feminicidio

ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   Zona de Reflexión
¿Por qué nos matan?
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

Tras el feminicidio de Mara Castilla, la pregunta vuelve a rondar una y otra vez ¿por qué los hombres asesinan a las mujeres? Y la respuesta es sencilla, porque pueden.

Y cuando hablo de que pueden no me refiero a la fuerza física, me refiero a que históricamente han construido un sistema que les permite violentar a las mujeres, incluso asesinarlas, como un privilegio de poder masculino.

¿Por qué nos matan? porque la vida de las mujeres no les importa. Ni la vida, ni la integridad. No les importa ni la edad, ni la apariencia física; y no les importa porque han aprendido que la vida de las mujeres no importa, porque nada de lo femenino tiene valía en esta sociedad profundamente patriarcal.

Porque antes de asesinar a una mujer aprendieron a devaluar todo lo femenino “porque el que llega al último es vieja”; “porque llorar es de viejas”; “porque el que pega suave, pega como vieja”… y un largo etcétera.

No es que amanecen un día convertidos en asesinos. No. Lo van aprendiendo, sobre todo aquellos que viven en donde la misoginia es aceptada abiertamente.

Por ello se criminaliza a las víctimas, porque también han desarrollado un mecanismo para exculparse y no asumir su responsabilidad.

Por ello tenemos que salir a las calles, porque la rabia se desborda, porque estamos hartas de la violencia y de la inacción del Estado para garantizarnos poder vivir sin miedo.

¿Por qué nos matan? Es una pregunta que ha llevado a las feministas a investigar y documentar por años la respuesta. Porque ellos tienen poder y las mujeres no.

En 1971 la bibliotecaria americana Elizabeth Gould, en su libro “El primer sexo” hizo un recuento de los pretextos empleados para quemar vivas a las mujeres durante la época medieval: “por amenazar a sus maridos, por contestarle a un cura, por rechazar a un cura, por robar, por prostitución, por adulterio, por ‘salir embarazada’ fuera del matrimonio, por permitir la sodomía, aún cuando el marido o el sacerdote que lo practicaban eran perdonados, por masturbarse, por lesbianismo, por descuidar a sus hijos, reprender y regañar y aún por haber tenido un aborto espontáneo, aunque el mismo hubiera sido producto por un puntapié o un golpe propinado por el marido.”

“De este modo la crueldad física y hasta el asesinato, que ha llegado a institucionalizarse, pueden convertirse en cuestiones de costumbre. Los hombres, al incorporar a la cultura dominante sus actitudes inhumanas, evitaban asumir la responsabilidad de sus propias conductas individuales”, afirmó Elizabeth Gould.

Algunos de esos pretextos han sido sustituidos por otros que responden a la actualidad: la ropa que vestimos, el horario en el que transitamos las mujeres o las formas de divertirnos.

Todos ellos pretextos inmundos para deslizar la responsabilidad de la agresión a las víctimas, y tal cual lo señala Gould, evitar asumir la responsabilidad propia de sus conductas individuales y sociales, agregaría yo.

Como colectivo, los hombres deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Tolerar cualquier violencia contra las mujeres es aceitar el camino al feminicidio.

No es que haya violencias chiquitas, tolerables, y otras grandotas como el feminicidio, intolerables para algunos. Los chistes misóginos, el cuchicheo masculino sobre la vida sexual de las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, es parte de esas costumbres de la cultura dominante.

Dudar, casi en automático, de la palabra de las víctimas de cualquier tipo de violencia; divulgar los mitos que mantienen la desigualdad entre mujeres y hombres, es parte de la cultura que permite que ellos puedan matarnos.

A tal grado llega el desdén de la violencia contra las mujeres y el cinismo patriarcal, que un hombre acusado de violencia física por parte de su compañera, puede ser Premio Nobel de la Paz. Me refiero al ex primer ministro de Japón Eisaku Sato, quien recibió el Nobel en 1974, pese a que Hiroko Sato, su cónyuge, denunciara que él la golpeaba. La paz de ella no importó.

De ese poder hablo cuando digo que ellos pueden violentarnos porque han creado un sistema que se los permite.

¿Por qué no han funcionado las leyes que han creado las feministas para desterrar la desigualdad y garantizar la vida y la integridad de las mujeres? ¿Por qué los dineros del erario público gastados para erradicar la violencia contra las mujeres no han tenido buenos resultados? ¿Por qué en las escuelas la violencia contras las niñas sigue creciendo sin que las autoridades hagan algo?

¿Por qué un agresor sexual puede ir a la marcha que busca erradicar todas las violencias contra las mujeres? Es como si un torturador fuera a la marcha de las víctimas de tortura. ¡A ningún torturador se le ha ocurrido este disparate! ¿por qué a un agresor de mujeres sí se le ocurre ir a vender panqués y colocarse justo al lado donde se imprimen las serigrafías de Mara Castilla? Porque aún persiste esta impunidad masculina que les hace creer que no les pasará nada y es necesario que sí les pase.

