feminicidio

NACIONAL
VIOLENCIA
   Nadia Muciño y Lilia Alejandra esperan justicia
   
Pedirán a CIDH celeridad en casos de feminicidio
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/02/2018

En memoria de los 17 años del feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua y a 14 años del feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez, perpetrado en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, sus madres se reunieron esta mañana para hacer un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a dar celeridad al proceso de sus casos.

Cada febrero, Norma Andrade, madre de Alejandra García y María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño, exigen al gobierno mexicano justicia para sus hijas, el derecho a la verdad, buscan que sus casos no sean olvidados y recuerdan que la violencia contra las mujeres no es distinta a la que enfrentaban hace una década, señalaron hoy en conferencia de prensa.

Estos casos de feminicidio ocurrieron en diferentes años, en distintos estados del país, pero presentan similitudes: están en la impunidad, hubo negligencias en las investigaciones, las hijas e hijos de las víctimas quedaron en la orfandad ante el feminicidio de sus madres, y por ello están en manos de la CIDH.

CIUDAD JÚAREZ: ALEJANDRA

Alejandra García desapareció el 14 de febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, siete días más tarde el cuerpo de la joven de 17 años de edad fue encontrado en un lote baldío con signos de violencia sexual.

A 17 años del feminicidio, Norma Andrade explicó en conferencia de prensa que la Procuraduría estatal cuenta con los perfiles genéticos (ADN) de los presuntos asesinos y se sabe que es un grupo de hombres que entre 1994 a 2005 asesinaron otras cinco mujeres en Juárez, pero ninguno ha sido detenido. 

La defensa legal de la madre de Lilia Alejandra presentó el caso ante la CIDH en 2002. La Comisión Interamericana lo admitió en mayo de 2012 y atraviesa la última etapa del proceso, sólo esperan que el órgano internacional emita un pronunciamiento de fondo sobre el caso y eventualmente puede abrir la puerta para que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), indicó la abogada especialista en feminicidio, Karla Micheel Salas Ramírez.

Cabe recordar que el único caso de feminicidio que ha llegado a la CoIDH, es el conocido como “Campo Algodonero”, el feminicidio de ocho mujeres ocurridos también en Ciudad Juárez y por el cual el Estado mexicano obtuvo una sentencia en su contra, el cual estuvo litigado también por Salas Rodríguez y por abogadas del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem).

ESTADO DE MÉXICO: NADIA MUCIÑO

El 12 de febrero de 2004, Nadia Muciño fue asesinada en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por su entonces pareja, Bernardo López Gutiérrez y su cuñado Isidro, alias “El Matute” enfrente de sus tres hijos entonces menores de edad.

Los feminicidas hicieron pasar el asesinato como suicidio y la Procuraduría mexiquense lo investigó bajo esta hipótesis, pero la insistencia de Antonia Márquez, madre de Nadia, permitió que se redireccionara la indagación, sin embargo, en febrero de 2010 “El Matute” fue puesto en libertad por un fallo de la Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, quien determinó que no había pruebas suficientes del feminicidio y los testimonios de los hijos de Nadia no eran suficientes.

A penas el año pasado, el 13 de octubre Bernardo López fue sentenciado a 42 años 6 meses de prisión por delito de “homicidio agravado”, pero esta sentencia fue apelada en diciembre por el Ministerio Público local por considerar que no era suficiente.

En este caso, el feminicidio de Nadia Muciño está en proceso de admisibilidad en la CIDH, es decir, tanto el Estado mexicano y las víctimas ya han presentado a la Comisión los motivos por los cuales consideran que debe, o no, atraer el caso.

Corresponderá a la CIDH determinar su procedencia y de ser aceptado, sería el primer caso de feminicidio ocurrido en el Estado de México que llega ante la Comisión.

REINVIDICAR LA LUCHA DE LAS MADRES

Las dos madres y ahora defensoras de los derechos de las mujeres, expusieron en la conferencia de prensa, que a través de la plataforma digital change.org buscarán a través de una petición, recolectar firmas y enviarlas a la CIDH para que les dé respuesta pronta sobre sus casos.

Anunciaron también que a partir de este año cada mes de febrero-en conmemoración de ambos casos de feminicidio- entregarán a madres de víctimas de feminicidio, el reconocimiento “Siempre por ellas”, que busca visibilizar a madres que como ellas, han emprendido un camino de lucha para obtener justicia para sus hijas. El reconocimiento incluye la grabación de un video que permita conocer la historia de lucha de estas mujeres.

Se otorgará conjuntamente con la organización civil Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (Gadh), que también acompaña casos de mujeres víctimas de violencia. Únicamente por este año, se entregará el próximo 6 de marzo.

18/HZM/LGL








ESTADOS
FEMINISMO
   Elvira Smeke trabaja con hojas de árboles
“Yo soy antes, yo soy casi, yo soy nunca”, exposición sobre violencia de género
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 20/02/2018

En su búsqueda por explicarse las muertes feminicidas, la fotógrafa Elvira Smeke se apropió de las teorías feministas para introducirse en las obras de Simone De Beauvoir, Judith Butler, Luce Irigaray, y Helene Cixous, filósofas que afirman que por medio de la escritura, las mujeres llegan a tener un cuerpo.

A través de la fotografía, video, pintura, instalación y performance, desde hace 5 años explora la temática del feminicidio y le dio un vuelco a su obra para saber qué pasa con el cuerpo, con la identidad de ser mujer, narró en entrevista para Cimacnoticias.

La artista recordó que empezó a enfocar su obra con el tema de feminicidio primero con fotografía y video y después a explorar el arte objeto, la pintura e instalación.

En su opinión, “las mujeres tenemos la voz perdida, debemos recuperarla” y no tenemos un cuerpo propio sino determinado por la sociedad, por lo que género e identidad son los temas que le interesa expresar a través del arte.

Elvira Smeke recoge hojas que se han caído de los árboles -su principal materia prima- las lava, y les da un tratamiento especial, simbólicamente, dice, como si se tratara de los cuerpos que han sido maltratados para realizar con ellas, prendas que son utilizadas en eventos festivos.

CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer

La exposición “Yo soy antes, yo soy casi, yo soy nunca” ha utilizado en otras ocasiones vidrios u otros materiales de uso doméstico, como jabones, mecate, harina, y otros, para ejemplificar las labores que fueron asignadas a las mujeres de manera “exclusiva” en otras épocas como son la costura o la mecanografía,  por ello varias obras cuentan con pequeños poemas o haikús (versos de origen japonés o frases escritos en máquina de escribir).

En el caso de las hojas de árbol, dependiendo para qué pieza se destinarán, las puede utilizar como papel para escribir o como si fuera un lienzo para pintar.

