NACIONAL
VIOLENCIA
   “Preguntan en escuelas a ver si la conocen”
Fiscalía de Feminicidios de Edomex, sin datos sobre Niña de Neza
activistas de la organización “Nosotras” se manifestaron frente a esa institución para exigir información sobre el caso | CIMACFoto: César Martínez López.
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/03/2017 No hay ningún dato que permita identificar a la niña de aproximadamente 5 años de edad cuyo cuerpo, con signos de violencia, fue dejado por desconocidos en un lote baldío en el Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyot, en donde vecinas lo encontraron el pasado 18 de marzo.
 
Eso respondió la Fiscalía Especializada de Feminicidios del Estado de México cuando, este lunes, activistas de la organización “Nosotras” se manifestaron frente a esa institución para exigir información sobre el caso, ante la posibilidad de que suceda lo mismo que con la niña hallada en 2015 en la colonia Juárez de la capital, dentro de una maleta, con signos de violencia sexual y que tuvo que ser enterrada sin identificación.  
 
Nada, no saben nada, dijeron a Cimacnoticias las activistas, tras una reunión con funcionarios de la Fiscalía: sigue sin saberse el nombre de la niña, de dónde viene, quiénes son sus familiares, cuáles las causas de su muerte. Además, nadie ha reclamado el cuerpo.
 
Señalaron las autoridades que tampoco había cámaras de seguridad en el lugar que pudieran revelar pistas sobre los responsables. Sin embargo, les dijeron a las activistas, las autoridades “están realizando inspecciones en las escuelas de Nezahualcóyotl para saber si la conocen” y aún están revisando en los registros de personas desaparecidas.
 
Las activistas fueron recibidas por el subsecretario de la Fiscalía, Juvenal Guadarrama Díaz, a quien le entregaron un documento dirigido a la Subprocuradora para la Atención de Delitos  Vinculados a la Violencia de Género, Dylcia García Espinoza de los Monteros, donde exigen que Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) lleve una debida investigación y active los protocolos especializados para atender a las víctimas de  feminicidio e identifique la identidad de la niña.
 
El subsecretario de la Fiscalía se comprometió con las activistas a entregar el documento a la Subprocuradora y reportó que el  cuerpo de la niña aún permanece en los Servicios Médicos Forenses, donde puede permanecer hasta 15 días para su investigación y después será enviado a la fosa común.
 
¿UNA MÁS A LA FOSA COMÚN?
 
Las activistas acusaron que no hay ninguna institución de gobierno, persona u organización que acompañe el caso, que vigile la debida investigación y garantice el acceso a la justicia para la víctima de feminicidio infantil. 
 
Por eso temen que el cuerpo de niña sea enviado a la fosa común, como sucedió con la niña, de entre 18 y 24 meses de edad, dejada dentro de una maleta en la calle Berlín de la capital, en marzo de 2015, y quien fue sepultada el 25 de abril del año pasado, el Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, por decisión de las autoridades, “como recordatorio de la persistencia de ese flagelo”, como afirmaron las autoridades capitalinas en esa ocasión. 
 
El posible envío de la “Niña de Neza” -como le llaman las activistas- a una fosa común les preocupó, por lo que acordaron con el subsecretario realizar una sepultura que respete la dignidad de la niña en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del Edomex.
 
FEMINICIDIO INFANTIL
 
Las activistas temen también que el caso de la niña hallada en Nezahualcóyotl no se investigue bajo el tipo penal de feminicidio infantil, ante la falta de familiares u organizaciones que vigilen el proceso. Y esto, advirtieron a Cimacnoticias, podría derivar, incluso, en la  impunidad y libertad de los responsables, que pudieran ser localizados. 
 
Pero el caso de la niña de Neza no es el único, la desaparición de niñas en el Estado de México cada día se vuelve en un hecho más común, niñas de las que no se tienen rastro, no se sabe dónde están, y en algunos casos sólo se encuentran sus cuerpos abonados sin vida en lugares desérticos; rasgos pertenecientes al  feminicidio infantil como lo categoriza la socióloga y experta en el tema, Julia Monárrez.
 
De acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en
México (Redim) de 2006 a 2014 tan sólo en el territorio  mexiquense se tiene un registro de 396 mujeres entre 0 y 17 años de edad desaparecidas. De ellas, 28 tenían entre 5 a 9 años de edad y cuatro de ellas eran pertenecientes al municipio de Nezahualcóyotl.
 
Otros de los sectores a los que pertenecían son Toluca (5 casos), Tlalnepantla (3 casos); Villa del Carbón contó con 2 casos; Amecameca, Tultitlán, Tianguistenco, Texcoco, Tenancingo, Cuautitlán, Zinacantepec y Lerma, cuentan con un caso; y cuatro  se encuentran en calidad de desconocido.
 
Asimismo la Redim ha insistido en la ineficiencia de los sistemas y procesos normativos para la búsqueda de adolescentes y niñas desaparecidas en México; no se activan la Alerta Amber necesarias para la identificación de las niñas y adolescentes.
 
Los familiares tienen que esperar 72 horas para iniciar el proceso, aun cuando el Protocolo Alba obliga a los tres niveles de gobierno a buscar mujeres reportadas como desaparecidas una vez que se tenga conocimiento del hecho, sin necesidad de esperar la denuncia. Estos factores ha puntualizado la organización pone en riesgo la vida de las mujeres.
 