Eliminar esta impunidad y los pretextos que justifican la violencia masculina, construir realmente una equivalencia humana de las mujeres, es el camino más efectivo para eliminar la violencia contra nosotras.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28

17/LLGH/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   OCNF pide que se investigue con perspectiva de género
Mara: el hartazgo ante violencia de género y la pasividad del Estado
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/09/2017

En demanda por justicia para Mara Fernanda Castilla Miranda, joven desaparecida el 8 de septiembre de 2017 en el municipio de Cholula, Puebla, tras abordar un servicio de taxi y ser encontrada asesinada siete días después en una barranca en San Miguel Xonacatepec en los límites de Tlaxcala, mujeres de seis estados se manifestaron en las calles este fin de semana para exigir un alto al feminicidio en el país.

El 8 de septiembre Mara Castilla abordó un taxi de la empresa privada Cabify conducido por Ricardo Alexis N. para llegar a su domicilio, sin embargo, la joven nunca llegó por lo que su familia presentó una denuncia por su desaparición (carpeta de investigación 14652/2017/ZC).

El chofer se presentó a declarar ante la Fiscalía y dijo que dio el servicio a la joven, quien había solicitado bajar en un punto cercano a su domicilio, pero las cámaras de seguridad constataron que la joven de 19 años de edad nunca bajo de la unidad de transporte.

Ricardo N. fue detenido el 12 de septiembre, y el cuerpo de Mara localizado tres días después de la detención del chofer, el 15 de septiembre, cuando la Fiscalía General de Justicia de Puebla informó que Mara había sido asesinada por el conductor del taxi y su cuerpo con signos de violencia sexual fue arrojado en una barranca cercana a los límites con el estado de Tlaxcala.

El feminicidio de Mara Castilla, subrayó en un comunicado el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) fue resultado de la omisión, dilación, colusión y complicidad de las autoridades de Puebla y Tlaxcala, regiones en las que a falta de una articulación interestatal para frenar la violencia hacia las mujeres, ya ha cobrado la vida de 82 poblanas este año, según los registros de organizaciones civiles.

El OCNF exigió al gobernador del estado de Puebla, José Antonio Gali Fayad y a las autoridades estatales de justicia, que el asesinato de Mara Castilla sea investigado como feminicidio y juzgado con perspectiva de género, e indagar a fondo al transporte privado de taxis utilizado por la adolescente para deslindar si participó o no en el crimen.

El Observatorio indicó que los protocolos de búsqueda de mujeres, niñas y adolescentes (como la Alerta Amber y el Protocolo Alba) no están operando de manera efectiva en una zona conocida por tener el principal corredor de trata de personas en México (Puebla-Tlaxcala), ya que en los protocolos se indica explícitamente que las primeras 72 horas de investigación son vitales para hallar con vida a las mujeres.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de 2012 a 2015 desaparecieron 780 mujeres tan sólo en Puebla, con un perfil muy concreto, son mujeres entre los 15 y 29 años de edad.

Por ello, la organización urgió a ambos gobiernos a investigar el patrón sistemático y modus operandi de los grupos de trata de mujeres con fines de explotación sexual que existen en la región de Puebla y Tlaxcala.

El Observatorio recordó que el feminicidio de Mara Castilla no es un caso aislado sino parte de la problemática estructural de violencia perpetrada contra las mujeres y por ello es que se ha solicitado en dos ocasiones la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Tlaxcala. La primera fue desechada y la segunda sigue en espera de ser aceptada o no, por la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Las mujeres estamos hartas de vivir con miedo, inseguras, del machismo, de la institucionalización de la impunidad, de la complicidad de las autoridades responsables de procurar y administrar la justicia. Hoy más que nunca nos negamos a continuar viendo cómo nos matan y cómo matan a nuestras jóvenes”, se pronunció en el documento el OCNF conformado por 40 asociaciones civiles.

Al llamado y repudio por el feminicidio de Fernanda Castilla, también se unió el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) que demandó al Estado mexicano generar mecanismos adecuados para erradicar la violencia contra la población femenina, como lo dispone la Constitución mexicana, los tratados internaciones y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

MUJERES, PROTESTAN PÓR FEMINICIDIO EN ESTADOS

Tras la noticia del feminicidio de Mara, organizaciones civiles convocaron a protestar en varios puntos y ciudades del país el 17 de septiembre. En Puebla, la Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guadalajara, se realizaron marchas simultáneas.

En Puebla se convocó a iniciar la protesta desde la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) institución donde estudiaba Mara Castilla, para dirigirse a la explana central del municipio, donde organizaciones civiles pidieron declarar en Alerta de Violencia de Género a Puebla.