Muchas piezas retoman textos de la escritora brasileña Clarice Lispector, e incluye una en homenaje a esta autora denominada “Agua Viva”.

La exposición “Yo soy antes, yo soy casi, yo soy nunca”, fue una invitación del Museo de Arte de Sonora (MUSAS) y el tema de violencia de género fue escogido por Smeke.

LA EXPOSICIÓN

Sus obras “El lavadero” y “365 hojas, 365 mujeres” son inspiradas en las víctimas de feminicidio. Ella retoma, al azar, los nombres de mujeres para imprimirlos en bordado sobre las hojas de árbol. En total son 365, una por cada día del año, en alusión a cada mujer que es asesinada por día en México.

CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer

Trabajo minucioso de diez mujeres del Estado de México  que bordaron con ella hasta lograr que el hilo plasmara en la hoja, sin dañarla, el nombre de mujeres asesinadas. Para poder recibir el bordado, las hojas experimentan un tratamiento de seis a ocho meses. Escoge hojas de todo tipo.

Actualmente expone en Italia y en Florida; sus obras han sido expuestas en Toronto, Canadá. Sin embargo, su interés actual es llevar la exposición inspirada en la violencia de género hacia otros estados de la República.

Artista inquieta y curiosa, Elvira Smeke concluyó que las mujeres no son autónomas económicamente, y cuando los hombres ven que se empoderan, son vistas como una amenaza y empiezan a ser violentadas o asesinadas.

“El odio hacia las mujeres ha ido evolucionando y creciendo, tienen que dejar de vernos como objetos desechables y tiene que dejar de haber impunidad. En las generaciones nuevas tiene que haber un cambio en la educación, tal vez en la nuestra ya no lo veamos, pero sí en las niñas y los niños. Tenemos qué hacerlo juntas y de manera pacífica”, detalló.

La exposición permanecerá en el Museo de Artes de Sonora, hasta el 19 de abril de este año.

18/SN/LGL








NACIONAL
   Acuerdo del Consejo de Seguridad Pública limita investigaciones
Suicidios de mujeres también deben investigarse como feminicidio: OCNF
Imagen de Rosario Nieto
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/02/2018

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) alertó que el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de indagar las muertes violentas de mujeres como feminicidio sólo cuando se presuma una intención dolosa, limita el acceso a la justicia de las víctimas al no contemplar los casos que se encubren como suicidios o accidentes.

El pasado 6 de febrero de este año entraron en vigor y fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos aprobados por la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria del CNSP, en una reunión celebrada el 21 de diciembre de 2017.

Entre estos se encuentra el Acuerdo 04/XLIII/27 cuyo apartado establece que “la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas inicien la investigación de toda muerte violenta de mujeres de carácter doloso bajo los protocolos de feminicidio”.

Sobre esta disposición el Observatorio Ciudadano del Feminicidio objetó en un comunicado que ven con preocupación reducir la investigación de casos de feminicidio sólo ante la presunción de “homicidios dolosos” (es decir, aquellos en los que el victimario busca intencionalmente la muerte de la mujer), pues un feminicidio puede encubriese detrás de una muerte aparentemente accidental o un supuesto suicidio, como lo han documentado.

La organización agregó que el acuerdo del Consejo Nacional se ve limitado por lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) en la sentencia 554/2013, está indica que absolutamente “todas las mujeres violentas de mujeres deben ser investigados como feminicidio con perspectiva de género”.

Esta histórica sentencia se derivó del feminicidio de Mariana Lima Buendía, cuyo caso fue ejemplar sobre la necesidad de implementar protocolos especializados y agotar todas las hipótesis de investigación en las muertes de mujeres por la complejidad que pueden presentar, ya que el feminicidio de la joven de 28 años de edad se hizo pasar como un suicidio.

Mariana Lima fue asesinada en 2010 por su esposo en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, pero el caso fue indagado en un inicio como suicidio debido a que el feminicida, Julio César Hernández Ballinas, acomodó de esta manera la escena del crimen y denunció el aparente suicidio de su esposa ante el Ministerio Público local.

El conocimiento de la violencia previa que ejerció el asesino sobre Mariana Lima permitió a la madre de la víctima, Irinea Buendía, descartar el suicidio y aseguró que su hija fue ultimada por su pareja.

El caso llegó hasta la SCJN quien en marzo de 2015 ordenó a la Procuraduría mexiquense volver a investigarlo como feminicidio. En suma, para la no repetición de este hecho estableció una serie de estándares que deben realizar los Ministerios Públicos al momento de investigar la muerte violenta de una mujer y determinar la verdad de lo ocurrido.  

La organización civil recordó que estos lineamientos de la Suprema Corte incluyen recolectar y salvaguardar la evidencia, la realización de pruebas forenses, el recaudo de los testimonios, reconocer si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia y analizar estas pruebas bajo la perspectiva de género teniendo en cuenta el contexto generalizado de violencia que viven las mujeres.

Ante este caso de feminicidio y otros conocidos por el OCNF como aparentes suicidios o accidentes, el OCNF alertó que el acuerdo Consejo de Seguridad de aplicar el protocolo de feminicidio únicamente en casos que se presuma una intensión dolosa, limita aún más el acceso a la justicia para las víctimas.

También ONU Mujeres en su reciente informe sobre feminicidio en México, insistió que el suicidio de una mujer es otra forma de muerte violenta por lo que requiere ser investigada mediante los protocolos de investigación del feminicidio, hasta descartar que esa muerte fue autoinfligida o que en realidad se trata de un asesinato.

De acuerdo con las cifras que presentó la organización internacional los niveles de la tasa de suicidios de mujeres en México han ido a la alza y de hecho entre 2014 y 2015  superaron la tasa de presuntos homicidios de mujeres; según las estadísticas de defunciones de la Secretaría de Salud en 2015 hubo una tasa de 2.0 muertes de mujeres con presunción de homicidio por cada 100 mil mujeres, la tasa de presuntos suicidios se colocó en 3.8.

De lo anterior ONU Mujeres analizó: “La tendencia a la alza del suicidio genera una serie de interrogantes acerca de sus causas, pero también pone en evidencia la necesidad de diseñar políticas y programas que atienda la salud mental de las mujeres. Es también la muerta de la existencia de un contexto generador de violencia feminicida”.

Además, de acuerdo con cifras del OCNF de los registros en 17 estados del país, ocurrieron 914 asesinatos de mujeres de enero a junio de 2017, pero solamente 49 por ciento fue investigado como feminicidio.

