mujeres indígenas

ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   REMIAC y Red Péepeno’ob, 3 años de trabajo en comunidades
Apropiarse de los derechos y defenderlos, voces de mujeres indígenas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/11/2017

De 2015 a 2017 cada vez más mujeres indígenas de Chiapas y la Península de Yucatán se “han apropiado de sus derechos para defenderlos” gracias al trabajo de defensoras de los Derechos Humanos (DH) de la Red de Mujeres de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Chiapas (REMIAC), que trabajan por incrementar la presencia de mujeres indígenas en puestos políticos, y de la Red Péepeno’ob, en Yucatán, con el análisis y difusión de las leyes que las defienden.

Esto expusieron en entrevista con Cimacnoticias la defensora de DH Diana del Rocío Rodríguez, de REMIAC, y la coordinadora de la Red Péepeno’ob, Esther Noemí Tuz Canté, al hacer un balance sobre la incidencia de su trabajo en los últimos tres años, mismos en los que estuvieron acompañadas por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y el Fondo Semillas como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea.

MUJERES INDÍGENAS EN PUESTOS POLÍTICOS

Los estereotipos de género que califican a las mujeres de “incapaces” para ocupar cargos públicos son los principales obstáculos enfrentan para ejercer sus derechos políticos, señaló antropóloga social y defensora de DH de REMIAC, Diana Rodríguez. Para hacerles frente, la red trabaja en la formación de chiapanecas indígenas de 25 a 50 años “para que conozcan sus derechos y progresivamente vayan ejerciéndolos en cargos de elección popular”, dijo.

La incidencia de la REMIAC se vio reflejada principalmente en San Miguel Mitontic, el municipio tzotzil de los altos de Chiapas que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional con mayor porcentaje de población hablante de lenguas indígenas (99.6 por ciento) de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ahí, contó Diana Rodríguez, las defensoras centraron su labor los últimos tres años y las mujeres que previamente ocuparon cargos importantes en la comunidad son capacitadas para que inviten a más mujeres a participar en la toma comunitaria de decisiones.

Como resultado del trabajo actualmente ya hay mujeres laborando en el Patronato de Obras Públicas de Mitontic, “un área de la presidencia municipal tradicionalmente ocupada por hombres”, informó la defensora de DH y añadió que esto “permite naturalizar la presencia de las mujeres en los espacios públicos”.

Pese a que en México desde 2014 la paridad es un principio constitucional que obliga a los partidos políticos a postular en sus candidaturas a 50 por ciento de mujeres y hombres, en los pueblos indígenas de Chiapas no se ha visto reflejado pues siguen sin ocupar cargos políticos como las presidencias municipales y sus regidurías y, en caso de tenerlos, son menospreciadas, indicó Diana Rodríguez.

El Fondo Semillas y el ILSB han señalado que el trabajo de estas defensoras es esencial porque tan sólo en las elecciones de 2015 en Chiapas resultaron electas 779 regidoras, pero muchas de ellas renunciaron a sus cargos en el primer año de gestión para ser suplidas por hombres.

La REMIAC también busca la participación activa de más mujeres indígenas en la toma de decisiones pues aunque varias de ellas han liderado los comités de educación, salud y cocina comunitaria –en este último una mujer puede coordinar hasta a 40 mujeres más- es necesario que “dejen atrás el miedo y no sólo asistan a las asambleas municipales, sino que también hablen”, afirmó Diana Rodríguez.

En Chiapas sólo 29 por ciento de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres y tienen 33 por ciento de las diputaciones en el congreso estatal, según muestra el Atlas de Género del Inegi basado en datos actualizados hasta el 2015.

ASUMIRSE SUJETAS DE DERECHO: YUCATÁN

En los últimos tres años en Campeche y Yucatán las mujeres mayas de la Red Péepeno’ob analizaron cuatro instrumentos internacionales y siete leyes nacionales e internacionales que nombran los derechos indígenas y concluyeron que los estatutos legales vigentes en México “fueron hechas sin perspectiva de género, pues aunque existen leyes que hablan de los pueblos indígenas no asumen a la mujeres como sujetas de derechos”, denunció la defensora Esther Noemí Tuz Canté.

El estudio derivó en la Cartilla: “Derechos de las mujeres indígenas mayas”, la cual enumera 21 derechos con los que cuenta esta población con el objetivo de visibilizarlos y compartirlos con las diferentes comunidades de la Península yucateca. Posteriormente buscan que  se difunda a otros estado cercanos como Quintana Roo.

Para ello la Red Péepeno’ob presentará la cartilla en Yucatán el próximo 9 de diciembre. Ahí solicitarán que las instituciones gubernamentales “cumplan su papel” y difundan el documento en las instancias públicas como los centros de salud y las procuradurías de justicia de la entidad. “Esa es la parte que sigue, no solo debemos saber cuáles son nuestros derechos, también debemos saber quiénes nos los garantizan y a dónde dirigirnos para exigir que se ejerzan”, afirmó.

17/MMAE/LGL








ESTADOS
POLÍTICA
   Hacer valer sus derechos político-electorales
   
Juzgar sin prejuicios ni estereotipos a mujeres indígenas, pide Presidenta del TEPJF
Foto retomada del TEPJF
Por: Jaime Guerrero
Cimacnoticias/página3.mx | Oaxaca, Oax .- 21/11/2017

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, pidió a los magistrados electorales del país, hacer una introspección y revisar sus condicionamientos a la hora de dictar sentencias, para abonar en la lucha de las mujeres indígenas a que se respeten sus Derechos Humanos y político-electorales.