Mientras, en la Ciudad de México mujeres, adolescentes y familias acompañas de niñas, vestidas de morado, con banderas y pancartas en las que expresaban su rechazo a la violencia que enfrentan en su cotidianidad, caminaron a partir de las 12 de la tarde desde la explanada del Zócalo al edificio de la Procuraduría General de la República (PGR) donde concluyeron con llamados a impartir justicia y la protección de sus vidas.

De acuerdo con las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de Puebla, Ricardo Alexis N. será juzgado por el delito de feminicidio y actualmente se encuentra en la etapa de desahogo de pruebas periciales.

17/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Demanda añeja de organizaciones y activistas
Chihuahua, entidad emblemática por el feminicidio lo tipifica como delito
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Lourdes Godínez Leal
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/09/2017

Tras 20 años de resistencia para reconocer la problemática, el pasado 12 de septiembre, el Congreso del estado de Chihuahua votó por unanimidad la adhesión del Artículo 126 BIS al Código Penal local, que reconoce como feminicidio a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, con una pena de 30 a 60 años de prisión y la reparación integral del daño.

La tipificación fue el resultado de tres propuestas analizadas por una mesa técnica de redacción conformada por organizaciones civiles pioneras en documentar y registrar el feminicidio en la entidad, como Justicia para Nuestras Hijas, y de abogadas y abogados de Chihuahua, quienes revisaron las iniciativas presentadas por diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) una del Partido del Trabajo y la planteada por el gobernador del estado, Javier Corral Jurado.

Desde abril pasado, se analizaron los tres planteamientos para definir que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; antes o después de la privación de la vida se haya infligido lesiones, mutilaciones o cualquier otro acto que atente contra la dignidad humana; existan antecedentes o datos que el activo ejerció violencia física, psicológica, económica o patrimonial o de cualquier tipo (independiente de que haya denunciado o no); y por misoginia.

Cuando el responsable sea un funcionario público; se cometa por dos o más personas; si existe un vínculo de parentesco o relación sentimental; cuando la víctima sea menor de edad o adulta mayor; de pueblos originarios; esté embarazada o tenga alguna discapacidad, la pena se incrementará de uno a veinte años a la pena de prisión impuesta.

Aún falta su publicación en el Periódico Oficial del estado de Chihuahua.

CHIHUAHUA Y CIUDAD JUÁREZ, UNA HISTORIA DE FEMINICIDIO

La tipificación del feminicido en la entidad, es una demanda añeja de organizaciones, académicas y familiares de víctimas y es que desde 1992, Ciudad Juárez y Chihuahua, cobraron relevancia en el país y luego en el mundo, por los asesinatos de mujeres que eran encontradas en lotes baldíos y otros espacios públicos, con signos de extrema violencia que pronto llevaron a formular varias hipótesis, que buscaban, de acuerdo con organizaciones civiles expertas en el tema, minimizar el odio hacia las mujeres en esa entidad.

Desde hace más de 20 años, familiares de las víctimas acompañados de diversas organizaciones civiles, iniciaron un registro hemerográfico a partir de notas periodísticas de medios locales que publicaban los asesinatos de mujeres. Así se empezó a documentar un patrón: en su mayoría eran mujeres pobres, trabajadoras de la maquila, con ciertas características físicas, la mayoría, presentaba signos de violencia extrema.

Lo anterior, llevó a formular diversas hipótesis por parte de las autoridades encargadas de investigar los asesinatos quienes en un principio hablaban de “crímenes pasionales”, para luego ir modificándolas a asesinos seriales, crimen organizado, rituales satánicos, y extracción ilegal de órganos.

Desde entonces, las familias, las madres, tuvieron que enfrentar la misoginia de ministerios públicos, policías, inclusive gobernadores quienes minimizaban las desapariciones de mujeres y asesinatos asegurando que “se habían ido con el novio”  “que ellas se lo buscaron por usar ropa provocativa” o “porque las mujeres buenas no salían de noche”; siempre, sostienen las organizaciones, responsabilizando a las mujeres de la violencia vivida, y evadiendo su responsabilidad para aceptar que no se estaba previniendo la violencia contra ellas.

La larga e interminable lista de casos con características similares, la impunidad imperante en la entidad y el hartazgo de madres y familias ante el sistema de justicia mexicano, los llevaron a voltear la mirada hacia instancias internacionales, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Comisión y luego la Corte.

En 2001 en el Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, 8 mujeres fueron halladas asesinadas con signos de tortura sexual y en avanzado estado de descomposición pero solamente tres de estos casos logaron llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), pues los demás, debido a la mala investigación por parte de las autoridades, las identidades de las víctimas no pudieron ser corroboradas por sus familiares, por lo que no pudieron llegar a la Corte.

Tras varios años en el Sistema Interamericano, en 2009, la CoIDH sentenció al Estado mexicano por no salvaguardar la vida de las mujeres en la entidad, al tiempo que reconoció que existía una violencia sistemática contra mujeres y niñas de este estado fronterizo con Estados Unidos.