18/HZM








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   En 1999 reprendió al gobierno mexicano por el feminicidio en Juárez
Fallece la defensora de Derechos Humanos, Asma Jahangir
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/02/2018

Abogada de profesión, Asma Jahangir comenzó a defender Derechos Humanos a los 18 años de edad, cuando luchó por la liberación de su padre, quien había sido detenido arbitrariamente por el régimen militar pakistaní. Después de una vida de lucha, reconocimientos y amenazas, este domingo, a los 66 años de edad, murió en su natal Lahore, Pakistán.

Numerosas organizaciones civiles alrededor del mundo, entre ellas la pakistaní y premio Nobel de Paz 2014, Malala Yousafzai, y el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lamentaron el fallecimiento de la defensora.

“El mundo pierde una giganta de los Derechos Humanos”, dijo Guterres, y ofreció sus condolencias a la familia de Jahangir, quien fuera Relatora de las Naciones Unidas en tres ocasiones: para los derechos humanos en Irán (2016-2018); para la libertad de religión (2004-2010) y de ejecuciones extrajudiciales, cargó que en 1999 le permitió visitar México.

En un pronunciamiento público Amnistía Internacional, organización asesorada por la defensora, advirtió que Jahangir dejó un “potente legado de Derechos Humanos”. Empezó a liderar protestas a sus 18 años, cuando luchó por la liberación de su padre, quien había sido detenido arbitrariamente por el régimen militar pakistaní.

Abogada de profesión, Asma Jahangir y su hermana, Hina Jilani, establecieron el primer despacho jurídico de mujeres abogadas de Pakistán en Lahore. Entre sus clientes hubo cristianas y cristianos condenados a muerte por cargos de blasfemia, trabajadora y trabajadores cautivos que habían huido del opresivo dominio de terratenientes feudales y mujeres que sufrían la violencia en el hogar.

Por su trabajo fue amenazada, detenida y sometida a arresto domiciliario; se vio obligada a mandar sus dos hijas al extranjero, por razones de seguridad. Una de las luchas más decididas de Asma Jahangir, según Amnistía Internacional, fue contra la práctica de la desaparición forzada.

Durante seis años, de 1998 a 2004, fue Relatora Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, y no tuvo inhibición de usar palabras fuertes para denunciar los delitos que le habrían sido relatados. En 1999, Asma visitó a México y el informe que derivó de esta visita, “desafortunadamente aún guarda vigencia”, así lo lamentó la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México en un mensaje de Twitter.

En esta visita la defensora obtuvo información sobre la masacre de 45 indígenas, entre ellas cuatro mujeres embarazadas, en Acteal,  Chiapas, en 1994; la masacre de Aguas Blancas, Guerrero, en 1995 y los casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, documentados desde 1993.

La entonces Relatora Especial sobre las Ejecuciones Sumarias Arbitrarias de la ONU, concluyó que estos crímenes eran problemas “profundamente arraigados con respecto a la impunidad de los infractores de los derechos humanos, la total ineficacia del sistema judicial y una falta de transparencia en el funcionamiento de las instituciones estatales que afectan al país y a toda su población.”

Aunque Jahangir reconoció que los asesinatos en Ciudad Juárez no encuadraron estrictamente dentro de su mandato, visitó al lugar de los hechos y llegó a una conclusión devastadora para el gobierno:

“Los sucesos de Ciudad Juárez son el típico ejemplo de delito sexista favorecido por la impunidad. La conducta

arrogante de algunos funcionarios públicos y su manifiesta indiferencia ante estos delitos permiten concluir que muchos de ellos fueron deliberadamente pasados por alto por la mera razón de que las víctimas eran ‘sólo’ muchachas corrientes y, por lo tanto, no eran consideradas una gran pérdida”, escribió en su informe para la ONU.

Asma Jahangir murió cuando ejercía el cargo de Relatora sobre los Derechos Humanos en Irán.

Cabe mencionar que su entierro desató toda una controversia entre liberales y musulmanes fundamentalistas de su país, Pakistán, porque contrario a leyes estrictas islámicas, mujeres y hombres participaron juntos en la ceremonia, algunas, como sus dos hijas, en primera fila. En redes sociales, paisanas y paisanos liberales opinaron que esto era justo la libertad religiosa y de las mujeres por la que ella había luchado Jahangir en vida.

18/SG








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Mujer Sonora
Propicia impunidad el Poder Judicial
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 07/02/2018

Cual si fuera un acuerdo entre jueces y feminicidas, Sonora se caracteriza por la baja sentencia por el delito de feminicidio, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia del estado acreditó ese delito en casi la mitad de los casos de asesinatos de mujeres.

En 2017, un total de 69 mujeres fueron privadas de la vida en Sonora, casos de los cuales 32 fueron investigados y acreditados como feminicidio por la fiscalía, con base en el Código Penal del estado de Sonora.

No obstante, solo nueve sentencias condenatorias por feminicidio fueron resueltas por jueces del poder judicial, y dos casos más fueron reclasificados a homicidios dolosos durante 2017.

Pero la baja sentencia se viene arrastrando en los últimos años como una tendencia generalizada al grado que en el sistema oral, en el año 2016, solo se produjo una sola sentencia condenatoria por feminicidio.

El problema es que si bien ha subido la cantidad de sentencias, esto no es significativo, pues de seis en 2016, solo subió a nueve en 2017.

En cuanto al feminicidio en grado de tentativa sucede algo similar. En 2017 se sentenció a tres personas en el sistema tradicional y diez en el sistema oral, a través del procedimiento abreviado.

En ambos hubo reclasificaciones. Dos en el sistema tradicional a los delitos de: homicidio simple doloso y a lesiones calificadas. En tanto en el sistema oral se reclasificó uno al delito de “lesiones que ponen en peligro la vida”.

En repetidas ocasiones hemos acudido al Poder judicial a pedir audiencia con el presidente, sin éxito, pues en ninguna ocasión ha querido recibir a las organizaciones de la sociedad civil.

Y si bien, hemos sido recibidas por otras personas relacionadas y de cierta jerarquía, se nos ha negado, por parte del funcionario, el derecho de audiencia como ciudadanas.

Y es que al menos en tres casos emblemáticos a los que hemos dado seguimiento puntual, los jueces han dilatado su resolución e incluso han puesto obstáculos para que los juicios finalicen con una sentencia que favorezca a la víctima.

El caso de Jessica Rosario Vega Borbón se viene arrastrando desde la administración anterior sin que la actual haya sido capaz de agilizar la sentencia que por feminicidio pidió la fiscalía que ha acreditado el delito cometido a principios de 2016.

Por otra parte, el caso de Diana Domínguez, asesinada y enterrada por su jefe, es lamentable, pues el juez que resolvió decidió desestimar las pruebas contundentes para condenar al responsable.

Y el último caso que es inexplicable se trata de un feminicidio en grado de tentativa en el que el agresor infligió 17 puñaladas en cabeza, cuello y cara de su pareja, perforándole la tráquea y para el cual la fiscalía estatal a través de la Vicefiscalía de feminicidios y delitos de género, pidió 20 años de prisión.