“Las mujeres indígenas no necesitan ser salvadas, necesitan que nuestras sentencias las miren con sus ojos, las nombren. Por eso, quienes impartimos justicia debemos hacer una introspección y revisar nuestros condicionamientos basados en estereotipos discriminadores e inercias de sobreprotección y colonización. Sólo así estaremos en posibilidad de dictar sentencias que abonen a la lucha que las mujeres indígenas hacen y siguen haciendo desde sus saberes, desde su autonomía”, aseveró la magistrada Otálora Malassis.

Al participar en la clausura del Seminario “Los aprendizajes y retos para una democracia paritaria”, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la magistrada presidenta del TEPJF sostuvo que, ante la obligación de garantizar el acceso a la justicia y la participación de las mujeres indígenas, los juzgadores habrían de formularse cuando menos cuatro preguntas.

Desde dónde juzgan, desde qué realidades y desde qué concepciones preconstruidas, sobre quiénes son, qué aspiraciones y de qué forma deben comportarse las mujeres indígenas; cómo detectan y se hacen cargo de las asimetrías que implica el dictar una sentencia; de qué forma las y los jueces deben de construirse a fin de lograr una verdadera justicia electoral; y cuáles son los referentes adecuados para juzgar casos que involucran a mujeres indígenas sin estereotiparlas, ni esencializarlas.

“De las respuestas que demos a estas preguntas al momento de pronunciar una sentencia depende que la justicia no sea una justicia impuesta. Impuesta desde lo que somos, por como fuimos formadas; impuesta desde la inercia colonialista que tanto daño ha hecho al pueblo y territorio de las mujeres indígenas”, aseveró Otálora Malassis.

La magistrada presidenta de la Sala Superior insistió en que quienes imparten justicia tienen que aproximarse a las demandas de las mujeres indígenas, dado que tienen la inmensa responsabilidad de materializar y de hacer viable todos sus derechos.

“En nuestras manos está el hacer posible las promesas constitucionales de igualdad, representación y participación, de materializar las aspiraciones de un país que pretende vivir en democracia, y que se reflejen en los mandatos de los tratados internacionales”, subrayó.

Otálora Malassis afirmó que los juzgadores tienen que darse cuenta si su formación limita el entendimiento de los problemas que enfrentan las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos políticos y que, para ello, deben ser conscientes dónde se encuentran y en dónde deben colocarse cada vez que tengan que analizar y resolver un juicio en el que están involucradas.

“Esto no significa el hecho que, de no ser personas indígenas, nos impida juzgar adecuadamente, en el mismo sentido; tampoco podemos afirmar que el hecho de que sea una mujer la que tenga que juzgar, garantice una relación apegada a un enfoque de género. Afirmar que las mujeres tenemos una sensibilidad especial, implica esencializarnos y descartar que los hombres cuentan con la capacidad de juzgar con tal perspectiva, lo cual sería un error”, puntualizó la magistrada Otálora Malassis.

17/JG/LGL








NACIONAL
SALUD
   Investigación identifica falta de traductores y anticonceptivos en unidades médicas
Servicios de salud de 10 estados ignoran a niñas y adolescentes indígenas embarazadas
CIMACFoto:Yunuhen Rangel Medina
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/11/2017

Los servicios de salud sexual y reproductiva de Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Puebla, así como de Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán ignoran a las niñas, adolescentes y mujeres indígenas pues no cuentan con traductores, y el personal desconoce los Derechos Humanos de esta población.

Esto reveló la investigación “Lo público es nuestro”, elaborada por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y presentada la semana pasada, la cual determinó que en estas 10 entidades es deficiente el acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos para niñas y adolescentes indígenas.

El ILSB encontró que en las unidades de salud de primer nivel de atención de Aguascalientes, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán las niñas y adolescentes indígenas no son tomadas en cuenta pues las instancias carecen de servicios de traducción y tampoco se capacita ni sensibiliza al personal sobre cómo atenderlas.

La falta de “interculturalidad” en los centros médicos representa un problema porque son miles las niñas y mujeres indígenas que acuden por atención durante sus gestaciones, señaló la organización.

Tan sólo en 2016 el Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud (Sinac) de la Secretaría de Salud (Ss) mostró que 9.9 por ciento (mil 111) de los 11 mil 219 nacimientos de niñas de 9 a 14 años en el país y 7.2 por ciento (27 mil 675) de los 384 mil 378 partos de madres entre 15 y 19 años fueron de mujeres originarias de algún pueblo indígena.

El ILSB resaltó que a nivel nacional los embarazos de niñas indígenas se concentraron en las menores de 9 a 14 años, con 9.9 por ciento, lo que, consideró, representa “un alto nivel de vulnerabilidad y posibles situaciones de violencia sexual”.

Sin embargo no se sabe cuántos de los embarazos de indígenas fueron consecuencia de una violación sexual pues no hay un cruce de datos entre el registro de gestaciones reportadas ante las Secretarías de Salud y las cifras del delito de violación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde no hay información sobre la edad de las víctimas ni de su pertenencia a un grupo indígena.

En estados como Aguascalientes y Oaxaca las niñas y adolescentes víctimas de violación sexual están más expuestas que en otras entidades a presentar embarazos no deseados y afectaciones en su salud por la gestación, pues la investigación reveló que el personal de las unidades de salud desconoce que debe otorgarles anticoncepción de emergencia y servicios de profilaxis para prevenir infecciones de transmisión sexual, una obligación estipulada en la NOM-046 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

El ILSB obtuvo estas conclusiones a través de diversas solicitudes de información dirigidas a las Secretarías de Salud de las 10 entidades revisadas, entrevistas al personal de las unidades y tras recorrer diversos centros médicos.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

La organización también calificó de “alarmante” que en los estados analizados únicamente en Aguascalientes el máximo de condones disponibles por adolescente fue de 3.16. En Quintana Roo fue de 0.07 condones, en Yucatán de 0.23 y en Chiapas de 0.27 preservativos.

