ESTADOS
FEMINISMO
   A 2 años del feminicidio familiares buscan justicia
Exigen sentencia para feminicida en Sonora
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 18/01/2017 A unos días de que se conmemore el segundo aniversario luctuoso de Jessica Rosario Vega Borbón, enfermera asesinada por su esposo en el municipio de Navojoa, Sonora, ubicado al  sur de la entidad, en 2015, la Procuraduría estatal subsanó las fallas, omisiones y errores en el expediente y se espera una sentencia para el feminicida.
 
Este 20 de enero se cumplen 2 años del feminicidio de Jessica Rosario Vega. Desde entonces sus padres, familiares, amigas y compañeras de lucha por los derechos de las mujeres, integrantes de Cobanaras (gobernadoras en lengua mayo) y de la Casa de la Mujer indígena “La Paloma”, no han dejado de insistir en que se haga justicia por su feminicidio.
 
La presidenta de Cobanaras, Patricia Alonso Ramírez, así como  integrante de la Casa de la Mujer indígena “La Paloma” anunció que harán otras movilizaciones ciudadanas, como lo han hecho durante estos 24 meses.
 
Después de mucho peregrinar, fue el procurador de Sonora Rodolfo Montes de Oca quien se comprometió a revisar el expediente que había sido integrado en forma deficiente, por lo que instruyó para que se trabajara en fortalecerlo de acuerdo con la legislación y protocolo de investigación del delito de feminicidio  correspondientes.
 
Ante la presencia de la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, la gobernadora del estado Claudia Pavlovich Arellano, la directora del Instituto Sonorense de la Mujer, Blanca Saldaña López, el Secretario de gobierno, Miguel Pompa, el presidente del poder judicial, Francisco Gutiérrez, entre otros, Alonso Ramírez asistió hoy a la toma de protesta del subcomité de igualdad de género de Coplades portando un cartel con el rostro de Jessica, y con la demanda de justicia.
 
Y es que si bien la investigación se fortaleció con las pruebas y elementos necesarios para acreditar el feminicidio, hasta la fecha el responsable no ha sido sentenciado, está recluido en prisión pero sin sentencia.
 
Familiares e integrantes de Cobanaras y la Casa de la Mujer Indígena, expresaron su preocupación y temor de que pueda ocurrir alguna posibilidad legal para que éste quede libre y con ello impune la agresión que perpetró no sólo contra la vida de Jessica, sino contra toda la familia que ha visto trastornada su cotidianidad.
 
Para Patricia Alonso el caso está estancado, ya que después de que los padres de Jessica sostuvieron reuniones con el procurador del estado, han tenido la información desde diciembre de que esa institución ya hizo su trabajo de investigación para proveer al juez de suficientes elementos para que dicten sentencia. Sin embargo, a la fecha esto no ha ocurrido.
 
Desde entonces las integrantes de Cobanaras y de la Casa de la Mujer Indígena “La Paloma”, ubicada en San Ignacio Cohuirimpo, municipio de Navojoa, acordaron retomar las acciones que venían realizando a partir de su asesinato.
 
Anunciaron que continuarán con las manifestaciones en Navojoa, cada día 25 del mes, uniéndose al día naranja y dedicándolo a la exigencia de justicia para Jessica.
 
De igual forma continuarán exigiendo que el feminicida sea castigado de acuerdo a la magnitud de su acto, ya que no sólo fue la privación de la vida, sino un conjunto de actos de tortura y sufrimiento a los que la sometió antes, durante y después de su muerte.
 
Otra de las actividades consiste en que a partir de este día en eventos públicos portarán el cartel que exhibe el rostro de Jessica Vega Borbón, con la leyenda:
 
“Exigimos justicia plena para  Jessi ya. A 24 meses de su feminicidio. Soy Jessica Rosario Vega Borbón, fui asesinada por mi esposo el 20 de enero de 2015. Navojoa, Sonora, México, Vivas nos queremos”.
 
Es por ello que el día de hoy  Patricia Alonso portaba el cartel para visibilizar ante los tres poderes del estado la necesidad de que haya justicia, pues considera que cada feminicidio no resuelto con su respectiva sentencia para el responsable, es un mensaje de impunidad para los hombres, lo cual constituye un permiso social para asesinar mujeres.
 
De igual forma, continuarán con la solicitud de reuniones con las instancias correspondientes para conocer el estatus del caso, y se retoma la movilización tanto en la cabecera municipal de Navojoa, como en los diversos lugares en donde la Casa de la Mujer Indígena tiene integrantes con el fin de difundir los derechos de las mujeres indígenas.
 
Informó que un abogado mediador de la Secretaría de Gobierno se acercó para proponer una reunión con un subprocurador, pero tanto la familia como sus compañeras pretenden hablar directamente con el procurador del estado.
 
Con quien sí pudo conversar, dijo, fue con diversas funcionarias a quienes advirtió que las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres pueden sufrir un revés si continúa la impunidad como en el caso de Jessica. Mientras no haya justicia, los hombres tienen las manos libres para seguir maltratando y asesinando a las mujeres, lamentó.  
 
17/SNE/LGL
 







MUJERES CAUTIVAS
   MUJERES CAUTIVAS
Así empezamos las mujeres el 2017
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/01/2017 Nos alcanzó una realidad muy cruda al inicio de 2017.  En primer lugar se siguen incrementando los casos de feminicidio en todo el país, y es inexplicable como siguen sucediendo aún en los municipios donde se ha declarado la Alerta de Género.
 
Qué pasa, qué están haciendo los gobiernos estatales y municipales para aplicar las recomendaciones que los comités de expertas han hecho para cada estado. Yo me pregunto, hay presupuestos o se siguen dando presupuestos raquíticos y cursitos que no representan respuestas reales que permitan incidir en la reducción de la violencia feminicida.
 
Por otro lado, se han abierto y están funcionando 30 Centros de Justicia para las Mujeres, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), los califica como: “Una de las políticas públicas más exitosas que ha puesto en marcha la Conavim desde el 2010 … la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, y yo me pregunto el éxito cómo lo miden, si hay indicadores cuantitativos y también cualitativos para medirlo o simplemente por el número de atenciones que brindan, sin importar el resultado que se logre.
 
Y me pregunto lo anterior porque en la página web de la Conavim no se menciona nada relacionado con la evaluación cuantitativa y cualitativa de los resultados de los Centros de Justicia para las Mujeres, lo único que dice es:
 
“La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), trabaja en el diseño de programas y políticas públicas de carácter integral que tienen como fin último garantizar y proteger los Derechos Humanos de las mujeres.
 