En el punto 231 de la sentencia, la Corte reconoce "que los homicidios de las víctimas fueron por razones de género y están enmarcados dentro de un reconocido contexto de violencia contra la mujer en Ciudad Juárez"; mientras que en el Párrafo 143 de la misma señala: "en el presente caso, la Corte, a la luz de lo indicado en los párrafos anteriores, utilizará la expresión ‘homicidio de mujer por razones de género’ también conocido como feminicidio".

Asimismo, pidió al Estado mexicano, crear un tipo penal que permitiera sancionar de manera adecuada los asesinatos de mujeres, con el fin de que estos no cayeran en la impunidad y se repitieran los hechos. Además de fortalecerlo con la creación de protocolos especializados para indagarlos.

Desde 2004, la feminista y antropóloga Marcela Lagarde y de los Ríos, quien fue legisladora y una de las principales impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia, insistió también en la necesidad de tipificar el feminicidio como tipo penal, no sólo a nivel federal, sino que cada entidad lo tipificara, y Chihuahua no era la excepción.

Han sido varias las peticiones para la tipificación y mucha la resistencia para hacerlo. Finalmente, después de 20 años de asesinatos dolosos contra mujeres y niñas en la entidad que se convirtió en emblemática por esta violencia, el pasado 12 de septiembre fue la última en tipificar el delito que desde entonces, ha cobrado la vida, según datos de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, de mil 541 mujeres tan sólo en Ciudad Juárez.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Se incrementa violencia y no se investiga dicen ONG
   
Piden AVG para Torreón
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sofía Noriega, corresponsal
Cimacnoticias | Saltillo, Coah.- 26/07/2017

La Red de Mujeres de la Laguna y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Torreón, Coahuila, ante el incremento de asesinatos contra mujeres que en 5 años suman 48, tan solo en ese municipio.
 
Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna, Ariadne Lemond y Adriana Romo, acudieron a las instalaciones de la CDHEC para dejar la documentación para la solicitud de la AVG, cabe destacar que también la organización civil “La Libres” de Guanajuato, y “Mujeres Generando Cambios”, de Torreón, se sumaron a esta petición.
 
De acuerdo con Ariadne Lemond, la alerta que se promueve es exclusivamente para el municipio de Torreón. De proceder, se tendrá que conformar el grupo de personas expertas que deberán visitar el municipio para constatar que existe violencia contra las mujeres y que proceda la Alerta.
 
Las integrantes de las organizaciones civiles explicaron que en el documento que presentaron ante la CDHEC, se documentaron 48 casos de feminicidio, sólo en Torreón, desde el 2013 hasta el 2017 resultado de una investigación hemerográfica.
 
 DATOS OFICIALES
 
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, sólo 56 de los 436 homicidios de mujeres que se han registrado en cinco años, han sido acreditados como feminicidio.
 
La PGJEC informó en un diagnóstico, que los homicidios de mujeres se redujeron 84 por ciento desde el 2012 a la fecha, y que de los 436 homicidios dolosos contra mujeres, 73 por ciento se consignó o judicializó ante un juzgado.
 
Sin embargo, otras voces como la de la consejera de la CDHEC y presidenta del organismo Eux, Arte y Sida, Aída García Badillo, han señalado que las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a esta entidad en el tercer lugar en violencia contra las mujeres (7.06 por ciento), muy por encima de la media nacional que es de 4.37 por ciento.
 
García Badillo, destacó que la Red de Mujeres de La Laguna ha tratado de visibilizar la problemática, aunque es necesario que se sumen más a este llamado. "Lo que estamos viendo en Coahuila es que hay un movimiento de género incipiente, donde sólo unas cuantas tratan de hacer conciencia”.
 
Agregó que la falta de organización de la sociedad civil profundiza más el problema pues los asesinatos de mujeres en su mayoría son clasificados como dolosos, en lugar de catalogarlos como feminicidio.
 
SE INCREMENTAN ASESINATOS
 
En tanto, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Larisa Montiel Luis, señaló que se deben tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, en específico, los asesinatos, por lo que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a prevenir este tipo de violencia y dar con los responsables de los hechos.
 
La legisladora panista propuso como de urgente y obvia resolución que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Mujer tomen cartas en el asunto y en la exposición de motivos argumentó que el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres en su estudio "La Violencia Feminicida en México, Aproximación y Tendencia”, colocan a Coahuila en el décimo lugar respecto al índice de violencia contra las mujeres y de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH).
 
Detalló que de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Coahuila, se tipificó el feminicidio a través del artículo 336 BIS 1, cuando la mujer victimada presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o bien haya recibido lesiones o mutilaciones en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida.
 
También se establece como feminicidio cuando existan antecedentes de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar, y haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
 
Y ejemplificó que casos como el de una mujer hallada en Arteaga, a quien encontraron maniatada, con huellas de tortura y abandonada en un paraje solitario, o el de otra más que fue asesinada y abandonada en la vía pública, con golpes, huellas de tortura y semidesnuda, y de tantos otros que a diario se suman en Torreón, son ejemplos de la violencia creciente contra las mujeres, por lo que insistió en el llamado a las autoridades para investigar estos asesinatos como feminicidio.
 