“No se está dando la atención requerida, no se están implementando los protocolos y medidas necesarias porque siguen ocurriendo situaciones tan preocupantes como está”, concluyó la activista de Nosotras.
 
17/HZM/GG







ZONA DE REFLEXIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   ZONA DE REFLEXIÓN
Sus voces nos hacen falta
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 28/03/2017 El asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velduceo nos trae, de golpe, el regreso de un horror: el asesinato de periodistas críticos. Tres en menos de un mes. El crimen de la reportera Breach nos lleva a repreguntarnos por qué es tan ineficaz la autoridad para investigar y sancionar a los responsables de los atentados a la libertad de expresión.
 
En el año 2000, con un gobierno panista, los atentados contra periodistas iniciaron su escalada; para 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, la violencia desatada por su guerra contra el narco llevó a México a ser conocido como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.
 
Producto de esta violencia, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que lleva once años operando sin que hasta hoy dé resultados efectivos que terminen con la impunidad que rodea cada asesinato y agresión contra periodistas.
 
En 2010 tuvimos la visita del entonces relator de Naciones Unidas para la protección a la libertad de expresión, Frank la Rue. Una de las recomendaciones hechas al Gobierno federal fue sancionar los atentados contra periodistas,  pues la impunidad es la puerta abierta a la repetición, aseguró en su informe.
 
La ineficacia de la Fiscalía está documentada en cada asesinado y agresión contra periodistas: 17 mujeres periodistas han sido asesinadas por hacer su trabajo y 331 han sido agredidas o intimidadas por las investigaciones que realizan desde 2002. Ninguna periodista debió de haber sido asesinada, ninguna de ellas debe vivir con temor por las amenazas recibidas.
 
¿Por qué la Fiscalía no llega hasta los culpables de los asesinatos y las agresiones contra periodistas? Es la pregunta que desde hace más de una década se insiste y a la cual ningún fiscal ha dado respuesta.
 
¿A quién le conviene que el miedo por investigar corrupción, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desapariciones o feminicidio crezca entre las y los periodistas? ¿A quién le conviene que la sociedad no sea informada sobre estos temas?
 
Cuando los agresores de periodistas son funcionarios públicos, la respuesta es lógica: sembrar el miedo por investigar temas que incomoden a los que tienen el poder le va bien, le favorece a los poderosos, pero no a la sociedad.
 
Anoche, la periodista Laura Castellanos, quien se ha dedicado a investigar ejecuciones extrajudiciales, escribía en el tweet “Si la sociedad nos deja solas/os en nuestro ejercicio periodístico, crece nuestra vulnerabilidad”.
 
Es urgente que la sociedad se dé cuenta de la importancia del trabajo periodístico independiente y crítico, pues sacar a la luz las desigualdades y los abusos de poder permite a la sociedad ser más crítica y construir mejores democracias.
 
Por ello es tan grave que asesinen o intimiden a las y los periodistas, y que las instancias creadas para investigar estos crímenes sean tan ineficaces para hacer justicia. Grave, porque cuando silencian o limitan la posibilidad de investigación periodística, la sociedad está menos informada y más vulnerable de vivir en la mentira creada desde las esferas del poder y divulgada por medios que privilegian los convenios publicitarios, antes que su obligación de informar.
 
El horror no puede seguir imperando en nuestro país, es necesario que la sociedad haga suya la causa de la protección de periodistas, demande la investigación ante cualquier atentado, fortalezca a las y los periodistas independientes para que crezca la democracia que tanta falta hace en México, y para que ni una periodista más sea asesinada, porque todas esas voces hoy nos hacen falta.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG







NACIONAL
   CRÓNICA FOTOGRÁFICA
   Un estado en AVG
La niña de Neza
CIMACFoto: César Martínez López
Por: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017
Nezahualcóyotl es uno de los 11 municipios del Estado de México en donde hay Alerta de Violencia de Género desde el 31 de julio de 2015.


En un lote baldío de la colonia Las Virgencitas, en Neza, el sábado 18 de marzo, vecinas del lugar encontraron el cuerpo sin vida de una niña de aproximadamente 5 años de edad.


El martes 21 de marzo, organizaciones y colectivos de mujeres del Estado de México levantaron un altar en el lugar donde fue dejado el cuerpo de la niña. Desde las 11 de la mañana, activistas y un grupo de vecinas, cruzaron la avenida Bordo de Xochiaca para hacer un altar y exigir seguridad y un trabajo eficaz a la policía.


Mujeres de la colonia se sumaron espontáneamente para hacer el altar. Algunas que iban a “hacer su mandado”, solo fueron a dejar su compra, “solo llevo mi carne porque si no se me echa a perder”, y regresaron para ayudar.


Mientras las mujeres hacían el altar, un grupo de policías estatales las “acompañaban”, “por “su seguridad”. Mientras, agentes ministeriales inspeccionaban el lugar para continuar con las investigaciones.


Las activistas escribían consignas en cartulinas y construían la cruz que acompañaría el altar, mientras las vecinas del lugar recordaban a los policías su obligación de garantizar seguridad y medidas como alumbrado en sus calles.


Las vecinas, e integrantes de la Agrupación Política Nacional Nosotras, el Colectivo de Madres del Edomex y Centro Cultural y Organización Social de Nezahualcoyotl, agarradas de la mano, realizaron un acto de unión por la niña asesinada.


