ESTADOS
VIOLENCIA
   Conavim calla
Razones político-electorales en Nayarit frenan AVG: ONG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/05/2017 En Nayarit, con las elecciones para gobernador encima, la administración de Roberto Sandoval Castañeda no tuvo voluntad política para atender a cabalidad las 10 recomendaciones que le hizo el grupo de trabajo que recibió la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG) y el plazo para que ésta se decrete expiró en abril, por lo que está “frenada”. 
 
Así lo afirma la directora de la organización civil impulsora de la alerta Uka Nuiwame, María Mayela Ruiz Madrazo, quien hace notar el silencio que guarda la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), responsable de emitir un resultado sobre la pertinencia o no de la AVG.
 
La solicitud de la declaratoria fue aceptada junio de 2016 y tres meses después el grupo de trabajo conformado para analizar la situación de la violencia contra las mujeres en Nayarit, emitió 10 recomendaciones. El 3 de abril el Gobierno local presentó su informe de cumplimiento, dando un plazo de 5 a 10 días para que Conavim, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), decidiera emitir o no la alerta.
 
Sin embargo, aunque no exista la voluntad política para responder a la solicitud de declaratoria, aceptada en junio de 2016, ni a las recomendaciones, cumplidas según el gobierno estatal, la urgencia de una AVG se mantiene, ante altos niveles de violencia que padecen las mujeres en la entidad, dice la activista.
 
En tanto, en contraste, observa Ruiz Madrazo, los candidatos para el gobierno del estado, que aspiran a sustituir a Roberto Sandoval el próximo 4 de junio, se dicen defensores de los derechos de las mujeres, a la par que “no se respeta el proceso del mecanismo de AVG”.
 
RECOMENDACIONES, UNA SIMULACIÓN
 
Las recomendaciones, dice Ruiz Madrazo, mantienen un paso lento y el  informe de acciones gubernamentales para erradicar la violencia de género “es una simulación del estado”.
 
TIPIFICACIÓN: Por ejemplo, en septiembre de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial del estado la tipificación del feminicidio, pero no está en vigor ya que la última modificación al Código Penal local señala que tienen que pasar 180 días hábiles desde su publicación para que esto suceda.
 
Así, Nayarit, junto con Chihuahua continúan siendo los únicos estados de la República que no cuentan con la figura de feminicidio en su normativa, acciones que frenan el acceso a la justicia de las mujeres, indicó Mayela Ruiz.
 
Al no estar tipificado el feminicidio, los datos obtenidos por el informe del grupo de trabajo, indican que de 2010 a junio de 2016, se contaron 163 casos de mujeres y niñas víctimas de homicidios dolosos: el 48 por ciento los concentró el municipio de Tepic (78 asesinatos), 11 ocurrieron en Bahía de Banderas, 10 en Xalisco, 9 en Acaponeta y 8 tanto en Ruiz como Nayar.
 
El Código Penal de Nayarit contiene sólo agravante de un asesinato de mujer por razón de misoginia, sin embargo, el gobierno local no dio datos de cuántos se calificaron como tal.
 
VIOLENCIA OBSTÉTRICA Y FAMILIAR: Otra de las recomendaciones por parte del grupo de trabajo fue la tipificación del delito de violencia obstétrica y la violencia familiar como un delito grave. Asimismo la creación de protocolos de actuación para implementar órdenes de protección a víctimas de violencia de género, las cuales no se realizaron, denunció Ruiz Madrazo.
 
COMISIÓN: También dijo, sigue pendiente la creación de la Comisión Estatal Integral de Atención a Víctimas, la cual la organización civil Uka Nuiwame, pidió al Congreso local se creará desde 2015.
 
CAPACITACIÓN: Además,  es “excesiva la cantidad de 3.5 millones de pesos que el gobierno informó invertir en las capacitaciones a personal para atender los casos de violencia de género”.
 
Dichos cursos informó, eran “voluntarios y gratuitos y no corresponden al plazo de 6 meses en los que tenían que implementar las acciones emitidas por el grupo de trabajo”.
 
SANCIONES: Tampoco, destacó, se han sancionado a las autoridades que obstruyeron el acceso a la justicia a las mujeres, o se niegan a aplicar la ley.
 
Muchos de estos funcionarios, reportó Ruiz, los tienen identificados a partir de los casos de violencia familiar y feminicidio que acompañan por medio de la organización.
 
BASE DE DATOS Y PROGRAMAS: Entre las recomendaciones también se encontrada la creación de una base de datos para el registro de la violencia contra las mujeres, creación de programas sociales para sensibilizar sobre la violencia de género, destinar recursos a las instancias públicas encargadas de atender a mujeres y niñas víctimas de violencia, especializar a personal de la Fiscalía local desde la perspectiva de género y crear mesas de trabajo para la atención de víctimas.
 
NOM 046: También  cumplir la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046, para la interrupción del embarazo a víctimas de violación.
 
La directora de Uka Nuiwame, lamentó el retraso en la declaratoria, y la falta de respuesta por parte de la Conavim y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y dijo que esta es una situación generalizada en el país, a pesar de que existe una grave situación en torno a la violencia feminicida.
 
“La falta de voluntad política” insistió, mantienen en ese mismo proceso a “21 estados que han solicitado el mecanismo”.
 
17/HZM/GG







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VIOLENCIA
   Alberto Medina podría usar sus influencias políticas: Ligia Canto
Fiscales de Yucatán se niegan a investigar a familia de feminicida
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/05/2017
Autoridades de Yucatán no quieren investigar a la familia del empresario Alberto Medina Sonda como inculpada en el feminicidio de Emma Gabriela Molina Canto. Él está acusado de ser autor intelectual del crimen y sobre su familia hay antecedentes que demuestran su complicidad en las agresiones que cometió el empresario contra la defensora de Derechos Humanos, contra sus dos hijas e hijo, y contra Ligia Canto Lugo, madre de Emma. 
 