Una de las políticas públicas más exitosas que ha puesto en marcha la Conavim desde 2010, ha sido la creación y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), los cuales buscan dar respuesta a las obligaciones en materia de atención y prevención de violencia contra las mujeres, así como atender diversas recomendaciones internacionales formuladas al Estado mexicano en la materia.
 
En estos Centros se busca fortalecer el acceso a la justicia por medio de un proceso de autovaloración para detener la violencia, así como proporcionar herramientas que propicien la toma de decisiones informada y encaminada a construir un proyecto de vida en entornos libres de violencia. Pero por los resultados que vemos todos los días, el número de casos de feminicidio, el número de mujeres y niñas desaparecidas parece que es una política pública que no está dando resultados.
 
Otro gran problema que tenemos que enfrentar las mujeres es el gasolinazo, que ha traído aumentos en la canasta básica, incluso hasta 15.00 pesos el kilo de tortillas, el aumento del gas, y nos espera el de la electricidad, el aumento al transporte; lo que coloca a las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad y pobreza, porque las alzas perjudican a toda la población, pero sobre todo a las mujeres.
 
A todo lo anterior debemos agregar los saqueos organizados que ha provocado que la delincuencia se desate y actúe por todas las ciudades impunemente, robando, asaltando en motocicletas y con pistolas como nos pasó el jueves pasado en la puerta de nuestra oficina. Son grupos organizados y pagados para justificar la represión a las legítimas protestas pacíficas que se vienen dando en 25 entidades del país.
 
Y, finalmente, no podemos dejar de comentar lo que está sucediendo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde a pesar de que se hicieron y votaron dictámenes por Comisión, por cada capítulo de la Constitución, desde el 3 de enero de 2017, se han empezado a discutir esos dictámenes, artículo por artículo, y por cada artículo, inciso, o fracción, se presentan hasta 30 reservas, como si no se hubieran votado previamente en las comisiones, es más, en muchos casos se aprueban en lo general, pero se reservan infinidad de las disposiciones incluidas, tanto así que se han regresado a Comisiones varias fracciones de artículos e incisos, que tendrán que volver a consensar.
 
El lunes 9 de enero, el Pleno de la Asamblea inició la discusión del Artículo 15 del Dictamen de la Comisión Carta de Derechos, que es justamente el artículo donde el proyecto inicial incluía el derecho al “trabajo sexual”, para el Jefe de Gobierno y su Comisión Redactora, y que en el dictamen quedó superado y ya no aparece, sin embargo, no nos extrañaría que se presenten varias reservas con el propósito de regresar al texto la prostitución disque voluntaria y autónoma, por eso debemos estar pendientes de qué diputadas o diputados presentan reservas en este artículo y quiénes y cómo votan.
 
En lo personal el proyecto original no me convencía en nada, ya que realmente impulsaba la precarización del trabajo, reconociendo tanto el ambulantaje, los trabajadores de la cultura, el arte o deporte, las mujeres en condición de explotación sexual como trabajo no asalariado, en una suerte de renunciar a luchar por trabajos dignos, que ofrezcan prestaciones, permanencia de posibilidades de ascenso, un ingreso suficiente, lo que resultaría nocivo para muchos negocios establecidos, creo que en el fondo lo que buscan es censarlos para cobrarles impuesto.
 
Por lo menos se despejará esta incógnita, y nos daremos cuenta que diputadas y diputados tienen o una falsa interpretación de las mujeres en explotación sexual, sus causas y consecuencias o bien que existen intereses en el negocio para explotar a mujeres y niñas.  Debemos estar pendientes.
 
Ante este panorama, estoy convencida que sólo nos queda un camino, la organización y la lucha constante.  No nos debemos de cansar, ni dar por vencidas, exigir rendición de cuentas y recuperar los espacios públicos para poder caminar seguras, y también estar seguras en nuestros hogares.  El futuro debe ser nuestro.
 
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés)
 
17/TCUZ/KVR
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Exigen que gobierno estatal cumpla recomendaciones emitidas
Demandan en Sinaloa Alerta de Violencia de Género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/01/2017 La presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, Teresa Ochoa Guerra, llamó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) para hacer cumplir la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y “dejar de fomentar que ésta se viole”.
 
En entrevista telefónica, la activista explicó que las mujeres organizadas de Sinaloa hicieron un llamado para que se declare la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, luego de que el pasado 6 de enero venciera el plazo para cumplir con las 9 recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo al Gobierno estatal, en julio de 2016.
 
De acuerdo con Ochoa Guerra, si el Gobierno estatal no cumple con las recomendaciones, el grupo de trabajo tiene que evaluar y definir si se decreta o no la AVG, y aunque todo hace suponer que se tiene que decretar, esto no ocurrió, por el contrario, con el cambio de Gobierno -agregó- éste hizo una solicitud a la Conavim para pedir una prórroga por 6 meses para cumplir con las recomendaciones.
 
La activista acusó al Gobierno anterior encabezado por el panista, Mario López Valdéz de ser omiso para cumplir las recomendaciones, al mismo tiempo advirtió que el tema de la prórroga no está previsto en el Reglamento de la Ley General.
 
Indicó que la solicitud de AVG fue presentada el 9 de marzo de 2016 por el Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, ante la Secretaría Ejecutiva, y el 14 de marzo del mismo año, la Conavim informó a la Secretaría la admisión de la solicitud.
 
De acuerdo con datos del “Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de AVG en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato”, consultado por esta agencia, la solicitud de Alerta responde al incremento en la violencia contra las mujeres y a la deficiente estructura de atención y acceso a la justicia para las sinaloenses.
 
Datos del informe destacan que de 2005 a marzo de 2016, 765 mujeres fueron asesinadas en esta entidad. La capital del estado, Culiacán, registró en el último lustro, 40 por ciento de las muertes violentas de mujeres (de 409); en tanto que en Mazatlán se documentó 11.7 por ciento, en Ahome 10.26 por ciento, en Guasave 7 por ciento y en Navolato 3.4 por ciento.
 
De acuerdo con Teresa Ochoa Guerra, la violencia familiar se incrementó al quintuplicarse: en 2005 se presentaron 405 denuncias por este delito, para 2015 la cifra se elevó a 2 mil 402 denuncias.
 
LO QUE DICE LA PARTE OFICIAL
 
El informe señala que por su parte, el Gobierno sinaloense informó que del año 2005 a febrero de 2016, en los municipios de Ahome, Culiacán, Guasave, Mazatlán y Navolato, se registraron 513 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas. Asimismo, desde el año 2012, en el que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal de Sinaloa, la dependencia documentó 56 casos de feminicidio.
 
