«La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios!» Así canta el dominicano Juan Luis Guerra en el famosísimo merengue Pedro Navajas. Y sí. La vida nos da sorpresas. Ahí tiene usted, pese a que todas las señales parecían indicar lo contrario, de pronto parece que existe la posibilidad de que no gane la impunidad. ¿En México? Le digo: ¡la vida nos da sorpresas!
El jueves pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (¡vaya que da sorpresas!) resolvió que una comisión investigadora centre su atención «en la existencia o no de un posible concierto de autoridades del estado de Puebla para violar derechos fundamentales de la periodista Lydia Cacho y, si dentro de la investigación directamente relacionados con ella los comisionados encuentran hechos o situaciones diversos que a su vez pudieran constituir violaciones graves de garantías individuales, podrán tomarlas en consideración».
Esta resolución puede cambiar todo el panorama del caso porque, por un lado, abre una puerta para terminar con la impunidad con la que se ha movido hasta ahora el gobernador de Puebla, Mario Marín, y la procuradora de justicia de ese estado, Blanca Villedas; y por otro permite que se tomen en consideración las verdaderas razones por las que la periodista ha sufrido el calvario desde hace un año: evidenciar que la pederastia en nuestro país cuenta con la complicidad de hombres con mucho poder político y económico.
La decisión es histórica, aunque llegar a este punto le haya llevado a la Corte casi un año.
Recordemos que tras la detención ilegal de Lydia en Cancún, a fines del 2005, y su posterior traslado a Puebla, se difundieron (el 14 de febrero de 2006) llamadas telefónicas entre el empresario Kamel Nacif -que la demandaba por calumnia y difamación- y el gobernador de Puebla, Mario Marín, en las que se evidenciaba la directa intervención de Marín en la detención y tortura de la periodista. Cómo olvidar la manera en la que Kamel llama al mandatario poblano: «mi gober precioso».
La difusión de esas llamadas y el seguimiento puntual del caso por parte de varios medios de comunicación provocaron que las cámaras de Diputados y Senadores solicitaran a la Corte, el 22 de febrero del año pasado, que ejerciera su facultad de investigación.
Que la Corte aceptara –el 18 de abril de 2006- y ordenara la conformación de una comisión, dirigida por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, fue insólito. En toda la historia de la scjn lo había hecho seis veces. Pero en los casos en los que se acusaba a la autoridad de violar las garantías individuales de las personas las víctimas ya estaban muertas.
Cinco meses después, el 19 de septiembre, los ministros, en una apretada votación (seis contra cinco), desecharon el dictamen del señor Ortiz (que apuntaba que «no existían elementos suficientes para demostrar que el gobernador de Puebla había atentado contra los derechos humanos y garantías de la periodista»), por considerar que la investigación no había sido suficiente. Designaron entonces al magistrado José de Jesús Gudiño Pelayo para que elaborara la ampliación y planteara cómo se llevaría a cabo la indagatoria.
El ministro Gudiño presentó el pasado jueves 25 su dictamen. En éste propone que los integrantes de una nueva comisión tengan plena libertad para –a partir de los datos aportados por el Congreso y los obtenidos en las primera fase de la indagación, se investigue la actuación de servidores públicos (léase Mario Marín y compañía) y particulares (léase Kamel Nacif y anexas) para establecer si hubo «maquinación estatal» contra la periodista.
Para mayor sorpresa, este dictamen (que ya daría para celebrar) fue modificado por el Pleno de la Corte. Y es que el ministro Juan N. Silva Meza señaló que no debía perderse de vista «la existencia o no de la red de pederastia y pornografía infantil por ella (Lydia) denunciada, que fue lo que aparentemente motivó la actuación concertada desde el ámbito del poder político».
Así, por unanimidad la Corte acordó que si en la investigación por la violación de las garantías individuales de Lydia Cacho se encuentran elementos que revelen la existencia de redes de pederastia y pornografía infantil, la comisión también deberá indagar esos hechos.
La nueva comisión investigadora estará a cargo del ministro Silva Meza y la conforman la magistrada Emma Meza Fonseca (quien perteneció a la primera comisión) y los magistrados Eduardo Sergio Alvarado Fuente y Anastasio Escobar Ángeles.
Ahora bien, hay que tomar esta resolución con esperanza pero con reservas, porque la comisión no tiene atribuciones de policía. De manera que aunque determine que sí se violaron las garantías de Lydia por su investigación respecto a una red de pederastia, eso no significará, necesariamente, que se haga justicia.
Claro que, en una de esas… «La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¡ay Dios!, quien a hierro mata a hierro termina…»
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07/CL/GG