Eso denunció la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio- Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias. Explicó que Ligia Canto ya solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se investigue a la familia de Medina Sonda, ex esposo de Emma Gabriela, sin embargo, dijo: “Tres fiscales encargados de delitos de alto impacto del estado se reunieron con ella para decirle que no hay elementos suficientes para investigar a la familia”.
 
Desde 2012, cuando Emma Gabriela comenzó el proceso de divorcio con Alberto Medina y la búsqueda de la custodia de sus hijas e hijos, ella, los menores de edad y su madre fueron constantemente agredidas por la familia de Medina Sonda, según ha denunciado Ligia Canto Lugo.
 
Canto Lugo expuso previamente a Cimacnoticias que desde que la juez Sandra Beatriz Bermejo Burgos nombró, el 18 de octubre de 2012, como tutores de los menores a Juana María Sonda Herrera y Julio Alberto Medina Gurubel, madre y padre de Medina Sonda, “no verificaron en dónde los tendrían, ignoraron que su familia no eran las personas idóneas para tener a los menores”.
 
Ejemplo de ello, dijo, fue que los tutores “pusieron a mis nietos sobre sus hombros y corazones la responsabilidad de los actos de Medina Sonda”; ellos les repetían “Por culpa de su mamá, su papá está en la cárcel, si ustedes dicen que quieren estar con su mamá, él se va a quedar ahí”.
 
De acuerdo a Adelaida Salas, pese a que Ligia Canto ha entregado pruebas suficientes de antecedes de agresiones hacia Emma Gabriela y sus hijos por parte de Medina Sonda y su familia, “le aseguran que no pueden investigarla”, pese a que “Ligia Canto les ha dado a las autoridades todo para vincularlos, notas periodísticas, amparos y todos los registros de la violencia que él y su familia ejerció sobre Emma Gabriela”.
 
Actualmente Medina Sonda está preso en Tabasco acusado por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita en esa entidad durante la administración del priista Andrés Granier, sin embargo, apeló la sentencia de 12 años 6 meses que debería cumplir. Además, se le otorgaron 2 años de prisión preventiva para que continué la investigación en su contra por el delito de feminicidio de Emma Gabriela, efectuado el pasado 27 de marzo en Mérida Yucatán.
 
“Los fiscales del estado ya se sentaron y no quieren investigar nada sobre la familia de Medina”, denunció Salas Salazar. “(Las autoridades) ignoran los recursos con los que él cuenta, tantos como para fabricar delitos”, dijo la Defensora para referirse a los arrestos que Emma Gabriela y Ligia Canto sufrieron respectivamente de 2012 a
2014 por falsas acusaciones de robo de una camioneta y falsificación de tarjetas bancarias.
 
 
En ambos casos demostraron su inocencia y en 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos fueron muestra de violencia institucional, por la participación de funcionarios de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR.
 
JUSTICIA EN DUDA
 
De acuerdo a Salas Salazar la exigencia de Ligia Canto porque se investigue también a la familia de Medina Sonda no es aislada “se sabe de los recursos de ese señor y le preocupa que, de nuevo, utilice sus relaciones con funcionarios para encontrar la forma de liberarse”.
 
Tan solo durante el primer juicio de vinculación de Medina Sonda para el delito de feminicidio, efectuado el pasado 21 de abril, Canto Lugo denunció la existencia de conflictos de interés y solicitó, a través de un comunicado recibido por la FGE ese día y el cual está en manos de esta agencia, que se removiera al defensor particular del empresario, Edier Josué Pech Farfán.
 
Lo anterior porque, cuando se le nombró como defensor, se ignoró que efectuaba el cargo de Fiscal Investigador Titular de las Agencias Investigadoras Mixta Tres, la Décima Primera y la Trigésimo Quinta, entre otras en Yucatán, cuando en el artículo 60 de la Ley de la FGE se establece que ningún servidor de la Fiscalía puede "puede ejercer la abogacía, sino en causa propia".
 
Un día después la FGE anunció el despido y el cese en la defensa de Medina Sonda de Pech Farfán quien, de acuerdo a lo reportado por medios yucatecos, durante el juicio del 21 de abril declaró que fue contactado por un familiar del acusado para asesorarlo en su defensa.
 
17/MMAE/GG







NACIONAL
VIOLENCIA
   MP pierde evidencia y trabaja sin perspectiva de género
Nuevo sistema penal exige más rigor al investigar feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/05/2017 El nuevo Sistema de Justicia Penal dificulta el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio, porque las autoridades no realizan con la debida diligencia las investigaciones y recolección de evidencias, elementos ahora fundamentales para demostrar la culpabilidad de los responsables, indicó el coordinador general de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez Martínez.
 
El nuevo modelo de justicia entró en vigor a nivel nacional el 18 de junio de 2016, para dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2008, sin embargo, hasta ahora ha planteado diversas dificultades para procesar los casos de feminicidio, ya que exige mayor rigurosidad en la obtención de pruebas y presentación de elementos obtenidos en las investigaciones, procesos que, organizaciones civiles han denunciado, no se llevan a cabo bajo los protocoles de actuación, denunció el abogado Domínguez Martínez en entrevista con Cimacnoticias.  
 
“El nuevo sistema es mucho más riguroso en el saber de pruebas, en la forma en que se tiene que presentar las acusaciones formales, aquí se exacerban las dificultades que pueda haber por una mala investigación”, dijo el abogado y especialista en temas de género.
 
