad del fenómeno del feminicidio y poderlo diferencias de un homicidio”, indica el texto.

Hoy, existe una denuncia penal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra 4 agencia del MP, 3 peritos y un médico forense que tuvieron a su cargo y obstaculizaron la investigación del asesinato de Karla, y ninguno ha sido suspendido.

EL ACCESO A LA JUSTICIA

Del mismo modo la argumentación de Francoise Roth, integrante del Proyecto de Litigio de Alto Impacto del Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Universidad de Washington, explica que Ley General de Víctimas de México reconoce a los familiares o quienes tengan una relación inmediata con los afectados como víctimas indirectas del delito, por ello se les debe ser consideradas como partes activas del proceso penal.

En este sentido, por su participación, el Estado también debe proveerles medidas protección adecuada por las posibles amenazas y acciones de amedrentamiento derivadas de su búsqueda por justicia, indica el Amicus.

Pero la familia de Karla Pontigo nunca tuvo acceso a la averiguación previa y se les negó en reiteradas ocasiones aportar pruebas, y que sus abogados participaran en los interrogatorios de testigos y del inculpado. Por esta razón la Fundación para la Justicia presentó el caso ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) quien decidió en junio de 2017 atraerlo, con el fin de acompañar a la familia en la investigación y garantizarles la reparación integral del daño.

Con estos elementos la FJEDD y familia de Karla esperan que el máximo tribunal puede emitir una sentencia a su favor y esclarecer a cinco años del suceso el asesinato de Karla Pontigo.

Este es el segundo caso de feminicidio que llega a la Suprema Corte y está en manos del ministro Ortiz Mena, quien analizará dos temas fundamentales: la igualdad de los derechos de la víctima y el imputado y el estándar de la investigación con perspectiva de género.

Al Amicus se suscribieron organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Equis Justicia para las Mujeres, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, el Centro por la Justicia y Derechos Internacional, entre otras.

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Se suma a Jalisco, falta aprobación de congresos estatales
Guerrero propone atender a niñez en orfandad por feminicidio
Imagen de Silvia Núñez Esquer
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 09/11/2017

El grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC) propuso en el congreso de Guerrero reformar la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Víctimas estatal para otorgar protección y asistencia social a la niñez y adolescencia en orfandad por el feminicidio de sus madres.

El proyecto de reforma presentado el pasado 7 de noviembre por la diputada, Magdalena Camacho Díaz, busca incorporar los Artículos 57 Bis y 57 Ter a la Ley de Protección para menores de edad, con el objetivo de obligar al gobierno a entregar apoyos económicos, becas educativas en escuelas públicas y servicios de salud a los hijos e hijas de mujeres asesinadas, hasta que éstos cumplan la mayoría de edad.

Guerrero es uno de los 12 estados que por los altos niveles de violencia feminicida tiene Alerta de Violencia de Género, emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de junio de este año para ocho de sus municipios: Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

La iniciativa busca que cada municipio de Guerrero impulse programas especiales de protección para la infancia y adicionar un último párrafo al Artículo 43 de la Ley de Víctimas local, para que la Fiscalía General de Justicia de Guerrero sea la responsable de hacer un registro fidedigno de la niñez en orfandad por feminicidio y remita los casos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) la encargada por ley de reparar el daño integral a estas víctimas indirectas.

En 2016 la organización civil que solicitó la AVG, Alianza Feminista Guerrero, documentó 879 casos de feminicidio, mientras que ONU Mujeres indicó que en 2014 la entidad ocupó el primer lugar en la tasa de asesinatos de mujeres en el país, 9.4 casos por cada 100 mil mujeres, precisó la diputada, pero se desconocen los estragos que dejan estos asesinatos de mujeres y cuántos menores de edad quedaron al desamparo como consecuencia, resaltó.

Cimacnoticias realizó una investigación para conocer cuál era la situación de la niñez en esta situación y lo que se encontró es que no existía ninguna política pública para atenderlos. Posterior a la investigación, en Jalisco se presentó una propuesta en el congreso local que busca atender la situación, incluye que en caso de que el padre sea quien comete el feminicidio, éste pierda la patria potestad.