RECOMENDACIONES
 
El Grupo de Trabajo estuvo conformado por la representante del Instituto Sinaloense de las Mujeres (ISMujeres), Elizabeth Ávila Carrancio; por las académicas de la Universidad Iberoamericana, María de la Concepción Vallarta Vázquez y Louise Zelda Lucienne David; y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, José Ramón Guzmán Serrano e Isaac Tomás Guevara Martínez.
 
De la parte oficial, David Ricardo Uribe González representó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim); por parte del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Gabriel González García y el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ricardo Soto Ramírez.
 
Las 9 recomendaciones emitidas al Gobierno estatal son:
 
1) Fortalecer la institucionalización de la perspectiva de género mediante la aplicación del Modelo para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, y capacitar al personal encargado de la atención sobre este esquema.
 
2) Crear una base de datos e información unificada, la cual será suministrada por todas las instancias y dependencias de la administración pública estatal y deberá actualizarse constantemente.
 
3) Adoptar criterios normativos para que las asignaciones presupuestales sobre políticas y programas se realicen con perspectiva de género, así como fortalecer al ISMujeres.
 
4) Diseñar una estrategia educativa transversal en Derechos Humanos de las mujeres y perspectiva de género cuyo fin sea transformar patrones culturales y permita identificar la violencia, prevenirla, no generarla, no reproducirla y denunciarla.
 
5) Sensibilizar a los medios de comunicación estatales en género y Derechos Humanos, respeto a las víctimas y violencia contra las mujeres. Propone que los medios de comunicación incluyan en sus códigos de ética el fomento a la perspectiva de género en sus actividades; y que se eliminen visiones sexistas y estereotipadas de las mujeres.
 
6) Que el Gobierno de Sinaloa implemente una política de estado en materia de comunicación social en la que se diseñen y lleven a cabo campañas permanentes con perspectiva de género, enfoque de
Derechos Humanos de las mujeres e interculturalidad dirigidas a mujeres y hombres con el propósito de hacer visible el significado, los tipos y modalidades de la violencia de género, qué es el feminicidio y contenidos que fomenten la cultura para la paz.
 
7) La armonización general de las diversas disposiciones en materia de igualdad y no violencia contra las mujeres respecto de las leyes generales y los instrumentos internacionales.

8) Que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar un efectivo acceso a la justicia para las mujeres y que las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, investiguen y resuelvan con la debida diligencia, los casos de feminicidio/femicidio y/o homicidios dolosos de mujeres con perspectiva de género y Derechos Humanos.
 
9) Que se reconozca la competencia para emisión de órdenes de protección a la PGJ, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Acceso y los estándares internacionales en materia de protección a las mujeres; y que las autoridades policiacas estén obligadas a actuar de manera inmediata, adecuada, y eficaz en casos de violencia contra mujeres sin esperar una orden de la autoridad judicial.
 
Cabe recordar que la primera vez que se solicitó la AVG para la entidad fue en noviembre de 2012 -previo a la modificación del reglamento de la Ley General- por lo que en esa ocasión se convocó a sesionar al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para definir si se activaba o no la AVG, pero fue rechazada.
 
17/LGL/KVR







ESTADOS
VIOLENCIA
   En esa entidad se cometieron alrededor de 5 mil 163 crímenes, en 15 años
Edomex sigue en primer lugar en feminicidio
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/01/2017 Las mujeres y niñas que viven en el Estado de México tienen más probabilidades de morir asesinadas toda vez que en 15 años (2000-2015) esta entidad concentró el mayor número de víctimas de homicidio femenino al sumar 5 mil 163 crímenes.
 
En el mismo periodo Chihuahua fue la segunda entidad de mayor riesgo para niñas y mujeres al concentrar 2 mil 654 víctimas; le siguió la Ciudad de México con 2 mil 24; luego Guerrero con mil 973, Oaxaca con mil 283 y Jalisco con mil 279 asesinatos.
 
Así lo indica la investigación “Asesinatos de Mujeres en México” elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, que muestra que en 15 años el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) registró 28 mil 175 asesinatos de mujeres.
 
El estudio publicado en noviembre 2016 y elaborado por la investigadora Irma del Rosario Kánter Coronel indica que el 56 por ciento de estos crímenes (15 mil 790) fueron contra mujeres jóvenes y de edad mediana, entre 15 y 39 años de edad.
 
Es decir, la investigación apunta a que las víctimas de homicidio son adolescentes y mujeres jóvenes que se encontraban en etapas esenciales de la vida productiva y reproductiva.
 
En el documento se destaca que estos casos de feminicidio se cometen en México a pesar de que el país asumió diversos compromisos sobre el respeto de los derechos de las mujeres con la comunidad internacional y con la región de América Latina y El Caribe.
 
Entre los instrumentos internacionales más importantes está la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles).
 
A estos se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, emitida el 16 de noviembre de 2009 por no investigar y garantizar los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de tres de ocho mujeres asesinadas en un campo algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua, en noviembre de 2001.
 
En el periodo analizado se observó que de 2000 a 2006 el número de homicidios y, en particular, las tasas se mantuvieron prácticamente constantes entre 2.2 y 2.5 homicidios por cada 100 mil mujeres
 
En 2007, las muertes por violencia homicida disminuyeron notablemente, puesto que de un promedio anual de mil 280 asesinatos que se registraron entre 2000 y 2006, la cifra bajó a mil 83 defunciones, lo que se traduce en un descenso de alrededor de 15.4 por ciento.
 
La investigación no encontró argumentos sólidos para explicar la disminución de las muertes femeninas por homicidio, pero supone que fue producto de distintos factores como la adopción de un nuevo marco legal porque en 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
De acuerdo con la estadísticas de homicidios también se detectó que de 2007 a 2012 se incrementó la violencia homicida contra las mujeres porque los asesinatos pasaron de mil 83 víctimas en 2007 a 2 mil 764 en 2012.
 
Estos crímenes se produjeron en el periodo de mayor violencia e inseguridad en el país, producto de los enfrentamientos entre las organizaciones criminales y las fuerzas de seguridad. Además las cifras indican que en 2015 fueron asesinadas 564 mujeres más que en el año 2000. Es decir, en el país se asesinaron alrededor de 5 niñas y mujeres al día.
 
Desde 2012 el Código Penal Federal incluye el feminicidio como delito autónomo y menciona en su artículo 325 que comete el delito de feminicidio, quien prive de la vida a una mujer por razones de género cuando se dan en ciertas circunstancias como violencia sexual, lesiones, mutilación, amenazas, incomunicación o exhibición del cuerpo de la víctima.
 
A nivel de estatal, Guerrero fue la primera en tipificar el feminicidio como un delito en 2008; posteriormente, el 7 de septiembre de 2010, reformó su Código Penal para incluir el tipo penal feminicidio.
 