17/SN
 








NACIONAL
POLÍTICA
   Proponen aumentar sanciones a feminicidas de menores de edad
   
Proponen aumentar sanciones a feminicidas de menores de edad
Imagen retomada de twitter
Por: Iniciativa se analiza en Cámara de Diputados
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/09/2017

La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Candelaria Ochoa Ávalos y el legislador Clemente Castañeda Hoeflich, propusieron reformar el Código Penal Federal para considerar un agravante del delito de feminicidio cuando la víctima sea menor de edad y así aumentar la sanción a los responsables de estos crímenes.

En la sesión de este jueves, la diputada Ochoa Ávalos presentó una propuesta para modificar los Artículos 51 sobre aplicación de sanciones y 325 que define el feminicidio en el Código Penal Federal, para que jueces y tribunales consideren como agravante las razones de género al momento de aplicar las sanciones establecidas para este delito.

La finalidad es que las penas en casos donde la víctima sea una niña o adolescente aumenten en la mitad. Actualmente la sanción va de 40 a 60 años de prisión y de quinientos a mil días multa.

De acuerdo con estimaciones realizadas por la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), a partir de las Estadísticas de Mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2012 se registraron 372 niñas de 0 a 17 años fallecidas por presunto homicidio. Además de 370 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez entre 1993 y 2003, más de la tercera parte tenía menos de 19 años.

Al presentar su propuesta la diputada Candelaria Ochoa señaló que  la violencia contra las mujeres es producto de la gran desigualdad de género en el país. “Es un problema de urgente resolución, pues además de estar enraizado culturalmente en nuestra vida cotidiana tiene muchas expresiones y manifestaciones que afectan la vida de las mujeres todos los días, todo el tiempo, llegando a terminar con su vida”, dijo.

Para la legisladora, además de crear mecanismos para prevenir la violencia contra las mujeres también es indispensable crear para sancionarla porque uno de los retos, dijo, es la impunidad, pues las instancias públicas y los mecanismos legales que se encargan de impartir justicia carecen de perspectiva de género.

Explicó que la diferencia entre violencia y violencia contra las mujeres es la misma que entre homicidio y feminicidio. “El empleo de poder es una relación de desigualdad de género, hacer uso de esa desigualdad tiene que ameritar una sanción mayor”.

Actualmente, el Código Penal Federal sólo contempla agravantes por género cuando se habla de delitos dolosos contra periodistas, en los delitos de homicidio de los artículos 315 y 217 y en el feminicidio. En el resto del Código Penal no hay ninguna consideración de lo que implica la violencia contra las mujeres.

Es por ello que la legisladora cuestionó qué pasa cuando la violencia es cometida contra mujeres menores de edad, más si las mujeres son más vulnerables y susceptibles de ser asesinadas.

En México, recordó, mueren aproximadamente, siete mujeres al día por feminicidio, miles más son violentadas sólo por el hecho de ser mujeres. La iniciativa se analizará en la Comisión de Justicia.

17/AGM/LGL

 








NACIONAL
   Legisladora pide que acudan a sesiones
   
Desdén de diputados hacia Comisión especial de Alerta de Género
Imagen retomada de Twitter de Karen Hurtado
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 14/09/2017

Sólo tres de 13 diputados que integran la Comisión especial de Alerta de Género se presentaron a la primera reunión ordinaria del organismo que se convocó para esta mañana en la Cámara de Diputados, por lo que la diputada perredista Karen Hurtado Arana reclamó ante el pleno la ausencia de los legisladores.  

A la primera sesión de este organismo donde se tenía previsto aprobar el proyecto de programa de trabajo acudieron las diputadas del Partido de la Revolución Democrática Xóchitl Arzola Vargas y Olga Catalán Padilla pero no hubo quorum para sesionar.

Esta Comisión que se instaló hace medio año, el pasado 22 de febrero cuando acudieron seis diputadas, tiene el objetivo de dar seguimiento al funcionamiento de este mecanismo de emergencia que se activa para proteger a las mujeres en todo el país.

Ante el desdén de las y los legisladores, la presidenta de la Comisión, Karen Hurtado, pidió la palabra durante la sesión del pleno para exhortar a los coordinadores parlamentarios de todos los partidos políticos a convocar a sus integrantes a asistir a las reuniones de trabajo.

“Citamos a reunión ordinaria de la comisión y de 13 diputados, sólo acudieron tres. El comunicado se hizo con anterioridad, se llamó para confirmar. Es lamentable que no les interese el tema de las mujeres, es lamentable que las sigan matando y que a nuestras mismas diputadas no les interese el tema”, dijo.

