ESTADOS
VIOLENCIA
   Se incrementa violencia y no se investiga dicen ONG
Piden AVG para Torreón
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 26/07/2017 La Red de Mujeres de la Laguna y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Torreón, Coahuila, ante el incremento de asesinatos contra mujeres que en 5 años suman 48, tan solo en ese municipio.
 
Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna, Ariadne Lemond y Adriana Romo, acudieron a las instalaciones de la CDHEC para dejar la documentación para la solicitud de la AVG, cabe destacar que también la organización civil “La Libres” de Guanajuato, y “Mujeres Generando Cambios”, de Torreón, se sumaron a esta petición.
 
De acuerdo con Ariadne Lemond, la alerta que se promueve es exclusivamente para el municipio de Torreón. De proceder, se tendrá que conformar el grupo de personas expertas que deberán visitar el municipio para constatar que existe violencia contra las mujeres y que proceda la Alerta.
 
Las integrantes de las organizaciones civiles explicaron que en el documento que presentaron ante la CDHEC, se documentaron 48 casos de feminicidio, sólo en Torreón, desde el 2013 hasta el 2017 resultado de una investigación hemerográfica.
 
 DATOS OFICIALES
 
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, sólo 56 de los 436 homicidios de mujeres que se han registrado en cinco años, han sido acreditados como feminicidio.
 
La PGJEC informó en un diagnóstico, que los homicidios de mujeres se redujeron 84 por ciento desde el 2012 a la fecha, y que de los 436 homicidios dolosos contra mujeres, 73 por ciento se consignó o judicializó ante un juzgado.
 
Sin embargo, otras voces como la de la consejera de la CDHEC y presidenta del organismo Eux, Arte y Sida, Aída García Badillo, han señalado que las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a esta entidad en el tercer lugar en violencia contra las mujeres (7.06 por ciento), muy por encima de la media nacional que es de 4.37 por ciento.
 
García Badillo, destacó que la Red de Mujeres de La Laguna ha tratado de visibilizar la problemática, aunque es necesario que se sumen más a este llamado. "Lo que estamos viendo en Coahuila es que hay un movimiento de género incipiente, donde sólo unas cuantas tratan de hacer conciencia”.
 
Agregó que la falta de organización de la sociedad civil profundiza más el problema pues los asesinatos de mujeres en su mayoría son clasificados como dolosos, en lugar de catalogarlos como feminicidio.
 
SE INCREMENTAN ASESINATOS
 
En tanto, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Larisa Montiel Luis, señaló que se deben tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, en específico, los asesinatos, por lo que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a prevenir este tipo de violencia y dar con los responsables de los hechos.
 
La legisladora panista propuso como de urgente y obvia resolución que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Mujer tomen cartas en el asunto y en la exposición de motivos argumentó que el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres en su estudio "La Violencia Feminicida en México, Aproximación y Tendencia”, colocan a Coahuila en el décimo lugar respecto al índice de violencia contra las mujeres y de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH).
 
Detalló que de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Coahuila, se tipificó el feminicidio a través del artículo 336 BIS 1, cuando la mujer victimada presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o bien haya recibido lesiones o mutilaciones en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida.
 
También se establece como feminicidio cuando existan antecedentes de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar, y haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
 
Y ejemplificó que casos como el de una mujer hallada en Arteaga, a quien encontraron maniatada, con huellas de tortura y abandonada en un paraje solitario, o el de otra más que fue asesinada y abandonada en la vía pública, con golpes, huellas de tortura y semidesnuda, y de tantos otros que a diario se suman en Torreón, son ejemplos de la violencia creciente contra las mujeres, por lo que insistió en el llamado a las autoridades para investigar estos asesinatos como feminicidio.
 
17/SN
 







ESTADOS
VIOLENCIA
   Atienden 66 niñas y niños en esta situación por año
Jalisco: apoyo a niñez en orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017 En septiembre de 2015 en Tlajomulco, Jalisco, los cinco hijos de Betsabé García, presenciaron cómo su padre asesinó a su madre. Hoy tienen 4, 7, 9 y 11 años de edad y sus abuelos se ocupan de su crianza. Son parte de las víctimas indirectas del feminicidio de las cuales no se tiene registro en México.
 
Desde entonces la madre y el padre de Betsabé, María Amparo y Mario García, ambos adultos mayores dedicados al campo, tuvieron que buscar algún apoyo social para mantener a los menores de edad y su hija con síndrome de down, asimismo fue ardua la lucha para mantener la custodia.
 
Tras las exigencias de las organizaciones civiles que acompañaron el caso, el DIF Guadalajara aceptó verlos como víctimas secundarias del feminicidio, los incorporó al programa “Acompañar la ausencia”, creado en septiembre de 2016 para dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas, pero des, después del caso de Betsabé, incluyó a las familias víctimas de feminicidio.
 
La necesidad de crear un programa especializado para resarcir los daños a la infancia en orfandad por feminicidio, hizo que en marzo de 2017 el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) lanzara el “Programa de apoyo económico para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), como es su responsabilidad.
 
El abogado del instituto y coordinador del programa, Jaime Javier Torres, explicó en entrevista con Cimacnoticias que su creación nació también en cumplimiento con la Alerta de Violencia de Género (AVG) que tiene la entidad desde febrero de 2016.
 
Con un presupuesto de 1.2 millones de pesos, el programa únicamente tiene la capacidad de atender durante este año a 66 menores de edad, indicó el abogado; hasta el momento 33 ya cuentan con el apoyo del programa y están en trámite 14 solicitudes. Algunos son enviados de la Fiscalía General de Justicia local o la CEAV Jalisco, o bien, acuden las familias por cuenta propia.
 