Al día de hoy, las 32 entidades del país han tipificado en sus respectivos Códigos Penales el delito de feminicidio. Sin embargo, el Comité de Expertas que da seguimiento a la CEDAW ha manifestado su preocupación por las deficiencias y diferencias en los términos que existen en las leyes estatales.
 
Es por ello que en julio de 2016, la Cámara de Diputados exhortó a las entidades federativas homologar los tipos de violencia contra las mujeres y estandarizar los protocolos de actuación para investigar las muertes violentas de mujeres.
 
17/AGM/KVR
 







OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
2016, año feminicida
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 03/01/2017 El 2016 fue un año estándar en la incidencia de feminicidio en Sonora. En el estado el promedio anual de asesinatos de mujeres fluctúa entre 45 y 55 casos. Sólo en los años electorales se supera la cifra. Este año fue igual de feminicida que los demás, con 46 casos documentados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en el estado (OCNF-Sonora).
 
Siempre decimos que el número no importa pues con una mujer que pierda la vida, castigada por ser mujer, es suficiente para protestar, para manifestar nuestra indignación, para exigir un alto al feminicidio. Nadie debería ser víctima de una muerte violenta y mucho menos debería dejar de existir por el hecho de ser mujer u hombre.
 
Pero no todas las áreas fueron lamentables para las mujeres en 2016. Sin duda el paso grande que se dio fue formalizar la paridad (igualdad) en candidaturas y con ella finalmente permitir a las mujeres la participación política en total equidad e igualdad con los hombres.
 
Con algunos varones militantes de partidos políticos como principales detractores, las mujeres podrán ir como candidatas al tener como universo, ya no lo que decidan internamente los partidos, sino exactamente la mitad de todos los puestos de elección en juego.
 
Fue la propia gobernadora, Claudia Pavlovich, quien cumplió una petición de las mujeres políticas, presentó la iniciativa para que legisladoras y legisladores demostraran que sus partidos están unánimemente de acuerdo en que el 50-50 se haga realidad. Todos votaron a favor.
 
Aunque los municipios no se opusieron, tardaron mucho en dar a conocer la votación del cabildo, refrendaron la reforma constitucional, la cual se promulgó con la mayoría de los municipios, más no con la totalidad.
 
El 2016 reveló las deficiencias en el sistema de justicia, pues las reglamentaciones complementarias a las leyes, no se conocen, mucho menos se dominan. Caso vergonzoso fue la no aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 en julio pasado cuando la niña Citlali de 13 años presentó un embarazo resultado de una violación sexual.
 
Nadie le informó que podía evitar el embarazo, a pesar de que denunció de inmediato el delito. Tampoco le dieron a conocer su derecho a interrumpir el embarazo cuando éste se dio como producto de la agresión sexual y de la negligencia de las autoridades omisas a su obligación de dar a conocer sus derechos a la víctima.
 
Este caso puso a Sonora en el ojo nacional e internacional como una de las injusticias mayúsculas contra la niñez, pues la triple victimización fue perpetrada por el delincuente, por operadores de justicia y por trabajadores de salud.
 
La nueva administración priista enfrentó en 2016 el cumplimiento de las doce recomendaciones de la Alerta de Violencia de Género (AVG) derivadas de la solicitud que hizo la Red feminista sonorense a través de las organizaciones Alternativa Cultural A.C. y Manitas por la equidad A.C.
 
Tal como ha sucedido en otros estados de la República, las recomendaciones van encaminadas sólo a actualizar las omisiones y deficiencias que presentaron las anteriores administraciones, mismas que acusaban incumplimiento extremo a los mandatos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y otras.
 
A pesar de que se hicieron esfuerzos para que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres funcionara de manera colegiada, esto sucedió sólo durante el periodo de intento de cumplimiento.
 
Finalmente las acciones no fueron suficientes ni para cumplir las doce recomendaciones, ni para cesar la violencia contra las mujeres, ni parar el feminicidio. Tanto se evidenció que el feminicidio se presentó cada vez con más crueldad y cinismo y las personas feminicida son cada vez más proclives a asesinar en público, no tiene piedad por sus víctimas ni por quienes las ayuden.
 
Sonora sigue ocupando el primer lugar en tasa de mortalidad por cáncer de mama, son las mujeres quienes constituyen el 97 por ciento.
 
Este año tuvo algo especial, pues la condena popular estuvo a la orden del día hacia las y los funcionarios que tomaron a la ligera su responsabilidad o que no supieron estar a la altura de las circunstancias, fueron exhibidos públicamente exigiendo su rectificación.
 
Fue el caso del procurador, Rodolfo Montes de Oca cuando en una entrevista radiofónica expresó que Citlali, no era una niña indígena sino una “mujercita” que nació en Sonora. Después, en otra entrevista, sonrió ante una pregunta. La razón para sonreír era que no estaba en su oficina y no tenía los datos que le solicitaban sobre un tema tan delicado como el feminicidio. También tuvo críticas.
 
También fue exhibido el secretario de Salud, Gilberto Ungson Beltrán, pues entre más explicaciones daba sobre el caso Citlali y la ineficiencia de la institución a su cargo para proporcionar los servicios a los que tenía derecho la niña como víctima de violación, cada vez se hundía más con sus declaraciones que exhibían desconocimiento de la NOM 046 y de otras normativas.
 
Más adelante, se presentó un caso tan dramático como todos, tan doloroso para sus familiares como los anteriores, pero por alguna razón fue más conocido y muy sentido por los diversos contextos en los que se desenvolvía la víctima de feminicidio, la maestra de danza folclórica, Aracely Fuentes.
 
Sin duda esa fue la agresión que las mujeres de Sonora sintieron como si fueran ellas mismas. El enojo por la pérdida de una vida, de una persona joven, productiva, de igual valor que todas. Este caso generó movilización ciudadana que no había logrado otros.
 
Fue “Shely”, como se le conoció a Aracely, la que provocó una declaración de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres, el llamado a la denuncia y una serie de acciones de emergencia por parte de la gobernadora.
 
Por extraño que parezca, fue este caso el que tuvo como consecuencia que a una mujer se le juzgara con perspectiva de género por que mató a su esposo en defensa propia: Daniela evitó que éste la asesinara primero.
 
La Procuraduría acreditó la legítima defensa, con el lente de la perspectiva de género, pues una de las motivaciones es tomar en cuenta el contexto, siempre se relacionó el caso con la violencia que recibió por parte de él, más en esta ocasión se defendió, con ese desenlace. Ella evitó que la asesinaran, pero la Procuraduría evitó que castigaran a una víctima.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/KVR
 







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Propone mejorar políticas públicas sobre violencia de género
México presenta informe ante CEDAW
CIMACFoto:César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/12/2016 Con retraso en la entrega, las autoridades mexicanas presentaron el noveno informe de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en 2012.
 