Desde su curul en San Lázaro la diputada aclaró que el objetivo de la Comisión es dar seguimiento a las Alertas decretadas, sin que esto signifique atacar a gobernadores de las entidades donde se implementa el mecanismo. “Es crear vínculos, poder ayudar en medias de prevención (de la violencia de género)”.

A la fecha la Alerta de Violencia de Género, mecanismo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, está vigente y activada en 12 entidades del país: Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Colima, Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y San Luis Potosí.

Además, recientemente, el 7 de septiembre el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas AC, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, presentaron ante el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la solicitud de Alerta para la Ciudad de México.

En este contexto la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Concepción Villa González, condenó la declaración del el rector de la Universidad Madero, en Puebla, Job César Romero, quien al hablar de la desaparición de una joven, Mara Fernanda Castilla, declaró que este tipo de hechos estaban relacionados con la libertad de las mujeres.

Al respecto la diputada dijo que es preocupante escuchar este tipo de declaraciones que reflejan la nula perspectiva de género y crisis de violencia que viven las mujeres en todo el país, y más preocupante cuando la afirmación viene del rector de una universidad, de un líder para la comunidad académica.

Villa González llamó al pleno a exhortar al funcionario a tomar un curso de capacitación sobre derechos de las mujeres y violencia de género; sin embargo ningún legislador se sumó públicamente a su llamado.

17/AGM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Impunidad radica en malas investigaciones
OCNF y Seiinac presentan proyecto para investigar feminicidio en Hidalgo
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 14/09/2017

Con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio y sus familias en Hidalgo, a través del trabajo conjunto entre sociedad civil y autoridades gubernamentales, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la asociación Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac) presentaron el proyecto “Acciones para el Acceso a la Justicia a Víctimas de Feminicidio”.

Ante la falta de una debida diligencia en las investigaciones de feminicidio y desaparición de mujeres en Hidalgo, con su experticia por el acompañamiento de casos que realizan, el OCNF y Seiinac buscan proporcionar asistencia técnica a personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) para revertir las deficiencias en las investigaciones y facilitar el acceso a la justicia a las víctimas, dijo en conferencia de prensa la directora de Seiinac, Diana Avilés Quezada.

De acuerdo con cifras presentadas por el abogado especialista en feminicidio del OCNF, Rodolfo Domínguez Márquez, Hidalgo, en junto con el Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Tlaxcala, Jalisco, Colima, Zacatecas,  Sinaloa, Oaxaca, Chiapas y Sonora, suman el registro de 2 mil 83 asesinatos de mujeres de 2005 a diciembre de 2016.

Pero únicamente un 25 por ciento de estos casos se investigaron como feminicidio, lo que deja a la mayoría en impunidad. En este sentido el proyecto busca que se cumpla con el fallo de 2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el caso Mariana Lima, asesinada en el Estado de México por su esposo, que estipula que todo asesinato violento de una mujer debe investigarse como feminicidio.

“Son casos no investigados y por lo tanto, no sancionados como feminicidios, tendencia a la justificación de la violencia, a culpar a las víctimas, reclasificación de los delitos, mayormente como

homicidios. Esto es una clara tendencia a invisibilizar la violencia en contra del sector”, declaró el abogado especialista.

El proyecto también tiene el fin de documentar de forma certera la violencia feminicida en la entidad, dar acompañamiento a casos y fortalecer el trabajo de organizaciones civiles regionales, precisó la Avilés Quezada.

Avilés, también recordó que en 2013 Seiinac solicitó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para la región de Tula y Atitalaquia por violencia feminicida, en ese momento el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres -conformado por institutos estatales de las mujeres y diez dependencias de gobierno- determinaron no activar el mecanismo.

Por lo que la directora de Seiinac señaló que hasta la fecha Hidalgo no está exento de esta violencia extrema. Desde 2013  -cuando se tipificó el feminicidio en la entidad- a lo que va de 2017 documentaron 128 asesinatos violentos de mujeres, indicó.

El año más violento fue 2015 cuando sucedieron 32 asesinatos violentos de mujeres, este año, ya suman 27. Los municipios de Pachuca de Soto, Tula de Allende, Tepeji del Río y Tizayuca, es donde se ha registrado el mayor índice de esos casos.

Por último, las organizaciones mencionaron que la PGJH tiene la disposición de participar en el proyecto y están en la etapa de organización para iniciar el proceso de capacitación del personal en perspectiva de género e investigación del feminicidio.

17/HZMLGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Atienden 66 niñas y niños en esta situación por año
   
Jalisco: apoyo a niñez en orfandad por feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/07/2017

En septiembre de 2015 en Tlajomulco, Jalisco, los cinco hijos de Betsabé García, presenciaron cómo su padre asesinó a su madre. Hoy tienen 4, 7, 9 y 11 años de edad y sus abuelos se ocupan de su crianza. Son parte de las víctimas indirectas del feminicidio de las cuales no se tiene registro en México.
 