“Estamos limitados por cuestiones de presupuesto, tenemos un número total de menores de edad que podemos cubrir, en ese sentido no podemos dar más apoyos”, declaró el coordinador y agregó que desconocen el total de niños y niñas que quedaron en orfandad en Jalisco, a causa del asesinato de sus madres.
 
Cifras del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), indican que sólo de 2012 a 2013, tres mil 892 mujeres fueron asesinadas en dicha entidad.
 
EL PROGRAMA
 
El programa para estas víctimas indirectas cubre tres ejes, continúa Javier Torres: el apoyo económico, que consta de 3 mil pesos bimestrales y sólo será emitido por el periodo de un año; la atención jurídica, que busca garantizar y facilitar los trámites de custodia de los familiares, ya que “muchas veces es el padre el asesino o se desconoce su paradero, los menores quedan en una incertidumbre jurídica ¿quién es el responsable del menor?” indicó.  
 
El último punto es la terapia psicológica, que también pueden pedir los tutores de los menores de edad, se da cada 15 días en alguna de las siguientes instancias: la CEAV, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Ciudad Niñez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o algún Centro de Justicia para las Mujeres, dependiendo de la cercanía al domicilio de la víctima.
 
“La terapia psicológica también dura un año, se pretende que esto puede continuar pero no se tiene certeza por el presupuesto; la intención es que los menores de edad pueden mejorar hasta ser dados de alta, pero tenemos que ver si podemos cubrir económicamente todo el proceso”, dijo Javier Torres.
 
Para los familiares de las víctimas que busquen este apoyo económico, necesitan demostrar que la averiguación previa fue consignada como feminicidio, lo cual podría ser un obstáculo ya que datos de Cladem aseguran que de los asesinatos violentos de mujeres ocurridos entre 2012 a 2013, únicamente un 16 por ciento se investigó como feminicidio (613 en total).
 
17/HZM







NACIONAL
VIOLENCIA
   Familia en espera del Tribunal Superior de Justicia
Apelan fallo del juez por caso Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/07/2017 La familia de Lesvy está en espera de que el Tribunal Superior de Justicia capitalino responda el recurso de apelación que interpusieron la semana pasada para reclasificar como feminicidio el delito por el que se acusa a la expareja de Lesvy y fije una fecha para la audiencia.
 
Esto aseguró en entrevista el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que trabaja en el caso junto con la defensa legal de la familia de Lesvy, Rodolfo Domínguez Márquez. Y explicó que está en el proceso de “investigación formalizada”, en la cual ambas partes pueden presentar datos de prueba.

A raíz del recurso de apelación tendrán una audiencia la próxima semana en la que tres magistrados “resolverán en colegiado” el fallo del juez Cristian Franco Reyes, quien acusó el pasado 10 de junio a Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por homicidio doloso por omisión, al no impedir el “supuesto suicidio” de la joven hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo.
 
“En la audiencia se mostrarán los datos de prueba donde los magistrados determinarán cuales serán admitidas durante la etapa oral, esta última es la parte que sigue”, explicó Rodolfo Domínguez.
 
El abogado aseguró que los diferentes peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), como la necropsia, evidenciaron “muchas lesiones que no son compatibles con una mecánica de suicidio, al contrario, nos hablan de que hubo lucha y forcejeo, defensa y que la causa de muerte fue más bien un estrangulamiento”.
 
Además, dijo, en las uñas de Lesvy se encontró piel de Jorge y eso, sumado a las agresiones previas del trabajador de la UNAM hacia Lesvy que se observan en los videos del día del suceso,  “abonan  a la hipótesis de feminicidio”. Aun cuando el juez vio esas pruebas en la audiencia pasada “no quiso hacer la reclasificación a feminicidio, no quiso mirar los datos de prueba que hay con esa perspectiva de género, esto en un problema crónico dentro del poder judicial de la Ciudad de México”, mencionó el abogado.
 
RESPUESTA DE LA CDHDF
 
Actualmente la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa la carpeta de investigación para identificar “qué elementos se cualifican como alguna probable violación a los Derechos Humanos” y así poder dar a conocer su opinión, esto informó ayer la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo a medios de comunicación al término de una conferencia.
 
Gómez Gallardo también recordó que desde finales de mayo hizo pública su preocupación por la tardanza de la PGJDF para entregar a la familia de Lesvy la carpeta de investigación completa.
 
La CDHDF, dijo Perla Gómez, envío a la instancia de justicia tres recordatorios para que les entregaran a ellos y a la familia de Lesvy la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes realizados, pero el organismo de Derechos Humanos obtuvo la misma respuesta que la PGJDF dio a la familia por más de dos meses: “nos informaron que (la primera parte de la carpeta de investigación) la tenía la Procuraduría General  de la República para efectos de uno de los dictámenes”, mencionó.
 
Los recordatorios corresponden a la queja de oficio que la CDHDF interpuso a la PGJDF en la Cuarta Visitaduría donde solicitó que la instancia de justicia informara qué tipo de peritajes realizaron y que corroborara si se estaba aplicando o no el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación.
 
Además de la queja ante la Cuarta Visitaduría, la CDHDF inició otra de oficio en la Primera Visitaduría por la filtración de información que la PGJDF hizo en su cuenta de Twitter, con la que, dijo, estigmatizó a la víctima, se violó la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación.
 
Por dicha filtración en días pasados la familia de Lesvy y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, exigieron la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, porque ahí comenzó la investigación.  También demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, por no investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio y por negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
DEFICIENTES INVESTIGACIONES Y JUZGADORES
 
Rodolfo Domínguez expuso que si bien el OCNF no ha acompañado otros casos juzgados por Franco Reyes sí conocen varios en los que la Fiscalía de Homicidios, que coordina la unidad de feminicidio, reclasifica como homicidios delitos que en un  principio se investigaron como feminicidio. Con esto, aseguró, “siguen invisibilizando la violencia de género, la violencia feminicida”.
 