Activistas y vecinas fueron al Servicio Médico Forense para que las autoridades no den “carpetazo” al caso. El fiscal Mauricio Blancas les dijo que ellos solo levantaron el cuerpo, que el caso corresponde a la Fiscalía de Feminicidios, aunque sabe que no existe Alerta Amber o denuncia por desaparición que corresponda a la descripción de la niña.


El lunes 27 de marzo, los colectivos de mujeres y las vecinas se manifestarán frente a la Fiscalía de Feminicidios, para que se identifique a la niña y se haga justicia.


17/CML/GGQ







NACIONAL
VIOLENCIA
   Sobreviviente de feminicidio
Con el agresor libre, fiscal concedió “patrullaje” para proteger a Xochitl
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2017 La seguridad de Xochitl, sobreviviente de feminicidio, sigue en riesgo, porque la fiscal de litigación del Ministerio Público (MP) de Ixtlahuaca solo ordenó rondines policiacos por su domicilio para protegerla, pese a que el agresor, Gabriel Gamaliel Reyes Balderas, sigue libre.
 
Esta medida es insuficiente, advirtió en entrevista con Cimacnoticias la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), Yesmerai Betanzos, quien lleva el caso de Xochitl, ya que incluso cuando habían sido otorgadas medidas cautelares para la víctima, fue hostigada por un hombre y una mujer que intentaron entrar a su casa y, al llamar a los números que la autoridad le dio, los policías llegaron 40 minutos después.
 
Recordó la abogada que el intento de feminicidio ocurrió el 27 de mayo de 2016, cuando Reyes Balderas, después de seguir por varios días a Xochitl, la amenazó con una pistola a subir a una camioneta, donde la violó, la golpeó, dejándole dos costillas rotas, e intentó asesinarla. Ella logró escapar y el agresor fue detenido. Sin embargo, el 5 de enero pasado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México lo dejó libre.
 
Xóchitl, a través del Gadh, presentó una apelación a la libertad del potencial feminicida Reyes Balderas, sustentada en que no hubo una adecuada investigación ni se valoraron las evidencias a través de la perspectiva de género, como lo ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
El primero de marzo de 2017, la Sala Colegiada Penal de Toluca revocó la sentencia de libertad otorgada a Gabriel Gamaliel Reyes, y ordenó a la policía ministerial de Ixtlahuaca, Estado de México (Edomex), su pronta localización y aprehensión. También otorgó medidas cautelares para la sobreviviente.
 
Es por eso que la abogada Betanzos considera que Xochitl aún está en riesgo, ya que incluso con medidas cautelares fue hostigada en su casa, por lo que el patrullaje resulta insuficiente para protegerla. 
 
Este caso, señaló Yesmerai Betanzos, no es único, “en general existe una problemática con la seguridad que las autoridades brinda a las mujeres que han sufrido violencia de género, o sobreviven a una tentativa de feminicidio” porque “difícilmente cualquiera de ellas puede asegurar su integridad personal efectiva con estas medidas.”
 
Betanzos añadió que las deficiencias comienzan desde el sistema policiaco, ya que no hay personal suficiente y especializado para atender a víctimas que se enfrentan a este tipo de violencia, además de que “los tiempos de respuesta son muy lentos, y medidas, como botones de pánico o rondines, se ha experimentado que no funcionan.”
 
En otras ocasiones, comentó, se refuerzan las viviendas con protecciones, se instalan cámaras de seguridad, lo cual puede funcionar en los domicilios, pero una vez que las víctimas dejan su hogar y transitan en el espacio público su vida corre peligro, y aún no logra ser efectiva las medidas en ese campo.
 
En las próximas semanas, informó la abogada, se reunirán con autoridades de la Procuraduría mexiquense para determinar y valorar las medidas de protección que se le mantendrán o agregarán a Xochitl.
 
SOBREVIVIENTES, ALEJADAS DE SU VIDA
 
La abogada del Gadh dijo que el caso de Xochitl demuestra la situación que enfrentan las mujeres después de un intento de feminicidio: abandonan sus actividades, sus hogares, dejan su comunidad y familiares, se aíslan por el temor que tienen a que sus agresores regresen para acabar lo que intentaron, o porque “la comunidad es incapaz de comprender su vivencia y la estigmatiza.”
 
El apoyo psicológico es fundamental para lograr que las sobrevivientes de estos ataques reconstruyan su vida, indicó la abogada Betanzos, e instituciones como la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia de Género y Trata de Personas (Fevimtra) están encargadas de hacer este acompañamiento.
 
Pero, cuando las víctimas no encuentran respaldo en las instituciones de gobierno, son las organizaciones civiles especializadas en temas de feminicidio las que les han dado ayuda, señaló la especialista
 
Cabe recordar que dentro de la sentencia que dictó la Sala Colegiada de Toluca, se ordenó la reparación de daños a la víctima, por lo que el delincuente deberá pagar por dos años la atención psicológica privada para la recuperación de Xochitl.
 
FALTAN RESOLUCIONES
 
Entre las resoluciones que quedan pendientes está la localización y captura de Gabriel Gamaliel Reyes, aún prófugo; la investigación de servidores públicos que atendieron el caso, pues Xochitl nunca fue informada por las abogadas de oficio de la obligación que tiene la autoridad de respetar el debido proceso, ni recibió los citatorios para acudir al MP de Ixtlahuaca y continuar la demanda, además de que fueron desechadas como evidencias la camioneta y el semen del agresor, y se dudó de su declaración.
 