Desde entonces la madre y el padre de Betsabé, María Amparo y Mario García, ambos adultos mayores dedicados al campo, tuvieron que buscar algún apoyo social para mantener a los menores de edad y su hija con síndrome de down, asimismo fue ardua la lucha para mantener la custodia.
 
Tras las exigencias de las organizaciones civiles que acompañaron el caso, el DIF Guadalajara aceptó verlos como víctimas secundarias del feminicidio, los incorporó al programa “Acompañar la ausencia”, creado en septiembre de 2016 para dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas, pero des, después del caso de Betsabé, incluyó a las familias víctimas de feminicidio.
 
La necesidad de crear un programa especializado para resarcir los daños a la infancia en orfandad por feminicidio, hizo que en marzo de 2017 el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) lanzara el “Programa de apoyo económico para las hijas e hijos de víctimas de feminicidio”, en coordinación con la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV), como es su responsabilidad.
 
El abogado del instituto y coordinador del programa, Jaime Javier Torres, explicó en entrevista con Cimacnoticias que su creación nació también en cumplimiento con la Alerta de Violencia de Género (AVG) que tiene la entidad desde febrero de 2016.
 
Con un presupuesto de 1.2 millones de pesos, el programa únicamente tiene la capacidad de atender durante este año a 66 menores de edad, indicó el abogado; hasta el momento 33 ya cuentan con el apoyo del programa y están en trámite 14 solicitudes. Algunos son enviados de la Fiscalía General de Justicia local o la CEAV Jalisco, o bien, acuden las familias por cuenta propia.
 
“Estamos limitados por cuestiones de presupuesto, tenemos un número total de menores de edad que podemos cubrir, en ese sentido no podemos dar más apoyos”, declaró el coordinador y agregó que desconocen el total de niños y niñas que quedaron en orfandad en Jalisco, a causa del asesinato de sus madres.
 
Cifras del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), indican que sólo de 2012 a 2013, tres mil 892 mujeres fueron asesinadas en dicha entidad.
 
EL PROGRAMA
 
El programa para estas víctimas indirectas cubre tres ejes, continúa Javier Torres: el apoyo económico, que consta de 3 mil pesos bimestrales y sólo será emitido por el periodo de un año; la atención jurídica, que busca garantizar y facilitar los trámites de custodia de los familiares, ya que “muchas veces es el padre el asesino o se desconoce su paradero, los menores quedan en una incertidumbre jurídica ¿quién es el responsable del menor?” indicó.  
 
El último punto es la terapia psicológica, que también pueden pedir los tutores de los menores de edad, se da cada 15 días en alguna de las siguientes instancias: la CEAV, la Fiscalía de Derechos Humanos, la Ciudad Niñez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), o algún Centro de Justicia para las Mujeres, dependiendo de la cercanía al domicilio de la víctima.
 
“La terapia psicológica también dura un año, se pretende que esto puede continuar pero no se tiene certeza por el presupuesto; la intención es que los menores de edad pueden mejorar hasta ser dados de alta, pero tenemos que ver si podemos cubrir económicamente todo el proceso”, dijo Javier Torres.
 
Para los familiares de las víctimas que busquen este apoyo económico, necesitan demostrar que la averiguación previa fue consignada como feminicidio, lo cual podría ser un obstáculo ya que datos de Cladem aseguran que de los asesinatos violentos de mujeres ocurridos entre 2012 a 2013, únicamente un 16 por ciento se investigó como feminicidio (613 en total).
 
17/HZM








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Hasta 30 años de condena a quien lo cometa
Diputados uruguayos aprueban proyecto de ley sobre femicidio
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Montevideo, Uru .- 13/09/2017

La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó por mayoría un proyecto de ley que tipifica el femicidio/feminicidio como delito especialmente agravado, informaron hoy medios periodísticos.

 

Esta iniciativa fue enviada al hemiciclo por el Poder Ejecutivo, recibió modificaciones en el Senado y propone sanciones de más de 15 años como pena mínima y de 30 como máxima.

 

En su articulado entiende que el femicidio/feminicidio sea considerado un agravante del homicidio cuando la víctima sea una mujer y se demuestre odio o menosprecio por el hecho de ser mujer; existencia de conductas de violencia previas; violencia sexual o por represalia al haberse negado a establecer una relación de pareja.

 

El proyecto fue aprobado la víspera luego de su ingreso a Diputados la semana pasada con un informe en minoría y otro en mayoría, y recibió el visto bueno de los legisladores del oficialista Frente Amplio y los partidos opositores Nacional y Colorado.

 

La legisladora Macarena Gelman, consideró que aunque el aumento de penas no resuelve el problema, sí resulta ejemplarizante y cumple un rol social y pedagógico al contribuir a que la sociedad entienda el fenómeno de la violencia basada en género.

 

Apuntó que las medidas para tender a resolverlo y abordarlo en su complejidad, vienen por el lado de la ley integral, la cual está al entrar a la cámara baja para comenzar su discusión.

