MUJERES CAUTIVAS
VIOLENCIA
   Mujeres cautivas
Por el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y discriminación
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Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 21/08/2017 La semana pasada la senadora del Partido Liberal y sobreviviente de secuestro por la guerrilla colombiana, Clara Rojas, presentó una iniciativa de ley para sancionar con multas a los consumidores del sexo de paga y construir alternativas dignas de salida para las mujeres y niñas en situación de prostitución.
 
La iniciativa de la senadora Rojas reta a las voces liberales y populistas de Colombia, a las voces de la sociedad civil y la academia que se han manifestado en su contra, ya que es una legislación que parte de la igualdad entre mujeres y hombres, reta los estereotipos de género, promueve un cambio cultural a favor de las mujeres y las niñas y en contra de la discriminación y violencia de género. También intenta desempoderar a las Bandas Emergentes Criminales (Bacrim) que han encontrado un nicho inmenso de ganancia en la explotación sexual de las mujeres, niñas y adolescentes y el turismo sexual.
 
Entre nuestra membresía contamos con sobrevivientes de la industria del sexo y otras que todavía sobreviven en la prostitución. Han sido compradas y vendidas en las calles y en los hoteles, en clubes y en prostíbulos, desde los servicios de acompañantes o prepago, hasta las salas de masajes, todo para el placer sexual masculino y de manera casi unánime, para el lucro de terceros o explotadores.
 
Hablamos por nosotras mismas y lo hacemos en el contexto de la ley, los derechos de las mujeres y los principios de los Derechos Humanos. Aunque todo movimiento social que lucha por la justicia se crea por aquellos que sufren directamente las violaciones a sus Derechos Humanos, esta justicia solo se hace real cuando la sociedad y las instituciones nacionales reconocen que estos derechos son inalienables, indivisibles y universales. Las sobrevivientes y las que sobreviven en la prostitución, y todas nosotras entendemos el sufrimiento causado por la violencia sexual, la degradación y la deshumanización en manos de los que pagan por sexo, la policía y los explotadores.
 
Tenemos visiones muy diferentes al modelo que defiende el lobby proxeneta sobre la industria del sexo. Es por eso que manifestamos nuestra preocupación por el Código de Policía de Colombia y los intentos del Ministerio del Trabajo de reconocer la prostitución como un oficio, cuando no reúne ninguno de los elementos que la OIT ha definido como trabajo decente o digno. Las sentencias dictadas por las Cortes en México y Colombia generan impunidad para aquellos que explotan a los seres humanos por dinero y placer – proxenetas, propietarios y administradores de prostíbulos y dueños de agencias, salas de masaje, así como los hombres que pagan por sexo.
 
Es eso, precisamente, lo que propone la legisladora Rojas en su iniciativa de Ley, corregir las aberraciones jurídicas de las Cortes Colombianas, al proponer multar a los compradores de sexo de paga y construir opciones de salida digna para las mujeres en situación de prostitución.
 
Esta iniciativa tiene por objeto desincentivar a la industria del sexo que lucra con la explotación de poblaciones marginadas que han llegado a la prostitución por falta de oportunidades para sobrevivir. Criticamos a los Estados y gobernantes que valoran la industria del sexo --para cobrar impuestos--, más que la vida de las mujeres, convirtiéndose en gobiernos proxenetas.
 
Las sobrevivientes y las que todavía sobrevivimos la prostitución, hemos sido víctimas desde que éramos niñas, y por eso también queremos terminar con la trata y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Cuando llegamos a la adultez traumatizadas física y psicológicamente, nos damos cuenta que nuestros gobiernos y la sociedad nos dieron la espalda y borraron nuestros sufrimiento y explotación llamándolo “trabajo consensuado”. Sí, la prostitución es una fuente de ingresos (aunque generalmente son otros los que se benefician de nuestra explotación) pero también es una actividad peligrosa que llevamos a cabo para dar de comer a nuestros hijos e hijas y para sobrevivir en un mundo donde no existen otras opciones.
 
La prostitución ni es “sexo”, ni es “trabajo”, ambos derechos fundamentales que los seres humanos buscamos ejercer con dignidad y respeto. La prostitución es contraria a estos derechos al ser una de las peores formas de violencia y discriminación basada en género, que ha sido perpetuada por el patriarcado como una forma de controlar los cuerpos y la sexualidad de las mujeres.
 