17/RED/RED







NACIONAL
VIOLENCIA
   Sólo un decreto y un programa para reparar daño
CEAV y DIF, obligados a registrar y acompañar orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2017 La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tienen la obligación de hacer un registro fidedigno sobre hijos e hijas de víctimas de feminicidio: cuántos son, dónde están, quiénes se hacen responsables de ellos, cuál es su acompañamiento, pues es un tema que concierne a la reparación integral de daños, afirmó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
 
A pesar de que existe un registro oficial de 6 mil 488 asesinatos de mujeres entre 2013 a 2015, que dejarían en la orfandad a miles de niños, niñas y adolescentes, la CEAV señala –tras una solicitud de información- que sólo conoce, de 2014 a febrero de 2017 (todo el tiempo en que ha operado) solo 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 
La Coordinadora del OCNF, entrevistada por Cimacnoticias, recordó que estas hijas e hijos son víctimas indirectas, por lo tanto  CEAV y DIF debe registrar y acompañar el desarrollo de la niñez en orfandad por feminicidio.
 
Estos actos están estipulados en Ley General de Víctimas, donde se indica que “los familiares o personas que tengan una relación inmediata con la víctima, deben percibir ayuda provisional y oportuna de los recursos de ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades”.
 
Además, la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en 2009 por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, obligó al Estado mexicano a reconocer a las hijas e hijos de mujeres asesinadas por razón de género como víctimas y a establecer las bases jurídicas y políticas públicas necesarias para respaldarlos
 
Sin embargo,  aunque existen instituciones y marco jurídico, es difícil contar con estos registros, dijo la activista Luz Estrada, pues con dificultades se logra conocer de manera efectiva las cifras de feminicidio a nivel a nacional, por lo que contabilizar a las víctimas indirectas del feminicidio será un reto.
 
REPARACIÓN DE DAÑO
 
Sobre la reparación del daño, Luz Estrada comentó que “es toda una problemática”, pues los esfuerzos son insuficientes, ya que, además del protocolo de CEAV, existen apenas un decreto en el Estado de México y un programa en Jalisco.
 
El decreto del Estado de México, número 106 publicado el 3 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la entidad, un año después de la Alerta de Violencia de Género (AVG), reconoce la necesidad de “otorgar un estímulo económico a las hijas o hijos de madre o tutora desaparecida o víctima de feminicidio u homicidio doloso”. Y se entrega “a partir de la noticia del hecho en los lineamientos correspondientes”, hasta la conclusión de la licenciatura o la certificación como profesional técnico.
 
En febrero de 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció entregar 800 pesos mensuales por cada estudiante, siempre y cuando estén inscritos en las instituciones escolares hasta concluir la licenciatura.
 
Luz Estrada consideró que, además de estos necesarios recursos económicos, también se debe considerar la atención psicológica integral para los hijos e hijas de mujeres asesinadas, muchas veces testigos del delito, lo que les deja marcas severas, incluso cuando son menores de edad.
 
Ellas y ellos, dice la experta, “se sienten solos, cansados, abandonados, lo que tiene consecuencias significativas en su desarrollo”, pues el feminicidio “es una muerte no esperada y la familia también debe llevar terapia “para poder sobrellevar el dolor.”
 
En Jalisco, el programa “Acompañar la ausencia” fue establecido en septiembre de 2016, ante el creciente número de casos de feminicidio, con el fin de dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, para “aliviar algunos trastornos psicológicos que detonan estos delitos, con el fin de recomponer el tejido familiar”.
 
Sin embargo, señaló Luz Estrada, siguen siendo las abuelas, tías u otros familiares los que se hacen cargo de las hijas e hijos de mujeres asesinadas y quienes buscan los medios para brindarles lo necesario a estas víctimas que quedan indefensas a falta de políticas públicas.
 
17/HZM/GG
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Problema estructural, urge Fiscalía especializada
Procuraduría de SLP investigó mal cinco casos de feminicidio: CEDH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/03/2017
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) confirmó que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de San Luis Potosí no investigó con la debida diligencia los casos de feminicidio de las niñas de 9, 11, 15, 13 años de edad y de una mujer de 32 años, asesinadas entre 2010 y 2014 por el ex militar Filiberto Hernández Martínez, en el municipio de Tamuín.
 
La CEDH determinó, en un informe especial, que se cometieron diversas irregularidades y deficiencias durante la investigación: falta de pruebas de ADN a los cuerpos de las víctimas, no tomar muestras del carro donde ellas fueron trasladadas y no realizar una inspección y recolección de pruebas del domicilio del agresor, además de que  se desestimaron los testimonios de los familiares.
 
Señala como responsables de estas irregularidades y deficiencias a “diversos servidores públicos del estado”, desde el personal de la policía hasta agentes del Ministerio Público (MP) municipal, de la Procuraduría estatal y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del estado, esta última, por incumplir su  obligación de brindar apoyo y acompañamiento a las familias de las víctimas, explicó en entrevista con Cimacnoticias la abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social (GADH ), Karla Micheel Salas Ramírez.
 
Este no es un hecho aislado, sino un problema estructural, señaló la abogada especialista en casos de feminicidio, y por eso la CEDH mandata al Gobierno estatal crear una Fiscalía especializada para casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres, un protocolo policial especializado, capacitado desde la perspectiva de género.  
 