El abogado mencionó que el problema “está en la procuración de justicia, es decir, como la PGJDF investiga la muerte violenta de las mujeres y en cómo están resolviendo los jueces”.
 
Dijo que la PGJDF no investiga con perspectiva de género, no resguardan correctamente las pruebas ni el lugar de los hechos “todas esas acciones y omisiones tienen un impacto negativo porque impide el acceso a la justicia”. Y concluyó: “una mala investigación con un mal juzgador nos lleva a la impunidad”.
 
17/MMAE
 







OPINIÓN
VIOLENCIA
   MUJER SONORA
La Alerta de Género se va de vacaciones
Especial
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Sonora.- 19/07/2017 Es contundente que el municipio de Cajeme concentra más de la mitad de incidencia de violencia feminicida en la entidad.
 
El territorio para el que la organización Alternativa Cultural por la Equidad de Género solicitó la Alerta de género, ha presentado un recrudecimiento del feminicidio, tal como lo ha hecho la violencia social generalizada.
 
Las armas de alto poder son herramientas de trabajo cotidianas, y medio con el que mayormente se asesina a las personas, incluidas las mujeres.
 
Los hombres mueren en enfrentamientos armados, las mujeres son blanco de las armas de esos mismos hombres que se enfrentan entre sí.
 
La diferencia es abismal, pues a ellas las buscan para acribillarlas dentro de sus casas o a las puertas de éstas, en sus trabajos, en sus carros, incluso si están acompañadas de sus hijas, las asesinan a todas las que alcanzan y hieren al resto, o las queman y tiran a la basura.
 
Este lunes 17 de julio era una fecha importante en el proceso de definición rumbo a la declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres en el municipio de Cajeme  y tal vez otros puntos del Estado de Sonora.
 
Se trataba del día en que el Grupo de trabajo que investigó la solicitud de AVGM para Cejeme, sesionaría para presentar su dictamen sobre el informe del gobierno del Estado, entregado en marzo de 2017.
 
Cuarto meses después, el grupo de trabajo integrado por académicas y académicos, así como por representantes de las comisiones de derechos humanos y los institutos de las mujeres estatal y nacional, no pudo exponer su opinión, pues Conavim suspendió la reunión hasta nuevo aviso.
 
Y es que las instituciones a las que pertenecen las y los miembros del grupo se encuentran de vacaciones.
 
Aunque no es la razón aducida públicamente, -no se ha dado explicación- si el dictamen está listo, no se ve motivo razonable para posponer lo que es urgente desde hace dos años: Definir, con base en el dictamen si se declara o no la AVGM en Cajeme y otros municipios de Sonora.
 
La prontitud con la que la fiscalía resolvió el triple feminicidio ocurrido el pasado 5 de julio en una de las principales avenidas de Ciudad Obregón, habla de una preocupación por responder a la ciudadanía que cada vez está más desolada por el estado de indefensión en el que se siente.
 
No obstante, a pesar de los esfuerzos que culminaron en la detención de dos autores materiales, se anuncia que serán vinculados a proceso por homicidio agravado.
 
El asesinato de una joven de 23 años y dos niñas, ambas de tres años de edad, y la tentativa de asesinato de otra joven que la acompañaba en el auto, así como un bebé de meses, cuentan como homicidio, más no como feminicidios consumados y en grado de tentativa.
 
¡Murieron tres mujeres! Otra más sufrió atentado y sobrevivió, pero no se consideran feminicidios.
 
Y eso abona a la impunidad. No porque nos se investigue el caso, sino porque no se le confiere la gravedad que tiene.
 
El delito de feminicidio garantiza un mínimo de sanción de 30 años de cárcel a partir de la cual se puede llegar hasta la pena máxima de 60 años.
 
Pero no tiene convalidaciones que puedan rebajar el mínimo de la pena más adelante, como sí las tiene el homicidio.
 
El triple feminicidio con lujo de superioridad en armamento, por el estado de indefensión al no estar alertas, por ser unas niñas y una joven desarmada, pasan a ser supuestos del contexto desechados para la vinculación al proceso.
 
La importancia que institucionalmente se le dio a ese caso, no converge con la laxitud que se toma la urgencia de declarar la alerta de género para poder prevenir los feminicidios.
 
Una vez más se carga la responsabilidad hacia la fiscalía para que investigue y resuelva los casos cuando ya tenemos los cuerpos sin vida.
 
Pero nadie trabaja para que todo lo que pasó antes no suceda y así evitar que sigan cayendo más mujeres por razones de género y por otras causas.
 
Además, se busca aparentar que el detonante para la reacción inmediata es que en el carro que fue blanco del ataque iban tres niñas y un bebé, y a Sonora “le importan mucho sus niñas y niños”.

Sin embargo, un día después se encontró a otra menor de edad golpeada, torturada, quemada y aventada en un basurero.
 
Nayelly Guadalupe y las demás, no ha sido motivo de tanta movilización, como si su vida valiera menos que la de la joven y las niñas mencionadas.
 
La solicitud de Alerta de Género camina en línea paralela a los acontecimientos. Toda la población se da cuenta de la gravedad de la violencia feminicida y de su incremento. En tanto, el gobierno del Estado se concentra en cumplir el check list que le sugirió en doce recomendaciones el Grupo de trabajo, entregado por la Conavim.
 
Bien por las instituciones, porque eso dará sustento  al trabajo en el futuro. Sin embargo, a pesar de las vacaciones, necesitamos que paren los asesinatos. Reconózcanlo, hay una crisis feminicida en Cajeme, y hay que atenderla. Evitar es la única forma de prevenir.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SN







ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   ZONA DE REFLEXIÓN
PGJDF: bajo sospecha
Cimacfoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Ciudad de México13/07/2017 Aracely Osorio Martínez, mamá de Lesvy, ya lo veía venir, al igual que varias abogadas feministas quienes sabían desde hace un mes que la Procuraduría Capitalina estaba perfilando todo para hacer del feminicidio de Lesvy en Ciudad Universitaria un “suicidio”.
 
