El proyecto de ley que eleva las sanciones para las mujeres peruanas que abortan, viola tratados internacionales suscritos por Perú en materia de derechos humanos, advirtió la abogada feminista Silvia Loli.
Loli, responsable del programa de Derechos Humanos del Centro Flora Tristán refirió que el Comité para Eliminar todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW), así como el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de Naciones Unidas (ECOSOC) han recomendado a Perú revisar su legislación sobre aborto.
Lo anterior, apuntando a lograr la disminución o eliminación de las sanciones a la interrupción del embarazo, porque esta situación coloca en riesgo de muerte a las mujeres socialmente excluidas.
Explicó que al existir mayores penas para quien causa un aborto, las posibilidades de interrumpir el embarazo se ponen fuera del alcance económico de las mujeres más pobres, quienes se ven obligadas a acudir a prácticas sumamente inseguras para librarse de un embarazo no deseado.
La abogada, quien también se desempeña como coordinadora de la sección peruana del Comité Latinoamericano de Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), opinó que el proyecto de ley, presentado por el congresista de Unidad Nacional José Barba Caballero, es desacertado y pretende tapar el sol con un dedo.
Comentó que la elevación de sanciones de ninguna manera disuadirá de abortar a mujeres que llegan a esa determinación al no haber tenido acceso a medios, para evitar un embarazo que no planificaron.
Anualmente en Perú ocurren entre 350 y 500 mil abortos, que en un alto porcentaje derivan en complicaciones que producen la muerte o graves daños a la salud de las mujeres.
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