PROCESOS JUDICIALES
 
El feminicida confeso, Filiberto Hernández Martínez, se encuentra preso, sin sentencia, desde 2014 en una prisión de máxima seguridad en Gómez Palacio, Durango. Fue detenido por portar un arma de uso exclusivo del ejército, y durante el proceso, confesó haber asesinado a las cinco víctimas y haber enterrado los cuerpos en Cañaverales de Puntilla, San Luis Potosí.
 
La identificación de su primera víctima, Rosa María Sánchez, de 15 años de edad, a quien reportaron como desaparecida el 29 de octubre de 2010, se logró en febrero de 2016, a partir de 7 huesos encontrados en Cañaveral de Puntilla. Esto permitió que la investigación por este caso continué y que el asesino pueda ser sentenciado.
 
Sin embargo, de los cinco casos de feminicidio, sólo tres están ya en proceso: los de Itzel Romaní Castillo, Dulce Ximena Reyes y Eliehoenai Chávez Rivera, mientras los de Rosa María Sánchez González y Adriana Martínez Campuzano aún están en investigación, recordó la abogada Salas Ramírez, quien acompaña los casos.
 
El caso de Adriana Martínez, una niña de 13 años, está aún en la etapa de investigación porque el feminicida había sido absuelto “por falta de pruebas”, ante lo cual su familia, a través de sus abogados, interpuso  un amparo para volver a investigar el delito y lo ganaron en enero pasado.  
 
El reporte especial de la CEDH se presentó el pasado lunes 13 de marzo en un acto público donde estuvieron las familias de las víctimas y las representantes legales del caso, entre ellas la abogada Karla Micheel Salas, quien llevó también el caso conocido como Campo Algodonero, por el cual el Estado mexicano recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 2009, como responsable de tres casos de feminicidio.
 
Cabe recordar que en esa ocasión, la CoIDH incluyó en su condena, entre otras cosas, la recomendación de incluir en las investigaciones la perspectiva de género, investigar a funcionarios públicos acusados de irregularidades y sancionarlos, reconstruir los protocolos de investigación en casos de feminicidio y capacitar a nivel federal a servidores públicos, jueces, militares, para “superar estereotipos” sobre las mujeres. El fallo tiene incidencia en todo el país.
 
Indicó Micheel Salas que el documento de la CEDH ya fue remetido al Congreso local y al Tribunal Superior de Justicia de San Luis Potosí, “por ser asunto que le corresponde al gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras”, señaló.
 
LAS RECOMENDACIONES
 
En la investigación especial se hacen recomendaciones puntuales para continuar con la plena investigación de los cinco casos, señaló Micheel Salas Ramírez, ya que aún no se completa la recolección de las evidencias, como el chequeo del domicilio del agresor y de la camioneta donde trasladó a las víctimas. “Han pasado muchos años, señala, pero son acciones que se deben de tomar en una investigación con la debida diligencia.”
 
También se pide la reparación integral de daños a las familias de las víctimas, por la inadecuada actuación de los servidores públicos. “La CEDH posee un listado específico de quiénes intervinieron en diferentes momentos”, y se solicita que sean sancionados, tanto administrativa como penalmente, explicó la abogada.
 
FISCALIA Y PROTOCOLO EN FEMINICIDIO
 
Las recomendaciones también buscan enfrentar la problemática de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres en la entidad, pues el caso de Tamuín “no es un hecho aislado, es un problema estructural” dijo Micheel Salas.
 
Es por eso que la CEDH, agregó la abogada, ordena al Gobierno del estado crear una fiscalía especializada para investigaciones por casos de feminicidio y desaparición de niñas y mujeres. Esta unidad especializa deberá trabajar de manera coordinada con las instituciones gubernamentales necesarias para su debido funcionamiento.
 
Además, indicó la abogada del Gadh, se pide a la Policía Ministerial del estado crear y contar con un protocolo especializado para la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas en San Luis Potosí, deberá ser un grupo especializado el encargado de realizar las investigaciones y deberán recibir capacitaciones en técnicas de investigación criminal desde la perspectiva de género.
 
A estas acciones se debe agregar el fortalecimiento de los registros para este tipo de crímenes -tanto de feminicidio como desapariciones- pues “resultan fundamentales para el diseño de cualquier política pública” señaló Salas Ramírez.
 
“Idealmente no tendrían que existir este tipo de documentos”, dijo, pero esto refleja que San Luis Potosí “es un estado donde no se está cumpliendo las obligaciones que mandata la ley y no está realizando su trabajo con la debida diligencia”.  
 
PROCEDIMIENTOS URGENTES
 
La abogada comentó que este trabajo ha sido posible gracias a la insistencia de las familias para garantizar justicia para sus hijas, pues las autoridades tenían prácticamente en el olvido la investigación del caso, “Esta recomendación es una forma simbólica para las familias para no dejar esta lucha, porque  después de todos los años las familias han vivido un proceso muy desgastante”, dijo.
 
Sin embargo aún quedan procesos urgentes que las autoridades tienen que realizar, añadió la abogada, ya que Filiberto Hernández sigue sin sentencia,  pues falta realizar el dictamen pericial en materia de tortura, el “Protocolo de Estambul”, ya que denunció ser víctima de tortura por parte de los policías durante su detención.
 
