Además del Distrito Federal, que aprobó en 1996 la Ley de asistencia y prevención de la violencia familiar, nueve estados de la república ya poseen una legislación en la materia pero ocho aún la tienen en proyecto.
Asimismo, 10 entidades cuentan con una legislación propia en materia de violencia intrafamiliar: Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y el Distrito Federal.
En todos esos estados la ley no sólo tipifica la violencia como causal de divorcio y de pérdida de patria potestad de los y las hijas sino que también establece sanciones para los generadores de violencia, al tiempo de que les proporciona a las mujeres la posibilidad de tener acceso de forma gratuita a recursos de asistencia social como albergues, abogados y sicólogos, entre otros.
No obstante, todavía son muchos los estados que carecen de una ley que prevenga y considere la violencia intrafamiliar como un delito; tal es el caso de Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Nayarit, Durango, Hidalgo, Campeche y Puebla.
Como en ellos la violencia no es una infracción y las sanciones que se aplican a los agresores corresponden a las disposiciones generales para el delito de lesiones, a la fecha no se ha impuesto ninguna condena.
La violencia familiar es un problema social en el que todos y todas hasta cierto punto participamos; por ello es preciso pugnar para que los estados que aún no la tipifican como delito reconozcan que se trata de un problema de seguridad y salud pública.
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