Apenas han pasado dos meses del gobierno de Felipe Calderón y las voces de la sociedad civil de distintas filiaciones e intereses comienzan a sufrir los embates de una administración que desprecia las políticas públicas hacia el tercer sector, o peor, es contraria a sus agendas.
Así lo valoraron medio centenar de organizaciones civiles participantes al finalizar la semana en el Foro para la Discusión de Agendas de Políticas Públicas de Fortalecimiento a la Sociedad Civil, convocado por Incide Social y auspiciado por las fundaciones Ford y Hewlett. El tercer sector incluye tanto a las instituciones de asistencia privada, las promotoras de desarrollo y las que defienden distintos derechos.
Pese a las diferencias de visión o de temas, el consenso es que las políticas públicas hacia la sociedad civil están muertas este sexenio. A la fecha, las organizaciones no han sido convocadas por las nuevas autoridades del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), dependencia encargada de este sector.
En el cierre del foro, Fabienne Vennet, directora de Sin Fronteras, que se dedica a la defensa de migrantes, mencionó que en su primera reunión con una funcionaria de la nueva administración, le aseguró que la dependencia del gobierno federal en materia de derechos humanos «ya no existe. Fue un programa sexenal».
Carlos Zarco, director ejecutivo del grupo Rostros y Voces, que apoya el desarrollo de proyectos productivos para el campo, informó que fueron despedidos algunos empleados del Indesol al ser acusados de haber sido puerta para apoyar «a izquierdistas».
Mencionaron lo ocurrido con el Proyecto Matlapa, de atención a niños en situación de calle, promovido por Indesol, el cual fue «cerrado» durante 2006 por el cambio de titulares en la Secretaría de Desarrollo Social y en el propio Indesol.
«Nos preocupa la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) porque de alguna manera es un eje importante ya que muchas organizaciones trabajan desarrollo social», dijo a la prensa Clara Jusidman, presidenta de Incide Social al sostener que el registro de organizaciones hasta hoy concentrado en Indesol «se lo quieren trasladar a Gobernación, que históricamente es la secretaría de control político».
Aun desde la campaña, coincidieron las y los ponentes durante el foro, Felipe Calderón rechazó la construcción de un espacio de diálogo como sí ocurrió en el año 2000 y no hizo ningún compromiso formal para fortalecer a las OSC.
OTRAS DEBILIDADES
La falta de apoyo no se limita a la administración calderonista. Sergio Cobo, director de Fomento Cultural y Educativo, señaló que los gobiernos estatales restringen la participación de la sociedad civil. Y ejemplificó con el gobierno priista de Veracruz, el gobierno del PRD en Chiapas y el del PAN en Jalisco.
«Cada gobierno está obstaculizando la llegada de recursos federales; por ejemplo, el programa a los 50 municipios más pobres indígenas obstaculizando que esos recursos lleguen a los municipios de oposición de ese gobierno».
Y priva la falta de claridad en la asignación de recursos. En el caso de los 44 programas de fomento económico, sólo 14 brindan apoyo a más de 10 OSC. Es decir, 30 programas concentran sus apoyos en menos de 10 organizaciones, según un estudio coordinado por Ricardo Bucio, ex funcionario de Indesol y especialista en desarrollo.
El programa de Indesol que apoyó a más organizaciones en 2005 fue el de Coinversión Social, con 351 organizaciones apoyadas (107 millones de pesos), seguido por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con 185 (18 millones de pesos).
Laura Elisa Pérez, directora ejecutiva de Incide Social, lamentó también que mientras que en México se estima existen 20 mil organizaciones civiles, en Chile suman cerca de 300 mil y dos millones en Estados Unidos.
Ante la frágil situación, Marusia López, de la Red de Jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos «Elige», convocó a un frente común entre los distintos grupos de la sociedad civil, incluyendo los movimientos sociales.
Sin desánimo ante las dificultades que ha presentado la legislación sobre el tema, propusieron la aprobación de una ley de participación ciudadana, el diseño de una estrategia común para incidir en la reforma del Estado y la articulación con movimientos sociales y organizaciones sindicales y campesinas para la defensa de los logros en materia democrática.
07/MR/CV