17/HZM/GG
 







NACIONAL
VIOLENCIA
   Kathia Bolio reconoce que son “grupo vulnerable”
Desconocen diputadas información sobre orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/03/2017 La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión sobre la No Discriminación de la Cámara de Diputados, Kathia Bolio Pinelo, dijo desconocer información sobre niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa del feminicidio, ni conoce propuestas legislativas para atender a esta población.
 
Consultada por Cimacnoticias, la diputada panista señaló que desconoce el tema y que, en todo caso, quien debería tener información no es ella sino las y los integrantes de la Comisión de Derechos de la Niñez, presidida por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Valencia Guzmán.
 
La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables dijo que desconoce cuál es la situación de la orfandad en México, ya que ni familiares ni asociaciones civiles se han acercado para hablar al respecto e incluso afirmó que era la primera vez que le mencionaban el tema. 
 
Lo único que la diputada Bolio Pineda pudo asegurar es que las niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa de la violencia de género son un grupo vulnerable.
 
Señaló lo anterior, a pesar de que las legisladoras tienen la facultad de proponer reformas a las leyes o la creación de normas para atender problemáticas particulares y de que las Comisiones son órganos parlamentarios de revisar las iniciativas y dictaminarlas para, en su caso, enviarlas al pleno y sean aprobadas.
 
Una investigación publicada el 8 de marzo por Cimacnoticias destaca la falta de cifras y de información sobre las hijas e hijos de mujeres asesinadas quienes quedan en la indefensión por falta de políticas públicas; de acuerdo con estos datos, sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) registró 65 casos de orfandad por feminicidio en tres años.
 
Por su parte la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidenta de la Comisión Especial para la Atención a la Niñez y Adolescencia con Autismo y otros Trastornos Generalizados del Desarrollo, Patricia Elena Aceves Pastrana, también dijo desconocer la situación de la orfandad en México a causa del feminicidio.
 
A la pregunta de esta agencia, la ex rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, señaló que la orfandad es un tema sensible para ella, porque perdió a su madre desde muy pequeña, pero destacó que las personas en esta situación se acostumbran a vivir “porque no queda de otra”.
 
La también química y secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señaló que no cuenta con datos sobre la situación educativa, social ni psicológica de esta población que constituye un grupo vulnerable y destacó que debería haber políticas públicas al respecto. 
 
17/AGM/GG







OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
Las niñas de Chiapas y Guatemala
Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Unach realizaron una velada por las niñas de Guatemala en el foro cultural de la “Higuera”. Foto: Osiris Aquino/ Cortesía.
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 15/03/2017 La distancia de Tuxtla Gutiérrez a la capital de Guatemala es de 600 kilómetros, menos de lo que hay de la capital del estado de Chiapas a la Ciudad de México (alrededor de 960 kilómetros). No tiene ni dos siglos que Chiapas, el estado más al sur del país, era parte de Guatemala, ese país que hoy llora  a 43 niñas que murieron calcinadas cuando realizaban una protesta en contra de las condiciones en las que vivían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Chiapas tiene más similitudes con Guatemala que con México, que va más allá del clima y su historia antes de 1824, cuando se dio la anexión de Chiapas a México.
 
Las condiciones de vida de las niñas de Chiapas no son muy diferentes a las que tienen las menores de edad de Guatemala. En ambos lados del río Suchiate, la división natural entre México y Guatemala, las niñas y adolescentes tienen que padecer la exclusión, desigualdad, pobreza, impunidad y corrupción institucional. Todas estas condiciones son las que generaron la tragedia en ese mal llamado “Hogar Seguro”.
 
Las cifras en cuanto a embarazos en niñas y adolescentes, acceso a la educación, el uso de herramientas tecnológicas son parecidas entre las niñas de Chiapas y Guatemala.
 
De acuerdo al Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) el 26 por ciento de los partos atendidos en Guatemala son de niñas y adolescentes de 10 a 19 años, que se convierten en madres, comprometiendo sus oportunidades educativas y laborales y poniendo en riesgo su salud y su vida.
 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Chiapas ocupa el primer lugar en embarazos en niñas y adolescentes y uno de los estados con mayor tasa de matrimonios infantiles.
 
El contexto en que se presentan estos embarazos, tanto en Guatemala como Chiapas es parecido: violaciones sexuales, matrimonios forzados y falta de acceso a los servicios de salud reproductiva.
 
Chiapas es también la entidad con el mayor índice de niñas y adolescentes que no asisten a la escuela.
 
La organización civil Melel Xojobal, que trabaja en la promoción de los derechos de las niñas y adolescentes, denunció hace unos días que de 2011 a la fecha 41 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio en Chiapas.
 
LAS NIÑAS EVIDENCIARON EL SISTEMA
 
La manifestación de las niñas de Guatemala el 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer- y la muerte de 43 de ellas calcinadas dejó al descubierto que el sistema de protección a la niñez que existe en Guatemala no funciona, que es irregular, que las personas que deberían de ser garantes de los derechos de las niñas y adolescentes están siendo sus principales violentadores.
 
En Chiapas desde hace más de un año diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación de que el gobierno de Manuel Velasco Coello se resiste a implementar de manera debida el Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado a pesar que la Ley lo obliga.
 