Incluso antes de la renuncia del procurador Rodolfo Ríos Garza, se veía, de acuerdo a la mamá de Lesvy, y a las abogadas, que el actuar de la Procuraduría se dirigía para dejar del lado el feminicidio como eje central de la investigación y “acomodar” todo para concluir el supuesto suicidio. Edmundo Porfirio Garrido Osorio (nombrado esta mañana oficialmente Procurador) no se movió de la línea marcada por su antecesor.
 
Hubo reuniones incluso con la Secretaria de Gobierno de esta ciudad, con organizaciones y abogadas, quienes ya manifestaban su exigencia de encaminar la investigación por feminicidio. Aracely Osorio también lo exigió, incluso en una conversación con Edmundo Garrido.
 
El temor que tenía la madre de Lesvy, se corroboró la semana pasada, cuando la PGJ de la Ciudad de México, a través de un comunicado, informó que había sido suicidio y que la pareja de Lesvy “pasivamente” había dejado que esto ocurriera, por lo cual se fincaron responsabilidades.
 
Qué es lo que hay atrás de este actuar de la Procuraduría capitalina que se ensaña contra las mujeres. Para algunas no sólo es la misoginia del propio personal, se suma otro elemento: la corrupción.
 
En octubre de 2015 el entonces procurador Rodolfo Ríos Garza fue llamado a cuentas por la Asamblea Legislativa, después del “Primer Informe sobre Negación de Justicia en el DF”, el cual retoma 11 casos emblemáticos, entre ellos el caso Narvarte; Yakiri Rubio Rubí; Clara Tapia y la red de trata del dirigente priista capitalino Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
 
Un año 8 meses después, a estos casos se suma el de Belén, joven estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), reportada desaparecida y a la cual supuestamente ya había rescatado la Procuraduría pero que no presentó a sus familiares y el caso de Lesvy Berlín Osorio.
 
Antes de que la familia de Lesvy lograra tener toda la carpeta de investigación en sus manos, antes de ver los videos que existen, la Procuraduría anunció su conclusión: “suicidio”. Los videos en manos de la familia muestran la agresión previa contra Lesvy a manos de su entonces pareja. Curiosamente la imagen cambia justo cuanto Lesvy pierde la vida, y la cámara regresa cuando el hecho ya había ocurrido. ¿Por qué omite esta información la procuraduría capitalina?
 
No es sólo ineficiencia del personal, no es sólo misoginia lo que hay en todos estos casos, y en especial en el de Lesvy, algo más hay atrás. ¿Qué es? Es la duda que pone bajo sospecha a la institución capitalina responsable de la justicia en esta Ciudad.
 
En 2015 el “Primer Informe sobre la Negación de Justicia en el Distrito Federal” señaló que las inconsistencias en las averiguaciones previas, la estigmatización y criminalización de las víctimas, la construcción de verdades a medias o verdades paralelas, la actuación ministerial con prejuicio de género, imputaciones falsas y la validación de informes policiales falsos se han convertido en una práctica sistemática y generalizada al interior de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
 
Nuevamente estos elementos se hacen presentes en el caso de Lesvy. Con Rodolfo Ríos Garza fuera de la institución, lo que se muestra es que no sólo es un personaje sino un sistema que corroe la justicia y nutre la impunidad. La sospecha de que la Procuraduría está “cuidando” algo o a alguien, permea la conclusión.
 
La PGJDF está bajo sospecha de la familia de Lesvy, de las estudiantes de la UNAM, del personal académico, de las feministas universitarias, de las organizaciones civiles, de las ciudadanas de esta ciudad.
 
Sospecha, que se quiera o no, alcanza al Jefe de Gobierno y sus aspiraciones políticas. Hasta por eso habría que limpiar a la Procuraduría y hacer de Lesvy, un caso emblemático del buen actuar y de la justicia.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
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QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
No es suicidio, la “suicidaron”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 13/07/2017 Atrevernos a cuestionar un dictamen médico o un peritaje que arroja que una mujer “se suicidó” no es cosa sencilla, pero son las madres o mujeres familiares de las víctimas las primeras en señalar “ella no se suicidó”, la mataron, y así se han reconocido graves errores en las investigaciones.
 
El año pasado, la muerte de una mujer, ocurrida en Calakmul, Campeche, fue difundido como un “suicidio”, y solo unos días después, la madre de la joven salió a declarar que ella sospechaba que en realidad se trataba de un feminicidio cometido por la pareja de la víctima, quien días antes la había violentado. El cuerpo presentaba golpes, que a juicio de la familia, hacía pensar que hubo violencia momentos antes de la muerte.
 
Este caso no es aislado, es por demás parecido a lo que sucedió con Mariana Lima, hija de Irinea Buendía, una mujer que se hizo investigadora, abogada, defensora y acompañante de otras madres, como lo ha demostrado ahora al lado de la madre de Lesvy Berlín Rivera Osorio, quien un peritaje sin perspectiva de género, alega que se suicidó frente a su novio.
 
El tema pone en evidencia la importancia de que los Mecanismos de Acceso a la Justicia para las Mujeres, que responden a recomendaciones específicas de la CEDAW, atiendan y cumplan el artículo 2 relativo a la no discriminación garantizando procesos justos, con perspectiva de género y que reconozcan los factores de la interseccionalidad y que afectan la igualdad en el acceso a la justicia.
 
El Estado Mexicano ha contraído voluntariamente una serie de compromisos para responder y garantizar la aplicación de los peritajes con perspectiva de género, reconociendo que son los peritajes que no atienden a estos principios los que sesgan la visión desde la investigación y que afectan la integración de la carpeta de investigación y su posterior acusación ante el juez de control para la vinculación a proceso.
 