Nuestro trabajo se fundamenta en el derecho internacional y los principios de los Derechos Humanos. En ese sentido, las Cortes tanto en México como en Colombia que han dictado sentencias a favor de proxenetas y tratantes, deben entender que su función es castigar a los culpables y hacer que los gobiernos cumplan los compromisos internacionales que han ratificado para garantizar los derechos de las mujeres, como la CEDAW, la Convención de los Derechos de la Niñez y el propio Protocolo de Palermo.
 
El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños y niñas, que complementa la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece que los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata, especialmente de mujeres y niños y niñas (Art. 9.5).
 
INJUSTICIA E INEQUIDAD COMO EL ENEMIGO COMÚN
 
La injusticia hace que la policía abuse de las mujeres, guía al proxeneta en la explotación su explotación, y le da licencia al tratante para abusar de niños y niñas. También es la injusticia la que hace que la sociedad acepte la compra de mujeres para el sexo como algo culturalmente aceptable y que celebra estructuras patriarcales que definen a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Ningún hombre tiene el derecho de comprar poder, control y acceso sexual a una mujer, así como ningún hombre tiene derecho a golpearla, acosarla sexualmente, violarla o matarla. El intercambio de dinero o bienes por esta violencia no es consentimiento bajo los principios de los Derechos Humanos. De hecho, ningún derecho humano, permite la explotación sexual de otras personas de forma directa o indirecta.
 
Las Cortes deben enfocarse en la sanción de los tratantes y proxenetas, como está previsto en sus Códigos y leyes y obligar a los gobiernos para la protección de los derechos de las mujeres, y no en promover sinergias entre los gobiernos y la industria del sexo. Si los gobiernos quieren éxito en su lucha contra la trata de personas, deben enfocarse en los hombres que pagan por sexo y en abordar la demanda de la prostitución que es el motor que sostiene a la industria del sexo.
 
Si quieres apoyar esta iniciativa, firma la petición aquí.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
 
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
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ESTADOS
VIOLENCIA
   También debe elaborar un Protocolo de identificación de víctimas de este delito
Gobierno de Tlaxcala obligado a crear Fiscalía Especializada para trata de personas
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Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 10/08/2017 Por mandato de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), el gobierno de Tlaxcala deberá crear una Fiscalía Especializada para investigar la trata de personas y un Protocolo de identificación de las víctimas de este delito.
 
La Conavim ordenó lo anterior al gobierno del priísta Marco Antonio Mena Rodríguez a través de la resolución con la que dio respuesta a la solicitud que organizaciones civiles hicieron en agosto de 2016 para decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por trata de personas y violencia sexual en la entidad, la cual fue rechazada el pasado 4 de agosto. El plazo para cumplir las recomendaciones es de seis meses.
 
La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Trata de Personas, afirmó la Conavim, deberá contar con Ministerios Públicos y policías ministeriales especializados. Además, el personal deberá investigar “con estricto apego al principio de debida diligencia”.
 
Pese a que esta Fiscalía no existe en la entidad la Procuraduría General de Justicia local sí tiene una unidad de investigación especializada para la trata de personas que, según han denunciado organizaciones civiles, se caracteriza por realizar un trabajo ineficiente para atender a las víctimas.
 
Por ello, a través de un comunicado, esta medida y la creación del Protocolo de identificación de víctimas de trata fueron calificadas de “ambiguas” por la Red Retoño, el Colectivo Mujeres y Utopía y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
 
En cuanto al diseño e implementación del Protocolo las organizaciones denunciaron que, aun cuando desde hace años diversas asociaciones de la entidad lo han solicitado, actualmente dudan de su eficiencia.
 
Esto porque la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala, en lugar de investigar de inmediato la desaparición de las mujeres para descartar la trata como una posible causa, en la mayoría de los casos “decide encuadrarlas en secuestro”, deja transcurrir 72 horas antes de iniciar la búsqueda y reproduce constantemente estereotipos tales como afirmar “seguro se fue con el novio, se fue de pinta o por su propia voluntad”, mencionaron las organizaciones, quienes solicitaran de nueva cuenta la AVG para Tlaxcala, la próxima semana.
 