Las cifras otorgadas por las Secretarías de Salud de Veracruz y Puebla no permiten identificar cuántos anticonceptivos destinan para cada adolescente. Además en Puebla las mujeres reciben consultas sobre sexualidad basadas en estereotipos pues, según constató el ILSB, en las unidades de salud aún recomiendan la abstinencia sexual como “método anticonceptivo”.

Por otra parte en Yucatán las unidades no cuentan con condones femeninos mientras que en los otros estados si tienen.

En el área de prevención de embarazos la organización denunció que los gobiernos estatales no enfatizan la responsabilidad que tienen los hombres pues para ellos sólo se promueve, mediante folletos, opciones como la vasectomía, mientras los anuncios gubernamentales de radio y televisión siguen dirigidos exclusivamente a las adolescentes. 

Con los resultados obtenidos el ILSB solicitó, por medio de un comunicado, que los gobiernos federales y estatales actúen de inmediato para erradicar los embarazos de niñas y adolescentes pues, dijo, al paso al que va difícilmente cumplirán los objetivos que adquirieron en 2014 con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).

Esto porque, destacaron, el número de gestaciones de niñas y adolescentes entre 9 y 19 años de edad va en aumento: En 2014 el Sinac registró más de 364 mil 500 nacimientos en este grupo poblacional, mientras que en 2016 fueron 395 mil 597, es decir, un aumento de 31 mil nacimientos.

17/MMAE








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas
   
Realizan Coloquio de mujeres indígenas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 04/09/2017

La Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas (ANPMI) celebró su primer coloquio en la Ciudad de México para visibilizar la participación de las jóvenes en la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres indígenas y “fortalecer los diálogos intergeneracionales”.

El coloquio “Mujeres jóvenes indígenas. Identidades, derechos y diálogos” de ANPMI, conformada en septiembre del año pasado por 80 mujeres de distintos pueblos originarios y organizaciones, inició ayer y concluye hoy 4 de septiembre.

En un comunicado la Asamblea informó que como parte de las conclusiones se elaborará un informe sombra el cual será entregado a la relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz, durante su visita a México que está programada del 8 al 17 de noviembre próximos.

Los temas a tratar serán los derechos sexuales y reproductivos, el de la tierra y territorio y el derecho a la participación política. “Queremos reconocernos, visibilizarnos y hacer que toda la gente de afuera también nos vea y nos respete”, mencionó la representante de la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas, Maricela Zurita Cruz

En el evento participaron 50 mujeres indígenas jóvenes y adultas de todo el país que a través del diálogo buscan transmitir sus conocimientos sobre los procesos organizativos de lucha, de defensa y promoción de sus Derechos, señaló la integrante del Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas (COIMIN), Larisa Ortiz Quintero, para evitar con ello una “brecha generacional.

Las mujeres se reúnen en el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas (9 de agosto), fecha en la que los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas recuerdan los retos que aún tienen para garantizar el ejercicio pleno de los Derechos y Humanos de quienes representan poco más de la mitad (51 por ciento) de las 7 millones 382 mil 785 personas de 3 años y más de edad que hablan alguna lengua indígena, de acuerdo al Inegi.

Para el cierre del coloquio la ANPMI, conformada por colectivos y redes como el  Colegiado Interdisciplinario de mujeres indígenas (COIMIN) y Red Interdisciplinaria de Investigadores de los Pueblos Indios de México (IINPIM), expondrá las conclusiones a las que llegó a las y los funcionarios públicos que invitaron para que las escuchen, se establezcan reuniones para discutir los puntos y se les dé seguimiento.

El coloquio representa “una plataforma de diálogo con las autoridades y fortalece la agenda de las mujeres indígenas”, concluyeron las integrantes de la Asamblea.

17/MMAE








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Necesario despenalizar aborto: Regina Fonseca
Hondureñas, por un Código Penal que respete sus derechos
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: Gloria López
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 15/05/2017

El abrumador asesinato de la defensora de derechos humanos indígena Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 ha puesto el punto de mira sobre el agravamiento de la situación de Derechos Humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. Un país en el que ahora se discute un nuevo Código Penal.
 
La defensora de derechos humanos Regina Fonseca, de la Plataforma “Somos Muchas”, ha visitado recientemente Irlanda, Bruselas y el Estado español, acompañada por las organizaciones Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz-Estado Español, Calala Fondo de Mujeres, JASS–Asociadas por lo Justo, y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
 
Fonseca tenía el objetivo, entre otras cosas, de denunciar las violaciones a Derechos Humanos del proyecto de nuevo Código Penal. El proceso de elaboración de este Código, llevado a cabo en el seno de una comisión del Congreso Nacional de Honduras, ha contado con recursos y asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).
 
En declaraciones públicas emitidas el 3 de abril de 2017 el presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Alonso Pérez, afirmó que dicha Comisión había concluido que no modificaría el artículo del Código Penal que establece la penalización absoluta del aborto y expresó que para el Estado hondureño el aborto será considerado un “delito grave fuertemente penalizado”.
 
El 4 de abril, medios de comunicación local informaron que la policía había detenido a una mujer en Comayagua, zona central de Honduras, por haberse provocado un aborto. La foto de la mujer acusada por el “delito de aborto” fue exhibida en los medios de comunicación con las manos atadas y una policía a su lado.
 