Lejos de erradicar las fallas del sistema de justicia tradicional, este nuevo modelo vuelve a presentar trabas por las omisiones en investigaciones de asesinatos violentos de mujeres, señaló Domínguez, “Aquí el problema se vuelve otra vez, estamos detectando: pérdida del material probatorio, falta establecimiento de hipótesis adecuadas para investigación de feminicidio, falta de planes adecuados de investigación, entonces el reto está ahí en procuración de justicia”.
 
NO INVESTIGAN FEMINICIDIO
 
En este nuevo sistema se fortaleció la participación de la policía en la investigación de los delitos, bajo la guía del Ministerio Público (MP), sin embargo, la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, dijo en entrevista que ahí empieza el problema, porque estas autoridades no están investigando en principio los asesinatos violentos de mujeres como feminicidio.
 
“Ahí es donde se pierde la evidencia, donde no se está investigando como feminicidio, tenemos que trabajar más los MP, porque es donde se encuentran las graves violaciones al debido proceso de las investigaciones”, señaló Luz Estrada.
 
“Yo veo la mayor dificultad en cómo se están realizando las investigaciones, hay omisiones graves, a pesar de contar con un tipo penal y protocolo de investigación adecuado, no se están tomando en cuenta los criterios más recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay una desactualización en estos estándares, un retroceso grave”, coincidió Rodolfo Domínguez.
 
JUICIOS ORALES
 
Otra de las características principales del nuevo sistema penal son los juicios orales, que buscan proteger y ampliar los derechos de las víctimas y los ofendidos, la evidencia que resulte de la investigación ahí será fundamental para acreditar el delito, comentó el abogado.
 
“Lo que requerimos es buenas investigaciones que puedan ser sostenidas ante los jueces”, pero se puede presentar otro obstáculo, recordó el abogado, la falta de especialización en perspectiva de género por parte del personal judicial.
 
“Ahí es en dos vías; si tenemos una mala investigación con malos jueces, la consecuencia va ser impunidad”, dijo Domínguez, otro escenario es, “si tenemos buenas investigaciones, ahí la responsabilidad sería del Poder Judicial, que tendría que estar garantizando la impartición de justicia, el escenario ideal sería una buena investigación y juicio con perspectiva de género”.
 
Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan las víctimas de feminicidio es otra, indicó Rodolfo Domínguez, los jueces resuelven los casos a partir de criterios anacrónicos, discriminatorios y misóginos, a pesar de las capacitaciones a las que han asistido. El resultado de estas capacitaciones serían “buenas sentencias” dijo Domínguez Martínez.
 
Para el abogado es necesario hacer una revisión de los casos de feminicidio de los cuales se ha denunciado que han tenido irregularidades en las investigaciones, asimismo, inspeccionar la actuación de los jueces, pues son los principales retos que debe enfrentar este nuevo sistema penal para garantizar justicia a las mujeres.
 
17/RED
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Instalado con 9 años de retraso
Programa Especial de la LGAMVLV en Yucatán será “letra muerta”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/05/2017 Con nueve años de retraso desde que se estableció, en Yucatán hoy entra en vigor el Programa Especial para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, entre cuyos objetivos está promover la armonización entre el Código Penal estatal con el Federal en materia de feminicidio; sin embargo, las organizaciones dudan de su cumplimiento.
 
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad planteó desde su expedición, en marzo de 2008, la creación del Programa Especial, sin embargo, el Gobierno de Yucatán lo instaló oficialmente hasta el día de ayer mediante el Decreto 476/2017.
 
La directora del Observatorio Nacional del Feminicidio-Yucatán, Adelaida Salas Salazar, criticó el anuncio que hizo el Gobierno priista de Rolando Zapata Bello al calificar el Programa “como algo novedoso” cuando, aseguró “era una obligación gubernamental desde 2008”.
 
Salas Salazar denunció que, además del Observatorio, diversas organizaciones civiles en Yucatán dudan de la eficiencia del programa porque, recalcó, la Ley de Acceso estatal “es letra muerta”.
 
“La creación del Programa no garantiza nada para el acceso a la justicia de las mujeres porque el Poder Legislativo y Poder Judicial no trabajan con perspectiva de género”, afirmó la defensora de Derechos Humanos.
 
Los temas que aborda el Programa Especial son: la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres a través de cuatro objetivos, 14 estrategias y 74 líneas de acción. Además, establece el compromiso coordinado de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en la armonización de contenidos legislativos necesarios para se cumpla y obliga a las dependencias y entidades de la administración pública a financiarlo anualmente.
 
DELITO DE FEMINICIDIO
 
Una de las estrategias para asegurar la reparación del daño de delitos por violencia plantea la integración de un registro estatal de casos de feminicidio "con datos sociodemográficos de víctimas".
 
Organizaciones como Yucatán Feminicida ya habían denunciado desde 2016 que el gobierno yucateco no mantiene actualizado el Banco Estatal de Datos e Información, en donde se registran casos de violencia contra las mujeres, incluido los delitos de feminicidio.  
El Programa también establece que corresponde al Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), a la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la entidad y a la Secretaría General de Gobierno del estado (SGG) reformar el seguimiento y sanción del delito de feminicidio.
 
También menciona como responsable al Comité de Sanción del Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero sobre la actuación del Consejo Estatal, denunció Adelaida Salas, “no hay claridad de sus labores y cuando se creó, porque supuestamente ya labora”
 
Dentro de la estrategia del Programa Especial para Promover la cultura de la denuncia hacia actos de violencia y discriminación contra las mujeres, se plantea que el Comité de Sanción y TSJ tienen la tarea de promover la armonización del delito de feminicidio acorde con el Código Penal federal.
 
Para que ello se cumpla, precisó Adelaida Salas, también debe trabajarse en reformas a la Ley de Acceso que cumplan con las exigencias de las mujeres de la entidad para que se les garantice la protección de sus derechos.
 