Sin embargo, el juez Francisco Jiménez Fox consideró que 20 años era excesivo, así que rebajó la pena a diez años y seis meses de prisión para el feminicida en potencia.

Todo  esto hace pensar que el poder judicial no está preparado para enfrentar el compromiso de juzgar con perspectiva de género, pues la ligereza con que trata los casos y la dilación en sus resoluciones, hacen pensar que tienen simpatía por los feminicidas.

La falta de sensibilidad y empatía con las víctimas queda de manifiesto por la frialdad con que son tratadas las familias en las audiencias.

Es entendible que los jueces deben ser y son libres para definir con base en los elementos que tengan, las resoluciones sobre los casos, sin que nadie los presione ni influya en éstas.

Sin embargo, es obligación del Estado tener una política pública en relación al cumplimiento con los tratados internacionales firmados por México, así como los postulados de las sentencias emitidas contra el Estado mexicano por la Corte interamericana de Derechos Humanos.

Todo ello parecería no figurar en el panorama de los jueces en Sonora, que han tenido la oportunidad de brindar justicia a las víctimas de feminicidio.

La mayoría nunca toma en cuenta dichas obligaciones, mucho menos las invocan. No tienen convicción de éstas por lo que no permean en sus sentencias.

Antes era la Fiscalía la institución que no hacía suya la legislación sobre feminicidio para investigar los casos y darles una resolución acorde a la magnitud del daño ocasionado.

Poco a poco ha ido aumentando la experiencia en la aplicación del Protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, lo que se traduce en más casos clasificados como feminicidio.

No obstante, es el poder judicial el que se encarga de bloquear un cierre exitoso para las víctimas, como podría ser una sentencia equiparable al daño y secuelas ocasionados a la propia víctima y a sus familias.

El Poder judicial en Sonora está quedando a deber más y mejores sentencias para los feminicidas. Si no avanza en resolver los casos de acuerdo a los más altos estándares de respeto a los Derechos Humanos, pronto empezaremos a ver a Sonora en los tribunales internacionales.

La aberración que constituye dilatar o rebajar las sentencias por la más grave violación a los Derechos Humanos de las mujeres, el feminicidio consumado o en grado de tentativa, es una de las omisiones más grandes del poder judicial que se traduce en impunidad ¿Es eso lo que quiere?

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/

Twitter: @mujersonora

18/SN/LGL

 








NACIONAL
VIOLENCIA
   Se investiga como homicidio calificado
A 5 meses del feminicidio de Victoria, PGJDF se “compromete” a enviarlo a fiscalía especial
Imagen retomada del portal argentino lavaca.org
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/02/2018

El Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, se comprometió con la familia y defensa legal de Victoria Pamela Salas Martínez, asesinada el 2 de septiembre de 2017 en un hotel de la delegación Tlalpan, a enviar la investigación a la unidad especializada en feminicidio, hecho que tuvo que ocurrir hace cinco meses cuando se perpetró el crimen.

Hoy se cumplen cinco meses del feminicidio de la joven de 23 años de edad, Victoria Salas, pero el caso no ha sido referido del Ministerio Público (MP) de Tlalpan a la Agencia Especializada de Investigación para la Atención de Delito de Homicidio Doloso en Agravio a Mujeres de la PGJDF, a pesar de que esta unidad es la responsable de aplicar los protocolos de indagación especializados de feminicidio al conocer el asesinato de una mujer, denunció la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada Mendoza.

En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora del OCNF informó que el 15 de diciembre de 2017 solicitaron a la PGJDF la atracción del caso a la agencia especializada de feminicidio, como agrupación que representa legalmente a la familia junto a Justicia Pro Personas AC.

Las agrupaciones no obtuvieron respuesta de la PGJDF hasta la tarde ayer que Porfirio Garrido aceptó y mantuvo una reunión con que el OCNF, Justicia Pro Personas y la familia de Victoria, reunión que fue resultado de una carta pública que emitió la madre de la víctima, Consuelo Salas, al procurador capitalino, en demanda de respuestas y justicia para su hija.

Será el titular de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, Guillermo Terán Pulido y el titular de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, Marco Enrique Peña, los encargados de coordinar el envío de la investigación sobre el asesinato de Victoria Salas a la agencia especializada en feminicidio.

Luz Estrada confirmó además que la Procuraduría se comprometió a integrar con las organizaciones representantes del caso, una mesa de trabajo de revisión y seguimiento de la investigación del feminicidio de Victoria Salas.

La primera sesión está programada para el próximo jueves 8 de febrero y estará integrada por las peritas independientes que colaboran con el OCNF y la participación de la familia. Esta mesa de trabajo también abre la posibilidad de revisar otros casos de feminicidio ocurridos en la capital y que acompaña el Observatorio, señaló Estrada.

FEMINICIDA PRÓFUGO, PGJDF LA RESPONSABLE

Una de las urgencias de la familia y las abogadas del caso, es que se capture al presunto responsable del feminicidio, su expareja, Mario Sáenz, quien está prófugo y ha emprendido una campaña en redes sociales de desprestigio en contra de la víctima, debido a su fama como skate y dueño de múltiples tiendas de artículos para patinar, denunció Luz Estrada.

En octubre de 2017 el Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Cristian Ricardo Franco Reyes, giró una orden de aprehensión en contra de Mario Sáenz, argumentando que la cuartada de éste no se podía comprobar y las pruebas presentadas por el MP lo apuntaban como presunto responsable del asesinato.

De acuerdo con los relatos de Consuelo Salas, el 2 de septiembre de 2017 en el último contacto que tuvo con su hija, le dijo que estaba con Mario Sáenz festejando su cumpleaños número 23 en compañía de sus amigos.

El cuerpo de Victoria sería hallado después en un hotel de la delegación Tlalpan por personal del lugar, un asesinato que causó la indignación de la sociedad civil y la familia por la saña con que fue perpetrado; había permanecido alrededor de 10 horas debajo de agua hirviendo que caía de la regadera, presentó mutilaciones y fue degollada.

Mario Sáenz alegó a las autoridades que esa noche estuvo con su hijo y un amigo limpiando su casa, incluso, dijo, había caído en un bache que ponchó las llantas de su coche e interpuesto una demanda. Con esta misma historia se presentó al funeral de Victoria donde la familia llamó a la policía pero fue liberado al ser detenido por interrumpir en el lugar y no por el feminicidio.

