La deficiente administración y procuración de justicia, así como lo obsoleto de las leyes, son factores determinantes que imposibilitan el acceso a la justicia para las mexicanas, lo que implica fortalecer la impunidad para quienes cometen delitos en su contra.
El sistema judicial mexicano no sólo está mal, sino que refleja la cultura mexicana; es decir, si existieran hacia los hombres los mismos niveles de violencia que hay ahora contra las mujeres, «te garantizo que habrían hecho algo desde hace mucho».
Así se expresa Ana María Salazar, especialista en derecho internacional, crimen organizado y seguridad nacional, quien trabajó para el Departamento de Defensa de Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton y actualmente es académica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).
Asesora de la administración Clinton, Salazar explica que el acceso de las mujeres a la justicia se ha dificultado porque aquellos delitos que impactan la calidad de vida de las mujeres o que amenazan su vida, son ilícitos a los que generalmente la sociedad no les da mucha importancia.
Eso explica por qué hay más de 300 muertes en Ciudad Juárez, Chihuahua, «y por qué sufren la violencia no sólo de sus cónyuges. De ahí que cifras a nivel internacional revelen que una de cada tres mujeres mexicanas sufren de una u otra forma de abuso o violencia», expone.
Insiste en la necesidad de mejorar el sistema mexicano de justicia.
Los niveles de impunidad, no solamente en delitos que afectan a la mujer, sino en general, es atroz. «Nosotras como sociedad no hemos exigido a voz viva que se mejore el sistema de justicia», explica.
Para ella, los jueces son «las vacas sagradas» del país, pues rara vez se les critica. Además, hay mucha desconfianza hacia los agentes del ministerio público y, en general, hacia el sistema de seguridad pública.
NO HAY AVANCES
Para Claudia Barrón, integrante de la Red Nacional de Abogadas Feministas, en materia familiar se tienen problemas graves, porque en el caso de las pensiones alimenticias los jueces valoran poco lo que implica para una mujer el esfuerzo que implica quedarse sola y con los hijos.
El argumento de los jueces es: «el pobre no tiene trabajo y, ni modo, si no tiene empleo, no podemos hacer nada». Así, pueden pasar los años. O recomiendan a las mujeres «que trabajen, que se esfuercen».
Para la abogada, eso hace que las mujeres tengan que dejar posibilidades de desarrollo, aparte de que se reducen las posibilidades que les pueden ofrecer a sus hijos o hijas de desarrollo, educación o alternativas.
Así, existe una idea general entre los agentes del ministerio público y de los jueces de que en esos casos no se puede hacer nada y de que las mujeres lo que tienen que hacer es trabajar duro para mantener a sus hijos.
«Es increíble, por ejemplo, que en el Distrito Federal sólo un hombre ha sido sancionado penalmente por incumplimiento. Una efectiva intervención judicial para que los hombres no llegaran y dijeran ‘no tengo trabajo y ya no puedo’, ayudaría a aliviar la situación», refirió.
De estos asuntos, dijo, habrá miles: la Red conoce de 150 aún sin solución. Son problemas terribles, en donde las mujeres se quedan sin trabajo y tienen que ver cómo hacen para mantenerse y estar al mismo tiempo peleando para hacer efectiva la pensión.
Por ejemplo, señaló Barrón, cuando no localizan a la pareja, los jueces piden a las mujeres que sean ellas quienes realicen esta investigación. Esto es increíble, apuntó, pues los jueces tienen facultades para investigar eso, y sobre todo exigir a los hombres el cumplimiento con sanciones penales.
También señaló que en el problema de la guarda y custodia de los hijos hay poca legislación al respecto, sólo existe avance en algunas entidades de la República, como el Distrito Federal, Oaxaca y un poco el estado de México.
En esos lugares ya está previsto como delito que el padre o la madre tienen la tenencia material, no legal, del hijo, llegue el otro progenitor y sin aviso previo o intermediación legal le quite al menor.
Ha sido muy difícil promover esto en el ámbito nacional, pues cada uno de los estados genera su propia legislación civil y penal, y establecen las reformas legales de acuerdo a la ideología y al empuje que en cada estado tengan los legisladores, que desafortunadamente son hombres, expuso Barrón.
En este sentido, es importante promover reformas en donde se entienda que cuando una mujer va y dice ante la autoridad competente que el marido o ex pareja no le quiere devolver al hijo, tiene que haber intervención expedita.
UN CASO
Desesperada por recuperar a su bebé, nacido el 6 de febrero y sustraído el 18 de julio de este año por su ex compañero Omar Virgen Ballesteros, Eva Lomelí Yáñez se enfrenta a investigaciones parciales y extralegales para defender su derecho de madre.
Lomelí Yánez tramitó una controversia familiar de custodia provisional y definitiva para recuperar al menor ante el juzgado mixto civil y familiar (474/02) de la ciudad de Colima, donde demanda a Virgen Ballesteros por el despojo de la guarda y custodia del menor.
La lucha que emprendió Eva por recuperar a su hijo la enfrenta con una de las familias más ricas y poderosas del estado: la familia Virgen Ballesteros es dueña de las empresas Crescencio Virgen y Sucesores, Grúas Virgen, Alcón (herrería, aluminios, concretos), Maalcon (almacenes de vidrios, cristales y aluminios), Crevisu (herrería industrial) y Azulejos Jr, entre otras.
Además la familia Virgen Ballesteros y sus abogados se jactan de tener el amparo, la protección y el patrocinio del gobernador del estado Fernando Moreno Peña y su esposa Hilda Cevallos de Moreno.
CONFIANZA
La ex presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, María Guadalupe Morfín Otero, opinó que el acceso a la justicia también debe incluir el ámbito laboral, pues las mujeres tienen derecho a no ser discriminadas, a poder conservar sus empleos si deciden casarse, gozar los derechos de ley respecto a la maternidad, y a no ser obligadas a presentar prueba de no embarazo con el fin de conseguir empleo.
Corresponderá a procuradores e impartidores de justicia mostrar la disposición de los nuevos tiempos, indicó.
«Creo que el poder Judicial debe someterse a las reglas de la transparencia y de la rendición de cuentas e insistir en atender a la mitad de la población, pero que culturalmente ha sido dejada a una mayor vulnerabilidad», concluyó.
POR QUÉ NO SE ACCEDE A LA JUSTICIA
Durante la presentación del libro «Huesos en el desierto», la semana antepasada, el titular del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juan Luis González Alcántara, dijo que en términos formales en México existe igualdad en el acceso a la justicia, «sólo que en términos reales, (para las mujeres) las responsabilidades que conlleva la maternidad y su responsabilidad familiar son el principal impedimento que les resta tiempo para acceder a este derecho».
En este sentido pidió tiempo, ya que si bien los procesos de impartición de justicia están invadidos por una serie de prácticas demagógicas, sin duda deben ir perfeccionándose. Aseguró que el acceso a la justicia no es un problema exclusivo de las mujeres, «lo que pasa es que se agudiza en su caso por la cultura de desigualdad social que predomina en nuestro país».
Así, es necesario instrumentar acciones para apoyar y proteger a las mujeres víctimas de la discriminación, injusticia e inequidad, así como fomentar una cultura de igualdad entre los seres humanos y agilizar el cumplimiento de la protección a los derechos de la mujer.
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