Como muchas y muchos, a lo largo de la semana he pasado de la sorpresa a la indignación, del dolor a la rabia, de la incredulidad a las nauseas, de la suspicacia a la sospecha.
El caso del empresario radicado en Cancún, Jean Succar Kuri, acusado de pederasta y de ser parte de una probable red de pornografía infantil, ha destapado la caja de Pandora, porque ha dejado al descubierto no sólo las bajezas de un hombre, sino también el hecho de que algunos terribles delitos no sean considerados como graves.
La ineficiencia de una autoridad que se supone debe procurar justicia, la falta de protección a los derechos de las víctimas, la falta de sensibilidad y profesionalismo de algunos medios de comunicación, la utilización de los sucesos para cobrar facturas políticas, la repartición de culpas y justificaciones y golpes de pecho en una sociedad que por lo general y salvo excepciones mira para otro lado cuando se habla de violencia hacia las mujeres, las niñas y los niños.
Hoy en Quintana Roo los trapos sucios de la ciudad del oropel están siendo ventilados. Hoy a la sociedad se nos deben muchas explicaciones.
¿Por qué la Subprocuraduría de Justicia no montó un operativo de vigilancia especial para evitar que se fugara Succar Kuri?, ¿no hay manera, en casos como este, de integrar la averiguación previa de manera más expedita para que el juez libre la orden de aprehensión?.
¿Tratándose de sospechosos de pederastas o de otros delitos igualmente graves, es imposible manejar la información con tal sigilo que las posibilidades de que alerten al o los acusados sean casi de cero?, ¿quién protege los derechos de las víctimas?.
¿Con permiso de quién se dio a conocer un video que ciertamente inculpa de manera contundente al pederasta, pero también revela nombres de algunas víctimas que quedan así totalmente expuestas?,
¿Quién ordenó la distribución a los medios de fotografías de algunas niñas, presuntamente víctimas, mismas que fueron publicadas apenas tapándoles los ojos, de modo que pueden ser fácilmente reconocidas?
¿Quién suministró datos que permiten la ubicación de los primeros denunciantes: tres niñas, un niño y una joven?, ¿qué responde a las acusaciones de una de las víctimas en el sentido de que la subdirectora de Averiguaciones Previas fue quien proporcionó a los medios su teléfono y la presionaba para hacer declaraciones públicas?
¿Por qué no se protegió el anonimato y la integridad moral de las víctimas?, ¿quién protege la integridad física de las víctimas y de sus familias? Dice Lydia Cacho, periodista y feminista reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo con mujeres víctimas de violencia, que la ineficiencia debería ser sospechosa.
TODOS EMBARRADOS
Organizaciones civiles han señalado que la Procuraduría General de la Republica (PGR) investigaba desde hacía varias semanas y con elementos policíacos especializados al pederasta, afirmaciones que hasta el momento en que escribo estas líneas no habían sido desmentidas por la dependencia.
¿Por qué la PGR no avisó a la Procuraduría de Justicia estatal de esa investigación a fin de coordinarse?, ¿por desconfianza?, ¿por qué la segunda no se comunicó con la PGR si por lo menos se sospechaba que también existían delitos del orden federal como la pornografía infantil?.
¿Por qué si la PGR sospechaba que Succar Kuri era parte de una cadena de pornografía infantil no montó un operativo especial de vigilancia?, ¿era tan difícil para las dos autoridades policíacas suponer que este hombre, con poder y dinero en abundancia, podía ser alertado para huir? La ingenuidad también debería ser sospechosa.
Y una vez que estalló la bomba, que los medios de comunicación le dieron prioridad e iniciaron su propia investigación, no han faltado los rumores, las filtraciones o abiertas declaraciones acusando o señalando como sospechosa a tal o cual persona.
La más reciente fue la de la señora María Rubio de Hendricks, esposa del gobernador del estado, quien aseguró que cuando estuvo al frente del DIF notificó a la entonces alcade de Cancún, Magally Achach, de los casos de abusos y explotación sexual de menores, y que no se hizo nada. Los medios citan textualmente:
«Nosotros reunimos toda la información y determinamos que la presidenta municipal tenía que saber del caso ya que se trataba de Cancún, nos reunimos con ella algunas ocasiones para hablar del asunto. Cuando nos juntamos le dije, o demandas tú o demando yo, pero hay que hacer algo. También le mencioné que convenía que ella fuera la que demandara porque era su municipio, pero no hizo nada» (periódicos Novedades de Quintana Roo y Voces del Caribe, noviembre 8 de 2003)
¿Por qué si la entonces presidenta estatal del DIF tenía pruebas de esos graves delitos no denunció ella misma?, ¿los abusos sexuales contra infantes merecen consideraciones de cortesía política?, ¿acaso no depende del DIF la Procuraduría de Defensa del menor y la Familia? La omisión, asimismo, debería ser sospechosa.
Hay más preguntas que respuestas. La moral de nuestra sociedad también está bajo sospecha. Apreciaría sus comentarios: [email protected]
2003/CV/MEL