A esta iniciativa le queda camino por recorrer, actualmente fue remitida a las Comisiones unidas de justicia, Derechos Humanos y los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que sea votada y después se discuta en el pleno.

Mientras en el Estado de México, el gobierno ya entrega desde febrero de 2017, por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente un estímulo económico de 800 pesos mensuales a hijos e hijas de madres o tutoras “desaparecidas, víctimas de feminicidio y homicidio doloso”.

También existe otra propuesta que espera ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados y es la reforma al Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que las 32 entidades federativas desarrollen programas enfocados en los niños y niñas en orfandad por feminicidio, una propuesta de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco.

El reto es grande si se considera que siete mujeres son asesinadas diario en México de acuerdo con Naciones Unidas y se ha demostrado que la niñez y adolescencia que enfrentan la ausencia de su madre por un asesinato, requieren de atención psicológica especializada pues muchas veces presencian el crimen perpetrado por sus padres.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Esta semana será audiencia para extender investigación
Niegan amparo a pareja de Lesvy, será investigado por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/11/2017

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó el amparo presentado por Jorge Luis González Hernández, con el que buscaba obtener su libertad por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por lo que será investigado como autor material del feminicidio.

El 25 de octubre el Juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia penal del CJF rechazó el recurso de amparo que Jorge González presentó el pasado 31 de julio y donde argumentó que el juez de control a cargo del caso, Christian Franco Reyes, violó sus derechos al vincularlo a proceso por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio “sin pruebas suficientes”.

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la familia Rivera Osorio, Sayuri Herrera Román, afirmó que la instancia negó el amparo gracias “al fallo favorable” de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) en el que ordenó a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) y al TSJDF investigar como feminicidio y no como homicidio simple culposo, como primero se acusó a Jorge González por no impedir el “suicidio” de Lesvy cometido el 3 de mayo.

Esta semana la familia Rivera Osorio y su defensa legal tendrán una audiencia en la Sexta Unidad de Gestión Judicial donde solicitarán al poder judicial ampliar hasta enero el plazo que tienen para recabar pruebas que demuestren que el ex trabajador de intendencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González Hernández, asesinó a Lesvy.

En la audiencia, anunció la abogada Herrera Román, argumentarán que la familia de Lesvy “ha estado en desventaja” pues la PGJDF les negó por más de dos meses el acceso completo a la carpeta de investigación. Y aseguró que el plazo debe ampliarse para “privilegiar el derecho fundamental de las víctimas a acceder a la verdad”.

Desde el 10 de julio, durante la audiencia en la que se vinculó a Jorge González por homicidio, los abogados de la familia de Lesvy solicitaron al juez Franco Reyes los seis meses que el nuevo sistema de justicia penal otorga a las víctimas y a los inculpados como periodo máximo para recabar pruebas, sin embargo, el juez les concedió únicamente cuatro meses, los cuales concluirán el próximo 10 de noviembre.

La familia de Lesvy busca que el periodo de investigación se amplié pues, apoyadas por colectivas feministas y organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han buscado a peritos reconocidos internacionalmente para que abonen a desmontar la teoría del suicidio, pero a las y los expertos les tomará tiempo dar su análisis.

La justicia para Lesvy aún tardará más de un año en llegar. La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que representa a la familia Rivera Osorio, explicó que una vez concluido el periodo de investigación, el caso pasará a la etapa intermedia donde un juez estudiará si admite las pruebas presentadas por la familia Rivera Osorio, las aportadas por su agresor, Jorge González; y las que hasta ese momento recabe la PGJDF.

Posteriormente, en la etapa de juicio oral, el acusado y las víctimas serán escuchadas y expondrán nuevamente sus pruebas con las que se dictará o no una sentencia.

Mientras tanto cientos de estudiantes y organizaciones siguen solidarizándose con la familia Rivera Osorio y se suman a la exigencia de justicia pues, según ha expuesto en actos públicos la mamá de la joven, Araceli Osorio Martínez, el feminicidio representó la violencia y revictimización que viven las mujeres de la Ciudad de México.