Cada 4 años, el Estado mexicano está obligado por la CEDAW-México -que se integró a este instrumento en 1981- a rendir un informe sobre la atención a mujeres en el país.
 
Sin embargo, cabe recordar que México siempre se atrasa en las entregas; el séptimo informe se debió presentar en 2002, pero se hizo hasta 2006; por lo que en 2010 se entregaron dos, el séptimo y el octavo informe, el atraso en esta última entrega llevará a que Naciones Unidas evalué nuestro país hasta 2018.
 
La entrega se llevó a cabo el 22 de diciembre en Ginebra Suiza, el informe fue elaborado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
 
De acuerdo con el comunicado emitido por las autoridades oficiales, el documento refleja los esfuerzos desplegados hacia la igualdad, también identifica diversos temas en los que las políticas públicas deben mejorarse, como los mecanismos de investigación, sanción y reparación a las víctimas de violencia de género; el acceso efectivo a la justicia para las mujeres; la sistematización de información; y la eliminación de la trata de personas.
 
Entre las principales recomendaciones de CEDAW al Estado en 2012 se encontraban: abatir el feminicidio, los embarazos en adolescentes, la muerte materna (MM), y la violencia contra las periodistas y defensoras de Derechos Humanos (DH), así como para garantizar los derechos políticos de las mexicanas.
 
Otros de los mandatos de la organización internacional al gobierno mexicano fueron: homologar las leyes locales en materia de aborto legal, crear un registro nacional de desaparición de mujeres, y volver operables los protocolos Alba y Amber de desaparición de mujeres y niñas.
 
INFORME SOMBRA: INCUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES
 
En paralelo cada 4 años las organizaciones civiles mexicanas entregan a la CEDAW el llamado “informe sombra”, un documento alterno que aporta información veraz y actualizada sobre la situación de los Derechos Humanos de las mexicanas registrados por la sociedad civil.
 
Las asociaciones han pronunciado constantemente que el gobierno federal ha omitido las recomendaciones y obligaciones emitidas por la CEDAW en años anteriores.
 
En 2012 las organizaciones presentaron 22 “informes sombra”, que de acuerdo con ellas presentó un contra peso importante respecto a la participación de las autoridades oficiales.
 
Entre ellas la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM, ha hecho énfasis en el cumplimiento parcial en temas como derechos políticos de las mujeres y el acceso al aborto.
 
Prevenir el feminicidio, una de las principales preocupaciones de la organización de las Naciones Unidas, ha llevado a la incipiente implementación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) de acuerdo con las especialistas, que a su vez, sigue sin funcionar.
 
También han recalcado que las medidas para proteger a las periodistas y defensoras de DH, son insuficientes. Asimismo el derecho a la libertad de expresión y el derecho a una vida libre de violencia son los grandes desafíos del gobierno mexicano.
 
Por otra parte, las organizaciones han demandado que el sistema de salud sigue presentado violaciones a los DH y mala calidad de atención para las mexicanas.
 
Las integrantes de la Cátedra Unesco informaron en este año que el reporte presentado por ellas contiene temas sobre derechos políticos, migración, AVG, y violencia de género en Ciudad Juárez.
 
16/HZM/KVR/LGL







ESTADOS
VIOLENCIA
   Llaman a comunidad a realizar búsqueda
Simulan búsqueda de restos óseos de víctimas de feminicidio en SLP
CIMACFoto:César Martínez López
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/12/2016 El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social así como la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas denuncian a través de un comunicado al procurador de San Luis Potosí Federico Garza Herrera, por realizar simulación de búsqueda de restos óseos de la niña Rosa María Sánchez González.
 
A través de un comunicado emitido el 15 de diciembre del año en curso el Grupo de Acción por los Derechos Humanos AC (Gadh) y la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas (Itam) denunciaron al procurador de San Luis Potosí Federico Garza Herrera, porque después de haber efectuado diversas reuniones con las agrupaciones en las que se comprometió a dar seguimiento a los 5 casos de las víctimas del feminicida Filiberto Hernández Martínez, sólo ha hecho simulación.
 
El Gadh es la organización civil que representa de manera legal a las madres de las 5 víctimas de Filiberto Hernández Martínez, quien violó y mató a cuatro niñas y a una adulta, todas fueron habitantes del municipio de Tamuin de San Luis Potosí,  por ello la organización había solicitado al procurador una segunda búsqueda de restos óseos con personal capacitado, para continuar con la investigación de la niña Rosa María Sánchez González, la primera víctima de Filiberto Hernández Martínez.
 
La solicitud del Gadh fue hecha para aportar más elementos a la carpeta de investigación 071/2010 que lleva la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de San Luis Potosí, por la desaparición de la niña Rosa María Sánchez González, de 15 años de edad, quien fue reportada como desaparecida por sus familiares el 29 de octubre del 2010. 
 
Los restos óseos de Rosa María Sánchez González fueron encontrados el 3 de julio del 2014, tras la confesión del feminicida Filiberto Hernández Martínez, pero en ese momento sólo encontraron 7 huesos y no continuaron la búsqueda de sus restos porque “había mucho lodo” en el terreno.
 
En el comunicado denuncian que en esta semana la PGJ de San Luis Potosí decidió realizar una “inspección” en el Cañaveral de Cutilla en donde el feminicida tiró los cuerpos de sus víctimas, pero el personal no llevaba las herramientas necesarias para realizar la búsqueda de pruebas periciales como lo son las osamentas, además no delimitaron ni resguardaron el lugar en donde encontraron más restos.
 
Ambas organizaciones civiles (Gadh e Itam) llamarán a la comunidad de Tamuín San Luis Potosí para realizar una búsqueda de los restos de la niña Rosa María Sánchez González.
 
En octubre del 2014 cuando fue detenido por portar armas, Filiberto Hernández Martínez declaró que mató a la niña Rosa María Sánchez González, después asesinó a las niñas Adriana Martínez Campuzano, Itzel Romany Castillo Torres y Dulce Ximena Reyes Rodríguez, su última víctima fue Eliehoenai Chávez Rivera de 32 años de edad.

El feminicida mató a las 4 menores y a la mujer durante un período de 4 años, entre el 2010 al 2014, en su declaración dio detalles del cómo las mató y mencionó el lugar donde tiró sus cuerpos, un lugar conocido como el “Cañaveral de Cutilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
En el caso de Adriana Martínez Campuzano, de 13 años de edad, el Juzgado lo exoneró del delito, después de que su defensa alegó que había sido torturado durante su declaración y por “falta de pruebas” de que él haya cometido el delito.
 