Una cadena de eventos desafortunados que a lo largo y ancho del país han quedado demostrados y de los cuales ya hizo señalamientos la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que parece, no han sido leídos por muchos actores y actoras que intervienen en el proceso de acceso a la justicia para las mujeres, al no aplicar el criterio fundamental de “investigar como feminicidio toda muerte violenta de una mujer, incluyendo un presunto feminicidio”.
 
Las implicaciones de los suicidios van desde casos que a años de que fueron cerrados, las madres o padres de las víctimas afirman seguros: mi hija no se suicidó, ella me había contado de sus planes, hasta insólitos casos en los que la víctima fue a hacer compras de alimentos para la semana, compró macetas con plantas y ese mismo día por la tarde decidió “suicidarse”, borrar su teléfono y colgarse.
 
Eso ocurrió con el caso de Mariana Lima, y la insistencia de Irinea demostró que una investigación con perspectiva de género que reconociera los factores de violencia sexual, física y sicológica a los que vivía sometida la víctima, eran suficientes elementos para dudar de la versión que se dio oficialmente y que era endeble con la aplicación de criterios básicos.
 
Lo mismo sucede ahora con el caso de Lesvy, un caso mediatizado y que desde el primer momento ha sido acompañado y seguido por colectivos feministas que apoyan a la madre de Lesvy en su búsqueda de justicia.
 
Con una argumentación compleja que facilita la defensa para el imputado pero hace difícil la búsqueda de justicia -el acceso a la justicia- a la víctima, un peritaje que habla de un suicidio frente a un agresor es una afirmación bastante débil, pero que habla de alianzas patriarcales feminicidas.
 
Pactos que ayudan o buscan mejorar ante la opinión pública la percepción que se tiene de los agresores, en cambio ubican a las víctimas, las que ya no pueden defenderse como personas que propiciaron su propia muerte, la buscaron o incluso la cometieron por su propia debilidad y que incluso complicaron la vida al “pobre agresor”. No debe sorprendernos para nada esos enfoques que justo coinciden en construcciones discursivas de las que ya hemos hablado.
 
Por alguna razón una cobertura periodística hablaba de “un joven brillante que descuartizó a su novia (nini)”, sembrando en la opinión pública la simpatía por un feminicida que “echó a perder su vida por una persona que no valía lo mismo que él”.
 
Y justo de eso se trata el análisis de género, aplicar la perspectiva y el enfoque para ser capaz de identificar cuándo el valor de la vida de una mujer es tasado frente a la de su agresor y ella pierde, porque socialmente hay una desvalorización del ser-nacer mujer por costumbres y prácticas que otorgan mayor valor a un niño frente a una niña no solo por la continuidad del apellido, sino por la productividad que suponen implica la fuerza de un hombre frente a la de una mujer, y lo terrible es cuando eso se refleja en la impartición de justicia.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC







NACIONAL
VIOLENCIA
Huérfanos del feminicidio tienen derecho a apoyos sociales
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/07/2017 Como muchas niñas y niños, los tres hijos de Emma Gabriela Molina Canto –asesinada el 27 de marzo en Mérida, Yucatán– quedaron en orfandad tras el feminicidio de su madre pero también porque su padre, Martín Alberto Medina Sonda, está en prisión y porque a pesar de que su abuela trata de cuidarlos tiene que darse tiempo para exigir seguridad y justicia para su familia.
 
A partir de 2010, cuando comenzó el proceso de divorcio entre Emma Gabriela y Martín Alberto –y durante siete años– los tres niños quedaron en la indefensión: el 25 de mayo de 2012 fueron raptados por su padre; en octubre de 2014 fueron entregados por su progenitor al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo del DIF de Yucatán, finalmente su madre fue asesinada y ahora viven con su abuela.
 
Estos niños, que actualmente tienen 13, 11 y 9 años de edad, son parte de un número desconocido de niñas, niños y adolescentes que quedan en orfandad a causa del feminicidio pero también son parte de los pocos casos en los que las instituciones del Estado los reconocen como víctimas indirectas y con ello les dan la oportunidad de recibir apoyos para menguar su situación de vulnerabilidad.  
 
En México, en promedio, al día son asesinadas 7 mujeres, algunas ultimadas por sus parejas y otras tantas dejando hijas e hijos que deben ser atendidos por familiares cercanos y por instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), organismos encargados de proteger a víctimas de violaciones a Derechos Humanos y a la niñez, respectivamente.
 
Hasta 2017 la CEAV atendía 11 casos de feminicidio, de los cuales en cuatro había menores de edad considerados víctimas indirectas tras el asesinato de sus madres. Así lo dijo la abogada y directora General de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CEAV, Adriana Carmona López, quien comentó en entrevista con Cimacnoticias las acciones que se realizan para atender a esta población.
 
NIÑEZ TAMBIÉN ES VÍCTIMA
 
La CEAV atiende muy pocos asuntos relacionados con el feminicidio si se considera que hay 11 expedientes y que durante el segundo trimestre de 2017 el organismo atendió 3 mil 87 víctimas de delito o violaciones a Derechos Humanos y 2 mil 99 víctimas indirectas. La razón, explica Carmona López, es que se atienden asuntos de orden federal y generalmente los asesinatos de mujeres son materia del fuero local.
 
Sin embargo, el organismo comenzó a atraer estos casos desde la modificación a la Ley General de Víctimas, aprobada el pasado 9 de enero, que le otorgó esta facultad. El primer caso que atrajo fue el asesinato de Emma Gabriela, asesinada el 27 de marzo, al considerar que ella, su madre, Ligia Canto Lugo y sus hijas e hijo fueron víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos, lo que a su vez derivó en el feminicidio.
 