17/MMAE/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Van 69 casos en 2017; 11 veces más que en 2012
ISMujeres pide 25 mdp para frenar feminicidio en Sinaloa
Imagen retomada del Instituto Sinaloense de las Mujeres
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/11/2017

El Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMujeres) pidió al Congreso local 25 millones de pesos (mdp) para operar un Centro de Justicia para las Mujeres como una forma de hacer frente al aumento del feminicidio en Sinaloa que este año ha cobrado la vida de 69 mujeres.

La solicitud la hizo el instituto el pasado 24 de octubre cuando compareció ante el Congreso local junto con la Fiscalía General del estado, para transparentar las acciones que han emprendido desde el 31 de marzo de 2017 cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) declaró la Alerta de Violencia de Género en cinco municipios de la entidad (Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato).

De acuerdo con los informes que ambas instituciones presentaron a las y los diputados y que el colectivo “No se metan con nuestras hijas” compartió con Cimacnoticias, en el año 2012, cuando se tipificó el delito de feminicidio en Sinaloa, la Fiscalía estatal registró 6 casos de feminicidio y en 2017 la situación se multiplicó más de 11 veces con un total de 69 asesinatos de mujeres por razones de género.

Ante este contexto, en el informe ambas instancia hicieron tres propuestas, la primera fue aumentar el presupuesto del ISMujeres. Esta instancia argumentó que el Instituto Sonorense la Mujer que no tienen una AVG declarada tiene el doble de recursos económicos que el de Sinaloa (32 millones 968 mil 360 pesos, exactamente), por tanto, dijeron que se “necesita mejorar el presupuesto” del ISMujeres.

 

Además, dijeron que Sinaloa tiene un “rezago presupuestal” para hacer funcionar la AVG, pues aseguraron que el Estado de México cuenta con 30 mdp para atender la Alerta; en Colima se invierten 155 mdp para la misma causa; pero Sinaloa no cuenta con un presupuesto especial para hacer funcionar este mecanismo, describieron en el reporte.

La queja del ISMujeres, actualmente dirigido por Reina Aracely Tirado Gálvez, es que durante los últimos cinco años (2013 a 2017) han recibido el mismo monto económico de 15 millones 317 mil 822 pesos, por lo que necesitan 10 millones de pesos más para operar y hacer frente al feminicidio.

En caso de ser asignados, estos recursos serán para fortalecer el Centro de Justicia del municipio de Culiacán y el restante de 4 mdp para crear otro Centro. Cabe mencionar que la Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, recibe recursos de la Cámara de Diputados para la construcción y equipamiento de los Centros de Justicia.

Las otras dos propuestas de las dependencias fueron crear módulos de atención inmediata a mujeres en situación de riesgo en los cinco municipios que comprenden la declaratoria de la Alerta y “tener para la primera quincena de diciembre” grupos de reacción inmediata en los 18 municipios del estado.

También para diciembre propusieron que el Tribunal de Justicia estatal, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia local generan “mecanismos efectivos de implementación y seguimiento a las órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia”.

IMPUNIDAD Y VIOLENCIA FAMILIAR

En tanto, 78 por ciento de los 69 casos de feminicidio de este año en Sinaloa permanecen en la impunidad. La Fiscalía General dio a conocer que sólo en 15 casos aprehendió al agresor.

De estos asesinatos de mujeres, también se conoce que 38 por ciento fue cometido por la pareja de la víctima y que previamente ya había denuncia de alguna situación de violencia familiar.

El informe detalla que hasta octubre de 2017 la Fiscalía atendió mil 826 denuncias por violencia familiar, el contexto también fue grave en años anteriores, entre 2015 y 2016 sumó 4 mil 589 denuncias por este ilícito.

En los últimos seis años (2012-2017) se cometieron 181 casos de feminicidio en la entidad y antes de la tipificación de este delito, en 2010 y 2011, la instancia de justicia registró 220 homicidios de mujeres (110 en cada año).

