De acuerdo con la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), que se llevó a cabo en El Cairo, Egipto, en 1994, las políticas de población deberían ser los instrumentos mediante los cuales es posible incorporar en las políticas, los programas, las leyes y los procedimientos institucionales temas como igualdad y equidad de género, derechos humanos de las mujeres, niñas y jóvenes, salud reproductiva y sexual, educación, planificación familiar y medio ambiente.
Pero, la diferencia entre lo que deberían ser las políticas de población y lo que son es abismal. A ocho años de la CIPD, ni las mujeres tenemos mejores condiciones de vida ni mucho menos hemos logrado formar parte de la formulación de políticas y de los espacios de toma de decisiones.
Mientras la CIPD describe como su objetivo más importante la plena incorporación de las mujeres en los procesos para formular políticas y adoptar decisiones en todos los aspectos de la vida económica, social, política y cultural, existe una gran incongruencia entre la teoría y la práctica.
Lo anterior se debe a que en México aún persisten resistencias de carácter económico, político, metodológico e instrumental que impiden que las políticas de población cumplan plenamente con los preceptos de la CIPD.
De esta forma, aunque los objetivos de las políticas de población están inscritos en la CIPD en un marco de igualdad y equidad de género, no contamos con las instituciones necesarias que hagan posible la promoción, ejecución, supervisión y monitoreo de leyes y mecanismos en favor de las mujeres.
Para que los preceptos de la CIPD se conviertan en una realidad es indispensable canalizar recursos financieros suficientes para la creación de esas instituciones capaces de proporcionar datos que servirán para medir los avances y vigilar la implementación adecuada de las políticas de población.
Cabe mencionar que durante muchos años las políticas de población fueron íntimamente relacionadas con el aspecto sociodemográfico, por lo que el programa de acción de El Cairo subraya la necesidad de reconocer los vínculos entre la población y el desarrollo económico y social.
Es por ello que, en lugar de proponer metas demográficas, el objetivo de las políticas de población deberían ser el de mejorar la condición de la mujer, ampliando su acceso a la educación, a los servicios de salud, a los programas de capacitación, al empleo y a los créditos.
Pero, sobre todo, las políticas de población deben enfocarse y ponerse en práctica desde una perspectiva humanista y de justicia, hasta lograr la plena incorporación de las mujeres en todos los aspectos de la vida nacional y en los espacios de toma de decisiones.
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