El Congreso Nacional de Honduras aprueba de este modo mantener la penalización total del aborto en el nuevo Código Penal, con penas de 3 a 10 años de cárcel. Mientras, Regina y cientos de mujeres organizadas en las más de 23 asociaciones de la sociedad civil hondureña articuladas en la iniciativa “Somos Muchas” no cejan en el empeño de defender los derechos de las mujeres.
 
EL NUEVO CÓDIGO
 
Gloria López (GL): Estás involucrada, Regina Fonseca, en la respuesta de la sociedad civil frente a la reforma del Código Penal de Honduras. ¿Qué pretende esta reforma y en especial, qué consecuencias puede tener en la vida de las mujeres?
 
Regina Fonseca (RF): Bueno, no se trata de una reforma, sino de crear un nuevo Código Penal. El actual data de 1985. Lo que se ha vendido a la opinión pública es que este nuevo código es un instrumento moderno que nos va a dar más seguridad en el país. Las organizaciones feministas fueron las primeras que entramos en alerta cuando supimos que se estaba creando este código, queríamos conocer. Sobre todo porque cada cambio, cada avance en el reconocimiento de determinados derechos, ha venido dada por la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas hondureñas. Como ejemplos concretos está el reconocimiento de la violencia intrafamiliar, el que los delitos sexuales dejaran de ser considerados delitos contra el honor, sino delitos contra la integridad. Y que ambos fuesen considerados de persecución pública. Han sido luchas que hemos ido conquistando.
 
Nos costó mucho que nos abrieran espacio en la creación de este Código. Fue un proceso muy opaco. Hasta finales de 2016 no pudimos entrar y en ese sentido, fue muy importante la labor de la cooperación española, de los consultores que elaboraron el segundo borrador del Código Penal.
 
Participamos, había cosas que eran importantes defender. Es una oportunidad para que al menos en circunstancias excepcionales no se penalice a las mujeres y niñas que aborten: aquellas que sufren violencia sexual o incesto, o las que ponen en riesgo su salud e incluso su vida, o cuando existen malformaciones graves en el feto incompatibles con la vida.
 
Estamos pidiendo unos mínimos, que además están reconocidos en los estándares internacionales de Derechos Humanos. Nos hemos organizado para demandar que el tipo penal de Feminicidio permanezca incluido y mejore, para que los delitos sexuales tengan los suficientes candados que eviten la impunidad y garanticen la protección de las mujeres, para no perder lo ganado en materia de discriminación, por ejemplo, con la comunidad LGTBI. Y por supuesto, para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos.
 
ABORTO CON PASTILLAS PARA CURAR FRIJOLES  
 
GL: ¿El aborto está absolutamente penalizado en Honduras?
 
RF: Absolutamente. Honduras es uno de los 9 países en el mundo que lo tienen penalizado, 7 de ellos están en América Latina.
 
GL: ¿A qué se enfrenta una mujer que quiere abortar en Honduras?
 
RF: La única manera de abortar es de manera clandestina. Si tienes dinero, puedes recurrir a un aborto seguro. Pero la mayoría de la población no tiene ese privilegio, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, o las campesinas. Y hay mujeres en la cárcel por abortar. La pena varía, de 3 a 6 años y para quien lo realiza, de 6 a 8 años.
La mayoría de los abortos son inseguros, las mujeres ponen en riesgo su vida. Hay suicidios de niñas, sobrevivientes de violencia sexual que quedaron embarazadas. No sé si han oído hablar de pastillas para curar frijoles, que es un veneno que se utiliza para quitar los bichos a los granos básicos y que se venden en los comercios de productos agrícolas; hay quienes se han introducido esas pastillas en la vagina.
 
GL: ¿Tampoco tienen derecho a los anticonceptivos?
 
RF: La concepción moderna existe, excepto la de emergencia, que fue prohibida tras el golpe de Estado.
 
GL: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta represión?
 
RF: Las cúpulas de la Iglesia católica evangélica han conducido todos los procesos de criminalización de todas aquellas mujeres y hombres que quieren defender sus derechos de salud reproductiva. Han detenido procesos de educación sexual, han obstaculizado la anticoncepción de emergencia. Los ataques que recibimos las defensoras de los derechos humanos vienen de esa jerarquía. Están demasiado cerca de los poderes políticos y jurídicos en nuestro país.
 
IMPUNIDAD
 
GL: Entre las razones de la violencia estructural que sufren las mujeres en Honduras, figura la impunidad. Tú has realizado varios estudios. ¿Las mujeres denuncian? ¿Qué pasa cuando denuncian? ¿Qué estamentos son cómplices para que exista esta impunidad?
 
RF: Hay problemas estructurales que se agudizan con los problemas de criminalización social y la militarización que se da posterior al golpe. También la zona sociopolítica donde estamos es importante: Honduras ha sido históricamente el patio trasero de Estados Unidos. La militarización se ha naturalizado. Las bandas criminales que se han organizado por esa región requieren de todo el engranaje institucional del Estado para que funcione y de eso hay evidencias.
 
Los niveles de violencia letal convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo hace dos años. La tasa anual de asesinatos de mujeres es de 12 por 100 mil, más alta que la media. En un contexto en el que los órganos del Estado están al servicio, no de la gente, sino de las grandes empresas transnacionales, tiene sentido la impunidad. Y la violencia es ejemplarizante. En el caso de los feminicidios es del 90 por ciento, en el caso de los delitos sexuales es del 94 por ciento. Esto no incentiva la denuncia. Puedes encontrarte que la persona que te agredió está detrás del escritorio de la policía. ¿A dónde vas a denunciar?
 
GL: ¿Qué tipo de agresiones, presiones, violencia, sufren las defensoras de los derechos humanos en Honduras?
 