El informe que presentaron ante el Congreso el ISMujeres y la Fiscalía General precisa que en los municipios donde se activó la AVG se sigue perpetrando el mayor número de asesinatos violentos de mujeres; en este año 26 ocurrieron en Culiacán, 13 en Mazatlán, 9 Navolato y 5 en Ahome; en tanto, en Guasave otro de los municipios en Alerta, no se ha cometido ningún feminicidio.

17/HZM








QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
El camino a una sociedad sin violencia de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam.- 06/11/2017

Puede que haya muchas estrategias pero el camino más corto y más difícil hacia una sociedad sin violencia de género es el empoderamiento de las mujeres, entendiéndolo como la apropiación y goce de todos los derechos y el ejercicio de la ciudadanía plena y la construcción de una sociedad democrática con la participación de todas las mujeres en todos sus ámbitos: político, social, educativo y económico.

Incluso ámbitos que difícilmente se pensarían parte de los “derechos” como la libertad de tránsito por las calles y la organización de las mujeres y hasta otros derechos esenciales como el derecho a la vida libre de violencia y el acceso a la justicia. A partir del empoderamiento y el ejercicio de la ciudadanía las mujeres nos hacemos “personas”.

Esto debe ir acompañado de acciones institucionales que garanticen que se puedan ejercer, tanto normativamente como con acciones que incidan y transformen los patrones socioculturales que prevalecen en la administración pública y en toda la sociedad y que desvalorizan la vida y la integridad de las mujeres.

La Relatoría para los Derechos Humanos de las Mujeres de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expone al menos cinco aspectos necesarios para transformar la actual sociedad y transitar de una que viola los derechos de las mujeres a una que garantiza el acceso a la justicia.

Uno de estos aspectos es precisamente la transformación de eso patrones socioculturales, otro es la formación de profesionales sensibles a visibilizar cómo se obstaculiza la justicia. Un tercer elemento es que tengan conocimientos en materia de Derechos Humanos (DH); otro es la eliminación de la impunidad y el quinto aspecto es la eliminación de la corrupción.

Nos debe quedar claro que los feminicidas matan a una mujer porque pueden, sí, porque saben que no habrá justicia ni sanción, que no hay acciones concretas. Ahí tenemos el ejemplo reciente en el escenario nacional, mientras las organizaciones defensoras de DH de las mujeres celebramos la sentencia de uno, dos más huyen por todo el país libremente después de asesinar a sus parejas con plena impunidad.

Frente a esto nos queda preguntarnos, ¿qué papel juega la sociedad civil? El más importante es educarse, informarse y demandar tanto a los medios de comunicación y sus profesionales, como a las instituciones, coberturas informativas que no criminalicen ni revictimicen a las mujeres asesinadas.

No es posible que se naturalice que una institución dé a conocer detalles, fotografías y datos que en vez de contribuir a la investigación van directo a incidir en el ánimo de la sociedad para culpabilizar a la víctima de lo que le sucedió:

“Había bebido alcohol”, “se fue con un desconocido”, “era violenta, no era una mujer decente”, “le gustaba consumir alguna droga” y todo para justificar que era una cosa menos una persona, para convencernos de que solo se mata a las “mujeres malas” y que a las que se “portan bien” no les pasa nada. Esto es claramente falso porque las mujeres también son asesinadas en el ámbito privado con un claro desprecio por el valor de sus vidas.

En segundo lugar, es fundamental que todas las sociedades tengan claro que el tipo penal del feminicidio no discrimina la vida de los hombres, sino constituyen –como lo establece la Recomendación General relativa al artículo 2 de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer– una acción afirmativa para incidir y visibilizar los crímenes de género y que cada uno de sus elementos, del tipo penal, tiene la intención de prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres.