Para que no se repitiera la misma sentencia en los casos de las otras víctimas, porque con ella se favoreció al agresor y dejó impune el feminicidio de Adriana Martínez Campuzano, el Gadh solicitó que se aplique el “Protocolo de Estambul” y se realicen las pruebas psicológicas correspondientes al agresor.
 
Otra de las solicitudes que hizo el Gadh al representar legalmente los 5 casos, fue la investigación con perspectiva de género de todos los casos, porque la manera en la que fueron asesinadas reunen las características para que se clasifique el delito de feminicidio.
 
16/GVV







NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Autoridades desdeñan acceso a la justicia para sus familiares
Sin castigo ni justicia: 6 años de impunidad para Marisela Escobedo
Marisela Escobedo sosteniendo la foto de su hija Rubí Marisol Frayre | Foto: cortesía Cedehm
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/12/2016 Hoy se cumple el sexto aniversario del feminicidio de la activista Marisela Escobedo Ortiz, ocurrido en Chihuahua, a las puertas del Palacio de Gobierno. Desde entonces, la impunidad prevalece. Ni la recomendación 44/2013 emitida en 2013 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al gobierno de la entidad, ni los señalamientos internacionales, han logrado que la familia de la activista obtenga justicia.
 
INICIA LA IMPUNIDAD
 
Escobedo era enfermera jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y atendía una fábrica de muebles en Ciudad Juárez, de la cual era propietaria. Tras su divorcio trabajó para mantener a sus hijos Alejandro, Juan Manuel, Yesica, Paul y Rubí.
 
Convencida de que tendrían una mejor vida en Estados Unidos, decidió llevarlos a El Paso, Texas. Durante años cruzó continuamente a Ciudad Juárez para trabajar en el IMSS.
 
Cuando sus hijos crecieron, regresó a vivir a Juárez acompañada de Rubí Marisol, quien conoció a Sergio Rafael Barraza Bocanegra en la fábrica de muebles de Marisela. La adolescente se enamoró de él y procrearon una niña de nombre Heidi.
 
Rubí Frayre desapareció de su casa en Ciudad Juárez en agosto de 2008. Allí vivía con su pareja, Sergio Barraza Bocanegra, quien en enero de 2009 desapareció con Heidi (la hija que procreó con Rubí Marisol) debido a la presión continua de Marisela y sus propias indagaciones sobre la desaparición de su hija.
 
Marisela Escobedo presentó el reporte formal de la desaparición ante la Unidad de Personas Ausentes, Extraviadas y Desaparecidas en Ciudad Juárez, pero ante la inacción de las autoridades, ella misma investigó y logró ubicar, en el estado de Zacatecas, a la familia de Sergio Barraza y con ellos a su nieta, pero no a su hija.
 
Durante la detención por el delito de sustracción de menor, ocurrida en junio de 2009 en Zacatecas, Sergio Barraza confesó el asesinato de Rubí Marisol, incluso le dijo a los policías dónde quemó y tiró el cuerpo de la joven. Los había tirado en un terreno donde se criaban cerdos.
 
Pese a ello, su confesión no tuvo validez porque cuando la hizo no estuvo presente un defensor; y el Ministerio Público (MP) sólo pudo presentarla como entrevista.
 
El feminicida fue absuelto en abril de 2010 y liberado, por lo que el MP interpuso un recurso de casación. Tras la liberación de Barraza, Marisela Escobedo emprendió un camino incansable para obtener justicia.
 
Inicialmente, Marisela Escobedo llevó sola el caso de su hija, caminaba diariamente desde la Fiscalía hasta la Ciudad judicial, pero tras la injusta sentencia, solicitó al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) presidido por la abogada Luz Estela Castro, que la representara legalmente y asumiera el juicio de casación correspondiente.
 
Ambas logaron que el Tribunal de Casación anulara la sentencia absolutoria, emitiera un fallo condenatorio contra Barraza Bocanegra, y ordenara que un nuevo Tribunal de Juicio Oral realizara una nueva audiencia.
 
Así, los magistrados determinaron que Barraza cometió el delito de homicidio agravado, le impusieron una sentencia de 50 años de prisión, y lo condenaron a pagar una indemnización de 38 mil 390 pesos a su hija. Pero el fallo nunca se ejecutó.
 
En julio de 2010, Marisela Escobedo volvió a localizar en Zacatecas a Sergio Barraza, y acompañó un operativo de la policía para detenerlo, pero éste se escapó.

Mujeres de Chihuahua colocan ofrenda floral en memoria de Marisela Escobedo | Instagram: @cedehm

 
DE VÍCTIMA A ACTIVISTA
 
Escobedo Ortiz encabezó marchas, colgó mantas en eventos oficiales, hizo plantones, se reunió con organizaciones civiles. Su solicitud siempre fue que las autoridades localizaran y encerraran al asesino de su hija, a quien ella, con sus propios recursos, había encontrado e informado a las autoridades dónde se encontraba.
 
Acudió a las autoridades estatales, pidió entrevistarse con el gobernador César Duarte, marchó desde Chihuahua a la Ciudad de México. También solicitó audiencia con el entonces titular del Ejecutivo, Felipe Calderón y el ex procurador general de la República Arturo Chávez, pero las puertas de sus oficinas nunca se le abrieron.
 
Pero Marisela Escobedo no calló. El 10 de mayo del 2010 marchó desnuda en Ciudad Juárez y sólo se cubrió con un cartel que tenía la fotografía de su hija asesinada.
 
 “Me privaron de mis garantías como víctima, se pusieron en el papel de abogados defensores para el homicida, mientras a mí me dejaron sin ninguna garantía y con el dolor en la piel”, criticó en esa ocasión.
 
“Por ello vengo desnuda únicamente con las fotografías de mi hija; esto representa que en Ciudad Juárez las mujeres estamos olvidadas”, añadió.
 
También en 2010 la activista se plantó frente a la emblemática cruz de clavos, en la ciudad de Chihuahua, símbolo de la impunidad e injusticia de los asesinatos de mujeres en el estado. Después se instaló frente al Palacio de Gobierno.
 
LA TRÁGICA NOCHE
 
La noche del 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo -como lo había advertido ella misma dos días antes al denunciar las amenazas que pesaban en su contra- fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, luego de varios días instalada en un plantón para exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí, perpetrado en 2008.
 
Como se puede observar en los videos de vigilancia que captaron el momento, un hombre intentó dispararle y Marisela corrió hacia el Palacio de Gobierno, pero los guardias no abrieron las puertas, por lo que finalmente perdió la vida.
 