Para octubre del año pasado cuando el Juez de Control giró la orden de aprehensión en contra de Sáenz, ya estaba prófugo. Las autoridades tuvieron que solicitar a la Interpol buscarlo en 192 países -búsqueda que aún se mantiene- y en suma, el mandato se dio por homicidio calificado y no por feminicidio, aclaró María de Luz Estrada, ya que el MP inició la carpeta de investigación por esta razón.

En este sentido, otra de las demandas hechas en la reunión al procurador capitalino, indicó la defensora, es que se comprometa a reclasificar el caso como feminicidio en el proceso de vinculación a proceso de Mario Sáenz, ya que cumple con las casuales del delito: el cuerpo de Victoria fue expuesto en lugar público, presentaba lesiones infamantes y mutilaciones, y el probable responsable mantenía una relación con la víctima, este último factor elevaría la clasificación a feminicidio agravado.

Sin embargo, la falta de especialización de las autoridades ministeriales e incluso la nula actuación que tuvo la unidad especializada en el delito, hizo que el caso no fuera calificado como feminicidio, resaltó Estrada Mendoza.

Como ocurre con el feminicidio de Victoria, en la Ciudad de México el Observatorio Ciudadano ha documentado 647 asesinatos violentos de mujeres de 2014 a 2017, pero únicamente han sido investigados como feminicidio 228, mientras que el resto (419 casos), se calificaron como homicidios.

CRIMINALIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Aún cuando está prófugo, Mario Sáenz, emprendió una campaña para deslindarse del feminicidio y criminalizar a Victoria; primero, en septiembre pasado un amigo cercano a él difundió un video en redes sociales en el que acusa a Victoria de consumir drogas –hecho desmentido por el estudio toxicológico forense- y mientras las autoridades “lo buscan” esta semana apareció en un video alegando que él no es responsable del feminicidio.

Luz Estrada señaló que las autoridades de justicia capitalinas han sido las responsables de que los feminicidas estén en libertad debido a las negligencias que realizan en las investigaciones. En este caso, no solo se obstaculiza el acceso a la justicia para Victoria y se le revictimiza, los actos del acusado generan un ambiente de inseguridad que pone en riesgo a la familia de Victoria y las defensoras que acompañan el caso, declaró.

Sobre esta situación el titular de la procuraduría capitalina aseguró que se mantiene la ficha roja (búsqueda de la Interpol) en contra de Sáenz, pero la coordinadora del OCNF indicó que los acuerdos no son suficientes, esperan resultados contundentes por parte de las autoridades, que incluyen la inmediata captura del acusado y una investigación rigorosa para dar justicia a Victoria.

Luz Estrada dijo que como agrupaciones coadyuvantes del caso les ha permitido revisar las pruebas (entre testimonios y peritajes) que son suficientes para constatar que a Mario Sáenz se le puede vincular y procesar por el delito de feminicidio. “En este caso no hay duda que fue él”, afirmó.

MADRE DE VICTORIA, DEMANDA JUSTICIA

En el encuentro con el procurador Consuelo Salas relató la revictimización que han atravesado ella y su familia por parte de las autoridades. Recordó que un inicio el MP le informó que su hija estaba acusada por robo, más tarde le darían la fatal noticia del asesinato de Victoria.

De acuerdo con Estrada, la madre de Victoria manifestó que además de sobrellevar el duelo, mantenerse en la lucha por justica para su hija, tiene que resistir los rumores que se han generado alrededor del caso por la falta de actuación de las autoridades, por ello la Comisión de Derechos Humanos de la capital –presente en la reunión- anunció que intervendrá y dará acompañamiento a la madre y familiares de Victoria.

La falta de acceso a la justicia para las víctimas y mala actuación de la Procuraduría de la capital del país frente al feminicidio, hizo que el 7 de septiembre de 2017 las organizaciones civiles pidieron la Alerta de Violencia de Género (AVG), por ahora, se espera que el grupo de expertas entregue un informe sobre el panorama de violencia contra las mujeres en la ciudad.

Una vez entregado este reporte –que lleva dos meses de retraso- el gobierno de la capital tendrá que cumplir en seis meses las recomendaciones que den las expertas, de lo contrario la Secretaría de Gobernación (Segob) tendrá la facultad de decretar en Alerta de Género a la Ciudad de México.

18/HZM/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Como se evidenció hace 13 años, víctimas pasan inadvertidas
Procuradurías estatales: la resistencia a investigar feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México26/01/2018

Los recientes datos de feminicidio que reveló el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP) evidencian que continúa una mala clasificación de los asesinatos dolosos de mujeres pues de acuerdo con los datos proporcionados por las fiscalías de cada estado, se observa que, o todo asesinato lo clasifican como feminicidio o todos como homicidios.

Según dio a conocer el 20 de enero el Secretariado Ejecutivo, en tres años, de 2015 a 2017, se abrieron mil 640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio en México, cifras que contrastan con las presentadas recientemente por ONU Mujeres en su informe “La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016”, elaborado a partir de los certificados de defunciones de mujeres de la Secretaría de Salud para conocer cuántos asesinatos se aproximan a la categoría de feminicidio por la descripción de la causal de muerte.

De acuerdo con este informe de ONU Mujeres, solo en 2016, de las 2 mil 746 defunciones de mujeres con presunción de homicidio, se encontró que en 17.2 por ciento de los crímenes se perpetraron ahorcando a la víctima, otro 16.6 por ciento con un objeto cortante, 1.4 por ciento con sustancias nocivas o fuego y 48.4 por ciento con armas de fuego. Estos indicadores que exponen la saña y brutalidad con la que son asesinadas las mujeres, dan pistas de cuántos podrían encajar en un feminicidio, pero que fueron clasificados como homicidios.

En el extremo, están los datos del Secretariado, en donde las siguientes procuradurías califican todos los asesinatos de mujeres como homicidios dolosos; Baja California Sur con 211 casos;  Aguascalientes 9 y en Querétaro 45. Todas reportaron no tener casos de feminicidio en 2017.

Mientras Tamaulipas apenas da cuenta de un feminicidio ocurrido el año pasado y Tlaxcala –estado reconocido mundialmente por la trata de mujeres con fines de explotación sexual- reporta dos casos de feminicidio.

LA DANZA DE LAS CIFRAS

La ausencia de información sobre las víctimas de feminicidio no es una novedad en México, el primer acercamiento a la estadística para conocer la dimensión de la violencia feminicida en el país, la hizo la antropóloga feminista, Marcela Lagarde y de los Ríos durante su gestión como diputada feminista en la LIX legislatura, en el periodo de 2003-2006.

Al encabezar la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios, exploró con otras expertas en 10 entidades, los registros de homicidios dolosos de mujeres realizados por las procuradurías del país.