Un tercer factor es que las sociedades contribuyan a la educación de las personas y que se respete la vida de todas y todos. Mientras tanto las mujeres podemos apostar por la defensa y el cuidado de nuestras vidas mediante redes de apoyo y alianzas como hemos venido construyendo, compartir taxis, avisarnos de nuestras rutas, apoyar en casos de vivir violencia y avisar a familiares de elementos que pueden constituir violencia en contra de alguna mujer que no puede salir del ciclo de la violencia.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

17/AC

 








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   En marcha de las Catrinas, recuerdan a mujeres asesinadas
Clausuran simbólicamente Fiscalía de Chiapas
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo
Por: Andrés Domínguez
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 03/11/2017

Integrantes de organizaciones civiles chiapanecas realizaron la marcha de las Catrinas y clausuraron de manera simbólica los edificios de la Fiscalía General del estado (FGE) y de la Secretaría de Desarrollo y Empoderamiento de las mujeres (Sedem) por sus nulos resultados en el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

El próximo 18 de noviembre se cumple un año de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de la Secretaría de Gobernación, declaró la AVG para siete municipios de Chiapas: Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, sin embargo, las manifestantes argumentaron que se ha registrado un incremento de ésta.

El Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, contabilizó, de noviembre de 2016 al 1 de noviembre de este año, un total de 203 muertes violentas: 65 han sido tipificadas como feminicidio y más de 79 como tentativas de feminicidio.

La coordinadora del Frente Feminista de Chiapas, Selene Domínguez, criticó la poca importancia que las autoridades chiapanecas dirigidas por el gobernador Manuel Velasco Coello le han dado a este tema pues no se han tomado medidas eficientes,  por el contrario, dijo, disminuyeron el presupuesto y los casos de violencia contra las mujeres han empeorado.

“El protocolo latinoamericano de feminicidio indica que todas las muertes violentas de mujeres deben investigarse como delitos de género, pero en Chiapas no se ha realizado así (…) Por otra parte, los titulares de la FGE y de la Sedem quienes tendrían por ley que estar involucrados directamente en las reuniones, hasta hoy no han asistido a ninguna, eso habla mucho sobre la importancia que le dan a los casos”, agregó la activista.

Las activistas, que marcharon con cruces pintadas de rosa que en medio tenían escritos los nombres de algunas de las mujeres asesinadas, pidieron la destitución de la titular de la Sedem, Itzel de León Villard, porque no ha cumplido con sus funciones al frente de la dependencia.

“Exigimos el cese de Itzel de León Villard por seguir con un ego machista ante el empoderamiento de las mujeres, por considerar que pintar bardas, dar charlas o realizar bailes de zumba, son parte de las soluciones, tiene que existir una verdadera encargada enfocada y especializada sobre los casos” concluyó Domínguez.

La movilización desfiló por el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, y reunió a las organizaciones feministas: “Hermana, yo si te creo”, “Ddeser-Chiapas”, “Voces Feministas”, “Brujas Ivaginarias”, entre otras. Al final de la marcha, las asistentes dejaron en la explanada de la Fiscalía, veladoras en memoria de las chiapanecas víctimas de feminicidio.

17/AD/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   A 5 años de su feminicidio familiares esperan fallo favorable
En manos de la SCJN acceso a la justicia para Karla Pontigo
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/10/2017

A cinco años de la muerte de Karla Pontigo Lucciotto en la discoteca “Play” donde trabajaba en San Luis Potosí, el acceso a la justicia para ella y su familia depende del fallo que den las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes en noviembre podrían dar un revés al caso y dictar que se investigue como feminicidio en vez de “homicidio culposo”, como ha sucedido hasta ahora.

Durante estos cinco años la familia Karla ha luchado por comprobar que en la madrugada del 28 de octubre de 2012, la estudiante de Nutrición de 22 años de edad, no murió a causa de una lesión en su pierna por “chocar con una puerta de cristal” de la discoteca, sino que fue asesinada por su empleador y dueño del lugar, Jorge Vasilakos Reyes.

El viacrucis de instancias que ha recorrido la madre de Karla, María Esperanza Lucciotto López, para demostrar que su hija fue víctima de feminicidio, la llevó a presentar el caso, en compañía de su defensa legal, la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derechos (FJEDD) ante el máximo tribunal de justicias mexicano el 2 de julio de 2014.

En él, argumentan que al indagar el caso, la Procuraduría General de Justicia local (PGJSLP) omitió los antecedentes de violencia hacia Karla por parte de su empleador; las diversas lesiones que presentaba su cuerpo incluido el “corte perfecto” en su pierna, y los signos de violencia sexual.