RF: Tiene que ver con el ámbito de la defensa de los derechos. Las defensoras de la tierra se enfrentan a la muerte y a la violencia sexual. Hay poblaciones que sufren más estas formas de violencia. Berta Cáceres fue asesinada incluso con medidas cautelares. Nos enfrentamos al poder establecido, es el Gobierno quien concede los contratos y proyectos de explotación.
 
GL: Háblanos de tu labor como responsable del Programa de Incidencia Política Internacional de la organización Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
 
RF: La lucha contra la violencia de género es políticamente correcta. La lucha contra la expropiación de nuestros cuerpos no lo es. Somos “maleducadas” cuando hacemos exigencias sobre el uso de nuestros cuerpos y nuestra libertad. Y en eso se acompañan las instituciones Estado-Iglesia, especialmente el Opus Dei, que tiene mucha influencia política y económica. Ellos nos difaman y tienen la cobertura de los grandes medios para hacerlo.
 
Nuestra lucha es a contracorriente y sufrimos criminalización, ataques, difamación. Ha sido una estrategia pensada y ejecutada. A esto hay que sumar que una forma para callarnos tiene que ver con llevar nuestros casos a instancias penales y civiles; si te ponen multas de 50 mil dólares y a pedir perdón público por algo que hemos expresado, es una forma de ahogar la protesta y matar a las organizaciones. Y con la excusa del delito de hacer apología de terrorismo, la cosa se complica.
 
Hay que decir que los consultores españoles, al menos públicamente allá, con la discusión del nuevo Código Penal, no han dicho nada alrededor de estos retrocesos. Han guardado un silencio que para nosotras es cómplice. No es fácil hacer incidencia política.
 
FORMAS PERVERSAS DE CASTIGAR LA DISIDENCIA
 
GL: Es cierto que a partir del golpe de Estado de 2009, hay un aumento de la violencia, del uso de la fuerza como estrategia patriarcal. Pero las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mucho más. Las mujeres indígenas, pobladoras y campesinas que luchan por la defensa de sus territorios, su cultura y sus bienes comunes y que se oponen a los megaproyectos extractivos fomentados por los gobiernos corporativos amparados en tratados voraces internacionales y en leyes serviles que atentan contra la soberanía de los pueblos es un aspecto fundamental en Honduras. Estamos hablando de capitales internacionales, muy poderosos. ¿Cómo superar las resistencias en países europeos, cuando esos capitales son dueños de los medios de comunicación, por ejemplo?
 
RF: Es muy difícil. Son los mismos, dueños de bancos, de los medios de comunicación, los que administran las hidroeléctricas. Son intereses de corporaciones internacionales, el capital, un sistema que juega en contra de las personas.
 
GL: La sensación aquí es que hay un antes y un después tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo 2016. ¿Hay un cambio en cuanto al conocimiento de la situación más allá de las fronteras nacionales? ¿Se sienten más respaldadas internacionalmente? ¿Se traduce en cambios y mejoras en el terreno?
 
RF: Nadie de las estructuras del poder político y económico se imaginaba la reacción. Esa respuesta internacional ha hecho que ellos se vean obligados a hacer algunas cosas. Cosas que implican riesgos y trampas. Se hacen determinadas consultas pero con una participación viciada. El gobierno promueve un asistencialismo que compra conciencias se algunos sectores en estas comunidades y, cuando no se compran, estos grupos reciben otras formas de sanción. Por ejemplo, tras el asesinato de Berta se hizo un informe acerca de los hilos que unen el poder político y económico en la región. Y supimos que algunas personas que habían colaborado, fueron sancionados, impidiendo por ejemplo, a una padre que sus hijos fueran matriculados en la escuela pública. Se les castiga de esa manera tan perversa.
 
GL: ¿El machismo está presente también en los movimientos “progresistas”, entre los compañeros con los que defiendes los derechos humanos?
 
RF: Sí, claro que tenemos que bregar con el machismo. Es muy importante producir un acercamiento entre organizaciones tradicionales de derechos humanos y las organizaciones feministas. De hecho se va produciendo. Es importante comprender que tu lucha es mi lucha y a la inversa.
 
17/GR/GG








INTERNACIONAL
   Wecan realizó foro para visibilizarlas
Mujeres indígenas encabezan acciones contra el cambio climático
Mujeres regresan del bosque con canastas llenas de corteza de árbol, que recogieron con mucho trabajo, y estiércol seco. La comunidad bhumia practica una silvicultura sostenible. Crédito: Manipadma Jena/IPS.
Por: Tharanga Yakupitiyage*
Cimacnoticias | Naciones Unidas.- 28/04/2017

Las mujeres indígenas son las que sufren los primeros y los peores efectos del cambio climático, y también las que encabezan los esfuerzos para proteger el ambiente.
 
Un foro organizado por la Red de Acción de Mujeres para la Tierra y el Clima (Wecan, en inglés) reunió a indígenas de todo el mundo para discutir los efectos del cambio climático en sus comunidades y en sus respectivas actividades laborales hacia las soluciones sostenibles.
 
“Este foro está bastante enfocado a las comunidades que están al frente de la lucha contra el cambio climático. Quisiéramos tomarnos el tiempo para visibilizar el liderazgo de las mujeres y sus llamados a la acción”, indicó la directora ejecutiva de Wecan, Orielle Lake.
 
Las indígenas “trazan una línea roja para proteger y defender a la madre tierra, a todas las especies y a la red misma de la vida”, añadió.
 
Entre las participantes del foro estaba la directora ejecutiva de la Red de Información Indígena, Lucy Mulenkei, que trabaja con comunidades indígenas en Kenia en cuestiones de desarrollo sostenible.
 