En ese entonces, de los resultados obtenidos por las dependencias, la legisladora evidenció que no existía una sistematización de la información sobre los asesinatos dolosos de mujeres en los estados y que la clasificación de las averiguaciones de muertes violentas de mujeres no era clara, muchas no sabían las edades de las víctimas, ni los municipios donde fueron asesinadas, tampoco su nivel socioeconómico y otros datos que permitieran conocer quiénes eran.

A 13 años de este primer acercamiento, los datos del Secretariado Ejecutivo dan cuenta de la misma historia. Las procuradurías continúan clasificando los asesinatos como homicidios, pese a que existe toda una normativa para definir si se trató de un feminicidio como los protocolos de investigación de feminicidio.

La existencia de datos certeros sobre el tema ha sido una exigencia desde la LIX legislatura con el diagnóstico realizado por Lagarde, petición que se reprodujo en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2009 contra el Estado Mexicano, por el caso del feminicidio en “Campo Algodonero”, la cual mandata al Estado mexicano a crear una base de datos que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, otra que contenga información genética y muestras celulares, de los familiares de las personas desaparecidas que consientan –o que así lo ordene un juez- para que el Estado almacene dicha información personal únicamente con objeto de localizar a la persona desaparecida.

DETECTAR UN FEMINICIDIO

En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estipuló en la sentencia del feminicidio de Mariana Lima Buendía (554/2013), los elementos que deben considerar las autoridades ministeriales para determinar por medio de la investigación si el asesinato de una mujer encaja en patrones de violencia por razón de género, es decir, acreditar un feminicidio.

La forma de la muerte de la mujer, el lugar donde se encontró el cuerpo, la ubicación física de los hechos (lugar público o privado), las características y gravedad de las heridas o signos de violencia sexual, son elementos que se deben considerar al momento de iniciar una investigación por todo asesinato doloso de mujeres.

Otros aspectos son las circunstancias del asesinato; si la mujer había denunciado violencia previa, el victimario tenía una relación sentimental o de confianza con la víctima, o que haya sido incomunicada.

Estas siete causales también están especificadas en el Código Penal Federal en la tipificación del delito de feminicidio y los códigos de las 32 entidades de la República (el último estado en tipificar el feminicidio fue Chihuahua en septiembre de 2017).

Además, el máximo tribunal de justicia mexicano detalló que los Ministerios Públicos (MP) deben considerar todas las líneas de investigación -incluso si consideran fue un suicidio- , hasta que respalden una teoría con pruebas objetivas suficientes y concluir si están frente a un caso de feminicidio.

ENTIDADES CON AVG, SIN REGISTRO DE FEMINICIDIO

Entre las cifras del Secretariado destaca que los estados que cuentan con Alerta de Violencia de Género (AVG) -el mecanismo de emergencia que decreta la Secretaría de Gobernación (Segob) por la alta cantidad de casos de feminicidio- apenas reportan algunos asesinatos de mujeres por razón de género.

Particularmente, Quintana Roo, Colima y Nayarit -en donde está vigente la AVG desde hace un año- reportaron menos de cuatro casos de feminicidio en 2017.

Lo mismo sucede en otras entidades con Alerta de Género; Michoacán reportó únicamente 17 casos de feminicidio y San Luis Potosí 18.

En el caso de Guerrero, donde también está vigente la AVG, reportó 219 homicidios dolosos y únicamente 13 casos de feminicidio, así como el Estado de México que reportó 301 homicidios dolosos y 57 casos de feminicidio.

Los 12 estados que actualmente tienen AVG no solo están obligados a prevenir, erradicar y sancionar de forma urgente el feminicidio, sino también a crear bases de datos que registren la violencia contra las mujeres, pero las cifras distan mucho de las presentadas en informes y con los propios registros que llevan las organizaciones civiles.

Por ejemplo, según el SESNP en 2017 en Puebla ocurrieron 27 casos de feminicidio, en contraste la agrupación poblana, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) documentó en el mismo año, 100 casos de feminicidio.

EVITAN INVESTIGAR FEMINICIDIO

Del otro lado están las entidades que clasifican todos los asesinatos como feminicidio, sin investigar previamente. De acuerdo con los registros del SESNP, en 2017 el estado de Sinaloa repuntó con la tasa más alta de feminicidio en el país: 5.33 casos por cada 100 mil mujeres, quintuplicando la media nacional, que se ubicó en 1.06.

La razón, aclara el Secretariado en su metodología, es que la procuraduría de justicia de Sinaloa “califica toda muerte violenta de una mujer como feminicidio”, por lo que es imposible conocer si después de una investigación apegada a los protocolos especializados, se determinó que corresponde a las causales de este delito.

Con ello, el dato de homicidios dolosos de mujeres en Sinaloa es de cero en 2017.

VÍCTIMAS SIN IDENTIDAD

Como hace 13 años, las procuradurías siguen sin determinar las edades de las víctimas de violencia de género. Destaca el estado de Veracruz en donde de 80 víctimas de feminicidio, se desconoce la edad en 39 por ciento de los casos, al igual que en Oaxaca, donde de 63 víctimas, se desconoce la edad de 9 mujeres.

De las 696 víctimas de feminicidio que reportaron las procuradurías estatales del 2017, se desconoce la edad de 84 de ellas.

Mientras los datos del Secretariado Ejecutivo, muestran que la violencia extrema contra las mujeres, el feminicidio, incrementó un 72 por ciento en los últimos tres años; el informe de ONU Mujeres sostiene que en los últimos 32 años (1985 a 2016) se cometieron en México 52 mil 210 asesinatos de mujeres, los cuales se incrementaron a partir de 2010.

Según la dependencia de Segob en 2015 ocurrieron 389 casos de feminicidio, crecieron a 580 en 2016 y para el 2017 culminó en 617 casos, por lo que el feminicidio representó el año pasado solo 0.04 por ciento del total de los incidentes delictivos de alto impacto en México.

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Niegan casos de trata, dos AVG, y la violencia continúa: OSC
En lo que va del año, 3 casos feminicidio en Tlaxcala
Imagen retomada del blog Entre amigos
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/01/2018

En Tlaxcala la relación entre la desaparición de mujeres, la trata con fines de explotación sexual comercial y el feminicidio está documentada y reconocida internacionalmente, pero las autoridades locales se niegan a aceptarlo y mucho menos a atenderlo, en lo que va de 2018 ya van tres casos de feminicidio.

Muestra de este desdén de las autoridades es el rechazo de dos Alerta de Violencia de Género (AVG) y los recientes datos presentados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob), en donde la procuraduría estatal reportó en 2017 apenas dos casos de feminicidio y 11 mujeres víctimas de trata.

Las organizaciones locales han tenido que realizar registros alternos para tener datos más certeros de la violencia contra las tlaxcaltecas, en contraste con los datos proporcionados por la procuraduría, el Colectivo Mujer y Utopía AC documentó el año pasado 16 casos de feminicidio.