Además, la defensora de Derechos Humanos sentenció “si se sigue ignorando que las y los funcionarios no tienen el perfil para trabajar por los derechos de las mujeres, aunque se creen nuevas instancias la seguridad de las mujeres no va a estar garantizada”.
 
17/MMAE/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Comité encargado de recomendar dice “no es necesario”
Para investigar feminicidio en Yucatán faltan causales: OSC
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/05/2017 Aunque Yucatán cuenta desde julio de 2016 con un Comité encargado de evaluar y dar seguimiento a la aplicación correcta del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el delito de Feminicidio, su actuación es limitada porque el Código Penal del estado ignora cuatro de las causales que sí considera el Código Federal.
 
Por ello, “conviene ampliar las causales" para que más casos se investiguen como feminicidio, aseguró la representante de la sociedad civil en el Comité, Ivette Laviada Arce.
 
La también directora en Mérida del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer, dijo en entrevista con Cimacnoticias que, como actualmente el Código Penal de Yucatán ignora cuatro causales que sí considera el Código Federal en materia de feminicidio, sí es necesaria la homologación porque, con ello, se “lograría que las obligaciones internacionales en materia de sanciones de violencia contra las mujeres se cumplieran”
 
Y añadió: “A medida que en los códigos penales se presenten más hipótesis que configuren el delito de feminicidio, será más preciso y objetivo que (los casos) se puedan tipificar".
 
Laviada Arce dijo que aun cuando en 2014 se logró la tipificación del feminicidio como un delito grave en las reformas al Código Penal de Yucatán “queda pendiente ampliar las hipótesis como lo establece el Código Penal Federal”.
 
Por ello, explicó que la actuación del Comité no puede compensar la carencia de estas causales en las investigaciones. Esto porque al Comité le corresponde promover que el Protocolo de Actuación Ministerial, vigente desde marzo de 2016 mediante el Acuerdo FGE 06/2016, se aplique apegándose únicamente a lo establecido en el Código Penal estatal.
 
La homologación del Código Penal yucateco en feminicidio ha sido una de las principales denuncias de organizaciones civiles desde noviembre de 2016, a través de pronunciamientos, reuniones con integrantes del Congreso y una carta pública al gobernador, Rolando Zapata Bello.
 
Ejemplo de las limitaciones para la investigación y sanción de un caso de feminicidio debido a la condición del Código estatal es Emma Gabriela Molina Canto, asesinada frente a su casa en Mérida el pasado 27 de marzo y por el cual se culpa como autor intelectual a su ex esposo y ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda.
 
Cuando la FGE atrajo el caso, este se investigó como homicidio porque de acuerdo con el juez a cargo, Luis Edwin Mugarte Guerrero, no había pruebas suficientes para que se considerara como feminicidio. Actualmente continúa el proceso penal en contra de Medina Sonda como autor de feminicidio.
 
“El juez tenía razón, en un principio no pudimos lograr que se acusara a los inculpados por feminicidio porque el Código Penal no contempla elementos fundamentales para eso”, señaló la directora del Observatorio Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar en entrevista con Cimacnoticias.  
 
EL COMITÉ DICE QUE “NO ES NECESARIO”
 
El Comité Técnico de Análisis y Evaluación del Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial en el Delito de Feminicidio se instaló en julio de 2016, su actuación la regula el Acuerdo FGE 07/2016 y está conformado por la directora General del Instituto para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado (IPIEHM), Alaine López Briceño; el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), José Enrique Goff Ailloud.
 
Como representantes de la sociedad civil lo conforman: de la Organización Vida y Familia, Anel Macías Arreola; de Hogares Maná Víctor Chan Martín, además de Laviada Arce.
 
El Comité tiene entre sus funciones emitir recomendaciones a las unidades administrativas de la Fiscalía General del Estado para que se aplique correctamente el protocolo, sin embargo, de acuerdo a Laviada Arce, el grupo no ha emitido ninguna recomendación porque, dice "por el momento no ha sido necesario", ya que aseguró " los casos que se han evaluado han cumplido con las disposiciones establecidas en el Protocolo de Actuación Ministerial".
 
Otra de las tareas del protocolo es la de solicitar la evaluación de casos específicos “que así lo ameriten por su relevancia o trascendencia social”, como establece el Artículo 3  del acuerdo que regula la actuación del Comité, por lo que las y los integrantes del mismo han atraído cinco casos entre septiembre de 2015 y octubre de 2016, para dos de ellos ya hay dos sentenciados por el delito de feminicidio y cumplen condenas de 35 años y 38 años de prisión respectivamente; los otros tres casos continúan en investigación, informó Laviada Arce.
 
Aseguró también que el Comité sí tienen la capacidad para presionar a instancias ministeriales y agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) para que el asesinato de una mujer se investigue hasta comprobar que se cumplan o no las causales consideradas en el Código Penal yucateco para el delito de feminicidio, aun cuando las primeras líneas de las investigaciones fueron las de un homicidio.
 
Lo anterior con el objetivo de que la entidad garantiza justicia "con perspectiva de género" y se base "en el respeto a los derechos humanos" de las mujeres que hayan sido violentadas.
 
DENUNCIAS DE ORGANIZACIONES
 
Desde la formación del Comité, organizaciones civiles del estado han denunciado deficiencias en la labor del Comité, porque, denunciaron, este no acompaña los suficientes casos y carece de un análisis más exhaustivo de la violencia feminicida de la entidad.
 
Al respecto Ivette Laviada mencionó que, pese a los señalamientos, ante cada muerte violenta de una mujer "los ministerios públicos, peritos y policías aplican lo establecido en el protocolo y su actuación se rige con perspectiva de género" y añadió que la ciudadanía yucateca debe saber que aun cuando el Comité no sesiona, las autoridades siguen el protocolo.
 