Las indígenas keniatas soportan la carga de las consecuencias del cambio climático, observó. “Experimentamos muchas sequías prolongadas, un trabajo más que recae sobre las mujeres, pues encontrar agua se convierte en un problema porque hay que ir más lejos.”
 
En febrero, el gobierno keniata declaró emergencia nacional por la sequía, lo que significa que duplicó el número de personas que viven con inseguridad alimentaria, aumentó el grado de malnutrición a niveles de emergencia y dejó a millones de personas sin acceso al agua potable.
 
Pero debido al cambio climático, el país también experimenta fuertes lluvias, lo que generó inundaciones, que perjudicaron a las comunidades indígenas, indicó Mulenkei.
 
Los extremos climáticos son en gran medida el resultado del uso de combustibles fósiles, cuya quema emite gases de efecto invernadero que contribuyen al recalentamiento global. Estados Unidos es responsable de casi 20 por ciento de las emisiones contaminantes, lo que lo convierte en uno de los que más gases libera a la atmósfera.
 
A pesar de estar a unos 12 mil 900 kilómetros de Kenia, Mulenki recordó a IPS que “cualquier cosa que hagas muy lejos, nos impacta a nosotros aquí”.
 
PETRÓLEO ENVENENA, DESTRUYE
 
La industria de los combustibles fósiles también impacta a las comunidades indígenas de Estados Unidos con sus megaproyectos de infraestructura.
 
“No te imaginas todo lo que cambió con la llegada del petróleo”, indicó Kandi Mossett, responsable de Energía Extrema y Campaña de Transición Justa de la organización Red Ambiental Indígena, refiriéndose al descubrimiento de petróleo en la formación de Bakken, en Dakota del Norte.
 
“El aire se envenena, el agua se destruye”, subrayó.
 
Mossett es una de las indígenas que encabezan el movimiento contra el oleoducto Dakota Access, que concentró la atención internacional en 2016, cuando miles de manifestantes fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad.
 
Las comunidades indígenas son un blanco desproporcionado de esos proyectos. “No ve un pozo de fracturación en Hollywood ni en el jardín de la Casa Blanca. Lo ve en poblaciones de bajos ingresos y de minorías”, ejemplificó.
 
Mossett subrayó la importancia del consentimiento previo para la aprobación de esos proyectos de desarrollo, como está previsto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ni el gobierno ni la empresa respetaron esa norma en el caso del Dakota Access.
 
“La consulta no equivale al consentimiento”, precisó a los presentes.
 
Las comunidades indígenas tienen que hacer frente a problemas similares a medida que la economía y las compañías realizan la transición hacia las energías renovables.
 
En Kenia, las comunidades indígenas son testigo de la construcción de proyectos de energía renovable sobre sus tierras y sin su consentimiento, como las iniciativas Ngong Hills y Kipeto en territorio masai.
 
“Me siento desatendida, me siento marginada, me siento aislada”, confesó Mulenkei a IPS, respecto de la falta de consentimiento y consultas con los pueblos indígenas por la realización de los proyectos de infraestructura. Estos serán beneficiosos solo si están abiertos a la participación, añadió.
 
Los pueblos indígenas a veces soportan violaciones más extremas con el crecimiento de la economía verde, como el desplazamiento de las comunidades masai, tras la expansión de la producción de energía geotérmica.
 
En Honduras, la indígena defensora del ambiente Berta Cáceres fue asesinada en su casa en marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica.
 
Un informe del Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos señaló que cinco de cada 50 empresas dedicadas al desarrollo de energías renovables dicen estar comprometidas con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
Mossett y Mulenkei coincidieron en la necesidad de respetar los derechos indígenas de forma integral y urgieron a tomar medidas colectivas para proteger el ambiente y contemplar los derechos humanos.
 
“Tenemos que tomar medidas directas no violentas en el terreno y recuperar el poder sobre nuestras comunidades porque nadie lo hará por nosotros”, remarcó Mossett.
 
El foro de Mujeres Indígenas para la Protección de la Tierra, los Derechos y las Comunidades se realizó en forma paralela con la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que comenzó el 24 de este mes y se extenderá hasta el 5 de mayo en la sede del foro mundial de Nueva York.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
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INTERNACIONAL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   Fortalecerá liderazgos de mujeres indígenas
Escuela de Formación política
Imagen retomada del portal de AmecoPress.
Por: la Redacción
Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 30/01/2017

La Escuela de Formación Política puesta en marcha por la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), apoyada por InteRed, ONG especializada en educación y género, y cofinanciada con fondos de la Unión Europea, capacitará a 30 personas, en su mayoría mujeres miembros de CONAMUCA que representan las diferentes federaciones y organizaciones de base repartidas por toda la geografía dominicana.
 
La participación social y política ha sido uno de los derechos que, históricamente, se les ha negado a las mujeres, convirtiéndolas en ciudadanas marginadas e impidiéndolas su plena participación en el espacio público y municipal.
 
La Escuela nace por la necesidad de fortalecer el liderazgo de mujeres campesinas en la defensa de sus derechos ante autoridades y municipalidades, de dotarles de herramientas que potencien sus habilidades para la negociación, la comunicación y la participación activa en aquellas temáticas de interés comunitario y que necesitan desarrollarse a través de reuniones con representantes locales, nacionales y partidos políticos.
 
Entre los objetivos de la Escuela de Formación Política están:
 
Profundizar en temáticas sobre democracia y derechos humanos de las mujeres.
 
Proporcionar herramientas que contribuyan a un mayor ejercicio del liderazgo y la negociación para la defensa de los intereses de las mujeres campesinas.
 