Asimismo, de 2016 a agosto de 2017 la agrupación contó 35 desapariciones de mujeres –principalmente niñas entre 14 y 16 años-, mientras el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Segob informó solo 11 desapariciones de mujeres de 2009 a 2016.

El 4 agosto de 2017 la Segob negó decretar en Alerta de Género a 13 municipios de Tlaxcala, asegurando que “no habían elementos suficientes” de violencia contra las mujeres para hacerlo.

Esta solicitud la había realizado en 2016 la agrupación “Todos para Todos AC”, quien pidió el mecanismo en estos municipios por estar identificados por la operación de redes de tratantes: Tenancingo, San Pablo del Monte, Chiautempan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Papalotla de Xicohténcatl, San Lorenzo Axocomanitla, Zacatelco, Contla, La Magdalena Tlaltelulco, Xicohtzinco, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla.

Ante la respuesta de Segob, organizaciones de mujeres volvieron a solicitar diez días después el mecanismo (14 de agosto de 2017), esta ocasión buscaron que la AVG fuera por la desaparición de mujeres, pues es un delito relacionado con otros: el feminicidio y la trata.

Las integrantes del Colectivo Mujer y Utopía, Justicia Pro Personas y la Red Retoño fueron las encargadas de tramitar esta segunda Alerta, pero un mes más tarde, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim)  dependencia de Segob- volvió a desecharla, argumentando que tenían que esperar tres meses para presentar otra petición de acuerdo con el reglamento de la AVG.

Pero la violencia contra las mujeres de Tlaxcala permanece y no cesa. En estos 25 días que lleva el 2018, según denunció a Cimacnoticias la directora de Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, van tres casos de feminicidio. 

En estos asesinatos se siguen observando los mismos patrones que fueron descritos en las solicitudes de Alerta y son reconocidos en estudios sobre la trata de mujeres en Tlaxcala; a las mujeres las privan de la libertad y de no ser localizarlas de forma inmediata, son halladas asesinadas.

El pasado 13 de enero Wendy Sánchez Pérez de 21 años de edad fue obligada por desconocidos a subir a un vehículo, mandó a su familias un mensaje de auxilio pero un día después el cuerpo de una persona calcinada fue hallado. Este 24 de enero se confirmó que era la joven.

La directora del Colectivo Mujer y Utopía, advirtió que las autoridades investigan el asesinato de Wendy como homicidio y que lo mismo ocurre en los otros dos casos que registraron en lo que va de 2018.

Ante la indignación de estos asesinatos, la agrupación junto al Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (OCNF) hicieron un llamado a las autoridades e insistieron en la urgencia de atender las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, para prevenir otros delitos de razón de género, como la trata, violencia sexual o el feminicidio.

Edith Méndez también indicó en entrevista que agotarán todos los recursos hasta que el estado atienda la situación y decrete la AVG. Actualmente las activistas participan en las mesas de trabajo del estado que se conformaron tras la negativa de la primera Alerta y buscan una junta con la nueva comisionada de Conavim, Ángela Quiroga Quiroga, para manifestar su preocupación. Advirtieron que de no tener una respuesta severa por parte del gobierno ante esta problemática, interpondrán un amparo hasta que logren que se decrete la AVG en la entidad.

De acuerdo con un estudio de Centro Fray Julián Garcés, Derechos Humanos y Desarrollo Local, se tienen identificados en Tlaxcala 35 de los 60 municipios de Tlaxcala, que operan grupos de tratantes.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en una investigación sobre la trata en México ubicó las rutas naciones e internacionales de trata entre las entidades de Puebla y Tlaxcala: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York.

La ONU en el “Diagnóstico Nacional sobre la Situación de Trata de Personas en México”, sostiene que en todo el país solo 49 por ciento de las denuncias por este delito derivan en averiguaciones previas, en el caso de Tlaxcala se reduce a 18 por ciento.

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Ya suman 21 marchas y protestas en diversos municipios del estado
Marchan por feminicidio de Magdalena Aguilar, en Guerrero
CIMACFoto: Raymundo Ruiz
Por: Guadalupe Cabañas, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.- 24/01/2018

En la segunda semana del mes de enero en las redes sociales se compartía información de la desaparición de Magdalena Aguilar Romero de 28 años de edad, joven nutrióloga, madre de dos hijos, que desapareció el sábado 13 de enero del 2018 cerca de la cancha de los adobes, barrio de Guadalupe en Taxco, Guerrero.

Entre las señas particulares que se mencionaban en el post de búsqueda acompañado de una fotografía se describía  que era de complexión delgada, con 1.71 cm de estatura, cabello castaño, pómulos marcados, ojos cafés claro y grandes, cejas pobladas, tez morena clara, y de su vestimenta el día en que fue vista por última vez.

A casi 10 días de que sus familiares reportaron a las autoridades la desaparición de Magdalena, su cuerpo fue encontrado desmembrado, la mañana del lunes 22, dentro de un negocio propiedad de su ex esposo Cesar Gómez Arciniega de 36 años, a quien señalan de ser el feminicida.

FAMILIARES DENUNCIAN LA DESAPARICIÓN

La fiscalía de Guerrero informó a través de un comunicado oficial que “se tuvo conocimiento que el día 13 de enero del presente año, la víctima salió de su domicilio a las 8:30 horas al centro de salud; posteriormente, manifestó que a las 17:30 horas pasaría por sus menores hijos a casa de su ex pareja César “N”, sin embargo ya no se supo más de su paradero, hechos integrados en la carpeta de Investigación 12050410300022150118”.

“Hoy lunes se tuvo conocimiento del hallazgo de la fémina privada de la vida, localizando el cuerpo en la calle tercera de Guadalupe, en el barrio de los Adobes, en el municipio de Taxco”.

En este comunicado se informó también que personal especializado en delitos cometidos contra la mujer, se trasladaron a la ciudad de Taxco para tomar las investigaciones y deslindar las responsabilidades correspondientes.

MARCHAN EN TAXCO

Familiares de la joven asesinada acompañados de una gran cantidad de personas, sus compañeras y compañeros de trabajo, vecinos, feministas y activistas de Taxco, Chilpancingo, e Iguala,  marcharon con pancartas, veladoras y una lona por las calles de este municipio para exigir justicia.

Entre llanto, y consignas contra las autoridades estatales y del municipio, las principales avenidas empedradas de esta ciudad colonial fueron testigos de miles de voces que se alzaron una vez más por el atroz asesinato de la joven profesionista taxqueña, al grito de “!Ni una más! ¡Basta de feminicidios! ¡Alto a la impunidad! y ¡Justicia para Magda!.