De 2015 hasta noviembre 2016, la organización Yucatán Feminicida registró, a través de un rastreo en la prensa y con cifras solicitadas a FGE, 10 casos que cumplen con características del delito de feminicidio, como consta en su informe “Estado del Feminicidio, Yucatán 2008-2016”.
 
Además, la mayoría de los ejecutores de feminicidio no reciben sentencia. De acuerdo al mismo informe, de 2008 a 2016 sólo ha habido cuatro consignas por este delito.
 
17/MMAE/GG
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Tibia respuesta del CIEG y Rectoría, dice Pérez Duarte
Estudiantes, académicas, madres, se manifiestan en CU por Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/05/2017 Cientos de mujeres: estudiantes, académicas y madres, marcharon esta tarde, bajo un cielo gris, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en respuesta al hallazgo del cuerpo de Lesvy Berlín Osorio Martínez, en los jardines del Instituto de Ingeniería, atado a una caseta telefónica el pasado 3 de mayo; pero también lo hicieron en repudio por la falta de seguridad en Ciudad Universitaria y en protesta por el manejo que han dado al caso autoridades judiciales y medios de comunicación.
 
La marcha, que inició en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), con un amplio contingente, predominantemente de mujeres, muchas vestidas de morado, con flores y tambores de acompañamiento, y en un ambiente de tensión y enojo, fue convocada a través de redes sociales por estudiantes feministas; a ella se sumaron académicas, madres de familia, profesoras, así como un numeroso grupo de periodistas que fueron “acotados” por las organizadoras,  cuando la marcha llegó a Ingeniería, lo que generó algunos empujones y forcejeos.
 
CIMACFoto: César Martínez López.

 
La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Alicia Elena Pérez Duarte, quien participó en los contingentes, afirmó que las respuestas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) y del rector Enrique Graue "son muy tibias para lo que está sucediendo”.
 
Necesitamos -dijo quien fue la primera Fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País, de la PGR- “respuestas más contundentes y claras".
 
Añadió que la marcha sirve para exigir a las autoridades universitarias, federales y de la Ciudad de México que casos como el de Lesvy no se repliquen. "Las autoridades de la UNAM deben ser congruentes con sus programas, nos llenamos la boca diciendo que somos sensibles, pero a la hora que necesitamos la presencia firme del Rector no está, lo mismo sucede cuando necesitamos los mecanismos de transversalidad del género", recalcó la académica.

Al pasar por la Facultad de Ciencias, las manifestantes corearon “Ser profesor no te exenta de ser un agresor", en alusión a Marcelino Perelló, quien fue despedido de Radio UNAM por hacer comentarios misóginos y que justificaban la violencia contra las mujeres en el programa que tenía en la emisora. 
 
Al llegar al sitio donde fue encontrada Lesvy, los colectivos feministas leyeron poemas y exigieron justicia para ella y para las 7 mujeres que cada día son asesinadas en el país.
 
CIMACFoto: César Martínez López.

 
La marcha llegó a Rectoría, donde denunciaron que las mujeres en la capital viven con miedo, temen ser violentadas por las "redes de poder que protegen a los agresores" y les impiden acceder a la justicia.
 
La estudiante de Geografía, una de las que inició la convocatoria a la marcha de hoy, Diana Esbri, dijo a Cimacnoticias que si cientos de mujeres se sumaron es porque no se les garantiza seguridad ni en sus escuelas, ni en las calles.
 
"La seguridad no implica más cámaras o vigilancia, queremos que se desarticulan las redes de poder y haya procesos transparentes sin irregularidades y revictimización", agregó la estudiante.
 
Denunciaron también la actuación de las autoridades universitarias y que contrastan con las campañas y programas que tienen contra la violencia de género, como HeforShe.
 
Pidieron no revictimizar a quienes son agredidas y en ese sentido se expresó también la madre de Lesvy, Berlín Osorio, quien, acompañada por las universitarias feministas, exigió a la Procuraduría de Justicia capitalina investigar el caso sin descartar el delito de feminicidio y  dejar de estigmatizar a Lesvy.
 
Berlín Osorio, madre de Lesvy | CIMACFoto: César Martínez López.

 
“Mi hija no era alcohólica ni una cuida-perros”, dijo con voz firme, serena, refiriéndose a las declaraciones emitidas por la Procuraduría ayer en su cuenta de Twitter.
 
Pidió respeto y dijo que aún no podía hablar con los medios, pero dejó claro que la familia estaba enojada, ante lo publicado por las autoridades judiciales.
 
Advirtió también que apelará a las instancias locales de justicia e incluso a las internacionales, de ser necesario, si hay impunidad en el caso de su hija.
 
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Estudiantes, académicas, madres, se manifiestan en CU por Lesvy
 
17/MAE/GG







ESTADOS
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   En plena AVG, ningún informe sobre Niña de Neza
Fiscalía de Feminicidio del Estado de México: viaje a la nada
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/04/2017 Entre las  instituciones que conforman el sistema de procuración de justicia para las víctimas de feminicidio del Estado de México, uno de los territorios más peligrosos para las mujeres, está la Fiscalía Especializa en Feminicidios local.
 
Cimacnoticias acudió a esa Fiscalía con el propósito de conocer los avances sobre la investigación del feminicidio de la niña de 5 años, encontrada el 18 de marzo en un lote baldío de la colonia Virgencitas en Nezahualcóyotl y que continúa sin ser identificada    
 
La Fiscalía nació luego de que el 11 marzo de 2011 fue publicada la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal estatal, como parte de las iniciativas del aún gobernador Enrique Peña Nieto. El 20 de julio del mismo año se decretó la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México, adscrita a la Subprocuraduría por Atención de Delitos Vinculadas a la Violencia de Género.
 