Adquirir capacidades para el análisis de la realidad, empoderar individualmente a las mujeres y fortalecer sus organizaciones.
Activar procesos participativos y de toma de decisiones en espacios de concertación.
 
Crear redes y alianzas para compartir experiencias que nos acercan a intereses comunes.
 
Francesca Bautista, de la Comunidad San Cristóbal y alumna de la Escuela de Formación Política, destaca la importancia de que “las mujeres reivindiquen sus necesidades y expongan los problemas que les afectan como comunidad, que conozcan sus derechos y que los exijan”.
 
Esta Escuela de Formación Política se encuentra dentro del proyecto para el “fortalecimiento de la participación política de la sociedad civil organizada para una gobernabilidad democrática en 7 provincias de la República Dominicana, con énfasis en el empoderamiento de mujeres, niñas, niños y jóvenes”.
 
Beatriz Gallart, Coordinadora de proyectos en República Dominicana de InteRed manifiesta que se trata de “empoderar a las mujeres de las comunidades con la intención de que tengan conciencia de su empoderamiento y sus derechos, así como dotarles de herramientas para hacer incidencia social y política a nivel comunitario. Que tengan los conocimientos para desarrollar iniciativas que les permita un avance local”.
 
Este proyecto lo conforman las siguientes organizaciones:
 
INTERED: es una ONGD que desde 1992 y en colaboración con organizaciones socias locales impulsa proyectos centrados en garantizar el derecho a la educación, la gobernabilidad y participación desde una ciudadanía crítica, así como la equidad de género y derechos de las mujeres, desde el enfoque de derechos humanos. Está presente en América Latina, Asia y África. Desde 1996 trabaja en la República Dominicana, donde ha desarrollado intervenciones principalmente en el sector educativo, incorporando el enfoque de derechos y de género.
 
CONAMUCA (Confederación Nacional de Mujeres del Campo): nace hace 29 años con el objetivo de representar a nivel nacional los intereses de la mujer del campo. Aglutina a 15 federaciones y 247 organizaciones de mujeres que movilizan a más de 10 mil mujeres en todo el país.
 
CEPAE (Centro de Planificación y Acción Ecuménica): nace en 1970 y tiene como objetivo impulsar la participación ciudadana y la capacidad de acción social, promoviendo la concertación entre la sociedad civil y autoridades locales.
 
17/RED








NACIONAL
   70 por ciento de mujeres con VIH es víctima de violencia. Alcaldesa de Reynosa denuncia violencia política. Iniciará periodo de audiencias en la CIDH
BREVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/11/2016

70 por ciento de mujeres con VIH son víctimas de violencia
Ciudad de México.-
En México, 70 por ciento de las mujeres infectadas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) fue víctima de violencia, informó la directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (InmujeresDF), Teresa Incháustegui Romero.
 
A propósito del Día Mundial de la lucha contra el Sida, que se conmemora el 1 de diciembre, la directora del InmujeresDF, señaló que las mujeres con VIH son más vulnerables debido a la falta de oportunidades, marginación, abandono y exclusión que viven.
 
Agregó que 70 por ciento de quienes contraen el virus, son infectadas por una pareja estable.

Alcaldesa de Reynosa denuncia violencia política
Ciudad Victoria, Tamps.-
La presidenta municipal de Reynosa, Maki Ortiz, denunció que representantes del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, operan en su contra, lo que significa un caso de violencia política contra la funcionaria.
 
Sin embargo, la alcaldesa declaró que pese a no presentar denuncias ya dejó asentado públicamente la condición de violencia política que vive de parte de las autoridades del gobierno de Tamaulipas. (Con información de Red Tamaulipas)

Iniciará periodo de audiencias en la CIDH
San José, CR.-
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) participará en tres audiencias públicas del 159° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del 29 de noviembre al 7 de diciembre.
 
Durante las audiencias se hablará sobre la situación de personas defensoras de Derechos Humanos en Honduras; las violaciones de DH a mujeres, niñas y adolescentes en Nicaragua y la matanza de 111 personas privadas de libertad en Brasil.
 
El evento se llevará a cabo en la ciudad de Panamá y se transmitirá en vivo a través de la página de la CIDH. Consulta el programa completo en https://www.cejil.org/es/cejil-participa-del-159deg-periodo-sesiones-cid...

16/HZM/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Caso llega a Relatora Especial de la ONU sobre Pueblos Indígenas
Exigen medidas de protección para indígenas Yaquis
Especial
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/11/2016

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (RNDDH) exigió al gobierno de Sonora y a la Secretaría de Gobernación que cesen las prácticas intimidatorias contra las personas que se oponen al gasoducto que está en construcción en el territorio de los 8 pueblos de la tribu Yaqui y frenen cualquier intento de incriminación a las indígenas que integran la organización Jamut Boo’o.
 
La coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos (Rnddhm), Flor Goche, dijo en entrevista con Cimacnoticias que enviaron un comunicado al gobierno federal y estatal para que garanticen los derechos de la etnia Yaqui y den medidas de protección y seguridad a las mujeres que promueven los Derechos Humanos.
 
La Red de defensoras (con presencia en 23 estados del país e integrada por 222 mujeres defensoras y periodistas) reprobó la violencia generada en la comunidad de la Loma de Bácum y expresó su preocupación por la vida e integridad física y psicológica de las personas que viven en ese lugar, quienes han recibido amenazas de quema de sus casas si continúan en la defensa de su territorio.
 
Flor Goche dijo que la Segob tiene la responsabilidad de actuar para coordinar las acciones de seguridad para la comunidad Yaqui a través de su Subsecretaría de Derechos Humanos porque la empresa IEnova (Sempra Energy) está construyendo un ducto que transportará gas natural sin previa consulta colectiva con las y los habitantes de la comunidad y estaría a un kilómetro de distancia de sus hogares.
 