En este caso como en todos, aclara la funcionaria, la ley reconoce a estas hijas e hijos como víctimas indirectas y por tanto se toman medidas para protegerlos o resarcir el daño como pagar los gastos funerarios, darles medidas de apoyo alimentario, vivienda, apoyo económico y garantizarles el derecho a recibir apoyo psicológico, social y jurídico.
 
En particular cuando el crimen es cometido por el padre y cuando hay antecedentes de violencia familiar, una demanda de divorcio o de custodia de los menores, el primer reto es que las familias de las mujeres a quienes se les arrebató la vida puedan tramitar y conseguir la custodia de las niñas y niños que quedan sin sus madres y padres. “La muerte viene a culminar un proceso terrible de amenaza permanente y la incertidumbre de lo que iba a pasar”, dice la funcionaria.
 
Lo primero que hay que enfrentar, explica Carmona López, es la incertidumbre jurídica de saber quiénes se quedan a cargo de los menores de edad porque lo que debería ser un proceso automático se convierte en una primera batalla. En el caso de la CEAV, dice, la asesoría jurídica federal se ha concentrado en atender casos penales o de violaciones a Derechos Humanos y muy pocos en materia familiar.
 
Con un número reducido de asesores jurídicos, que ronda 70 personas, la funcionaria reconoce que es primordial tramitar la custodia de las y los niños porque puede suceder que terminen con las familias de los agresores, quienes no necesariamente busquen su bienestar sino tenerlos como testigos para poder ofrecer mejores pruebas para que no vinculen a proceso al presunto culpable o para que disminuya su sentencia.
 
“Imagínate que lo primero que tendrían que tener después de un evento de esta naturaleza es el resguardo de su seguridad. Su seguridad en todos los sentidos: jurídica, psicológica, social; quiénes van a ser sus redes de apoyo, quiénes van a cobijarlos en medio de todo ese conflicto, por todo lo que tienen que acomodar después”, expone.
 
Tras sortear los retos administrativos, Carmona López identifica que el siguiente paso es otorgar apoyo psicológico para que los menores de edad involucrados puedan sobrellevar el feminicidio y al mismo tiempo dar apoyo económico para que tengan becas para continuar y concluir su educación, estudios que en ocasiones ya no puede ser sustentados por sus familias cercanas.
 
VIVIR CON EL FEMINICIDIO
 
Co el reciente cambio de personal de la CEAV se ha propuesto un acompañamiento integral a las víctimas, que tenga un enfoque psicosocial y que les permita reformular sus proyectos de vida, para que niñas y niños puedan vivir con la ausencia de sus madres o sabiendo que las abuelas se dividen en darles atención y en buscar la verdad de lo ocurrido a estas mujeres. 
 
Anteriormente, dice Carmona López, estas terapias psicológicas eran breves y de emergencia pero casos de esta índole requieren acompañar un proceso completo con la familia, algo que debe hacer un profesional. Para facilitar la atención las víctimas pueden escoger a su terapeuta y la CEAV tiene la obligación de pagar los costos económicos.
 
“En uno de los casos que estamos acompañando, uno de los varios casos, me decía la abuela: Es que tengo a mis nietos, no sólo perdieron a su mamá, están perdiendo a su abuela que tiene que estar pidiendo justicia y al final no puedo ni acompañarlos ni arroparlos como yo quisiera porque tengo que estar pendiente de que haya justicia”, recuerda la también abogada especializada en perspectiva de género. 
 
Si dimensionamos que estas niñas y niños, expone, han sido víctimas de esa violencia familiar por la que finalmente muere su madre, indudablemente el proceso terapéutico no puede ser dado por cualquier persona y tienen que ser expertos, que tenga una perspectiva de género y que conozcan el tema de violencia.
 
En el caso de la educación la servidora pública señala que la Secretaría de Educación Pública es la autoridad responsable de otorgar las becas a los huérfanos de la violencia feminicidio, sin embargo, si hay alguna razón para que no lo haga la CEAV puede otorgar el apoyo económico.
 
Carmona López destaca que el organismo de protección a víctimas no tiene más casos porque las Comisiones de Atención Víctimas de los estados son quienes probablemente estén atendiéndolos ya que están facultadas para conocer los casos del fuero local; sin embargo considera que todavía quienes acompañan y litigan los casos de feminicidio no ven a la CEAV como una autoridad a la cual acudir.
 
17/AGM
 







NACIONAL
   Exigen renuncia de Fiscal de Homicidios Enrique Reyes Peña
PGJDF “acomodó todo” para aparentar suicidio de Lesvy: OCNF
Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio hace siete años acompañó a Araceli Osorio Martínez, madre de Lesvy, en la audiencia | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017 El juez de control del Tribunal Superior de  Justicia de la Ciudad de México, Cristian Ricardo Franco Reyes, determinó hoy que la pareja de Lesvy, la estudiante de la UNAM asesinada en Ciudad Universitaria, Jorge Luis González Hernández, será juzgado por el cargo de homicidio doloso y no por feminicidio.
 
Durante la segunda parte de la audiencia para imputar a la expareja de Lesvy -quien trabaja como auxiliar de intendencia en la Preparatoria 6  de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)- la dependencia informó que el cargo será por homicidio simple doloso, delito por el cual la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) le dio prisión preventiva el pasado 6 de julio, tras argumentar que Jorge, de 29 años de edad, no impidió el supuesto “suicidio” de Lesvy Berlín Rivera Osorio.
 
De acuerdo a la instancia de justicia capitalina, Lesvy “se suicidó” con el cable de teléfono de la casilla ubicada en el Instituto de Ingeniería, donde su cuerpo fue hallado el pasado 3 de mayo.
 