Partieron de las 5 de la tarde del monumento al minero en la Garita, llegaron a las puertas del Ayuntamiento y Ministerio Público para exigir castigo para el asesino de Magdalena Aguilar Romero.

EXIGEN JUSTICIA

Saúl Aguilar Romero, hermano de la víctima, relató sobre la desaparición de su hermana el sábado 13. Acusó al Ministerio Público por no recibir la denuncia hecha ese día a las 2 de la mañana porque estaba cerrado, exigió a las autoridades encontrar el paradero de Cesar Gómez Arciniega, a quien acusa del asesinato, y de quien se ha difundido, está prófugo.

“Buenas tardes, soy Saúl, hermano de Magdalena, mi hermana desapareció el sábado pasado, 13 de enero, hicimos un reporte a las dos de la mañana en el Ministerio Público, el cual no nos quisieron recibir porque estaba cerrado, porque no había secretaria, entonces tuvimos que esperar al día de mañana (siguiente día) para que nos recibieran el reporte.

“No sé si ustedes escucharon la historia de lo que realmente pasó, mi hermana el sábado 13 a las 5:30 de la tarde fue a recoger a sus dos hijos quienes estaban con su papá, fue en ese entonces que se le vio por última vez a mi hermana, los días pasaron, creo que muchos de ustedes vieron las publicaciones que hice en Facebook donde diferentes personas se unieron para organizar esta marcha, porque  el fin era que mi hermana apareciera con vida, pero desafortunadamente el día de ayer (lunes) encontramos el cuerpo de mi hermana destazado”.

 “Exijo caiga, la policía lo encuentre y lo haga pagar”, exigió durante la marcha.

AVG SIN IMPACTO DICEN ONG

En tanto, organizaciones civiles, feministas, y feministas independientes, manifestaron en un comunicado dirigido a las autoridades de gobierno estatal y municipal, al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía del estado, a las y los legisladores que desde hace más de 5 años han denunciado la indolencia de las autoridades estatales para implementar acciones de políticas públicas para la erradicación de la Violencia Feminicida y el Feminicidio, sin tener respuesta a esta problemática social.

 “Desde el inicio del gobierno de Héctor Astudillo Flores, de igual manera mantuvimos nuestra exigencia y como respuesta hubo negación de los feminicidios y señalamientos a las organizaciones demandantes de querer inestabilizar políticamente al estado de Guerrero.”

Recordaron que por ello, solicitaron el 23 de julio del 2016 la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios (Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Coyuca de Catalán, Tlapa, Ometepec, Ayutla y Zihuatanejo) y que el 22 de junio de 2017 la Secretaría de Gobernación, previa investigación del Grupo de Trabajo con expertas nacionales y estatales, declaró la Alerta de Violencia de Género.

Sin embargo, destacaron que a 6 meses de la declaratoria ésta “no ha tenido ningún impacto ya que se continúa violentado a las mujeres en los servicios públicos, se obstaculiza el acceso e impartición de justicia y la violencia feminicida y el feminicidio se incrementa y se recrudece”.

Denunciaron que en 2017, de acuerdo con datos periodísticos documentados sobre homicidios dolosos contra mujeres con presunción de feminicidio, se registraron 219 muertes de mujeres, de los cuales según la fiscalía 13 son casos de feminicidio. En lo que va de 2018, agregaron, se documenta un feminicidio por día.

Por ello, exigieron que se cumplan las medidas que mandata la declaratoria de AVG para los gobiernos municipal y estatal y todas las instituciones involucradas “en la protección de los Derechos Humanos de las mujeres”.

18/GC/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Cajeme registra más casos de feminicidio
Sonora, tercer estado más violento para las mujeres
CIMACFoto: Silvia Núñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 24/01/2018

El estado de Sonora se ubicó en 2017, en el quinto lugar del país en feminicidio, con una tasa de 2.13, muy por encima de la media nacional que fue de .06 por cada 100 mil, de acuerdo con datos del reporte “Información delictiva y de emergencias con perspectiva de género” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El reporte consultado por esta agencia destaca que el municipio de Cajeme aparece en tercer lugar de entre los cien municipios con mayor incidencia de feminicidio. Al 31 de diciembre de 2017, se registraron 13 casos de feminicidio, mientras que su tasa fue de 5.59 por cada 100 mil.

Cabe recordar que en 2015, las organizaciones civiles solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG), sin embargo ésta se rechazó con el argumento de que “no había elementos para declararla”.

En lo que concierne a los llamados “incidentes”, derivados de las llamadas de emergencia a la línea 911, Sonora se coloca en primer lugar en Violencia familiar con 82 mil 331 llamadas. Mientras, la tasa de violencia familiar por cada 100 mil mujeres, conserva a Sonora en primer lugar con 5 mil 470.9.

En tanto las llamadas de emergencia con “incidentes” de violación colocan a Sonora en el séptimo lugar nacional con 168 casos de enero a diciembre de 2017.

Esos eventos de violación reportados al 911, indican que la tasa por cada 100 mil mujeres eleva a Sonora al sexto lugar nacional con 11.2, en tanto la nacional es de 5.7.

Los incidentes reportados al 911 incluyen violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso u hostigamiento sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.

Por otra parte, el homicidio doloso contra mujeres, clasificado así por las autoridades investigadoras y juzgadoras, tuvo una incidencia de 37 casos, que sumados a los 32 casos de feminicidio  reportados en el informe, hacen un total de 69 asesinatos de mujeres durante 2017.

El informe sobre violencia contra las mujeres da cumplimiento al acuerdo 04/XLII/2017 del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) con el objetivo de poner a disposición del público en general en una sola plataforma, datos estadísticos sobre el tema.

Las cifras se obtienen de la incidencia delictiva reportada por las procuradurías y fiscalías de los estados, mientras que los incidentes de violencia contra las mujeres, son tomados de los registros de los Centros de atención de llamadas de emergencia en las entidades federativas.

Todo lo relativo a incidencia delictiva es tomado con base en denuncias presentadas o tomadas de oficio, y a partir de este año se publicará un reporte actualizado cada día 25 de cada mes.

El reporte de violencia contra las mujeres del SESNSP puntualiza que la información es resultado de una nueva metodología para el  registro y clasificación de los delitos y las víctimas, la cual está alineada con la Norma Técnica para la clasificación nacional de delitos del fuero común para fines estadísticos y al catálogo de delitos, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De igual forma, especifica que la contabilidad del delito de feminicidio se realiza conforme a su tipificación en las 32 entidades federativas.

No obstante, en su apartado V, hace notar la obligatoriedad de las autoridades ministeriales de toda la república de seguir puntualmente los protocolos de investigación del delito de feminicidio, pero no así el registro como tal en el sistema que este 20 de enero se dio a conocer.

18/SNE/LGL








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