Incluir en la agenda política nacional de cada país latinoamericano la situación de las mujeres reclusas, mejorar los sistemas administrativos y legales y campañas informativas sobre sus derechos, fueron algunas de las peticiones hechas en el seminario Violencia Contra las Mujeres Privadas de Libertad en América Latina, realizado del 28 al 30 de abril.
Durante dos días de trabajos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la capital, especialistas en criminalística, académicas y académicos de diferentes países abordaron la situación de abuso que viven las mujeres encarceladas en Latinoamérica.
Coincidieron en que la situación de estas mujeres es similar en cada país pues en todos hay hacinamiento, insalubridad, inseguridad y falta de infraestructura para una mejor convivencia, además del olvido de que son objeto por parte de las autoridades.
Las mujeres, señalaron las expertas, son discriminadas por las autoridades, carecen de espacios diseñados para ellas y sus hijos y padecen violaciones de todo tipo.
Por ello pidieron a las autoridades crear espacios adecuados para las reclusas, adoptar medidas de seguridad diferentes y facilitarles los medios para su superación.
Los y las especialistas lamentaron que hasta ahora las autoridades desestimen las propuestas de los grupos civiles de derechos humanos que trabajan el tema de reclusorios, por lo que señalaron la urgencia de impulsar una política de igualdad.
Miguel Sarre, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, explicó que el Estado tiene la obligación de satisfacer el derecho a la salud, a la educación y garantizar la seguridad de las reclusas quienes, apuntó, se encuentran en clara desventaja con los hombres.
Como ejemplo citó que en cuanto a las sentencias, a pesar de cometer el mismo delito, las mujeres son juzgadas mas severamente que los hombres y consideró que la ley penal esta hecha para todos, incluidos hombres y mujeres en prisión, por lo que no hay motivo para tratarlos diferente.
Las y los participantes pidieron monitorear y evaluar al personal penitenciario: que sea la autoridad judicial y no la de Seguridad Pública la encargada de las sentencias y promover los informes realizados y presentados por las organizaciones civiles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas sobre la situación de las mujeres reclusas.
De acuerdo a información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, de las mil 500 mujeres presas que hay en el país, mil 179 están en cárceles del Distrito Federal, es decir el cinco por ciento de la población total en prisión.
El 40 por ciento de las mujeres presas en el Distrito Federal, tiene en promedio 30 años de edad; el 24 por ciento de ellas es acusada de delitos contra la salud, mientras el 4.8 por ciento de los hombres fue detenido por ese mismo delito. Además 9 de cada 10 personas fueron sorprendidas en flagrancia.
2003/LGL/MEL
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