COLOCAN PLACA EN SU HONOR Y LA QUITAN
 
El 8 de marzo del 2011, en el contexto del Día Internacional de la Mujer, activistas y defensoras de Derechos Humanos de Chihuahua, colocaron una placa en honor a la defensora que decía: "El 16 de diciembre del año 2010 cayó el cuerpo de Marisela Escobedo, asesinada por exigir justicia por el feminicidio de su hija Rubí".
 
Pese a que la habían puesto en la banqueta del Palacio de Gobierno,  ésta fue retirada la misma noche de ese día porque según las autoridades “dañaba el edificio histórico”.
 
CHIVOS EXPIATORIOS
 
E 7 de octubre de 2012, ante la presión mediática por esclarecer el caso, las autoridades de Chihuahua presentaron a José Enrique Jiménez Zavala “el Wicked” como el asesino material de la activista.
 
Sin embargo, para su familia, el verdadero autor del crimen fue Antonio Barraza Bocanegra, hermano de Sergio (pareja de Rubí Marisol).
 
En noviembre de 2012, Sergio Barraza perdió la vida en medio de un enfrentamiento entre el crimen organizado (del que se presume formaba parte) y elementos del Ejército. Para diciembre de 2014, el “Wicked” fue asesinado en la cárcel, cerrándose así el caso y la posibilidad de conocer la verdad sobre el mismo.
 
A 3 AÑOS DE LA RECOMENDACIÓN TODO SIGUE IGUAL
 
A 3 años de ocurrido el asesinato de la activista, la CNDH emitió la Recomendación 44/2013, ante la resistencia de la Fiscalía de Chihuahua para dar información sobre el avance y estado de los expedientes; por no haber investigado las amenazas que pesaban contra la defensora de Derechos Humanos (DH) previas a su asesinato; y ante la indebida procuración de justicia. La Recomendación fue dirigida al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez.
 
De acuerdo con la CNDH el gobierno de Chihuahua es responsable de violar los DH de Marisela y de sus familiares, pues en un primer momento desdeñó la información proporcionada por la activista con respecto al asesino de su hija; no investigó las amenazas de muerte que le fueron proferidas; no brindó a sus hijos y nietos la seguridad necesaria tras el asesinato y los “orilló” al exilio en Estados Unidos.
 
Por ello, recomendó que a la brevedad se brindara la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a quienes le sobreviven y ofrecer una disculpa institucional a las y los familiares de la luchadora civil.
 
También pedía realizar una investigación y sanción para los servidores públicos involucrados en los hechos que derivaron en la muerte de la activista y continuar con las investigaciones del crimen de Rubí,  desde las pruebas aportadas por la familia de la joven.
 
A 6 años de los hechos, nadie ha sido sancionado, aunque en enero de 2014 la Fiscalía General del Estado aseguró que se habían abierto cuatro carpetas de investigación en contra de agentes de MP, policías y ex funcionarios que cometieron irregularidades.
 
* Con información de Anaiz Zamora Márquez y Gladis Torres Ruiz
 
16/LGL







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
La intención feminicida*
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/12/2016
La tipificación del delito de feminicidio, creado para visibilizar las razones de género que motivaban y contextualizaban los asesinatos de mujeres, afronta una resistencia en su aplicación debido al prejuicio y desconocimiento que dificulta la clasificación, investigación y juzgamiento de las muertes violentas de mujeres bajo ese tipo penal. Más difícil ha sido lograr que se clasifiquen las tentativas de feminicidio, a pesar de la clara intención feminicida.
 
No es ni nunca fue sencillo. De lo que se trata el tipo penal de feminicidio es la atrevida tesis de que las mujeres son personas, que tienen derecho a una vida sin violencia y que la violencia fue un escenario que favoreció, causó o derivó en el asesinato de una persona con cuerpo de mujer e identidad genérica mujer. 
 
Nunca fue difícil entender de qué se trataba un homicidio porque era sencillo verlo como la privación de la vida de un hombre, y así es como ha sido argumentado, que hombre incluye a la mujer en esa falsa generalización sexista que invisibiliza a las mujeres. El tipo penal de feminicidio no fue creado para enunciar que se había asesinado a una mujer, como la mayoría pensaba.
 
El tipo penal enunciaba el contexto de violencia de género evidente en las circunstancias que rodeaban al asesinato de una mujer, con ello la tentativa de feminicidio era la intención de matarla, y la puesta en práctica de actos y recursos para privar de la vida a una mujer haciendo todo lo posible para lograrlo, utilizando incluso armas de fuego, cuchillos, u otros recursos como las propias manos. Este es el caso de los que intentaron ahorcar a una mujer bajo circunstancias que expresaban misoginia y desprecio por ellas.
 
Hoy día, por todo el país empezamos a escuchar noticias de las primeras sentencias que se obtuvieron en casos de feminicidios en Coahuila, Baja California, Yucatán y otras entidades aún están a la espera de los resultados de sus primeras investigaciones -atinadas- y los procesos de juzgamiento con perspectiva de género para obtenerlas. 
 
Pero más escasos son aún los casos de juzgamiento de las tentativas de feminicidio.
 
Por todo el país se publican noticias en los diarios en los que se da cuenta de hombres que intentaron matar a sus esposas, novias, amigas, hermanas, compañeras de trabajo, o mujeres que agredieron sexualmente y cuyo acto derivó en una intención feminicida de privarla de la vida. En la mayoría de los casos para desgracia de las víctimas, estos hechos son clasificados como “lesiones”.
 
Con los beneficios que esta clasificación de delito conlleva, es decir, con una mirada de que lo que aseguran son lesiones y en algunos casos –como los intentos de ahorcamiento-, los peritajes sin perspectiva de género ni sentido común básico lo clasifican como heridas que tardan menos de 15 días en sanar, dejando un delito grave sin perseguir.
 
Así abundan por todo el país, hay información de mujeres que sufrieron desmayos por el ahorcamiento a manos de sus parejas, hasta que alguien los interrumpió o les impidió que alcanzaran su objetivo. Esto basta para que la autoridad ministerial, en una falta completa de la gravedad que tiene la violencia feminicida, lo clasifique como lesiones y los agresores no pasen ni meses en la prisión, representando nuevos riesgos para las víctimas.
 
En el mejor de los casos, que el responsable de la agresión sea imputado, porque caben aquellos casos en los que al ser clasificado el acto como “lesiones” y no como feminicidio en grado de tentativa, se les abre el camino –desde la lógica institucional- para la mediación y la conciliación. Incluso para que las víctimas les otorguen el “perdón del ofendido”, porque para beneficiar a los agresores siempre hay recursos.
 
Para eso existen las figuras de “estado de emoción violenta”, y tantos otros recursos de los que disponen los feminicidas para salir librados, porque al final de cuentas matar o intentar asesinar a una mujer no tiene mayor gravedad si puede zafarse de la responsabilidad argumentando que ella lo provocó con su infidelidad, con su mala conducta, porque era una mala mujer o mala madre. 
 
