Por falta de voluntad política o por posiciones ultraconservadoras, leyes fundamentales para garantizar la equidad entre hombres y mujeres no fueron modificadas o aprobadas durante la LIX Legislatura y se convierten ahora en grandes pendientes para la actual LX Legislatura.
Uno de estos pendientes, que enfrenta grandes dificultades, es la aprobación de la iniciativa con proyecto de decreto para modificar la Ley General de Salud en materia de salud sexual y reproductiva, presentada por la actual presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Maricela Contreras Julián, y cuyas discusiones las detuvieron grupos conservadores el 15 de diciembre de 2005 al interior del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados.
De ser aprobada, la ley garantizaría a las mujeres un mayor acceso a los servicios de salud, de planificación familiar y anticonceptivos, a programas de salud sexual para las y los adolescentes, además de la atención a las mujeres en el período de embarazo, parto, aborto legal, climaterio y cáncer, entre otros (Cimacnoticias, febrero de 2006).
La falta de aprobación de esta ley es grave, ya que obstaculiza la protección de los derechos de las mujeres, hombres, así como de las y los jóvenes que viven en México. Limita además la toma de medidas para prevenir enfermedades de transmisión sexual, embarazos tempranos y mortalidad materna, declararon organizaciones civiles.
Asimismo, para esta sexenio toca a la LX legislatura pelear por las cuatro iniciativas para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT), que mejorarían la protección de los derechos laborales de las mujeres.
Las iniciativas fueron presentadas por el PAN, el Partido de la Revolución Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como una medida necesaria y urgente, pues de los 22.8 millones de mexicanas en el país, el 40 por ciento, es decir aproximadamente 10 millones, son trabajadoras, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
En opinión de Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión Especial de Niñez, Adolescencia, y Familia en la LIX Legislatura, la no revisión de esta ley representa un fracaso y asegura que «no ha habido voluntad política para llevar a cabo las reformas», lo que deja totalmente desprotegidas a las trabajadoras (Cimacnoticias, diciembre de 2006).
Asimismo, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, aprobada por el Senado con 95 votos, en diciembre de 2005, fue turnada, para su análisis y discusión a la Cámara de Diputados, en donde actualmente se encuentra congelada.
Se trata de una ley fundamental, pues la trata de personas se está convirtiendo en un fenómeno creciente, donde nuestro país juega un papel muy importante por su ubicación geográfica y sus condiciones socioeconómicas.
La Unicef estableció que 21 entidades del país, entre las que se destaca Ciudad Juárez, Tapachula y Tijuana, al norte del territorio, están involucradas en la explotación sexual, sin que existan aún cifras exactas de la magnitud del fenómeno «ni de la posibilidad de víctimas que inicien un proceso de denuncia contra las y los tratantes» (Cimacnoticias, diciembre 2005).
En situación parecida se encuentran otras iniciativas de ley con proyecto de decreto aprobadas por la Comisión y el pleno de la Cámara de Diputados, como las que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Planeación y de la Ley de Informática y Estadística, para crear políticas que atiendan la perspectiva de género.
Además, existen 3 iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), cuyo fin es fortalecer al instituto y mejorar su desempeño, tomar medidas legislativas y administrativas para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la ratificación de compromisos internacionales y especificar las funciones y atribuciones de su Junta de Gobierno, para que fije, dirija, supervise, evalúe y controle las actividades del organismo.
Otra legislación de gran relevancia es la Ley de Educación Sexual, congelada en el Senado, y cuya discusión seguramente enfrentará las encontradas posiciones del conservador partido en el poder y las tendencias políticas más progresistas.
Según la feminista Sara Lovera, quedaron también en las comisiones las reformas a la Ley de Ingresos de la Federación que «por consenso, todos los partidos políticos estaban dispuestos a crear por ley la transversalidad de género en la aplicación de los recursos de la Federación».
Las leyes e iniciativas de ley que forman parte de la agenda pendiente del Poder Legislativo harían posible un contexto político y social más favorable para garantizar los derechos de las mujeres.
Pero, mientras no pasen esta instancia de aprobación, los casos de abuso, discriminación, maltrato y homicidio seguirán presentes en la vida cotidiana de millones de mujeres, sin que ninguna garantía jurídica las proteja.
Las secciones femeninas de los partidos políticos PRD, PRI, Convergencia y Partido del Trabajo coinciden en señalar que el paquete de iniciativas y leyes pendientes deberá formar parte del programa legislativo de la LX legislatura, que concita a las fuerzas femeninas, pero también a la sociedad civil organizada, asegura Lovera.
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