 

En el transcurso del 2017 ocurrieron en Uruguay 20 casos de femicidio/feminicidio, de los cuales, 15 fueron cometidos por las parejas de las mujeres asesinadas, indicaron las fuentes.

 

17/RED








NACIONAL
VIOLENCIA
   Familia en espera del Tribunal Superior de Justicia
   
Apelan fallo del juez por caso Lesvy
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/07/2017

La familia de Lesvy está en espera de que el Tribunal Superior de Justicia capitalino responda el recurso de apelación que interpusieron la semana pasada para reclasificar como feminicidio el delito por el que se acusa a la expareja de Lesvy y fije una fecha para la audiencia.
 
Esto aseguró en entrevista el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que trabaja en el caso junto con la defensa legal de la familia de Lesvy, Rodolfo Domínguez Márquez. Y explicó que está en el proceso de “investigación formalizada”, en la cual ambas partes pueden presentar datos de prueba.

A raíz del recurso de apelación tendrán una audiencia la próxima semana en la que tres magistrados “resolverán en colegiado” el fallo del juez Cristian Franco Reyes, quien acusó el pasado 10 de junio a Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por homicidio doloso por omisión, al no impedir el “supuesto suicidio” de la joven hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo.
 
“En la audiencia se mostrarán los datos de prueba donde los magistrados determinarán cuales serán admitidas durante la etapa oral, esta última es la parte que sigue”, explicó Rodolfo Domínguez.
 
El abogado aseguró que los diferentes peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), como la necropsia, evidenciaron “muchas lesiones que no son compatibles con una mecánica de suicidio, al contrario, nos hablan de que hubo lucha y forcejeo, defensa y que la causa de muerte fue más bien un estrangulamiento”.
 
Además, dijo, en las uñas de Lesvy se encontró piel de Jorge y eso, sumado a las agresiones previas del trabajador de la UNAM hacia Lesvy que se observan en los videos del día del suceso,  “abonan  a la hipótesis de feminicidio”. Aun cuando el juez vio esas pruebas en la audiencia pasada “no quiso hacer la reclasificación a feminicidio, no quiso mirar los datos de prueba que hay con esa perspectiva de género, esto en un problema crónico dentro del poder judicial de la Ciudad de México”, mencionó el abogado.
 
RESPUESTA DE LA CDHDF
 
Actualmente la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa la carpeta de investigación para identificar “qué elementos se cualifican como alguna probable violación a los Derechos Humanos” y así poder dar a conocer su opinión, esto informó ayer la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo a medios de comunicación al término de una conferencia.
 
Gómez Gallardo también recordó que desde finales de mayo hizo pública su preocupación por la tardanza de la PGJDF para entregar a la familia de Lesvy la carpeta de investigación completa.
 
La CDHDF, dijo Perla Gómez, envío a la instancia de justicia tres recordatorios para que les entregaran a ellos y a la familia de Lesvy la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes realizados, pero el organismo de Derechos Humanos obtuvo la misma respuesta que la PGJDF dio a la familia por más de dos meses: “nos informaron que (la primera parte de la carpeta de investigación) la tenía la Procuraduría General  de la República para efectos de uno de los dictámenes”, mencionó.
 
Los recordatorios corresponden a la queja de oficio que la CDHDF interpuso a la PGJDF en la Cuarta Visitaduría donde solicitó que la instancia de justicia informara qué tipo de peritajes realizaron y que corroborara si se estaba aplicando o no el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación.
 
Además de la queja ante la Cuarta Visitaduría, la CDHDF inició otra de oficio en la Primera Visitaduría por la filtración de información que la PGJDF hizo en su cuenta de Twitter, con la que, dijo, estigmatizó a la víctima, se violó la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación.
 
Por dicha filtración en días pasados la familia de Lesvy y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, exigieron la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, porque ahí comenzó la investigación.  También demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, por no investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio y por negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
DEFICIENTES INVESTIGACIONES Y JUZGADORES
 
Rodolfo Domínguez expuso que si bien el OCNF no ha acompañado otros casos juzgados por Franco Reyes sí conocen varios en los que la Fiscalía de Homicidios, que coordina la unidad de feminicidio, reclasifica como homicidios delitos que en un  principio se investigaron como feminicidio. Con esto, aseguró, “siguen invisibilizando la violencia de género, la violencia feminicida”.
 
El abogado mencionó que el problema “está en la procuración de justicia, es decir, como la PGJDF investiga la muerte violenta de las mujeres y en cómo están resolviendo los jueces”.
 
Dijo que la PGJDF no investiga con perspectiva de género, no resguardan correctamente las pruebas ni el lugar de los hechos “todas esas acciones y omisiones tienen un impacto negativo porque impide el acceso a la justicia”. Y concluyó: “una mala investigación con un mal juzgador nos lleva a la impunidad”.
 
17/MMAE
 








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