Para el año en que fue creada, la suma de mujeres asesinadas en la entidad desde 2005 era de 922, según el registro del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF). También fue el año en que el Gobierno federal negó por primera ocasión la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para el territorio mexiquense. 
 
UN MISTERIO
 
A la Fiscalía le compete “conocer, investigar y perseguir hechos constitutivos de los delitos de feminicidio, homicidio doloso de mujeres por razón de género”, de acuerdo con su Decreto de creación. Sin embargo, su funcionamiento y existencia es un misterio.
 
La Fiscalía no cuenta con portal Web para su consulta. Se tiene que acceder al directorio de la Procuraduría local –donde tampoco hay información- para conocer únicamente la ubicación de la oficina: Avenida del Trabajo, en la colonia San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, uno de los 11 municipios que están desde 2015 bajo la declaratoria de AVG.
 
Al llegar al lugar, no hay señales de la Fiscalía. Sólo se reconoce el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, donde hay una fila de mujeres con bolsas de comida y ropa para dar a los reos. Justo al lado –al preguntar y subir un camino de escaleras- se llega al edificio de la Subprocuraduría local, en el tercer piso se ubica la oficina de la Fiscalía de Feminicidio, señala el guardia.
 
Para los familiares de víctimas de feminicidio que buscan la Fiscalía para recibir atención, asesoría o ayuda, no les será fácil, les  costará trabajo ubicarla. No hay señal que lo indique, o módulo de atención, sólo un letrero en el viejo edificio que anuncia una recompensa de 300 mil pesos para quien localice a las más de 5 mujeres desaparecidas.  
 
“Quien le puede atender”, me explicó un empleado, “es el área de Comunicación Social”. Se presentó Carlos Villafuente, como el encargado del área y dijo que nadie puede responder a la solicitud por el momento. La titular de la Fiscalía, Irma Millán Velásquez, no está, tampoco el subsecretario de la institución, Juvenal Guadarrama Díaz.
 
Y comentó que hay un protocolo a seguir: llamar a la Procuraduría General local con el director de Comunicación, Claudio Barrera Vargas. Él atenderá en una entrevista, “acorde a su agenda”.
  
LA TRAVESÍA POR ATENCIÓN
 
Dentro de sus funciones, la Fiscalía Especializada de Feminicidios atiende los casos que son canalizados y remitidos por los Ministerios Públicos (MP), una vez que este órgano considere que se debe investigar el asesinato de una mujer o feminicidio, bajo los lineamientos del “Protocolo de Actuación en la Investigación del Delito de Feminicidio”, indica el marco normativo de la Fiscalía, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del estado, en octubre de 2015.
 
El personal confirma que las madres o las familias de víctimas que acuden directamente a las oficinas para presentar la denuncia no son atendidas. Se deben presentar a la Fiscalía sólo después que el MP o alguno de los tres Centros de Justicia para las Mujeres proporcione el número de expediente.
 
Uno está ubicado en Cuautitlán Izcalli, otro en Toluca y otro en Amecameca. Las familias –con toda la carga emocional que deriva de un feminicidio- tendrán que emprender el traslado desde estas unidades hasta Tlalnepantla. O bien, desde los 14 MP especializados en violencia familiar, sexual, y de género, ubicados a lo largo de la entidad.
 
LOS DIFÍCILES DATOS
 
Para conocer cuántos casos de feminicidio lleva en proceso la Fiscalía, cuántas sentencias ha dado desde su creación, o si da algún tipo de atención psicológica o legal a las familias de las víctimas, se debe remitir al mismo trámite burocrático con la Procuraduría de Justicia local, reiteró el personal de comunicación.
 
De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), de marzo de 2011 –año de la tipificación de feminicidio- a abril de 2015, se acreditó sentencia a los culpables de 66 casos de feminicidio, de los 193 que tenían registrados en ese lapso.
 
Con la declaratoria de la AVG dada el 28 de julio de 2015, el Gobierno mexiquense asumió varias obligaciones, una de ellas   impulsar la Fiscalía Especializada en Feminicidio, crear un banco de datos sobre violencia de género, definir estrategias de prevención, recuperar espacios públicos, garantizar la protección, búsqueda y localización de mujeres y niñas desaparecidas.
 
También, crear una estructura capaz de salvaguardar la vida las mujeres, brindarles la atención necesaria, permitir la misma transparencia de las instituciones justicia para la sociedad civil.
 
Estas acciones deberían estar implementadas para 11 municipios: Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Chalco y Valle Chalco Solidaridad.
 
MÁS FISCALÍAS
 
Fuera de la Fiscalía, del ajetreo de las oficinas de gobierno, funcionarios y funcionarias platicaban, algunos llevan armas de fuego en sus cinturones, seguramente agentes encargados de llevar a cabo las investigaciones y dar con los presuntos criminales.
 
El ambiente político, por el próximo proceso electoral para elegir nuevo gobernador o gobernadora se ve influido por los casos de feminicidio. Frente a la Fiscalía, un espectacular de Delfina Gómez -candidata para gubernatura por Morena-  resalta a la vista “La esperanza se vota”. En el camino también se observa pintadas en paredes, “Josefina”, por el Partido Acción Nacional. Las camionetas del transporte público también se suman; “yo voy por Del Mazo”, se lee en la parte trasera de sus vidrios.
 
Las y los candidatos se han pronunciado a favor de los derechos y la seguridad de las mujeres. Entre las propuestas para erradicar el feminicidio, Josefina Vázquez Mota  promete crear un Consejo Estatal para terminar con la violencia feminicida, asimismo, Delfina Gómez Álvarez, propone extender la alerta de género a los 125 municipios de la entidad.
 