Antes de iniciar la audiencia, a la que las autoridades de Tribunal negaron por más de media hora la entrada a la defensa legal de la familia de Lesvy, la mamá de la joven, Araceli Osorio Martínez, dijo que de acuerdo a los videos que la UNAM  entregó a la PGJDF, se observa antes del asesinato, cómo Jorge golpeó a su hija con una cadena, ello ocurrió, dijo, en el lugar donde fue hallado su cuerpo.
 
“Hoy ganó la misoginia y el machismo, se sigue privilegiando la palabra del feminicida”, denunció.
 
La mamá de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, en espera para entrar a la audiencia | CIMACFoto: César Martínez López


Tras la audiencia, la abogada del caso, Sayuri Herrera Román, explicó que apelarán la decisión en los próximos tres días y el plazo de la investigación se extendió al 10 de noviembre, tiempo en el que buscarán que se analicen las pruebas desde la perspectiva de género.
 
En la investigación, encabezada por el fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, la PGJDF argumentó el “suicidio” de la estudiante basado en la necropsia psicológica que determinó que Lesvy era “promiscua” y “dependiente” y en un video que la familia no ha visto, informó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, quien asistió al mitin en las oficinas del Tribunal.
 
“El peritaje es estigmatizante, sólo se basaron en una entrevista a su novio y a una amiga de ella para determinar que Lesvy estaba mal psicológicamente. También partieron de los videos. La Procuraduría asegura que ella era dependiente porque en los vídeos se le observa caminando a lado de su novio”, mencionó María de la Luz Estrada.
 
En entrevista con Cimacnoticias el coordinador de la organización que acompaña legalmente el caso, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, Carlos Ventura, explicó que este peritaje se le entregó a la familia de Lesvy después de que la instancia de justicia emitió el fallo hacia Jorge.
 
Aunque la PGJDF expuso que Lesvy “se suicidó” frente a su novio eso no se observa en los videos que la instancia de justicia entregó a la familia la noche del 5 julio, después de más de dos meses de negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
“La hora de la muerte de Lesvy coincide con el tiempo en el que Jorge estuvo con ella, en los videos no se observa lo que la PGJDF asegura”, dijo Carlos Ventura.
 
La coordinadora del OCNF María de la Luz Estrada explicó que hay elementos suficientes para vincular a Jorge por feminicidio, sin embargo “la PGJDF prefirió acomodar todo para que coincida con un suicidio y eso evidencia que la investigación se ha hecho totalmente carente de perspectiva de género”.
 
Por ello, pidió que la investigación se reencause por feminicidio porque dijo, desde el principio se violó el Protocolo de investigación de este delito, vigente desde 2015 por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, observó.
 
La primera parte de la audiencia para imputar a Jorge comenzó la madrugada del 6 de julio, desde entonces, y en apego al nuevo Sistema Acusatorio de Justicia Penal, el proceso tenía que concluir en 72 horas, sin embargo, el acusado pidió extender el plazo por lo que se otorgaron  144 horas para éste, tiempo que concluye  mañana.
 
El dictamen de la PGJDF fue rechazado por la familia de Lesvy, su defensa legal y el OCNF porque aseguraron, hay elementos suficientes para vincular a Jorge por feminicidio.
 
Organizaciones acompañaron a los familiares de Lesvy y realizaron un mitin frente a la Fiscalía | CIMACFoto: César Martínez López


EXIGEN JUSTICIA
 
A nombre del OCNF y de Centro Fray Vitoria, Luz Estrada y Carlos Ventura, demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios porque, dijeron, saben que hay cientos de casos que Reyes Peña no ha decidido a investigar como feminicidio.
 
“(Reyes Peña) No aplica el Protocolo de investigación de Feminicidio en las muertes violentas de mujeres, por desconocimiento, negligencia o falta de voluntad, por eso cientos de estos crímenes quedan en impunidad”, señaló.
 
Por su parte la mamá de Lesvy, Araceli Osorio, responsabilizó al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, de cualquier daño a ella y a su familia porque denunció: “En la Ciudad de México todas las mujeres vivimos con miedo. Las instancias que supuestamente deberían procurar nuestra Justicia no lo hacen, en cambio nos violentan”.
 
La defensora de Derechos Humanos de las mujeres y madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio hace siete años en el Estado de México y por cuyo caso la Suprema Corte de Justicia emitió el protocolo de investigación de feminicidio, Irinea Buendía, acompañó en la audiencia a la mamá de Lesvy y denunció: “Las autoridades son culpables porque no tienen la capacidad para investigar, son omisos. Sí les queda ancho el puesto que se vayan”
 
Afuera del Tribunal más de 15 organizaciones civiles y sindicales, colectivos feministas de estudiantes de la UNAM y académicas expertas en temas de género del grupo de “Académicas en Acción Crítica” como Lucía Melgar, Lucía Núñez y Lourdes Enríquez, demandaron a través de consignas y mantas al juez encargado de la audiencia, que impute a Jorge cómo autor del feminicidio de Lesvy.
 
Por su parte la comunidad académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM expresó hoy a través de un comunicado su “profunda preocupación e inconformidad” ante las conclusiones de la PGJDF y exigió el esclarecimiento de los hechos “de acuerdo al feminicidio como principal línea de investigación”.
 
Familiares de Lesvy Berlín Rivera Osorio, su defensa y diferentes organizaciones acudieron a la Fiscalía Superior de Justicia de la CDMX
 
17/MMAE







NACIONAL
VIOLENCIA
   Patrón de revictimización constante hacia Lesvy y su familia, señalan
Exigen reiniciar investigación y apegarse a protocolo del delito de feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/07/2017 Académicas en Acción Crítica, colectivo especializado en estudios de género,  exigieron a Miguel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y a la Procuraduría capitalina (PGJDF), reiniciar la investigación sobre el caso de Lesvy Berlín Rivera Osorio, esta vez, apegándose al protocolo de investigación del delito de feminicidio.
 