En la entidad la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito recurrente y suele quedar impune. De acuerdo a la Procuraduría estatal de 2011 a 2016 se abrieron 57 denuncias por este delito. Sin embargo, las organizaciones señalan que no hay certeza de las cifras verdaderas debido al subregistro y la carencia de una base de datos actualizada de este y otros delitos.
 
Por su parte, en 2016, el Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés informó que por cada 200 denuncias solo 13 derivan en sentencia condenatoria, es decir, el delito queda impune en 93.5 por ciento los casos.
 
SIN NUEVAS PROPUESTAS
 
La Conavim también solicitó al Gobierno de Tlaxcala el diseño de una “política transversal de prevención, erradicación y sanción de la trata de personas” que considere las posibles rutas de movilidad de la trata de personas entre entidades federativas para instar a los estados a atender el problema.
 
Pese a que la propuesta parece ser novedosa, desde 2009 en la entidad está vigente la Ley para la Prevención de la Trata de Personas y contempla ya la prevención, erradicación y sanción del delito. Además, actualmente el Congreso del estado analiza una nueva propuesta de ley sobre el tema que fue presentada por el Ejecutivo local en mayo de este año.
 
De igual forma, desde 2011, entró en función la Estrategia Estatal para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas y Proteger a sus Víctimas que plantea la búsqueda inmediata de mujeres y niñas; como medidas preventivas establece la elaboración de campañas informativas sobre el delito en medios de comunicación y propone identificar el perfil de las víctimas y las zonas en donde es más recurrente que sean violentadas.
 
A ello se suma que las rutas de las redes de trata en Tlaxcala ya han sido señaladas en informes diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Organización de las Nacionales Unidas.
 
Por ello las organizaciones afirmaron que los resolutivos de la Conavim “no fueron claros, ni suficientes para generar  un proceso serio de transformación para desactivar la problemática de violencia sexual y trata de personas con fines de explotación sexual” y recalcaron que no aprobar la AVG en el estado refleja la falta de voluntad por parte de los gobiernos federales y estatales para atender dichos delitos
 
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MUJERES CAUTIVAS
VIOLENCIA
   Mujeres cautivas
La Prostitución en Colombia en el post-conflicto
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 08/08/2017 En esta ocasión quisiéramos referirnos a las graves violaciones a los Derechos Humanos de mujeres y niñas y demás población explotada sexualmente en la prostitución en Colombia, víctimas de violencia de género extrema. La Iniciativa por la Equidad de Género ha constatado la ausencia de la debida diligencia por parte del Estado colombiano para investigar, perseguir y castigar a perpetradores de inducción, constreñimiento a la prostitución y trata de personas con fines de explotación sexual, delitos que se configuran aún con el consentimiento de la víctima.
 
También se ha constatado cómo sentencias de las altas Cortes en los últimos años protegen el “derecho al trabajo” de proxenetas (propietarios y administradores de establecimientos destinados a la explotación de la prostitución ajena), así como un Código Nacional de Policía que reglamenta las conductas de establecimientos, clientes y personas en “situación de prostitución”, logrando un marco socio-jurídico favorable a la industria del sexo, con un efecto directo en la descriminalización tácita del proxenetismo y la trata de personas con fines de explotación sexual. 
 
La Iniciativa Pro Equidad de Género ha documentado al menos 8 casos en prensa, y a través de testimonios de mujeres en situación de prostitución, desde finales del 2015 a la fecha, de mujeres que han sido asesinadas en establecimientos de prostitución, o por sus “parejas”, con perfiles correspondientes a mujeres explotadas sexualmente en la prostitución.
 
Las mujeres en situación de prostitución viven graves violaciones a sus Derechos Humanos fundamentales y son sometidas a tortura o tratos crueles inhumanos y degradantes, secuestro, desaparición, feminicidio, entre otros.  
  
Adicionalmente, nos parece importante que ONU Mujeres promueva el lenguaje utilizado en el derecho internacional y de los Derechos Humanos, sobre la prostitución. Se sugiere que al hablar de prostitución, se evite utilizar términos como “Trabajo Sexual” que llevan a invisibilizar las violencias contra las mujeres inherentes en ella, favoreciendo la impunidad de los explotadores sexuales (proxenetas e intermediarios), poniendo la responsabilidad de la explotación sexual en las víctimas.
 