El caso fue atraído por la Primera Sala de la SCJN el 1 de julio de 2015 (amparo en revisión 188/2014) por las violaciones en dos temas fundamentales: uno relacionado con la igualdad de los derechos de las víctimas y el imputado desde la etapa de la investigación penal, y el otro, por el estándar de la investigación con perspectiva de género.

NO FUE UN ACCIDENTE, FUE FEMINICIDIO

La versión oficial del Ministerio Público (MP) adscrito en SLP describe que al terminar de trabajar a las 3 de la madrugada, Karla subió por su mochila y que “al encontrase oscuro el lugar chocó con una puerta de cristal” que ocasionó su muerte por la herida que le hizo un vidrio en su pierna derecha.

Por esta razón, en septiembre de 2013 el Juez Segundo del Ramo Penal de SLP, acusó al dueño del bar, Jorge Vasilakos por “homicidio culposo”, por la negligencia de no colocar un letrero  que advirtiera de las puertas de cristal.

Pero las evidencias y peritajes apuntaron que Karla no se “accidentó”. La necropsia realizada por la Procuraduría comprobó 40 lesiones graves en el rostro, en uno de sus ojos, en su labio, genitales, cráneo, y muestras que intentó defenderse. Asimismo no se encontró en su pierna ningún vidrio, por el contrario, la lesión era tan profunda que pudo ser hecha con un arma, precisaron los médicos del Hospital General en donde fue atendida y después falleció.

Las autoridades de la PGJSLP también “extraviaron” la muestra de espermatozoides que se encontraron en el cuerpo de Karla, y daban cuenta de un posible ataque sexual.

Otras de las irregularidades, es que el MP se presentó a la discoteca “Play” 38 horas después del suceso, no custodió el área,  ni se reguardó la ropa y pertenencias de la víctima. Al integrar la investigación descartó los testimonios de su familia y compañeros laborales quienes dijeron que en reiteradas ocasiones Jorge Vasilakos hostigó a Karla sexualmente, y la buscaba en su otro trabajo como masajista, para “pagarle su sueldo y aprovechar que lo atendiera”.

Debido a las negligencias en la investigación, un año después del suceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 55/2015 al gobierno de SLP y presentó una denuncia contra ocho funcionarios de la Procuraduría por obstaculizar la investigación. A cinco años del hecho, ningún servidor público ha sido suspendido.

Ante este contexto la Primera Sala integrada por la ministra Norma Lucía Piña Hernández y los ministros José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, analizarán este mes si la Procuraduría de SLP consideró todas estas evidencias para descartar que fue un homicidio culposo y se trató de un feminicidio.

En múltiples ocasiones a la familia de Karla también se le negó su derecho de tener acceso a la averiguación previa, conocer las pruebas y peritajes con las que se contaba, incluso aportar evidencias y participar en el proceso. Por ello las y los ministros acordaron discutir los derechos de las víctimas durante la investigación penal.

JUSTICIA PARA KARLA EN MANOS DE LA SCJN

Este es el segundo caso de feminicidio que atrae la SCJN. El primero fue el feminicidio de Mariana Lima, la joven asesinada por su esposo en 2010 en el Estado de México. En un fallo histórico, la Suprema Corte determinó en 2015 que el caso se reabriera y volviera a investigar con perspectiva de género, además, que todo asesinato violento de una mujer tenía que investigarse como feminicidio.

Este estándar de la Primera Sala implicó un avance en el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias en el país.

Nuevamente, como sucedió en el caso de Mariana Lima, el proyecto sobre el caso de Karla está en manos del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz, por lo que para la familia de la joven significaría que su asesinato no quede impune a cinco años de que fue cometido, pues obligaría a las autoridades de la Procuraduría a volver a realizar la investigación y reclasificarlo como feminicidio.

Del mismo modo les permitiría a los y las ministros discutir si las autoridades están cumpliendo con las diligencias y protocolos de actuación en los crímenes cometidos contra mujeres como lo dictaron.

17/HZM/LGL

 








Pages

Subscribe to RSS - feminicidio