Mientras, con AVG e instituciones especializadas, la violencia no cesa en la entidad, las cifras del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México, el último año indican que se cometieron 263 casos de feminicidio.
 
De estos, 39 pertenecían a Ecatepec, en Naucalpan fueron 17, Chimalhuacán 15 casos, Chalco 13 casos, Nezahualcóyotl con 12 y Tultitlán con 11 casos. En los municipios de Nicolás Romero y Tlalnepantla se contabilizaron nueve casos y siete en Cuautitlán Izcalli.
 
NADIE CONTESTA…
 
El 12 de abril, Cimacnoticias pidió a la Procuraduría mexiquense información sobre el caso de la Niña de Neza. El responsable de contestar la interrogante es el director de comunicación, Claudio Barrera, pero nunca está, nos dicen, “en cuanto pueda, mandará la información”, dice personal a su cargo. Igual sucede en la Fiscalía Especializada de Feminicidios, donde nos explican que “deben estar autorizados por la Procuraduría, para brindar esa información”.
 
17/HZM/GG







INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Protestan hoy frente a Fiscalía de Bogotá
Colombianas dicen ¡no a la violencia y no al feminicidio!
Imagen retomada del facebook de la Fundación Maisa Covaleda
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/04/2017 Este jueves, en Bogotá, Colombia, frente al edificio de la Fiscalía General de la Nación, cientos de mujeres y organizaciones feministas se reúnen desde las cuatro de la tarde, en contra de la violencia de género, con la consigna “¡Basta ya!, Colombia no a la violencia y no al feminicidio”.
 
Convocadas por la  Fundación Maisa Covaleda, su propósito es llamar la atención, protestar con velas, flores, cruces y globos,  y hacer conciencia ante el grave problema de la violencia contra las mujeres que ha ocasionado 204 casos de feminicidio, de enero al 11 de abril de este año, de acuerdo con datos del Instituto de Medicina Legal.
 
Y a esa cifra se suman ya los más recientes asesinatos: el de la niña Sarita Palacio, torturada, muerta y abandonada en Armero Guayabal; la  bebé de cuatro meses vejada y asesinada en el departamento del Meta; Mónica Ávila, maltratada y muerta en Cundinamarca; la joven del resguardo indígena Yaquiva del Cauca; el de Leidy Laura Burgos de Medellín, y el más reciente  de Jennifer Katherine Cáceres, de 24 años, apuñadada en Bogotá, crímenes que desbordaron la indignación social.
 
Protestan también en contra de la violencia sexual contra la niñez, ya que datos del Instituto de Medicina Legal señalan que entre enero y marzo de este año se han practicado 4 mil 315 exámenes médicos por presunto delito sexual contra menores de edad,  3 mil 674 a niñas. 
 
Por eso hoy, en la movilización se exigen, como hace un año al inicio de la campaña “Romper el Silencio”, convocada por  María Isabel Covaleda y Beatriz Torres, víctimas de violencia de género, que haya políticas públicas para la protección de las mujeres y niñas colombianas; que la ciudadanía se convierta en inspectora de la justicia y actuar ante la indignación.
 
Explican las convocantes que la protesta se realiza frente a la sede de la Fiscalía General, porque ahí se investigan los casos de feminicidio y se califican los procesos, aunque deberían también  protestar ante la Policía, la Procuraduría y las Personarías, ya que esas instituciones deben asumir sus responsabilidades para garantizar la vida de las mujeres.
 
La propuesta de movilizarse este miércoles surgió hace dos semanas, cuando la organización Maisa propuso actos en protesta por el feminicidio de  Claudia Johana Rodríguez, quien tenía  40 años de edad cuando fue  asesinada por su expareja en el centro comercial Santafé, en Bogotá.  
 
Ante el silencio de las instituciones del gobierno que debería garantizar la vida de las mujeres, cuestionaron en dónde está la revisión de los procesos y por qué las instituciones no se pronuncian  y por qué la policía no cumplió con proteger a la ciudadanía, como sucedió con Claudia. Hoy la protesta no es por Claudia, es por todas. 
 
17/RED







ESTADOS
VIOLENCIA
   Subsecretario de la Fiscalía dejó de responder llamadas
“Nosotras” pide a Contraloría de PGJEM informar sobre Niña de Neza
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/04/2017 Ante la negativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) para informar sobre el estatus que guarda la investigación del feminicidio de la niña encontrada en un baldío de Nezahualcóyotl en marzo pasado, el colectivo “Nosotras” pidió a la Contraloría Interna de esa instancia judicial que intervenga, que colabore en el seguimiento del caso y reporte a la sociedad civil y a la organización.  
   
La solicitud a la Contraloría fue realizada el 24 de abril, informó la integrante de “Nosotras”, Beatriz Saavedra Romero, quien reiteró su llamado tanto a la Fiscalía Especializada de Feminicidios del Estado de México, como a la PGJEM, para que colaboren y rindan la información que se les pidió, sobre  la niña de aproximadamente 5 años de edad, hallada el 18 de marzo en la colonia Virgencitas, con signos de violencia, en la avenida Bordo de Xochiaca, luego de que vecinos alertaron a la policía municipal.
 
COMPROMISOS SIN RESULTADOS
 
El documento, dirigido a la titular del órgano de control interno, Claudia Romero Landázuri, precisa: “solicitamos su colaboración para que apoye, oriente, auxilie y coadyuve” a la solicitud que presentó el colectivo el 27 de marzo ante la Fiscalía Especializada de Feminicidios del Estado de México, donde se puntualizó dos exigencias, recordó la activista Saavedra.
 