Las cifras de embarazos en niñas y adolescentes, violaciones sexuales en su contra, falta de acceso a los servicios básicos, ponen de manifiesto de que hasta ahora el estado de Chiapas no ha sido capaz de garantizar el respeto a los derechos de las niñas en la entidad como sucede en Guatemala.
 
Lo que sucedió en Guatemala no solo pasó el 8 de marzo, es el resultado de problemas estructurales y sociales de hace décadas y mal haríamos en no ver que las niñas de Guatemala también podrían ser las de Chiapas, que Guatemala no nos queda lejos, sus problemas son nuestros problemas y que algo se debe de hacer al respecto.
 
17/SS/GG







QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
Las niñas invisibles
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 14/03/2017 A Malena, una niña invisible que se quedó en la memoria
 
Cada año en México y en el mundo, un alto número de niñas mueren de hambre, en partos a temprana edad, son víctimas de feminicidio y, si sobreviven, lo hacen en condiciones de explotación, trata, con altos riesgos de contraer VIH, con alimentación deficiente y escasas oportunidades de asistir a la escuela.
 
Guatemala, Nigeria, Europa del Este, Perú, México son lugares donde existe el matrimonio infantil, la trata de personas, la venta de niñas, la explotación en el matrimonio servil, donde las  niñas mueren a diario por el abandono y la indiferencia de un sistema social-patriarcal que valora más la vida de los niños. Y donde, desde el momento en el que una mujer sabe que está embarazada lo común es que se lamente por la conciencia de que “las niñas sufren más”.
 
Lo que persiste es el abandono. De las niñas nadie se acuerda, no es de ahora, es de siempre y en el mundo prevalece la violencia contra las niñas, principalmente la violencia estructural y la íntima violencia que se ejerce en los hogares donde las niñas son un mal inevitable.
 
Cuando tenía 6 años conocí a Malena y su historia, que la nombro para no olvidarla, como a tantas otras, como a las que se van sin que nadie las note.
 
Malena, también de 6 años, murió envenenada porque a alguien se le ocurrió que podía confundir el polvo de leche con el veneno para ratas y servirlo a una niña sin padre y cuya sonrisa solo su madre recordaría.
 
Al saber de las niñas víctimas de la violencia del Estado en Guatemala, pienso en todas las niñas que como ellas, como “Lulú”, una joven que buscaba a su familia al ser rescatada en el Hogar de Michoacán, donde una mujer prácticamente acumulaba a personas a las que aisló del resto del mundo.
 
Por todas las niñas Malenas que son borradas, porque las "niñas a nadie les importa", si viven, si comen, si mueren de hambre, si son encerradas, si alguien las abusa o si sus propios padres se van y las dejan abandonadas a sus suerte para morir de hambre, condenadas al abuso y a la violencia.
 
Por las niñas de Guatemala, por las de México, las de África y la India, por las niñas que nombramos para no olvidarlas.
 
Es solo el panorama global de la violencia contra las mujeres desde sus primeros años. Al menos en América Latina se habla de 70 mil jóvenes adolescentes que mueren al año por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Tan solo en México, la tasa de fertilidad en adolescentes es de 65 mujeres por cada mil.
 
Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en 2014, 55.2 por ciento de los niños y niñas de entre 2 y 5 años de edad vivían en pobreza y 13.1 por ciento en pobreza extrema. A esto se suma que el 60.5 por ciento de ellos presentaba carencias en el acceso a la seguridad social y 25.8 por ciento en el acceso a la alimentación.
 
Aunque el preescolar es obligatorio en México, únicamente el 42.2 por ciento de los niños y niñas de 3 años de edad fueron atendidos por una institución educativa durante el ciclo escolar 2014-2015; para los de 4 años fue el 89 por ciento; y para los de 5, el 84.3 por ciento, estos y otros números nos dan una idea de la situación de las niñas.
 
En México, se habla de que 7 de cada 10 personas que desaparecen en el rango de edad de 15 a 19 años de edad, son mujeres. Los casos de feminicidio de niñas entran en una categoría de subregistro que se diluye ante el enorme número de casos.
 
Aunque no se precisa a detalle cómo está la situación para las niñas, es claro a nivel internacional que en todas las sociedades se privilegia a los niños nacidos sobre las niñas, por las creencias de que ellos serán los que continúen con los “apellidos” o los que se encarguen de la continuación de una etnia o costumbres y tradiciones.
 
En Estados Unidos y Canadá, las mujeres de los pueblos originarios han denunciado la marginación y la violación de sus derechos a la propiedad de la tierra, apoyados por sentencias de jueces que reconocen el derecho de la comunidad a restringir la herencia para las mujeres que se casan con hombres que no pertenecen a sus mismos pueblos, pero no aplica lo mismo para los hombres de la comunidad.
 
Este panorama nos pone en oportunidad de reflexionar sobre la realidad en la que se violentan los derechos de las niñas y el caso de Guatemala es la punta del iceberg de la problemática en Latinoamérica, que evidencia una desvalorización de la vida de las niñas.
 
Necesitamos construir y trabajar por un mundo en el que las mujeres al saberse embarazadas no se angustien al saber que parir una niña será sinónimo de una historia de sufrimiento y dolor.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   En Veracruz 194 casos de feminicidio impunes
No basta contar casos, hay que analizar dónde falló la justicia
Imagen retomada de Kaos en la Red
Por: Flavia Morales
Cimacnoticias/AVCNoticias | Xalapa, Ver .- 13/03/2017 Entre cinco y seis años en promedio pueden tardar las autoridades de procuración de justicia para resolver un caso de feminicidio en Veracruz, cuando se ha identificado al homicida.
 