Explicó que se dirigieron también al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a cargo de Sara Irene Herrerías, para que active las medidas de seguridad para las mujeres indígenas que integran la agrupación Jamut Boo’o (Camino de mujer) y de otras que de manera independiente promueven la defensa del territorio y de los derechos de los pueblos indígenas.
 
La defensora dijo que a las mujeres se les criminaliza al hacerlas responsables de provocar las agresiones que se suscitaron el día 21 de octubre, día en el que habitantes de la Loma de Guamuchil atacaron a los habitantes de la Loma de Bácum, por oponerse a la construcción del ducto de gas natural, cuando este enfrentamiento fue provocado por la misma empresa al realizar consultas de su megaproyecto de manera individual a cada uno de los 8 pueblos de la etnia Yaqui.
 
En cuanto al gobierno del estado y al Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, dijo que se les llamó para que hagan cumplir la sentencia emitida el 6 de abril por el Juzgado Séptimo de Distrito que ordena la suspensión de la obra del ducto realizada por la empresa IEnova (Sempra Energy) como respuesta al amparo interpuesto por la comunidad de la Loma de Bácum con número de expediente 312/2016.
 
MUJERES YAQUIS PIDEN APOYO DE LA ONU
 
Una de las mujeres que está bajo amenaza por oponerse a la construcción del ducto, cuyo nombre queda bajo anonimato por cuestiones de seguridad, dijo a Cimacnoticias que entregaron un documento a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, en donde solicitan apoyo del organismo internacional para que emita recomendaciones al Estado mexicano y cese las prácticas de violación a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas que se han registrado con la construcción de megaproyectos.
 
En específico, solicitaron que ordene garantizar los Derechos Humanos de la etnia Yaqui por la construcción del ducto de gas natural. La activista Yaqui viajó a la Ciudad de México para entregarle a la Relatora Especial el documento, ya que la funcionaria se encuentra de visita en nuestro país donde tendrá actividades en el Congreso de la Unión y en un coloquio organizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 
 
16/GVV/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Amenazadas por cometer “apología del delito y provocación”
Mujeres Yaquis se organizaron para ampararse y detener megaproyecto
Imagen retomada del sitio mediosobson.com
Por: Gema Villela Valenzuela
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/11/2016

La violencia generada por la empresa transnacional IEnova (Sempra Energy) en la comunidad Yaqui del estado de Sonora, es un ataque a la cultura indígena y a los derechos de las mujeres, indicó la representante legal que interpuso el amparo a nombre de las autoridades de Bácum, ante el Juzgado Séptimo de Distrito.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la abogada Alma V. Ch. dijo que las mujeres indígenas que habitan en la Loma de Bácum, quienes han participado de manera activa en la defensa del territorio colectivo de los 8 pueblos Yaquis, están bajo amenaza y las criminalizan al señalarlas socialmente por cometer “apología del delito” y “provocación”, aunque aún no reciben notificaciones oficiales de parte del Ministerio Público.
 
Confirmó que fueron las mujeres que habitan en la Loma de Bácum, quienes buscaron el apoyo legal para interponer el amparo con número 312/2016 ante el Juzgado Séptimo de Distrito el pasado 4 de abril, que busca detener la construcción del megaproyecto que afectará una franja de 90 kilómetros de largo por 10 metros de ancho en el territorio colectivo de los 8 pueblos Yaquis, acción legal que fue firmada en colectivo porque es toda la comunidad la que se opone.
 
Alma V. Ch. dijo que las mujeres han recibido amenazas de parte de los miembros de la comunidad que trabajan para la transnacional IEnova (Sempra Energy), quienes les advirtieron que incendiarán sus casas si continúan oponiéndose a la obra. Sin embargo, la abogada comentó que son mayoría quienes se oponen a la construcción del ducto, pero no fueron escuchados por sus autoridades.
 
La unión de las mujeres Yaquis del pueblo de Vícam (uno de los 8 pueblos Yaquis, ubicado en el municipio de Guaymas), que integran la agrupación Jamut Boo’o (Camino de Mujer), firmaron un documento en apoyo a las autoridades tradicionales de la Loma de Bácum, el pasado viernes 28 de octubre, en donde manifiestan su descontento por la forma en la que realizaron el consenso en los otros pueblos de la etnia.
 
La empresa transnacional IEnova, señaló la abogada, ha provocado violencia entre los miembros de la misma etnia al contratar a los habitantes de la Loma de Guamuchil para que cuiden la construcción del ducto y ha llevado un proceso de consenso de la obra de manera individual (por cada pueblo Yaqui) cuando debió hacerlo de manera colectiva.
 
La abogada dijo que los derechos que les están violentando con esa construcción son a la autonomía y decisión de los pueblos indígenas, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
 
Sobre la orden de detención de la obra emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito (dos días después de presentado el amparo) en respuesta al recurso legal interpuesto por la comunidad de la Loma de Bácum, la representante legal dijo que la empresa argumentó que “no está construyendo en el territorio perteneciente a la Loma de Bácum, que el territorio en donde están construyendo es colectivo”.
 
El seguimiento del amparo lo lleva el Tribunal Colegiado (federal) del Décimo Tercer Circuito, quien tendrá que resolver qué extensión comprende el territorio colectivo de los 8 pueblos Yaquis y de la Loma de Bácum, para proceder con la detención de la obra o en su defecto permitir que la empresa continúe con la instalación del ducto de gas natural.
 
16/GVV/LGL








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