Contexto actual de las mujeres explotadas sexualmente en la prostitución y tratadas con este fin, en Colombia: 
 
1. Se ha constatado el impacto desproporcionado del conflicto armado y el desplazamiento forzado en los derechos fundamentales de las mujeres en Colombia, donde todos los grupos armados han abusado, violado, explotado y tratado a mujeres, niñas, niños y adolescentes durante esta larga guerra.
 
2. También se ha comprobado que en contextos postconflicto en el mundo se tiende a empeorar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y aumenta la explotación sexual en la prostitución, así como la trata de personas con este fin. Los grupos post-desmovilización y los traficantes de armas, cambian el negocio de la guerra por el negocio de la trata de personas que, junto con el tráfico de drogas, son los socios fundamentales del proxenetismo. 
 
3. El proxenetismo y la mal llamada “industria del sexo” se alimenta sin restricción, principalmente, de las niñas y mujeres que son los grupos más vulnerables de la sociedad. Ellas pertenecen a poblaciones tradicionalmente discriminadas, con escasa escolaridad y recursos, además de venir de un continuo de violencias de género, y luego explotadas y tratadas para la explotación sexual y, finalmente, asesinadas porque no satisfacen a proxenetas y hombres que pagan por utilizarlas sexualmente. De hecho, es el grupo humano con más riesgo de ser asesinado en el mundo. La explotación sexual en la prostitución tiene impactos graves para su salud mental y física, así como afectaciones directas en la salud e integridad de sus hijos e hijas.
 
4. Además de las mujeres colombianas víctimas del conflicto armado, la violencia de la que son víctimas y la exclusión social, la crisis en Venezuela ha hecho que muchas mujeres sean atrapadas por las redes de trata y explotación sexual en Colombia, que además de ser país de destino, es conocido en el mundo como país de origen de víctimas tratadas hacia Ecuador, Panamá, México y otros continentes, todo esto facilitado por normativas que consideran la prostitución como “trabajo sexual”.
 
5. Adicional a una tradición de economías extractivas, cultivos temporales y narcotráfico; el turismo se está presentando actualmente como la mega industria postconflicto, y esto asociado a la naturalización de la explotación sexual como “trabajo sexual”, hace que la “industria del sexo” utilice la infraestructura del turismo y la termine desplazando, con enormes impactos en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
6. La explotación sexual en la prostitución está normalizada tanto culturalmente, como en la actuación histórica del Estado colombiano, con una visión de salud pública o de convivencia en el espacio público, que ha dejado la responsabilidad de la explotación sexual en las víctimas, muy a pesar del bloque de constitucionalidad y el Código Penal Colombiano.
 
7. Supuestos “sindicatos de trabajadoras sexuales”, la academia y organizaciones han avanzado en una agenda en los últimos años para lograr una jurisprudencia favorable a la “industria del sexo” en Colombia. Estas sentencias en realidad no protegen a las mujeres, sino que sugieren soluciones que terminan facilitando su explotación sexual y la impunidad de tratantes y explotadores sexuales, efectos que ya son visibles en la jurisprudencia de las altas cortes en la que se ha exonerado e incluso ordenado la indemnización de tratantes y proxenetas bajo el argumento del consentimiento de las víctimas.
 
8. Cada vez son más frecuentes escándalos en medios de comunicación relacionados con violencia sexual hacia mujeres en situación de prostitución, que terminan justificándola porque “fueron pagadas” y “ellas consintieron” o porque consideran que son “trabajadoras sexuales”.  No se entienden las causas estructurales ni los impactos de la prostitución en la vida de ellas, y los explotadores directos e indirectos no son judicializados ni visibilizados por la violencia que ejercen. 
 
9. Existe un modelo para abolir la explotación sexual que funciona en el mundo, llamado modelo de igualdad de género, nórdico o abolicionista: Este modelo no penaliza a las mujeres en situación de prostitución, pero si prohíbe que otros lucren con la explotación de la prostitución ajena, y desestimula la demanda. Adicionalmente crea políticas públicas integrales de apoyo a las personas tratadas y explotadas sexualmente en la prostitución, medidas preventivas en población vulnerable, y educa a la sociedad en igualdad de género.
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
 
Twitter: @CATWLACDIR
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17/TUZ







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