Las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado revelan que entre 2012 y 2017 se registraron 313 casos de feminicidio, de los cuales 194 siguen impunes, apenas en el proceso de la integración de la carpeta de investigación; sólo en el 40 por ciento de los casos, es decir 110, hay una sentencia.
 
La cifra es al menos 50 por ciento más baja que las estadísticas del observatorio de la Universidad Veracruzana (UV), donde se reportan 100 mujeres asesinadas cada año.
 
En gran parte de los casos, la falta de acceso a la justicia y las trabas burocráticas generan desesperanza en las familias que se topan con ministerios públicos y peritos sin la capacidad de avanzar en la las investigaciones.
 
Es el caso de “Adela”, asesinada en 2014 por su entonces pareja sentimental, la familia sigue peleando porque se hagan las diligencias del caso, se giraron decenas de oficios para hacer las pruebas periciales, pero nunca se concretaron. Sospechan que hay tráfico de influencias.
 
El asesino de Pilar, muerta por asfixia en 2012, fue liberado por un juez a falta de pruebas suficientes, pues aunque en un principio confesó, luego se desdijo. La familia lleva casi seis años batallando en laberintos legales para acceder a la justicia, y haciendo la pregunta al Juez del caso ¿si no fue él, entonces qué ha hecho la autoridad para atrapar al culpable del asesinato?”.
 
La abogada de la Organización Equifonía AC, Adriana Fuentes Manzo, lamenta que el acceso a la justicia en los casos de feminicidio puede tardar años.
 
En la defensoría de familias víctimas de feminicidio, Adriana se ha topado con casos donde las carpetas de investigación son integradas con graves fallas, donde por falta de personal y peritos no se realizan diligencias básicas que pueden dar con el culpable, y sobre todo, con la indiferencia institucional.
 
A su consideración, entre la Fiscalía General del Estado (FGE), y el Poder Judicial “se echan la bolita”, "el Poder Judicial dice, tú no integras bien y no me das elementos para sancionar, y Fiscalía dice yo integro bien, pero tú no lo valoras adecuadamente".
 
En el común de los casos, la autoridad no hace de forma adecuada el levantamiento de datos, el resguardo de la evidencia, la cadena de custodia. "Sin estos elementos puedes perder la investigación que es, en general, lo que pasa: de los 194 casos impunes, habría que determinar a quién le tocó recabar los elementos de prueba, si eso no están bien integrados, difícilmente un perito podrá hacer un comparativo de ADN, y recabar datos que lleven a una buena investigación y el castigo al culpable".
 
Adelantó que en el marco de la Alerta de Violencia de Género  (AVG), se plantea la aplicación de un protocolo de feminicidio específico, donde se enuncian algunas acciones a hacer, y donde también se plantea una unidad de contexto que servirá para entender la situación de la violencia. “Se van a proponer peritajes antropológicos, psicosociales, sociológicos, tenemos que contratar a expertos en el tema”.
 
Desde que se comete un feminicidio, son 6 meses para integrar la carpeta, otros 6 meses para realizar las diligencias, otros 4 meses para acreditar las pruebas y, si el imputado se defiende a través de un amparo, puede pasar hasta un año. Esto revela que una familia puede tardar mínimo tres años en acceder a la justicia, en caso de que se tenga identificado al agresor.
 
Fuentes dijo que en la mayoría de los casos no se les informa a las familias del proceso legal, los tiempos jurídicos, ni mucho menos hay una contención emocional a la familia, como parte de la reparación del daño.
 
DEBEN ANALIZAR CIFRAS 
 
Por su parte, la también integrante del colectivo Equifonía, Aracely González Saavedra, advirtió que será importante la revisión de los expedientes de 313 feminicidios en los últimos seis años, pues la cifras reportadas en medios de comunicación de asesinatos de mujeres duplican en 50 por ciento la estadística oficial de la FGE.
 
Por es necesario analizar los datos, reiteró, con el fin de determinar cómo fueron juzgados los casos, de acuerdo al protocolo de diligencias básicas, y bajo qué características fueron tipificados o no como feminicidios.
 
Cuestionó que a tres meses de la instalación de la Alerta de Violencia de Género, el Estado ha sido incapaz de frenar y prevenir la violencia feminicida, tan solo del 23 de noviembre del 2016 (fecha de la firma), al cierre de febrero del 2017, 55 mujeres han sido asesinadas en Veracruz.
 
“Y siguen sin tomarse las medidas suficientes, no decimos que no han hecho nada, pero las medidas no son suficientes para la atención de la problemática”, dice.
 
Para González Saavedra no es suficiente con la contabilización de los casos de feminicidios, es necesario hacer un análisis para determinar en qué momento la procuración de justicia falló.
 
Puso como ejemplo en estados como Guanajuato, donde con base en estadística se logró determinar que los casos de asesinatos de mujeres estaban vinculados a casos donde mujeres habían denunciado violencia previamente, pero no se emitieron órdenes de protección.
 
“Podemos suponer que en Veracruz hay una situación similar, pero no se ha llegado a este nivel de análisis para determinar una política que responda a la problemática y que con eso se pueda atender”, dijo.
 
17/FM/GG







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