Ahí es donde empieza a fundarse la exculpa del responsable, desde el constructo social que puede y justifica cualquier violencia que se ejerce contra las mujeres que “provocan” las agresiones por su forma de vestir, su conducta o por andar en lugares donde no debían, por ser promiscuas o por ser infieles, y los diarios lo justificarán muy bien con sus titulares encabezados por adjetivos calificativos sobre la conducta sexual o la baja condición “moral” de las víctimas. 
 
Así se alienta el contexto de que esa vida no valía, y que no alcanza el valor suficiente para privar de la libertad a un hombre, sujeto que además ha sido víctima de la presión social y el dolor de no ser correspondido, que al cabo las mujeres para eso están disponibles en el imaginario social, haciendo permisiva la violencia contra las mujeres.
 
Por supuesto esto alcanza a las instituciones que aún están lejanas de investigar y juzgar con perspectiva de género, si no clasifican como tentativas de feminicidio las agresiones que han puesto en riesgo la vida de las mujeres y seguirán acumulándose carpetas fallidas de investigación por lesiones con víctimas sobrevivientes, que viven con miedo a que sus agresores regresen para acabar lo que intentaron: matarlas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/AMS
 







QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
Las armas y los feminicidas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche.- 29/11/2016 En esas extrañas contradicciones discursivas tan comunes en México, en el Senado de la República se discutió la advertencia de un senador que anunció que presentaría una propuesta para modificar la Ley General de Portación de Armas de Fuego y Explosivos, para permitir que cualquier persona pueda tener acceso a armas, justo en el país donde una tercera parte de los casos de feminicidio se cometen en el hogar con armas de fuego –sin permiso- y que son utilizadas contra las mujeres.
 
El informe Global de la Violencia 2015, señala que de las 360 mil mujeres asesinadas entre 2007 y 2012, en todo el mundo, “más de la mitad perdieron sus vidas en uno de los 25 países con las más altas tasas de feminicidio, entre los cuales se encuentra México, con indicadores de 3 a 6 casos de feminicidio por cada 100 mil habitantes.”
 
La definición de feminicidio no ha sido la más pulcra en México y muchas veces se insiste en esconderlo como Defunciones de Mujeres con Presunción de Homicidios (DMPH) término que se utiliza en el informe más reciente elaborado por ONU Mujeres para el análisis de los últimos años de asesinatos de mujeres en México.
 
El Informe Global, señala que los países con las más altas tasas de feminicidio tienden a registrar las menores proporciones de homicidios relacionados con la violencia conyugal. El documento señala: “en estos países, la proporción de mujeres asesinadas fuera de la esfera privada (en oposición a la ‘esfera íntima’) es mayor que en otros lugares”.
 
Sostiene que “el análisis de los datos también demuestra que la proporción de mujeres asesinadas con un arma de fuego (en oposición a otros mecanismos) es mayor en áreas que registran altas tasas de homicidios perpetrados con armas de fuego”.
 
Estamos hablando de los casos de feminicidio que ocurren en el día a día en México. Al menos 2 ó 3 de los 7 asesinatos de mujeres por razones de género que ocurren en el país, se cometen con armas de fuego.
 
En algunos estados como es el caso de Sinaloa, este año se han cometido 55 homicidios de mujeres, al menos 33 fueron con armas de fuego, el año pasado la cifra fue de 48 homicidios de mujeres, 27 se cometieron con armas de fuego. Éste es el panorama donde el uso de armas se ha generalizado entre la población.
 
Generalmente el feminicidio va acompañado de escenarios de mucha violencia. Suegras, tías o hermanas de las víctimas a las que también se les dispara y que resultan heridas o algunas veces, forman parte de la lista de feminicidio con armas que no necesariamente eran de uso legal. (Apenas terminaba de escribir el artículo y me enteraba que una mujer y su hija recibieron una ráfaga disparada por la pareja de la joven en Sonora).
 
Por esa razón, una de las preguntas básicas para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentran las mujeres es preguntarles si su pareja conoce o tiene experiencia en el uso de armas, y por supuesto si tiene a su alcance algún arma de la que podría hacer uso en un  momento en el que ella decida abandonar el hogar.
 
Muchos de los casos de feminicidio también tienen un elemento de violencia más: son cometidos frente a los hijos de las víctimas y de los propios agresores, hablamos de familias que son truncadas por la violencia feminicida causada por la misoginia y el desprecio por la vida de las mujeres, eventos en los que por supuesto la disponibilidad de armas facilita la comisión de estos hechos.
 
Pero también hablamos de mujeres que son asaltadas en espacios públicos, amagadas con armas de fuego y obligadas a ser pasivas en un acto de violencia sexual, que cuando van a denunciar, si el operador de justicia no tiene perspectiva de género preguntará y argumentará ¿por qué no hubo resistencia física que pruebe que realmente se trató de una violación?
 
El argumento del legislador- a quien no haremos propaganda- es de varias vertientes. Una de ellas menciona el “beneficio para las mujeres”. El senador sostiene que “en 1966, cuando en Orlando, Florida, se aprobó el acceso de las mujeres a los campos de tiro, se registró la disminución de agresiones en su contra; durante los próximos 10 años Orlando fue la ciudad con menos violaciones y con menos ataques a mujeres.”
 
Definitivamente no estamos hablando de los mismos escenarios que en México, en donde una mujer por dispararle a su pareja –incluso en defensa propia- puede ser encarcelada hasta por 25 años (Caso Reyna Gómez Solórzano). Y por supuesto no tiene el derecho a defenderse de su violador, porque el juez podría encontrar que cometió “exceso de defensa propia”.

No estamos inventando, recordamos casos ocurridos en México en los últimos años y sabemos que hay muchas mujeres encarceladas por defenderse con un cuchillo con el que el mismo compañero-esposo, intentó asesinarla.
 
No estamos para legalizar armas en un país en el que la justicia por propia mano no es un acto de justicia sino el reflejo de la impunidad. El riesgo de que todos los que deciden hacer justicia por su propia mano se conviertan en agresores de otras personas está ahí, y si nos dicen que eran mujeres, nadie dudará de ello, pero las mujeres podrían ser encarceladas aún si utilizan una cacerola contra su agresor.
 
La contradicción discursiva es precisamente que se promueva el uso de armas en un país que aún no puede garantizar que las que entregan a los policías sean para la protección ciudadana, y que muchos de los casos de feminicidio se cometan con armas de uso legal e ilegal. Otra es la mirada que debemos tener cuando hablamos de la violencia contra las mujeres y  las armas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL







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