A través de un pronunciamiento exigieron también se investigue la colusión y negligencia de las autoridades y demandaron al subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, que la instancia de justicia pague y otorgue servicios profesionales independientes a la familia de Lesvy para revisar los videos con los que la Procuraduría afirma el "suicidio de Lesvy".
 
El jueves 6 de julio la PGJDF informó en un comunicado que Jorge, la pareja de Lesvy y supuestamente la última persona que estuvo con ella, será juzgado por homicidio doloso simple por no impedir el "suicidio" de la joven, el cual la instancia argumenta lo cometió con el cable de la cabina telefónica ubicada en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México  (UNAM), donde su cuerpo fue encontrado.
 
El dictamen se realizó luego de más de dos meses en los que se entregó por fragmentos la carpeta de investigación a la familia de Lesvy y a su defensa legal, quienes rechazaron la conclusión de la PGJDF porque, dijeron, hay argumentos que comprueban que se trató de un feminicidio.
 
En el pronunciamiento las expertas también se dirigieron al Instituto Nacional de las Mujeres Nacional (Inmujeres) y al local (Inmujeres-DF), así como a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y argumentaron sus demanda al señalar que la PGJDF ha seguido "un patrón de revictimización constante" hacia Lesvy y su familia.
 
Mencionaron que "las autoridades se han dedicado a filtrar información, dosificar el expediente e ir preparando a la opinión pública para cerrar el caso como suicidio", por ello pidieron a la PGJDF realizar una investigación con perspectiva de género.
 
Las académicas recalcaron "el paralelismo" entre el caso de Mariona Lima, el feminicidio perpetuado en el Estado de México por la pareja de la mujer y que las autoridades se empeñaron en investigar como suicidio, pese a que había elementos que probaban lo contrario.
 
Por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo en 2015 lo que originó la creación del Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial para el delito de feminicidio
 
Con ese antecedente y para evitar "seguir los pasos del Estado de México -caracterizado por el alto índice de violencia feminicida- donde la impunidad ha perpetuado el feminicidio", demandaron una investigación imparcial y profesional.
 
Académicas en Acción Crítica está integrado por investigadoras como Lucía Melgar, Emanuela Borzacchiello y Lucía Núñez.

Por su parte el grupo de expertas en violencia de género que la UNAM propuso para incorporarse en la investigación sigue sin pronunciarse.
 
17/MMAE/OOM







ESTADOS
VIOLENCIA
   Segunda entidad con más casos, después del Edomex
CNDH urge al Congreso de Chihuahua tipificar el delito de feminicidio
Cimacfoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/07/2017 La  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al Congreso del Estado de Chihuahua adecuar su Código Penal local a la iniciativa presentada por el Ejecutivo de la entidad, a efecto de tipificar el delito de feminicidio.
 
A través de un comunicado el organismo defensor de los derechos humanos señaló que es “prioritaria la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas”, y reconoce que la dimensión penal del problema es punto relevante para lograr tal fin.
 
Sin embargo, consideró que no es suficiente y por ello “deben fortalecerse los esfuerzos para que cada autoridad del país, desde el ámbito de sus respectivas atribuciones, haga frente a la violencia feminicida” que padecen mujeres y niñas del país y del mundo.
 
Asimismo, estimó que el reconocimiento jurídico del conjunto de prácticas que atentan contra la vida de las mujeres, en ejercicio de la violencia y discriminación por razones de género, contribuye a hacer frente a contextos de violencia extrema.
 
En ese tenor, señaló que la tipificación del feminicidio en Chihuahua “es un imperativo”, pues es obligación del Estado mexicano garantizar el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos de las mujeres y niñas, así como investigar e impartir justicia con perspectiva de género.
 
“Incluir el feminicidio como delito autónomo es el principio para sancionar la privación de la vida de las mujeres por razones de género”, subrayó.
 
Además, la CNDH indicó que es “fundamental” que los poderes del estado de Chihuahua atiendan lo dispuesto en los instrumentos internacionales en torno al feminicidio y tengan en cuenta que esa entidad “es la única que no prevé ese tipo penal”.
 
Y recordó que la solicitud a Chihuahua para proteger los Derechos Humanos de las mujeres y niñas en contextos de violencia extrema, quedó de manifiesto a nivel internacional a través de la sentencia contra el Estado mexicano, en 2009, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos denominada “Caso González y Otras (“Campo algodonero”) vs. México”, por el feminicidio de 3 de 8 mujeres encontradas en un campo algodonero de Ciudad Juárez.
 
Agregó que en 2013, como parte del Examen Periódico Universal (EPU), realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas al Estado mexicano se concluyó la importancia de dar solución a varios temas, entre ellos “unificar, sobre la base de criterios objetivos, las diversas definiciones de feminicidio en los códigos penales del país”.
 
Cabe señalar que Chihuahua, así como Nayarit son los únicos dos estados de la República que no han tipificado el delito de feminicidio, bajo el argumento de que en su Código Penal ya se incluye una penalidad agravada en el delito de homicidio cuando la víctima es “del sexo femenino o menor de edad”.
 
Con base a información de la Fiscalía General en la zona norte del estado entre enero y mayo de este año se habían cometido 34 homicidios de mujeres: 4 en enero, 9 en febrero, 13 en marzo, 3 en abril y 5 en mayo.
 
En tanto la zona centro de la entidad acumuló 19 crímenes: 6 en enero, 3 en febrero, 2 en marzo, 4 en abril e igual número en mayo. Para el resto del estado se muestran 2 en enero, 6 en febrero, en marzo no hubo, 5 en abril y 2 en mayo.
 
De acuerdo al informe “Asesinato de Mujeres en México”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, este estado concentró del 2000 al 2015 dos mil 654 víctimas (9.3 por ciento del total nacional), ubicándose como la segunda entidad donde se cometió el mayor número de casos de feminicidio, después del Estado de México.
 
17/OOM 







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