La primera exigencia que se hizo en marzo, y que ahora se reitera a la dependencia, a través de la Contraloría, es llevar a cabo una debida investigación del caso de la Niña de Neza, basada en los protocolos de investigación de asesinatos violentos de mujeres para dar con los responsables del feminicidio. Además de dar un reporte de avances y cumplimiento de estas obligaciones, tanto al colectivo como a la sociedad.
 
La segunda petición, ante la falta de presencia de familiares para reclamar el cuerpo de la menor de edad, es que se busquen las soluciones necesarias para evitar que sea enviada a la “fosa común”.
 
Sobre este punto, el subsecretario de la Fiscalía, Juvenal Guadarrama Díaz, quien recibió y se reunió con la organización en esa fecha, se comprometió a realizar los arreglos necesarios para la sepultura, mantener el cuerpo en los Servicios Médicos Forenses el tiempo que se requiera, e informar a las activistas sobre el proceso.
 
Sin embargo, señala la activista Saavedra Romero, “estamos a prácticamente un mes de que interpusimos la solicitud” y aún las autoridades no notifican sobre los resultados de la investigación; no se sabe la identidad de la niña, si el cuerpo fue reclamado por familiares, si pertenecía al municipio, o quiénes podrían ser los presuntos responsables.
 
La única información a la que accedió la organización, la última vez que se comunicó a la Fiscalía, el 24 de marzo, es que el cuerpo de la niña permanecía en los servicios forenses y no había nuevos datos de la investigación.
 
“No se trata sólo de eso –impedir que la niña vaya la fosa común-  queremos saber qué están haciendo para garantizar el acceso a la justicia de una menor que fue encontrada en graves condiciones; en un lote baldío, en un municipio que tiene la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género”, aseveró Saavedra, y añadió que el subsecretario Juvenal Guadarrama dejó de responder sus llamadas.
 
En el último año, en el municipio de Nezahualcóyotl -que está bajo la declaratoria de Alerta de Violencia de Género desde 2015- hubo 12 casos de feminicidio, indican cifras registradas por el Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem).
 
En tanto, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) reporta que de 2006 a 2014 se suma la desaparición de 28 niñas entre 5 a 9 años de edad y cuatro de ellas eran pertenecientes a Neza.
 
Cimacnoticias se comunicó a la Fiscalía Especializada de Feminicidio para obtener información sobre el caso, la institución nos refirió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México para hacer un trámite burocrático y obtenerla. Hasta el momento las autoridades no responden a la solicitud de información presentada. 
 
SIN INFORMES SOBRE FEMINICIDIO
 
Saavedra Romero añadió que no es el único caso de feminicidio o desaparición donde no se sabe qué pasa con las víctimas, debido a la falta de transparencia de las autoridades mexiquenses. “No se rinden informes sobre los estatus que tienen los casos, y lamentablemente hay muchas mujeres que están en calidad de desconocidas, es muy insignificante el desempeño de las autoridades de la Procuraduría.”
 
La activista quien trabaja y vive  en el Estado de México,  señaló que las autoridades deben trabajar y ver este tipo de casos tan violentos, así como velar por la seguridad de las mexiquenses.
 
En medio de campañas electorales para la gubernatura del Edomex, Saavedra recordó la situación de violencia que atraviesan las mexiquenses, “nunca nos han garantizado una vida digna a las mujeres de la entidad, necesitamos infraestructura de adecuada para nosotras, en servicios de salud y educación, empleos dignos.”
 
La AVG, también se declaró en los municipios de Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
 
17/HZM/GG







ESTADOS
VIOLENCIA
   Logro de OSC de Yucatán que se procese por esa causa
Alberto Medina será juzgado por feminicidio agravado contra Emma Gabriela
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/04/2017 El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, fue vinculado a proceso penal como coautor directo del delito de feminicidio agravado cometido contra la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto, informó el Poder Judicial de Yucatán.

En la audiencia realizada el 24 de abril en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) el juez a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó que hay pruebas suficientes para investigar a Medina Sonda como autor del presunto feminicidio de Emma Gabriela, cometido el pasado 27 de marzo en Yucatán, Mérida.

Con ello, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) continuará con la investigación sobre el caso, informó el Poder Judicial de Yucatán a través de un comunicado y confirmó la representante en esa entidad del Observatorio Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias.

El empresario, actualmente recluido en Tabasco por usar recursos de procedencia ilícita, presenció la audiencia a través de videoconferencia desde el centro de Justicia del Sistema Penal de ese estado.

En la audiencia, el juez Mugarte Guerrero dictó prisión preventiva de un año para el acusado y estableció un plazo de cuatro meses para que la FGE recabe más pruebas.

Salas Salazar definió la decisión de juzgar el caso de esta forma como un “logro de las organizaciones sociales en Yucatán” por las demandas que han hecho para que el delito de feminicidio se sancione e investigue como un delito grave, según establece el Artículo 13 del Código Penal de Yucatán.

Sin embargo, dijo, aún es necesario presionar a las y los diputados para que legislen en favor de la homologación de los elementos para juzgar como feminicidio presentes en el Código de Yucatán y el Federal para que no sea un elemento que intervenga en la acusación de Medina Sonda.

Las organizaciones Ni Una Más-Yucatán, Ciencia Social Alternativa "Kóokay", el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán, el Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio y Yucatán Feminicida demandaron desde noviembre de 2016 que el Congreso del Estado de Yucatán realice las modificaciones necesarias para que el delito de feminicidio se investigue correctamente.

Lo anterior, porque en el Código Penal de Yucatán se ignoran cuatro causales presentes en el Código Federal, entre ellas considerar la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima, si hay datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho o acoso en contra de la víctima; también si esta fue incomunicada y si su cuerpo fue exhibido en un lugar público.

17/MMAE/GG







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